1. No cabe duda de que en el centro del debate nacional y de las predicciones sobre el futuro del país se encuentran la capacidad e independencia de nuestros árbitros para interpretar el derecho y pacificar los conflictos. Es momento de que los jueces comiencen a hablar el lenguaje del derecho y de la razón y determinen qué se puede y qué no se puede hacer en términos constitucionales.
2. El presidente López Obrador tiene una legitimidad social impresionante. El respaldo popular es sólido e incontrovertible. Al mismo tiempo, no recuerdo ningún otro gobierno cuya legitimidad jurídica haya sido tan cuestionada. No hay acción relevante del gobierno que no esté cuestionada frente a un tribunal. Entre estas cuestiones se encuentran, por ejemplo: ¿qué tan militarizada, en términos constitucionales, pueden ser nuestras instituciones de seguridad pública? ¿Cuáles son los límites constitucionales de las sanciones penales y los instrumentos de persecución criminal en delitos fiscales? ¿Cuáles son los grados de protección constitucional a la competencia económica y los límites del legislador para afectar las inversiones privadas? ¿El gobierno federal está obligado constitucionalmente o no a continuar con la transición energética en el sector eléctrico? ¿Qué significa el principio de sustentabilidad constitucional? ¿Existe o no una protección constitucional a la remuneración de los titulares de órganos autónomos? Podría agregar más a la lista. Lo que quiero destacar es el calibre de cuestiones constitucionales que tienen enfrente la Corte y los tribunales federales.
3. Les toca a los jueces decidir, caso por caso, qué acciones de gobierno son constitucionales o cuáles no y por qué. En ese proceso casuístico, nuestros jueces van a definir qué se puede determinar en las urnas y cuáles son los límites de esas mayorías. El Estado de derecho no sólo es la regla de la mayoría, sino los derechos de las minorías. A los jueces les toca darnos la certeza de que no importa cuán poderosos sean el presidente y su partido ni cuántas personas lo respaldan, los límites constitucionales existen y deben hacerlos efectivos. Nadie los puede vulnerar, salvo que se reforme la Constitución.
4. ¿Qué tan preparado está nuestro sistema de justicia para hacer efectivos los límites jurídicos y pacificar adecuadamente los conflictos que la llamada Cuarta Transformación ha generado?
5. El presidente hereda un sistema de justicia que no tiene toda la legitimidad que se necesitaría. Tiene tres elementos que le restan legitimidad:
1) Es un sistema inaccesible para el 70 % de la población, porque en México no existen defensorías públicas y todos los procesos judiciales, hasta los que atienden conflictos muy simples, son barrocos y requieren de abogados. Nuestro sistema de justicia deja en la marginalidad jurídica a la mayoría de las personas.
2) Es un sistema en donde existe corrupción, es decir, asuntos en donde el fallo del juez lo compra una de las partes.
3) Es un sistema que tiene vasos comunicantes con el sistema político. En México, la justicia se politiza y los actores políticos pueden ejercer presiones ilegales sobre los jueces.
6. Los problemas con la manipulación del sistema de justicia se gestaron en el régimen autoritario. Uno de los instrumentos más poderosos de gobernabilidad de dicho régimen fue precisamente el control político del sistema de justicia. Las procuradurías y los tribunales funcionaron para dar certeza a la élite política de que ninguno de sus miembros, salvo que el presidente lo ordenara, tendrían responsabilidades jurídicas como consecuencia de sus actos, sin importar la gravedad de éstos. El pacto político implícito era que no existirían consecuencias para nadie, excepto para los detractores del poder. A través del control político del sistema de justicia, el Ejecutivo logró marcar la verticalidad del poder.
7. Muchas cosas han cambiado desde entonces en el sistema de justicia mexicano. Sin embargo, nunca desapareció por completo esa vieja cultura autoritaria de otorgar tratos excepcionales y soluciones judiciales ad hoc a un grupo muy selecto de personas. Tampoco desaparecieron los vasos comunicantes entre el poder político y el sistema de justicia. El uso selectivo del castigo y la administración de la impunidad como instrumentos de concentración del poder y la riqueza no sólo son atributos de nuestro régimen político. Más bien, forman parte de su esencia.
8. Los casos en las fiscalías o en los tribunales que se resuelven a través del dinero o la manipulación política son un porcentaje muy pequeño comparado con la carga total de trabajo de esas instituciones. Sin embargo, sus efectos negativos son inconmensurables. Los privilegios de algunos ricos y la manipulación del sistema de justica por los poderosos los pagamos todos con creces. La debilidad de nuestro sistema de justicia está directamente asociada a ello.
9. ¿Cómo va a determinar el sistema de justicia la legitimidad jurídica del presidente y de la agenda que pretende impulsar la autoproclamada Cuarta Transformación? ¿Qué tan confiables son nuestros jueces para los quejosos y las autoridades responsables demandadas? ¿Cuál será el grado de autonomía del Poder Judicial de la Federación para hacerlo? ¿Qué va a hacer el presidente si algunas de esas sentencias no le favorecen? Éstas son preguntas centrales en el presente en México.
10. Yo creo que hay que centrar nuestra atención en la pacificación de nuestros conflictos cada vez más intensos y cada vez más numerosos. Pensar en cómo encontrar soluciones jurídicas que puedan ser vistas como razonables y justas por las dos partes en conflicto. Dada la polarización, es difícil que las soluciones jurídicas al conflicto puedan ser blanco o negro. Los jueces tienen que convencer con sus sentencias para que logren pacificar los conflictos.
11. En pocos momentos de la historia política de este país, el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia han tenido la relevancia que hoy tienen. La gobernabilidad democrática depende de la capacidad de nuestros jueces para acotar el poder y pacificar los conflictos de esta nueva era de polarización y cambios de paradigmas públicos y políticos. Estoy segura de que nuestros jueces van a estar a la altura de nuestro tiempo.
Ana Laura Magaloni
Abogada