Presentamos un adelanto del libro Huachicol: el nuevo mercado criminal en México (M.A. Porrúa, 2022), de Samuel León Sáez. El libro es uno de los primeros análisis académicos del fenómeno de robo y trasiego de combustibles en México; busca explicar el crecimiento vertiginoso de este mercado negro en décadas recientes, y dilucidar las prácticas y actores que llevaron a su consolidación.
Los orígenes del tráfico de combustibles en México
Diferentes fuentes mencionan que el trasiego de derivados en México se observó por primera vez a fines de la década de 1990. El tráfico marítimo de combustibles fue detectado por primera vez por auditores durante la presidencia de Carlos Salinas (1988-1994). En ese entonces, estos auditores advirtieron sobre la falta de monitoreo en las terminales marítimas de Pemex, donde se transportaban grandes volúmenes de hidrocarburos.1 Las primeras fuentes oficiales que mencionaron el robo de combustibles en México como una preocupación se remontan a 1997, hasta entonces el robo de combustibles a pequeña escala era la característica dominante de esta empresa ilícita.2
Entre 1996 y 2001, la cantidad de tomas clandestinas encontradas en ductos por Pemex apuntaba a una tendencia a la baja:
Fuente: Córdoba 2003; Cervantes 2012
A pesar de esta disminución, Pemex en ese momento expresó que priorizaba atender el robo de combustibles, la adulteración de fórmulas y las importaciones ilegales.3 En 2004, la paraestatal hizo público que entre 1998 y 2002 sufrió pérdidas de 16 000 millones de pesos (1.6 miles de millones de dólares) relacionadas con robo, adulteración y contrabando de combustibles.4 En ese entonces se señalaba que en la refinería de Tula de Hidalgo se abrieron siete investigaciones por inconsistencias entre los camiones cisterna que salían de esa instalación y sus cargamentos reportados. El mismo método de robo de combustibles se detectó en la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Zapopan, Jalisco. Los conductores de camiones cisterna declararon que sus colegas estaban siendo atacados por delincuentes en las carreteras de México, con el objetivo de quitarles sus unidades para robar turbosina, gasolina y diesel.5
En 2004, el gobierno federal lanzó el programa “Combate al Mercado Ilícito de Combustibles” (CMIC). Memoranda de una reunión de la CMIC de 2007 mencionan que, históricamente, el consumo nacional de combustibles tuvo un comportamiento correspondiente al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta situación cambió: en 1997 las ventas nacionales de combustibles disminuyeron en comparación con el crecimiento del PIB. Esta reducción se atribuyó a un “creciente mercado ilícito de combustibles” que representó pérdidas entre 4500 y 6000 millones de dólares entre 1998 y 2002 (una pérdida de 52 000 barriles diarios).6
A mediados de la década de 2000, informes apuntaban a la existencia de sofisticadas operaciones de robo y distribución de combustibles en México que incluían el procesamiento de grandes cantidades de derivados robados, utilizando equipamiento profesional y desplegando medidas para camuflar la ilegalidad. En 2004 la Policía Federal y la subsidiaria Pemex Refinación detectaron grupos especializados en robo de combustibles en Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Querétaro y Sinaloa. Durante un operativo en el Estado de México, se encontró una operación de tráfico de combustibles en la que se incautaron cuatro contenedores con 500 000 litros de derivados robados cada uno. En el mismo lugar se encontraron los equipos necesarios para bombear y cargar combustibles a camiones cisterna que operaban bajo una empresa fachada conocida como “Transportes de Petroquímicos SA de CV”.7
En 2005, fuentes periodísticas citaron informes de seguridad que advertían sobre ocho redes de tráfico de combustibles que operaban en las regiones oeste, norte y centro de México. Estos grupos contaban con estructuras especializadas con células dedicadas a la extracción de combustibles y empresas fachada para distribución. Dos personas pertenecientes a una de estas redes contaban con 17 estaciones de servicio con permisos de operación otorgados por Pemex. Asimismo, la red poseía una fábrica de adoquines, una empresa manufacturera y dos empresas de transporte para ocultar sus operaciones de tráfico de combustibles que se llevaban a cabo en varios estados. A esta sofisticación operativa se sumaba el hecho de que uno de sus miembros era un empleado de Pemex.8 Es importante mencionar que ninguna de las fuentes citadas conecta a estos grupos con grandes organizaciones criminales. A pesar de la complejidad de sus operaciones y estructuras, parece que estas redes operaban con cierto grado de autonomía. Durante estos años, el Mercado Negro de Combustibles Mexicano (MNCM) atravesó un período de crecimiento: en 2006 Pemex estimó que las pérdidas por robo de combustible ascendieron a 4390 millones de pesos (405.8 millones de dólares); para 2007 aumentó a 4750 millones de pesos (435 millones de dólares) y en 2008 alcanzó los 5800 millones de pesos (422 millones de dólares).9
El robo en ductos se mantuvo constante durante la administración de Fox (2000–2006): en 1999 se detectaron 189 tomas clandestinas, 152 en 2000, 131 en 2001, 155 en 2002, 152 en 2003, 110 en 2004 y 136 en 2005. La presidencia de Felipe Calderón marca el comienzo del crecimiento del robo de combustibles en ductos: en 2006, se descubrieron 220 tomas clandestinas; en 2007, el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, 323. Para 2008, se encontraron 396, en 2009, 439 y en 2010, 631.10 Entre 2007 y 2008 se produjo el mayor incremento en la cantidad de tomas clandestinas detectados en la historia de Pemex, con un crecimiento de 22.6 %. Para 2011, los puntos de extracción descubiertos se duplicaron con creces a 1324.11 Estos números indican que, bajo Calderón, las redes criminales se diversificaron hacia un MNCM que estaba expandiéndose.
De acuerdo con el exdirector de Pemex Jesús Reyes Heroles, en un momento dado los combustibles más robados en los ductos fueron diésel y gasolinas, pero esto cambió. Desde 2008, Pemex detectó un aumento en el robo de condensado de gas. Entre julio de 2008 y julio de 2009, se estimó que el MNCM llevó a pérdidas por robo de 5.8 miles de millones de pesos (442 millones de dólares). Los hidrocarburos robados en este lapso incluían gasolinas, diésel y otros derivados. Durante ese período, se perdieron 3.5 miles de millones de pesos (265 millones de dólares) de gas condensado.12 Y esto nos lleva a la Cuenca de Burgos, lugar donde se expuso el primer caso de implicación delictiva a gran escala en el tráfico de hidrocarburos.
La revelación de Río Grande Valley
El Río Grande Valley es una exuberante llanura aluvial en el sur de Texas, un área pintoresca que atrae a turistas del norte de Estados Unidos, Canadá y México. En la primavera de 2007 ocurriría un evento inesperadamente significativo en ese lugar. El Departamento de Seguridad Pública de Texas detuvo un automóvil con 1 149 069 dólares que se dirigía al Río Grande Valley.13 Las autoridades incautaron el dinero. Posteriormente, el dueño hizo una petición para que se le devolvieran los recursos incautados, un hombre llamado Luis Rivera Rodríguez. El reclamo estaba respaldado por 1390 documentos que demostraban el origen legal del dinero. Los documentos incluían facturas y permisos que respaldaban el derecho de Rivera a comercializar derivados de petróleo en México, la fuente del efectivo confiscado.
Todo lo relacionado con la documentación parecía legal, pero otras dos instituciones se apoderaron de ellos: la Drug Enforcement Administration (DEA) y el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Estas instituciones comenzaron a compartir información y notaron un detalle: el único agente legalmente autorizado para vender derivados de petróleo en México era Pemex. Lo que seguiría sería el descubrimiento de la primera operación de tráfico de combustibles a gran escala ejecutada por redes criminales en México y Estados Unidos. Con este descubrimiento quedaría al descubierto la existencia de un reciente y relevante mercado criminal.
La operación de la Cuenca de Burgos
La imposibilidad de que Rivera comercializara combustibles apuntaba a una operación ilegal. Las autoridades estadounidenses procedieron a investigar a un grupo de empresas de energía que reportaban ingresos extraordinariamente altos por la importación de combustibles mexicanos. La revelación del Río Grande Valley tendría implicaciones extraordinarias. Para julio de 2008, ICE y la DEA descubrieron que Sun Petroco LLC (la empresa de Rivera Rodríguez) vendía diesel y condensado de gas en Texas a 35 centavos el galón,14 muy por debajo del valor de mercado de 3.8 USD (EIA). Una empresa de Brownsville destacaba por los volúmenes de hidrocarburos adquiridos: Continental Fuels.
Otro detalle que descubrieron las autoridades fue la participación de agentes aduaneros que certificaban los hidrocarburos en México como desechos orgánicos para la exportación. Una vez en suelo estadunidense, los camiones cisterna clasificaban su cargamento como combustible. En agosto de 2008, una operación sospechosa de condensado que involucró a las empresas Continental Fuels, Petro Source, Transmontaigne y una empresa de transporte vinculada a Rivera Rodríguez, llamó la atención de los agentes de seguridad estadunidenses. En septiembre de 2008, Rivera Rodríguez fue detenido por cargos de robo de combustibles para exportar a Estados Unidos y lavado de dinero con recursos ligados al narcotráfico.15
Una vez en custodia, Rivera Rodríguez confesó haber participado en una gran operación de tráfico de combustibles que se desarrollaba en la Cuenca de Burgos desde 1998 (corroborando la información del programa CMIC de 2007). Reveló que empresarios, operativos financieros16 y políticos estaban involucrados en una red criminal con el Cártel del Golfo y Los Zetas, especializada en contrabando de combustibles. Todos los líderes de ambos grupos recibían ingresos del tráfico de combustibles hacia los EE. UU. Rivera Rodríguez pagaba 80 000 dólares por cruzar cuatro camiones cisterna diariamente y cada camión generaba ganancias de 15 000 dólares (1.8 millones de dólares al mes). Además, las operaciones de tráfico de condensados también incluían nafta, diesel y otros derivados.
La Cuenca de Burgos es una reserva de gas de lutita (gas shale) en el noreste de México. Abarca 70 000 km2 y en 2011 contaba con 2187 pozos productores de hidrocarburos repartidos en 98 municipios de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Es la reserva no petrolera más importante de México y se estima que concentra dos tercios de los recursos recuperables de gas shale del país. En ese momento, los hidrocarburos extraídos se transportaban a 150 estaciones de recolección y 52 centros de transferencia. El condensado fue transportado a los centros de recolección en camión cisterna. Una vez allí, eran llevados al complejo de procesamiento de Pemex en Reynosa (puntos amarillos en el mapa). Otra parte de la producción se envió a la Refinería Cadereyta en Nuevo León (punto rojo en el mapa):
Fuente: Llano, Manuel y Flores, C., “Ductos, ¿por dónde circulan los hidrocarburos en México?” [mapa]. Escala 1:3,500,000, México, CartoCrítica / Fundación Heinrich Böll, 2017
Según el testimonio de Rivera Rodríguez, el tráfico de combustibles proveniente de la Cuenca de Burgos operaba de la siguiente manera:
A medida que las investigaciones continuaban, las implicaciones de esta operación de tráfico alcanzarían a la élite política de Estados Unidos. Esta conexión se materializó a través del vicepresidente de Continental Fuels, Joshua Crescenzi. A las autoridades estadunidenses les llamó la atención los márgenes de utilidad inusualmente altos que esta empresa había mostrado desde 2006. Esta empresa, con Crescenzi como su principal operador, recibió en su apogeo 6000 barriles diarios de condensado robado en México. Con las ganancias, Continental Fuels expandió sus operaciones, adquiriendo instalaciones portuarias en Brownsville que podían manejar desde pequeñas embarcaciones hasta buques tanque.
Estas adquisiciones permitieron que las operaciones de tráfico de combustibles se expandieran. Crescenzi comenzó a proporcionar un promedio de 200 camiones cisterna al día, entregando 20 000 barriles de condensado a Continental Fuels semanalmente.17 Crescenzi fue el enlace de prensa de George W. Bush en 2004, vinculando la operación de la Cuenca de Burgos a la Casa Blanca.18 Crescenzi fue detenido y se convirtió en testigo protegido. Con su arresto, las implicaciones de gran alcance de esta empresa criminal se hicieron más claras. Importantes empresas como BASF, con sede en Alemania, y Royal Dutch Shell estaban involucradas en adquirir derivados ilícitos provenientes de la Cuenca de Burgos.
En cuanto a BASF FINA, se reveló durante el proceso judicial que esta empresa alemana adquirió condensado robado a la distribuidora Trammo Petroleum, la cual admitió haber comprado combustibles conociendo su origen ilícito. BASF FINA procesó el condensado robado en Port Arthur, Texas.19 Donald Schroeder, expresidente de Trammo Petroleum, dio más detalles sobre la operación de tráfico proveniente de la Cuenca de Burgos, corroborando el esquema expuesto por Rivera Rodríguez: empresas importadoras estadonidenses adquirieron condensado robado a Pemex para venderlo a grandes corporaciones como BASF y Continental Fuels. Estas empresas incluso transportaron combustibles robados en sus camiones cisterna a través de la frontera entre México y EE. UU.20
Un automóvil que se dirigía al Río Grande Valley destapó una conspiración que alcanzaba los niveles más altos de poder político y empresarial. Expuso una red criminal transnacional, revelando que el contrabando de combustibles mexicano se había convertido en un mercado negro relevante para grandes grupos criminales. Pero las repercusiones de este caso en México aún están por examinarse.
El lado mexicano de Burgos
La red criminal Cártel del Golfo / Zetas cooptó a Pemex desde mediados de la década del 2000. Enfrentamientos entre la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex y el Cártel del Golfo fueron reportados desde 2006. La GSSF documentó, por ejemplo, cómo quince sicarios del Cártel del Golfo amenazaron a su personal en Reynosa, Tamaulipas. Durante el incidente, el armamento de la GSSF fue arrebatado por los delincuentes que les ofrecieron 1000 dólares en sobornos. Las empresas que operaban en la Cuenca de Burgos culpaban a sus conductores de los incidentes de robo de camiones cisterna. Sin embargo, después de ser capturados, recibieron asistencia legal de los mismos abogados que defendían a trabajadores de Pemex involucrados en el tráfico de combustibles. Con estos actores grises (estatales y no estatales) —vinculando el ámbito criminal con Pemex— el tráfico de combustibles se expandió. La extracción ilegal en pozos comenzó a complementarse con un creciente robo de camiones cisterna, dirigido en contra de Pemex y sus contratistas.
Comandos armados comenzaron a operar por toda la Cuenca de Burgos. Sus redes de vigilancia (halcones) les notificaban cada vez que un camión cisterna estaba cerca para robarlo. Estos grupos tenían acceso al sistema de comunicación interna de Pemex, que requería equipos especializados y códigos de acceso. Algunos ejemplos muestran la ferocidad desplegada por estos grupos cuando se trataba de defender sus operaciones de tráfico.
En la noche del 23 de julio de 2007, en la Carretera Reynosa-San Fernando fue detenido un camión cisterna con 30 000 litros de condensado robado. Tras ser detenido, ocho camionetas que transportaban comandos armados rodearon a los agentes, identificándose como miembros del Cártel del Golfo. El líder del comando ofreció 50 000 pesos a los agentes. No aceptaron el dinero y se retiraron, superados en números y por el armamento de los criminales. El Cártel del Golfo y Los Zetas respondían agresivamente al decomiso de camiones cisterna con combustibles robados, ya fuera con secuestros a trabajadores de Pemex o enviando grupos fuertemente armados para recuperar vehículos de las instalaciones gubernamentales.21
A medida que crecía la demanda estadunidense por combustibles robados, los grupos criminales comenzaron a apoderarse de pozos. En 2010, células armadas de Los Zetas tomaron el control de la estación de compresión Gigante-1 en Nueva Ciudad Guerrero, un municipio cercano a Reynosa.22 Cuarenta hombres armados que viajaban en cuatro camionetas detuvieron a los trabajadores en la estación y secuestraron a seis de ellos. Una fuente interna explicó la aterradora situación de la Cuenca de Burgos: “Lo que quieren es un control total de la zona. Han lanzado amenazas de secuestrar a cualquiera que se presente a trabajar en esa planta”; además reconoció que durante años estos grupos habían robado combustible de más de mil pozos en la Cuenca de Burgos.23 Los ataques a los trabajadores de Pemex y sus contratistas aumentaron cuando el Cártel del Golfo y Los Zetas se fragmentaron en 2010. Ese año, dieciséis empleados de Pemex fueron secuestrados en la Cuenca de Burgos.24
Después de que Los Zetas rompieran con el Cártel del Golfo, las operaciones de tráfico de combustible continuaron, con ambos grupos marcando los camiones con la marca de cada organización. El tráfico hacia Estados Unidos se llevaba a cabo a través de puertos de entrada legales (Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico). Otras dos entradas fueron las terminales privadas de Port Arthur y Port Isabel en Texas. Empresas como Transmontaigne contribuyeron con el almacenamiento del condensado robado para después triangularlo. Como se mencionó anteriormente, para las operaciones de contrabando se utilizaron camiones privados: en 2007 el Ejército mexicano encontró catorce camiones llenos de condensado robado pertenecientes a empresas privadas.
Una figura central detrás de esta operación fue Miguel Ángel Almaraz Maldonado, un político y empresario tamaulipeco. Poseía empresas especializadas en distribución y comercialización de combustibles en Estados Unidos y tenía una carrera en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Maldonado consolidó su poder cuando apoyó económicamente la campaña presidencial de AMLO en 2006.25 Ocupó la dirección del PRD en Tamaulipas de 2005 a 2007 y, según Rivera Rodríguez y otros testigos, fue el principal operador de tráfico en el lado mexicano de Burgos. Según los informes, llegó a pagar 600 000 dólares al mes a Jaime González Durán “El Hummer”, un líder de Los Zetas, para poder llevar a cabo sus actividades de tráfico de combustibles; además tenía una relación cercana con Alfonso Lam “el gordo Lam”, un líder del Cártel del Golfo.
Como se ha dicho, los líderes de Los Zetas y del Cártel del Golfo se beneficiaban directamente del tráfico de combustibles. La dinámica detrás de estos pagos y el rol de los liderazgos dentro de esta red criminal resultan interesantes: según Rivera Rodríguez, los líderes de ambos grupos actuaban rápidamente al no recibir sus pagos por el contrabando de derivados. A saber, Rivera Rodríguez fue secuestrado una vez por Miguel Ángel Treviño “el zeta 40” por un adeudo de 2.7 millones de dólares. En otro incidente, cuando iba a pagar su aportación mensual, Rivera Rodríguez vio a un amigo suyo atado a una silla por haberse llevado un cargamento de combustibles robados pertenecientes a otro líder criminal. Este modus operandi ilustra el argumento de Kenney,26 el cual plantea que una de las principales funciones de los liderazgos dentro de las redes criminales es resolver disputas entre los participantes.
Almaraz Maldonado es un ejemplo de un actor gris que, utilizando su presencia y recursos tanto en la política como en los negocios, brindó recursos clave para que esta red ampliara sus operaciones de tráfico de combustibles. Cooptó a funcionarios públicos, proporcionó camiones cisterna y también lavó dinero mediante la coordinación de 150 cuentas bancarias para llevar a cabo esta operación criminal. Asimismo, facilitó a la red Golfo–Zetas importantes recursos legales e ilegales que permitieron el desarrollo y expansión de esta empresa criminal. Las autoridades estadounidenses informaron a sus homólogos mexicanos sobre esta operación y sus actores clave en 2007. Sin embargo, Almaraz Maldonado no sería detenido hasta 2009.
Estas operaciones resultaron ser un éxito. Para 2007 —según Pemex— el 40 % de los hidrocarburos producidos en Burgos estaban controlados por criminales.27 Sorprendentemente, Pemex tenía cuarenta empleados de seguridad en el espacio cubierto por la Cuenca de Burgos entre 2007 y 2009, un área del tamaño de Irlanda.28 Esta falta de personal inhabilitó los sistemas de seguimiento a distancia, ya que no existía la capacidad de enviar personas a zonas remotas donde se detectaban incidentes de sustracción de hidrocarburos.29 Durante 2007 más del 51 % de todos los hidrocarburos robados incautados por Pemex fue condensado seguido por petróleo crudo con 18.6 %.30 Esto muestra la importancia que tuvo el condensado (un aceite ligero de alta calidad) para el mercado negro que abastecía a empresas refinadoras estadunidenses.
Desde 2007 hasta marzo de 2009, la red Zetas-Golfo traficó 175 855 251 litros de hidrocarburos y más de 3519 toneladas de derivados de petróleo a través de la frontera. Investigaciones de Pemex estimaron las pérdidas por esta operación ilícita en 508 548 320 pesos, los cuales ajustados a la inflación representan una pérdida de 1.5 miles de millones de pesos (79.4 millones de dólares).31 Más allá de estos costos, la trascendencia del caso de Burgos fue mayor. Su descubrimiento marca el comienzo de grandes redes criminales diversificándose hacia el tráfico de combustibles; un precio alto a pagar debido a la falta de monitoreo y de aplicación de la ley, sumando otra amenaza para un Pemex que se encontraba encarando múltiples crisis por diferentes flancos.
Esta operación marcó un momento crucial para que Los Zetas, que se convirtieron en una red criminal más sofisticada, implementando un modelo de diversificación que les dio un alcance transnacional. Ello les permitió involucrarse en el tráfico de combustibles a gran escala y en el lavado de ingresos estableciendo empresas que se convirtieron en contactos de Pemex. La Cuenca de Burgos representó el comienzo del tráfico mexicano de combustibles a gran escala y sentaría las bases para que se convirtiera en uno de los principales mercados negros nacionales a medida que la diversificación criminal se expandía, la cooptación de Pemex y de otros actores grises avanzaba sin control y los hidrocarburos se convertían en una empresa ilícita cada vez más rentable. Finalmente, Los Zetas expandieron sus operaciones de tráfico de derivados a otras regiones de México.
Samuel León Sáez
Autor y analista independiente especializado en mercados ilícitos de combustibles por la Universidad de Oxford, Inglaterra
1 Pérez, Ana Lilia, “Huachicoleo a escala multimillonaria Dentro de Pemex, toda una industria paralela”. Proceso. Diciembre 29, 2018.
2 Ana Lilia Pérez (periodista independiente y autora) entrevistada por Samuel León en la Ciudad de México, 23 de agosto de 2018.
3 Córdoba, Mayela, “Provoca ordeña de ductos reparaciones millonarias”, Reforma, 17 de abril de 2003.
4 Vicenteño, David, “Toma la PFP más plantas de Pemex”, Reforma, 6 de marzo de 2004
5 Ídem
6 Ver: Cervantes, Jesusa, “Las Mafias Desangran a Pemex”, Proceso, 18 de marzo de 2012; Petróleos Mexicanos, “Memoria de Labores 2008”, pp. 113
7 Vicenteño, David, “Alista PFP nueva fase de operativo en Pemex”, Reforma. 28 de marzo de 2004.
8 Medellín, Jorge Alejandro, “Pemex: la vaca negra… ‘ordeña’ clandestina y robo”, El Universal, 21 de marzo de 2005.
9 Hernández Alma y Córdoba Mayela, “Cuesta ordeña $9 mil millones”, Reforma, 31 de julio de 2009.
10 Ver: Petróleos Mexicanos, “Memoria de Labores 2009”, p. 137; “Memoria de Labores 2011”, p. 131; Cervantes, ob. cit.
11 EnergeA y Grupo Atalaya, “Estudio para analizar la problemática de seguridad física en las instalaciones del sector hidrocarburos y emitir recomendaciones para el reconocimiento de costos por concepto de seguridad que la Comisión Reguladora de Energía lleva a cabo en sus procesos de revisión tarifaria”, 2017, pp. 1–368.
12 Hernández y Córdoba, ob. cit.
13 Garay-Salamanca Luis Jorge y Salcedo-Albarán Eduardo, “Macro-Criminalidad: Complejidad y Resiliencia de las Redes Criminales”, iUniverse, 2016, p. 100.
14 Ibíd, pp. 101.
15 Pérez-Treviño Emma, “Valley residents among dozens arrested in major operation targeting Gulf Cartel”, The Brownsville Herald, 8 de septiembre de 2008.
16 Pérez, Ana Lilia, El Cártel Negro: Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, Grijalbo, 2011, pp. 53-61.
17 Ibíd, pp. 64.
18 Garay-Salamanca y Salcedo-Albarán, ob. cit., p. 105.
19 Reinhart, Luke B., “The Aftermath of Mexico’s Fuel-Theft Epidemic: Examining the Texas Black-market and the Conspiracy to Trade in Stolen Condensate”, St. Mary’s L.J. 45, 2014, p. 770.
20 Ibíd, pp. 768-770.
21 Pérez, ob. cit., p.58.
22 Correa-Cabrera, Guadalupe, Los Zetas Inc.: criminal corporations, energy, and civil war in Mexico, University of Texas Press, 2017, p. 198.
23 Redacción, “Pemex se dobla ante el chantaje de los Zetas”, Proceso, 18 de junio de 2010.
24 Correa-Cabrera, ob. cit, p.197.
25 Garay-Salamanca y Salcedo-Albarán, ob. cit., pp. 111-112.
26 Kenney, Michael, “The Architecture of Drug Trafficking: Network Forms of Organisation in the Colombian Cocaine Trade”, Global Crime, Agosto 2007, Vol. (8) 3, 2007, pp. 233–259.
27 Garay-Salamanca y Salcedo-Albarán, ob. cit., p. 138.
28 Pawley, Dawn, Drug War Capitalism, AK Press, p. 144.
29 Garay-Salamanca y Salcedo-Albarán, ob. cit., p. 110.
30 Petróleos Mexicanos, “Memoria de Labores 2007”, p. 96.
31 Garay-Salamanca y Salcedo-Albarán, ob. cit., p. 110.