Para Christel Bade…hasta siempre querida amiga.
El gobierno del presidente López Obrador ha sido un desafío mayúsculo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hay esta pequeña historia:
Gracias a la reforma de 1995, la Corte se potenció como tribunal constitucional autónomo. En el 2000, México transitó finalmente a un régimen democrático de gobiernos divididos, donde el partido político del presidente de la República carece de mayoría en el Congreso y, por tanto, tiene que gobernar con la oposición. El punto de inflexión democrática fueron las elecciones de 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
La época de tratos de la Corte con gobiernos divididos duró hasta las elecciones de 2018, cuando López Obrador y Morena ganaron por mayoría absoluta no sólo la presidencia sino las dos cámaras del Congreso.
La Suprema Corte quedó frente a una situación inédita: ejercer su responsabilidad de árbitro constitucional frente a una mayoría política absoluta en los otros dos poderes.
Apareció ahí, magnificada, una tensión que está en el origen de todas las democracias modernas: el grupo político que obtiene la mayoría democrática usa su legitimidad popular para impulsar cambios legales sustantivos, coincidentes con su agenda política. Los miembros del tribunal constitucional carecen de un respaldo popular equivalente, pero deben arbitrar los cambios cuidando que se procesen con apego a los cauces constitucionales. Deben evitar que el poder mayoritario se desborde, que abuse de minorías y disidentes, que rompa las reglas del juego en la lucha por el poder o diluya derechos ya conquistados.
La tensión mexicana ha ido más allá de esta contradicción inherente a los regímenes democráticos. El presidente López Obrador y su grupo político, con un claro talante autoritario, emprendieron desde su inicio una campaña de afrenta y descalificación de la Corte, que llegó a defenestrar a un ministro sin justificación alguna.
En las décadas previas, la Corte había alcanzado prestigio por sus definiciones relevantes en materia de protección de derechos y resolución de conflictos políticos. Pero también desaprovechó ese periodo irrepetible para consolidar su legitimidad, debido a la actuación de ministros cortesanos que buscaban congraciarse con el poder presidencial y prestaron sus servicios para legitimar ataques políticos o se allanaron a resoluciones de dudosa constitucionalidad.
No fue el caso de todos los ministros y ministras que pasaron por la Corte desde 1995. Muchos sortearon con independencia e inteligencia el reto de una Suprema Corte enfrentada por primera vez a la democracia. Pero los ministros obsequiosos fueron suficientes para que la institución no se consolidara del todo. A partir de 2018, esta debilidad heredada y la fuerza de un presidente beligerante y populista pusieron a la Suprema Corte en un delicadísimo escenario.
El presidente López Obrador inició su sexenio con una trepidante avalancha de ajustes institucionales que fueron impugnados prácticamente en su totalidad ante la Corte y ante otras instancias del Poder Judicial.
Dos rasgos caracterizaron las modificaciones legales del edificio institucional obradorista.
El primero es que buscan ensanchar el poder del grupo político del presidente, eliminando contrapesos constitucionales o tensando los mecanismos de control constitucional mediante la emisión de nuevas leyes y acuerdos que difícilmente cumplen con el rasero constitucional.
La estrategia en este punto ha tenido dos pasos: primero, aprovechar la mayoría absoluta en el Congreso para impulsar cambios legislativos sin considerar a la oposición. Segundo, si tales cambios son impugnados ante la Corte, presionar dentro de ésta para que no se reúnan los ocho (de once) votos necesarios para invalidarlos.
Es necesario destacar que inclusive en cambios cuyos objetivos son por demás pertinentes, como reglamentar el uso de la fuerza pública o impulsar una política de austeridad en el gasto gubernamental, los medios para alcanzar esos objetivos han sido concentrar el poder y facilitar su ejercicio en condiciones de opacidad y arbitrariedad.
El segundo rasgo común al edificio legal obradorista es la increíble falta de oficio legal en su diseño. El equipo de abogados encargado de plantear los cambios carecía de un aspecto clave para su misión: habilidad técnica. Al revisar estos instrumentos legales sorprende el calibre de fallas en su trazo legal en demérito de sus propios objetivos. La rapidez en el despliegue de la agenda de reformas pareció devorar su inteligencia jurídica.
¿Cuál debía o podía ser, en este contexto, la posición de la Suprema Corte? ¿Examinar sin más los cambios propuestos en los estrictos términos de su debilidad jurídica? ¿Tenía la Corte el músculo para esto, para resolver los casos del obradorismo con estricto apego a la Constitución?
Parece claro que no.
La Suprema Corte, al inicio del gobierno de López Obrador, no tenía la fuerza institucional o política necesarias para resolver los cambios propuestos por la nueva mayoría en el poder.
Entonces la Suprema Corte, bajo la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, optó por un recurso común a los tribunales constitucionales: el manejo de los tiempos para modular la tensión entre su tarea de árbitro constitucional y los cambios impulsados por mayorías representativas.
Se trata de una herramienta clave para despresurizar la dinámica política, evitar fisuras o quiebres institucionales y asegurar condiciones adecuadas para el escrutinio constitucional.
La Corte de Zaldívar, entonces, fue morosa. Pero la demora siempre tiene costos, que se agravan conforme la indefinición se extiende en el tiempo. La Corte podrá argüir razonablemente que su manejo de tiempos para resolver el cúmulo de asuntos obradoristas tuvo como única brújula evitar una crisis constitucional, pero también tiene que asumir la responsabilidad de las secuelas de su decisión de no decidir.
Los costos han sido altos.
Hubo costos en la vida de millones de personas que perdieron certeza en cuanto a algunos de sus derechos. Ante la falta de una resolución de la Corte que zanjara los cuestionamientos al respecto, fue indispensable que cada persona asumiese la carga económica que implica un litigio para seguir gozando de sus derechos. Algunos han podido, la mayoría no.
Hubo costos en el funcionamiento adecuado de organismos y de arreglos institucionales claves para el país, como el de los fideicomisos públicos, los órganos constitucionales autónomos, los esquemas de distribución federal del dinero público o la designación de funcionarios gubernamentales, asuntos todos cuyas consecuencias abonan a una maquinaria estatal maltrecha, sin los engranajes adecuados para responder a los problemas del país.
Hubo también costos en permitir que ciertas prácticas señaladas como contrarias a la Constitución tomaran carta de residencia en la vida pública, asunto particularmente delicado en los casos relacionados con la militarización de las tareas de gobierno, aún pendientes de resolver por la Corte.
Mientras la Corte sigue sin decidir en estas materias cruciales, la colonización militar del ámbito civil avanza en los hechos, junto con la burda e interesada narrativa de que tal apuesta por una seguridad pública militarizada no es problemática en una democracia.
El empezar 2023, puede decirse que la Suprema Corte ha resuelto la mayoría de los asuntos relacionados con la gran oleada de cambios del obradorismo, salvo dos fundamentales: lo relativo a la militarización y lo relativo a las reglas electorales.
En un primer balance es claro que la actuación de la Corte no fue del todo timorata o sumisa ante el poder de López Obrador. En algunos asuntos, por el contrario, fue firme y aún contundente. La mayoría de los ministros y las ministras no titubeó en reprobar propuestas del actual gobierno relacionadas con la extinción de dominio, el uso de la fuerza pública, la austeridad republicana, la seguridad nacional, la transparencia de la información pública y el presupuesto de organismos autónomos, todos ellos asuntos dirigidos a concentrar el poder y permitir su ejercicio en condiciones de opacidad y arbitrariedad.
Pero junto a estas luces de varias sentencias, hubo decisiones que reflejan una Corte tibia, gris, perdida en argumentos sin la firmeza que ameritaban los problemas constitucionales a revisión; una Corte perdida también, autoexhibida, en malabares ridículos y en la abierta abyección de algunos jueces para apoyar temas dictados por el interés presidencial, como fueron los casos de la revocación de mandato, la prisión preventiva oficiosa o la consulta para enjuiciar a los expresidentes.
En otro frente, la batería argumentativa de la Suprema Corte frente al obradorismo refleja también dos problemas centrales: por un lado, una vacilación y una prudencia ante la iracundia presidencial que por momentos rayaron en la dimisión de su responsabilidad pública.
Por el otro, un bajísimo nivel de deliberación. Siempre ha habido ministros cuyo único mérito fue saber llegar a la Corte, más que saber ser ministro de ella. Hoy, desafortunadamente, hay más. La solidez intelectual de nuestro tribunal constitucional se ha mermado en estos años, a pesar del esfuerzo de algunos ministros por asumir posiciones bien apuntaladas argumentativamente.
El trance obradorista de la Suprema Corte aún no concluye. Como hemos dicho, están pendientes de resolverse los delicados asuntos de la militarización y las reglas del juego electoral. Y si bien el ciclo del poder del presidente López Obrador inicia su ocaso, también crece visiblemente su impudor por ejercer esa menguante autoridad sin importar los daños.
Hay que tener claro que la Corte sigue enfrentando este complejo dilema: con independencia de los ambiciosos y los sumisos que hay en su seno, urge que resuelva los temas que amenazan, de un lado, las reglas del gobierno civil; del otro, las del pluralismo político. Y urge también que lo haga evitando, en la medida de lo posible, un “choque de trenes”, una crisis constitucional.
Diciembre de 2022
Saúl López Noriega
Profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey