La historia de las relaciones económicas entre México y Estados Unidos con frecuencia es interpretada en términos de las demandas que banqueros e inversionistas estadunidenses hicieron al Estado mexicano mientras buscaban anteponer los imperativos del capital extranjero al bienestar del pueblo de México. En este relato convencional, el Estado mexicano aparece como el pupilo revoltoso cuyos exabruptos resultan en regaños y castigos por parte de su tutor estadunidense. Se trata de un drama en el que Estados Unidos enseña y México aprende. Ahora que los dos países celebran —o lamentan— el bicentenario de sus relaciones diplomáticas, quisiera revisar algunos momentos clave de la política exterior mexicana para demostrar que, a contracorriente de lo que muchos creen, México ha sido con frecuencia la fuerza activa en sus relaciones no sólo con Estados Unidos, sino también con el mundo.
A lo largo del siglo XX, políticos, diplomáticos y economistas mexicanos pelearon repetidamente para cambiar las normas internacionales que gobernaban la deuda, las inversiones y el comercio. Sus propuestas fueron recibidas por un grupo variopinto de burócratas estadunidenses, quienes a veces rechazaron y cooptaron las ideas mexicanas. En el camino, los argumentos de México moldearon el concepto que Estados Unidos tenía del desarrollo económico internacional.
Pero las intenciones de México respecto a la gobernanza internacional también cambiaron con los años. Al tiempo que sus líderes se alejaban de los ideales revolucionarios y se acercaban al culto del Estado hacia la industrialización, México dejó de ser un advenedizo radical que en los años veinte y treinta buscaba una nueva manera de organizar la economía del mundo para convertirse en un defensor del sistema internacional que emergió en los cincuenta y sesenta. Cuando la crisis global de los años setenta sacudió a ese sistema, México intentó construir un acuerdo tras bastidores entre Estados Unidos —y las organizaciones que dicho país controlaba— y los radicales que buscaban un nuevo orden económico. Tal centro no podía sostenerse. Al ganar fuerza las ideologías liberalizadoras, México terminó por promover una visión internacional mucho más limitada que ligaba su futuro a la quimera de América del Norte.
Si bien pocos fuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores recuerdan la historia de este internacionalismo mexicano, los legados de estas campañas en torno a la deuda, el comercio y la inversión siguen moldeando la actitud de México frente a la economía mundial y, también, frente al Tío Sam.
En los años posteriores a la Revolución, el tema económico más importante para el Estado mexicano era la deuda. Las suspensiones de pago del periodo revolucionario habían excluido a México de los mercados de crédito internacionales desde 1914, de manera que el país no podía acceder a los préstamos necesarios para su reconstrucción. En los años veinte, mientras que grupos de banqueros se organizaban para presionar a México con la esperanza de que el país reiniciara el pago de su deuda, varias comisiones bilaterales fueron formadas para negociar los términos de compensación. Tras acceder a —y luego renegar de— una serie de tratados con Estados Unidos, líderes mexicanos como Plutarco Elías Calles comenzaron a pensar su subordinación financiera en términos más ampliamente internacionales.
Cuando la crisis de 1929 provocó que casi todos los países de América Latina cayeran en impago de su deuda externa, muchos en la región se vieron obligados a confrontar las condiciones que México ya había enfrentado por quince años. De la mano de estos nuevos compañeros de miseria, Calles volvió su mirada al escenario global para argumentar que todo el mundo, y no sólo México, necesitaba de un sistema económico más justo para solucionar el problema de la deuda.
Durante la Conferencia Económica de Londres de 1933, Alberto J. Pani —el fundador del Banco de México y el artífice de parte importante de la política económica de los primeros gobiernos posrevolucionarios— argumentó que México estaba a la vanguardia del tema, pues ya había adoptado una política monetaria contracíclica. Al mismo tiempo, Pani concedió que el país necesitaba justamente del tipo de cooperación internacional que Franklin D. Roosevelt, recién electo presidente de Estados Unidos, acababa de renunciar durante la misma conferencia. Temiendo que la bomba que Roosevelt había detonado en Londres indicaba que Estados Unidos buscaba codificar su propia supremacía económica en el hemisferio occidental, México decidió dedicar su participación en la Conferencia Interamericana de Montevideo, próxima a celebrarse, a promover sus nuevas ideas económicas.
Este internacionalismo mexicano no pasó desapercibido. Un memorándum firmado por un diplomático inglés que presenció la intervención de Pani, preservado en los archivos del Reino Unido, ofrece una idea de la posición británica: la conferencia de Montevideo sería con toda seguridad el inicio de una lucha “entre Argentina y México por el liderazgo teórico de América Latina”. Contemplando el panorama de la región, el diplomático concluía que “Argentina tiene los recursos, pero México tiene las ideas”.
Las teorías mexicanas tomaron un papel protagónico en Montevideo, donde el canciller José Manuel Puig Casauranc postuló la necesidad de “un nuevo concepto legal y filosófico del crédito”. El canciller argumentó por un nuevo acuerdo multilateral que reconociera la interdependencia de las finanzas internacionales. Después de todo, insistía Puig, así como los prestatarios necesitaban del prestamista, el prestamista necesitaba de los prestatarios para poder hacer uso de su capital excedente.
A pesar de esta reciprocidad, sin embargo, Puig argumentaba que el crédito en sí mismo se había convertido en un principio rector de la política internacional que relegaba a países como México a una posición subordinada. En respuesta, el canciller propuso una socialización multilateral del sistema financiero internacional. El objetivo de estas reformas era montar una “decidida y tenaz oposición sistemática, espiritual y física [en contra de] los intereses injustos y privilegiados de ‘los menos’, en favor de ‘los muchos’ y en contra de los injustos privilegios de los pocos”.
Si bien inicialmente los funcionarios de Estados Unidos buscaron desinflar las propuestas de Puig, el discurso del canciller representó el primer disparo de una campaña que duraría una década y media.
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