Quisiera revisar rápidamente los sucesos legislativos y judiciales de las recientes semanas y cómo han configurado la regulación del sistema eléctrico. De esta manera, podríamos imaginar lo que viene en los próximos dos años, en los que parece que no habrá cambios sustanciales o al menos eso dijo el presidente, que ya no mandaría reformas.
Ilustración: David Peón
Primero: la Constitución sigue sin cambios. Los principios de libre concurrencia se mantienen en vigor en los sectores de generación y comercialización de energía.
Segundo: la ley reglamentaria, la Ley de la Industria Eléctrica, fue reformada en marzo del año pasado. La Suprema Corte desechó de una forma bastante turbia el recurso de inconstitucionalidad que se presentó contra esa reforma, por lo cual el cambio se mantiene vigente. Sin embargo, cientos de suspensiones definitivas frenan su entrada en vigor. Mientras una sóla de estas suspensiones siga vigente, la reforma o los artículos suspendidos no puede aplicarse. Pero no sólo eso: al iniciar su aplicación, las personas que consideren que la aplicación viola sus derechos pueden ampararse y, de nuevo, suspender la aplicación de la reforma. Y así se podría ir hasta 2024, cuando una configuración distinta de las Cámaras corrija los graves errores de la reforma del año pasado.
En resumen, el marco jurídico es exactamente el original. El problema es de aplicación, pues buena parte de los instrumentos de la Ley de la Industria Eléctrica siguen sin aplicarse. Y es necesario hablar de ellos.
A inicios de 2019, la Secretaría de Energía mediante oficios de Rocío Nahle suspendió varios de procesos, entre los que están:
1. Las subastas de largo y mediano plazo. El ala de suministro básico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —esa que nos vende la energía a usted y a mí— debe comprar la energía más barata disponible entre quienes ofertan en la subasta organizada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Gracias a este modelo, nuestro país logró conseguir energía en contratos que significaron los récords de energía eléctrica más barata del mundo dos años consecutivos (2016 y 2017).
2. También se suspendieron las Subastas de Derechos Financieros de Transmisión, una herramienta que buscaba mantener la salud financiera del sistema eléctrico y darle recursos para su desarrollo, al tiempo que mitigaría los problemas de saturación de la propia red.
3. La Secretaría de Energía (Sener) también frenó el Mercado de Certificados de Energía Limpia, con el cual los certificados de generadores que estaban fuera de las subastas, en mercado eléctrico, adquirían valor al intercambiarse y cotizarse en el mercado.
4. ¿Recuerda que Rocio Nahle habla de un desbalance en el sistema eléctrico por falta de generación en algunas regiones del país y exceso en otras? Pues bueno, eso se solucionaba con subastas por confiabilidad, que debe hacer el Cenace, y que la Sener también suspendió.
5. Finalmente, ¿ha visto usted, pequeño usuario como yo, que una empresa distinta de la CFE ofrezca venderle energía? Pues no, porque aunque hay cuatro permisos para que la CFE tenga competencia, esos permisos no pueden entrar en operación porque esas empresas quieren ser inscritos como participantes de mercado, además de las subastas, y así vendernos energía a nosotros. La inscripción también la frenó la Sener.
Todas estas cosas las frenó la Sener hasta que se emitieran las herramientas programáticas derivadas del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía. Ambas ya fueron emitidas.
Hay algo importante que recordar: El Contrato Legado entre el brazo de generación de la CFE y aquel de suministro básico no se ha modificado y está caducando, por lo que las Nuevas Centrales Eléctricas que contrato la CFE Generación no tienen contratos para vender sus productos a un suministrador. Esto las pone en riesgo financiero y estas centrales se financian con deuda respaldada por el Estado —es decir: por todos los mexicanos que pagamos impuestos—.
La reforma de la Ley de la industria Eléctrica, y la resolución de la Corte, no eliminan estos mecanismos, por lo que siguen vigentes —y por lo que se deberían de aplicar ya—. Ni la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica ni la resolución de la Corte eliminan estos mecanismos, por lo que siguen vigentes y se deberían de aplicar o, en su defecto, justificar técnica y legalmente por que no se deben seguir usando a la luz de la normativa vigente.
La reforma de 2013 ni siquiera se ha terminado de aplicar. Por ley, tanto la CRE como el Cenace, la CFE y la Sener están obligados a retomar todos estos procesos para cumplir con la ley. Es probable que estos mecanismos ayuden a evitar algunos de los desastres que las decisiones política de Manuel Bartlett —por ejemplo: frenar la aplicación de la reforma— han generado, pero no serán suficientes. Esperemos que cumplan y hagan cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, como protestaron tanto Nahle como Bartlett y sus colaboradores.
Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía