México no era Dinamarca, ni mucho menos, antes de la pandemia ni antes del presente gobierno.
El crecimiento económico promedio del país en los diez años previos a la pandemia no fue mayor a 2.8 % y, si descontamos el crecimiento de la población, fue alrededor de 1.8 %. Con esta pobre generación de valor agregado, el país ni podía generar empleos suficientes ni podía brindar satisfacción a la mayor parte de sus habitantes ni se tenía el impulso para abatir la pobreza. El incremento de los ingresos familiares ha sido uno de los retos más importantes del país por décadas. En materia de inequidad, el país históricamente ha sido uno de los más desiguales del mundo. Alcanzamos paridad de género en el Congreso, pero es una victoria relativamente pequeña respecto a los retos que faltan. Ninguno de los grupos sociales en desventaja —mujeres, población con discapacidad, indígenas— habían podido cerrar las enormes brechas de bienestar que se han tenido respecto al resto de la población por siglos. Resultado de lo anterior, el 42 % de la población estaba en pobreza en 2018, cuando el país todavía tenía muchos retos y no los estaba resolviendo.
Por estas razones, además de por la gran capacidad política que capitalizó todos estos problemas y todas estas frustraciones, es que AMLO tenía una amplia y clara ventaja electoral desde el segundo trimestre de 2018. Era difícil pensar que con López Obrador habría un futuro promisorio en materia económica, pues a pesar de sus promesas de mantener la autonomía del Banco de México y de mantener la estabilidad económica, su objetivo sobre una política energética basada en Pemex y en nuevas refinerías, así como en proyectos como el Tren Maya, no parecían el rumbo adecuado para la economía.
En materia social, ante la inminencia del triunfo, seguramente más de uno le dimos un poco más de esperanza. La insistencia en la pobreza —primero los pobres— y en terminar con privilegios, que ha sido la constante del país desde su inicio y que ayuda a explicar la desigualdad, forzaban a darle el beneficio de la duda.
En julio de 2018 se confirmó el triunfo y para octubre, antes de tomar posesión, vimos las primeras señales de lo que sería su mandato. La cancelación del aeropuerto de Texcoco fue el sello de la casa de muchas decisiones que vinieron después y que continúan hasta ahora. Parecería que el mensaje era: “Yo voy a ejercer el poder que tengo en todo momento, que todo mundo lo sepa, siguiendo mis instintos y mis convicciones, sin importar las consecuencias”. La canción que su esposa le dedicó en esos tiempos, “El Necio”, es una buena descripción de su forma de proceder: oyendo a pocos, casi a nadie, y tomando sus propias decisiones.
Si bien ha habido estabilidad económica —la cual podría no durar por el incremento de la deuda y la incertidumbre del riesgo país— y todavía se puede hablar de autonomía en Banxico —aunque habrá que monitorearla permanentemente—, las consecuencias económicas de la elección de López Obrador han sido peores de las que al menos yo me imaginaba.
La inversión privada y los empleos se empezaron a desacelerar en el segundo semestre de 2018; la economía se contrajo —el PIB per cápita cayó— en 2019; en 2020 y 2021 se dio una salida de capital, llegando en el último año a una cifra histórica de 257.6 miles de millones de pesos. Debido a que en México el poder y la discrecionalidad del presidente son altos y el Estado de derecho es débil siempre hay cierto nerviosismo por parte de la iniciativa privada ante los cambios de gobierno. En esta ocasión no sólo hubo este fenómeno, el mensaje presidencial ha sido enfático: la única iniciativa que cuenta es la mía.
Hay un desprecio manifiesto a la iniciativa privada —que se refleja también en actores menores, pero altamente destructivos, como la directora de Conacyt— que explica la baja inversión privada, más allá de la pandemia. De hecho, el presidente no acepta la iniciativa ni siquiera de su propio gabinete. Estamos nuevamente ante el fenómeno del poder en un solo hombre, que decide en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo que debe ser y no ser. Este comportamiento lo resiente la economía, así como amplios sectores sociales.
En materia social había más esperanza, pero los resultados han sido poco alentadores, incluso sorpresivamente malos en ciertos rubros. Si bien el incremento del salario mínimo ha sido, desde mi punto de vista, el mejor acierto social y económico del presente gobierno —acotando el hecho de que el incremento del salario mínimo más allá de la inflación empezó en el sexenio previo aunque se aceleró en éste—, la política social en sí tiene errores importantes.
Efectivamente, vemos un incremento de 45 % en los apoyos monetarios que provienen de los programas sociales entre 2018 y 2020. Pero estos apoyos, de manera increíble, se redujeron para las familias más pobres en 32 %, pero se incrementaron en 93 % para las familias con más ingresos. Estas cifras son las reportadas por las propias familias a partir de las encuestas que lleva a cabo el Inegi, no se les preguntó a los gobiernos del presente ni del pasado. El gobierno cuyo lema es “Primero los pobres” redujo el apoyo social para los más pobres.
Además de esto, ante la pandemia, el gobierno aseguró que los programas sociales serían suficientes para mitigar el problema de la falta de empleo. No fue así, a pesar del incremento de los apoyos sociales, la caída del ingreso laboral, que pesa más en las familias que los programas sociales, no pudo ser compensado y la pobreza se incrementó en 3.8 millones de personas de 2018-2020 (en el peor momento económico, mayo de 2020, la pobreza habría crecido en 10 millones de personas). Asimismo, sorprende también que a este gobierno no le parece prioritario mejorar el acceso efectivo a los derechos sociales, que pudiera ser un soporte para la igualdad, al menos de oportunidades. Ni la calidad de los servicios —educativos, de salud, de justicia— ni la disponibilidad de los mismos parecieran ser prioritarias. Sólo la entrega monetaria directa, sin intermediarios; esta mano sí se ve.
Los servicios de salud son quizá el peor resultado social de López Obrador. Nos alejamos aún más de ser Dinamarca cuando cambiamos una estrategia imperfecta, que al menos brindaba mayor seguridad de afiliación, como el Seguro Popular, por una estrategia inexistente, como lo ha sido el Insabi. Y todo esto a quince minutos de que empezara la pandemia. Entre 2018 y 2020 las familias mexicanas aumentaron su gasto en salud en 40 %.
Ninguna de estas tendencias va a cambiar de aquí a 2024. Incluso pudiera ser peor. La búsqueda del poder en los siguientes dos años será tierra fértil para las batallas políticas, en las que López Obrador sabe jugar, pero no para mejorar el gobierno, que ya vimos que no es el fuerte del presidente. El futuro de México dependerá de cómo el resto de la sociedad reaccione en 2024, qué alianzas se generen y qué cruzadas se elijan, aunque la polarización podría ser el dique para cualquier salida. Dinamarca va a tener que esperar.
Gonzalo Hernández Licona
Economista. Es director de la Red de Pobreza Multidimensional, Universidad de Oxford.