Desde hace ya varias décadas, México es un país estructurado por la violencia social que atraviesa la vida cotidiana de la ciudadanía, situación que afecta, en mayor medida, a las mujeres y a las niñas. Secuestros, robos, desapariciones y homicidios son una realidad lacerante que dejan tras de sí un sinnúmero de muertes y de sobrevivientes por las pérdidas: abuelas, madres, hermanas, hijas, a quienes les faltan seres queridos y, en su ausencia, viven sumergidas en el sufrimiento y la incertidumbre.
Resulta claro que en sexenios pasados nunca hubo voluntad política para implementar estrategias de acción contra la violencia de género, lo que tuvo como consecuencia el decreto de alertas de género en prácticamente todos los rincones del país. El gobierno en turno, por su parte, ha actuado para acabar con estos lastres mediante una política anticorrupción y de apoyos sociales a la población. Sin embargo, a falta de estrategias expertas en la temática y frente a cifras bien documentadas por grupos civiles, las autoridades han tenido que admitir que de todos los delitos acontecidos en el país, es la violencia de género, en todas sus formas (física, psicológica, patrimonial, política, económica) y en todos los ámbitos (el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad) la que más aumenta. Tan sólo el feminicidio, la forma más letal de violencia de género —de larga data en nuestro país, pero tipificada legalmente como tal en años recientes— incluye la cifra mortal de once mujeres, en su mayoría jóvenes, asesinadas al día.
La pandemia de covid complicó la situación y entre sus secuelas socioeconómicas y de salud agudizó, a nivel local y global, otra pandemia que estaba latente desde inicios de este siglo: la de la salud mental.1 Las mujeres y los jóvenes son los más afectados, pues enfrentan síntomas agudizados de ansiedad, estrés, depresión, dificultades para establecer relaciones sociales, aislamiento social, aumento de consumo de drogas y alcohol, por mencionar los más frecuentes.
Entre pérdidas, ausencias, dificultades económicas, inestabilidad emocional y otros malestares, la vida en tiempos de pospandemia va en busca del bienestar. Para las mujeres ello significa vivir seguras, libres de violencia y en igualdad de derechos y oportunidades frente a sus congéneres varones. Puesto que la violencia es, en última instancia, la incapacidad de gozar de los derechos humanos fundamentales al bienestar y a la salud integral, comprender y actuar para erradicar la violencia de género implica, necesariamente, abordar las brechas de desigualdad imperantes con una perspectiva de género que ponga el acento en la interseccionalidad; es decir: en el análisis de las condiciones de las personas no sólo en términos de su estatus socioeconómico, sino también del carácter genérico y de las tradiciones culturales masculinizantes que predominan en el grupo social al que pertenecen. Si todo lo anterior está presente, se generan las peores condiciones de vulnerabilidad, discriminación y marginación, afectando mayormente a las mujeres más pobres de sectores indígenas.
El acceso a una vida libre de violencia implica, necesariamente, la puesta en marcha de políticas públicas que incidan en el contexto patriarcal y de dominación masculina en el que acontecen. Por ejemplo, la violencia en el hogar —un tipo de violencia que suele ser recurrente, que puede prolongarse incluso por años, que comienzan a padecer niñas y mujeres desde edades muy tempranas y que con frecuencia es perpetrada por un varón del entorno cercano a la víctima— no puede comprenderse sin reconocer que estos varones no actúan por maldad, por sufrir algún trastorno de personalidad o algo similar de carácter individual, sino lisa y llanamente porque al ser hombres gozan de una posición de poder que les permite cumplir con el mandato masculino vigente,2 ése que invita y naturaliza el acto de poseer y dominar el cuerpo de una mujer porque no le pertenece a ella misma, sino a cualquier hombre que desee utilizarlo. Lo que para ellos es un simple acto de virilidad, marca la vida de sus víctimas y deja imborrables huellas de culpa, inseguridad y vergüenza, que tardan años en sanar, en encontrar vías de expresión y, en el mejor de los casos, de denuncia y acceso a la justicia.
Durante el confinamiento causado por la pandemia de covid, las víctimas de violencia doméstica estuvieron encerradas y aisladas frente a un varón que pasaba por dificultades económicas o de salud y que, al no contar con herramientas de autocuidado para afrontar su situación de vulnerabilidad e inestabilidad emocional, usó como vía de descarga lo único que conoce y que además le resulta legítimo: violentar a su pareja. Ellas, por su parte, sin contar con refugios a donde acudir, sin recursos, sin posibilidades de buscar ayuda —se sabe que la escuela, el trabajo, la visita de familiares cercanos, pueden ser en muchos casos la única posibilidad de salida—, se enfrentaron a una situación de enorme vulnerabilidad, que tuvo como consecuencia, a nivel mundial y nacional, un aumento sustancial de la violencia doméstica en los hogares.3
Simultáneamente, en otros hogares, la propia pandemia de covid, al trastocar la vida cotidiana de las familias, se convirtió en el detonador para aprender a afrontar todo tipo de emociones (enojo, alegría, tristeza, etcétera); ejercer la resiliencia solidaria; ser proactivo y cuidar de la salud, lo que permitió a muchas personas mantenerse a flote durante tiempos difíciles. Grupos de WhatsApp, videoconferencias con amigos y familiares, apoyo entre vecinos, generaron nuevas formas de convivencia familiar y social, nuevas paternidades, nuevas sororidades, mayor cercanía con los hijos, distribución de los trabajos de cuidados, diálogo fecundo, en fin, todo aquello que en tiempos “normales” no se había experimentado, también por vivir a toda velocidad y sin descanso. De ahí que se adoptara el llamado “movimiento lento” (slow movement),4 es decir: la vida pausada, poderoso factor de protección en salud integral.
En los tiempos que corren y para fortuna de los feminismos, parafraseando a Nancy Fraser,5 la acción ejercida por las nuevas generaciones de mujeres jóvenes —sobre todo universitarias, organizadas en grupos a los que ellas mismas denominan “colectivas feministas” y cuya actividad nunca paró en ningún momento durante la pandemia— resulta de vital importancia a fin de erradicar la violencia que se ejerce contra las niñas y las mujeres. Si bien sabemos que se trata de grupos heterogéneos, algunos más radicales, otros ya cooptados por partidos políticos, la gran mayoría se compone por chicas jóvenes cansadas de contar, día tras día, a una amiga, colega, conocida, que ha sido asesinada, violentada, hostigada. Con justa razón no desean ser la próxima.
Se trata de minorías activas6 que generan transformaciones sociales, como también lo constatamos en muchas otras latitudes del planeta; se trata de una nueva generación de mujeres y grupos de la diversidad sexual que cuentan, gracias a los avances tecnológicos, con vías de fácil transmisión de sus demandas y acciones y que poseen, además, un sólido legado de herramientas conceptuales para el análisis de su situación aunadas a estrategias de solidaridad y autocuidado, transmitidas por sus ancestras de generación en generación, luego de varios siglos de lucha feminista. Nada las detiene: están bien armadas, bien organizadas, bien acompañadas, por lo que sólo hace falta escucharlas, actuar junto con ellas. La consigna es simple: nada sobre ellas sin ellas.
En tiempos de pospandemia, la experiencia acumulada por las mujeres ha mostrado con suficiente claridad cuál es el camino a seguir: la sororidad, la ruptura del pacto patriarcal de dominación masculina, la justicia pronta y expedita, el reconocimiento social de las aportaciones de las mujeres en la vida colectiva, la educación igualitaria, la convivencia social democrática, la participación de las mujeres en las decisiones políticas que les afectan, por mencionar algunas de las respuestas que han demostrado ser efectivas y eficientes para erradicar la violencia de género y fomentar la salud y el bienestar de las mujeres en nuestro país.
María José García Oramas
Profesora e investigadora de la Universidad Veracruzana
1 OMS. Salud Mental y Covid 19: Evidencia preliminar del impacto de la pandemia, 2 de marzo de 2022.
2 Segato, R. Contra pedagogías de la crueldad, Prometeo libros, Buenos Aires, 2018.
3 OMS, Covid 19 y violencia contra las mujeres, 4 de abril de 2020.
4 Honoré, C. El elogio de la lentitud. Un movimiento mundial desafía el culto a la velocidad, RBA Libros, Barcelona, 2017.
5 Fraser, N. Fortunas del feminismo,Traficantes de sueños, Madrid, 2015.
6 “Entrevista a Sergé Moscovici. Psicología de las minorías activas”. París, junio 2005. Revista Polis de investigación y análisis sociopolítico y psicosocial de la Universidad Autónoma Metropolitana, México.