Antes que otra cosa hay que recordar dos promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera: no tocar el marco jurídico energético —no “ir para adelante con la reforma energética”— o, en todo caso, no hacerlo en los primeros tres años de su gobierno. La segunda promesa fue respetar los contratos, aunque se comprometió a revisarlos, sobre todo en materia petrolera. La realidad, lamentablemente, es distinta.
La promesa constante del presidente en materia eléctrica fue siempre fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual no necesariamente era incompatible con el marco jurídico actual. El problema es que la administración nunca entendió al esquema. De ahí se deriva, por ejemplo, que la CFE pasara de ser una empresa con utilidades en 2018 a una empresa con pérdidas en 2019.
En ese entonces había dos vías para fortalecer a la CFE: 1) optar por una empresa moderna, competitiva, con proyectos nuevos, que generara valor; o 2) regresar al pasado para hacerla un monopolio, obligarla a usar sus centrales de generación de energía a cualquier costo y sin modernizarlas, pero con el poder administrativo para dominar el mercado. El primer caso beneficiaría a la CFE, pero también al ciudadano. El segundo caso beneficiaría temporalmente a la CFE, pero la haría inviable en el largo plazo; además de que afectaría a la ciudadanía al no generar un sector energético moderno y competitivo.
La segunda fue la opción del gobierno. El problema es que esa opción no es compatible con el marco jurídico vigente y entonces empezaron a intentar cambios. Primero hubo una serie de obstrucciones a la aplicación de la ley. Por ejemplo: cancelación de subastas y licitaciones de líneas de transmisión, así como bloqueo de permisos. Pero eso sólo frenaba la aplicación de la reforma; no era suficiente, había que dar la prioridad a la CFE.
Los intentos iniciaron con un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía. El problema es que el acuerdo lucía contrario a la Ley de la industria Eléctrica (que ordenaba el despacho económico de la energía) y a la Constitución, pues era violatorio del derecho al medio ambiente sano (evitaba la entrada en operación de centrales de generación limpia) y era contraria a la libre concurrencia en la generación de energía eléctrica. El acuerdo murió en los tribunales tras varios amparos.
Paso siguiente: modificaron la política de confiabilidad, que estaba un peldaño arriba en el orden jurídico. Pero esto, de nuevo, era violatoria de la Ley y de la Constitución. Tan es así, que terminó siendo invalidada parcialmente por la segunda sala de la Suprema Corte.
Pero días antes de esta invalidación, el presidente presentó una iniciativa de reforma legal; lo hizo con la modalidad de preferente, cosa que forzaba a que se procesara en un tiempo determinado. Algunos de los artículos de esta reforma iban en el mismo sentido de lo que ya se había declarado inválido por la Corte. Su destino estaba marcado. La reforma se aprobó y terminó en los tribunales. Su suerte está por decidirse hoy mismo.
¡Cuidado! La reforma a la Ley de la industria Eléctrica podría no ser declarada inconstitucional, lo que no necesariamente significa que lo sea. Pero tan tenía claro el presidente que su reforma era inconstitucional, que envió lo que debió haber propuesto siempre para imponer su proyecto: una reforma a la Constitución que acabara con la competencia y le diera preferencia a la CFE.
Ojo aquí, aún en caso de que la Corte validara la llamada Ley Combustóleo o que se aprobara la Reforma Constitucional, se estarían violando tratados internacionales al cancelar contratos y permisos. Eso significará procesos de arbitrajes internacionales en los que el Estado Mexicano tiene todo para perder. Entonces estaríamos en el peor de los mundos: con una empresa con pérdidas, sin herramientas para modernizarse, dependiente del presupuesto público, poco competitiva y que llevaría a un país nada atractivo para la inversión, sin generación de empleos y con una degradación constante del ambiente; pero, además, obligada a pagar indemnizaciones por infraestructura que no usará y que habría mejorado todo.
En pocas palabras, tanto los funcionarios de menor nivel jerárquico como los legisladores y el presidente de la república llevaron a cabo modificaciones jurídicas que sabían iban en contra de la Constitución que juraron guardar y hacer guardar. Ahora lo hacen en contra de los tratados internacionales y a sabiendas de que causarán daños a la Nación, pero que son congruentes con sus bases ideológicas. Total, lo que importa es la ideología, no la realidad, ¿no? No vengan con el cuento de que la ley es la ley…
Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía