México vive un proceso de transformación. De una parte, el presidente de la República y quienes apoyan su gobierno han generado cambios en el marco de lo que llaman la Cuarta Transformación de nuestro país. Estiman que ésta será tan importante y profunda como en su momento lo fueron la Independencia, la Reforma y la Revolución. Por otra parte, sin embargo, hay una diversidad de corrientes y personas que, con distintas intensidades y objetivos, se oponen a los cambios que se están buscando al advertir peligros puntuales o amenazas completas a la democracia.
Cualesquiera que sean las posiciones que se tengan, hasta el momento todas ellas siguen girando en torno a la Constitución. El lopezobradorismo asume que aquello que se ha hecho y falta por alcanzar debe quedar constitucionalizado. Los opositores —agrupados en una sola expresión— buscan el mantenimiento de los elementos constitucionales vigentes. Esta relevante condición hace que nuestro texto constitucional se encuentre en vilo. En una situación en la que su texto y sus prácticas estén haciéndose y por hacerse. A diferencia de otros tiempos, las ideas y los entendimientos constitucionales están sujetos a presiones mayores. Ya no se trata sólo de modificar un precepto o una interpretación en la lógica general del sistema, sino de cambiar las condiciones operativas del sistema mismo. Lo que en los próximos años vaya a ser la Constitución, depende de la manera en la que se encaucen las disputas presentes en tres formas paradigmáticas, que no exclusivas.
La primera de ellas, desde luego mediante los procesos de reforma constitucional. El presidente López Obrador ha planteado hasta ahora tres grandes reformas: la energética, la inserción de la Guardia Nacional en el Ejército y la composición del Instituto Nacional Electoral. Sin desconocer que en los próximos años de gobierno pudiera incorporar otras propuestas, con la actual integración de la Cámara de Diputados es complicado que se puedan modificar los textos vigentes.
Las opciones reales de cambio existentes serían mediante las denominadas “mutaciones constitucionales”. Modificaciones en los sentidos que ciertos órganos producen con un texto que permanece sin enmiendas. Aquí sí veo varias posibilidades de que la Constitución adquiera sentidos nuevos y propios, pues lo único que finalmente se requiere son cambios en la composición o en el entendimiento de los titulares de los órganos productores de sentido de las normas constitucionales. El texto constitucional dispone que, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas no pueden realizar más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Sin embargo, sin haber cambiado nada en el texto del artículo 129, diversos órganos estatales —los judiciales incluidos— están permitiendo que realicen más funciones que no guardan ninguna relación con ese tipo de disciplina. Otro caso es el entendimiento que se les da a los derechos humanos, más allá de retóricas cotidianas. El presidente López Obrador no habla de derechos humanos. Habla de apoyos o becas porque no quiere reconocer las individualidades que permiten enfrentar a la autoridad. La posición del presidente ha logrado que, vergonzosamente, diversos órganos hayan reducido los alcances protectores que algunos derechos humanos habían alcanzado.
Además de las reformas y las mutaciones, existe un tercer aspecto de cambio. Me refiero a las prácticas constitucionales. Por una parte, a las maneras en las que, en los rejuegos del sistema federal y la división de poderes, los titulares de unos órganos del Estado estén dispuestos a mantener cierta lealtad hacia las funciones constitucionales, más allá de sus preferencias o compromisos políticos. El presidente y los partidos que integran el frente que lo apoya pretenden que el Instituto Nacional Electoral haga una consulta de revocación de mandato, pero la Cámara de Diputados no le asigna recursos suficientes. Al Consejo de la Judicatura Federal se le encomienda la transformación de la justicia laboral y no se le dan recursos para ello. El Congreso de la Unión no emite las leyes necesarias para materializar diversas reformas constitucionales. Se nombra a personas sin ninguna capacidad técnica por privilegiar la lealtad con quien gobierna.
Por otra parte, está el problema de saber si los titulares de los órganos llamados a proteger la Constitución mantendrán su lealtad para con ella o, por el contrario, si terminarán haciéndose parte del movimiento político en marcha y, con ello, generándole posibilidades de desarrollo contrarias a la Constitución. Ello podría hacer invisible la pérdida de sentido constitucional. Hasta dentro de muchos años nos daremos cuenta de si las personas que componen a los órganos llamados a garantizar a la Constitución supusieron que su tarea era constituirse en motor o instrumento del proceso político actualmente en marcha. Esto podrían hacerlo creando normas —leyes, reglamentos, sentencias judiciales, etcétera— que expresamente favorezcan a quienes hoy ocupan el poder o podrían hacerlo dejando de emitir las disposiciones que pudieran afectar la marcha de las cosas. Por acción u omisión, los órganos que así actúan —o así actuarán— habrán perdido la lealtad con la Constitución y le habrán dado un sentido particular del que, desde luego, sus titulares son conscientes.
El que nuestra Constitución se encuentre en vilo es, por peculiar que parezca, un buen signo. Quiere decir que continúa siendo un campo de disputa de los principales actores políticos y sociales. Implica que éstos —con las dificultades inherentes a toda desavenencia— mantienen sus diferencias en un campo institucionalizado. Hacia qué lado y cómo se va a inclinar la Constitución es algo que no podemos pronosticar con certeza desde ahora. Lo único que sí está claro —tanto que nadie podrá decirse engañado en el futuro— son los contenidos que se buscarán desde una posición u otra y los métodos y modos para lograrlos. Será en esos espacios todavía formales en donde se decidirá lo que le depare a nuestra Constitución y, con ella, una parte importante de nuestra convivencia cotidiana. Nadie supone que por sí misma la Constitución determine el todo de la vida social. Sin embargo, creo que tampoco nadie duda de que, sin un texto y unas prácticas sólidamente democráticas, nuestra vida individual y colectiva será distinta.
Como resumía Hobbes: aún más solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta.
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia y miembro de El Colegio Nacional