Jorge Fernández Menéndez. Periodista, coordinador de investigaciones especiales del diario unomásuno.

Uno de los principales estrategas del panismo, de esos que saben medir los tiempos políticos, aseguraba a mediados de mayo: “acabó la etapa propositiva en Chihuahua, comienza la etapa de la denuncia, de sacar la gente a la calle y de mantenerla allí hasta que nos reconozcan el triunfo en las elecciones”. “Ya juntamos”, explicaba, “40 mil personas en Ciudad Juárez. A partir de ahora vendrán las grandes concentraciones de masas en todas las ciudades del estado”.

Chihuahua no parece la de hace seis años, la de esas elecciones que conmocionaron al sistema político mexicano (y que fueron el antecedente directo de lo que ocurriría en 1988). Hasta ahora las campañas han sido sobrias, tranquilas, propositivas. Y es que los tiempos han cambiado: hace unas semanas el candidato panista Francisco Barrio Terrazas se reunió oficialmente en Los Pinos con Carlos Salinas de Gortari; Javier Chuy Macías ha alejado del lenguaje de campaña toda referencia explícitamente antipanista y las autoridades locales, encabezadas por quien triunfara en esas polémicas elecciones, Fernando Baeza, aseguran que las elecciones del próximo 12 de julio serán elecciones transparentes e inobjetables.

Y sin embargo, esa aparente calma es un espejismo. Chihuahua será la elección más reñida de este año (destacados miembros del PRI y el gobierno coinciden en señalar que para el oficialismo Chihuahua será, incluso, mucho más difícil, en términos electorales y políticos, que Michoacán). Desde hace diez años las fuerzas del PRI y el PAN, con altas y bajas, están electoralmente equilibradas e incluso la propia acción oficial -que la voz popular califica en el estado como empanizada- hace que la lucha electoral se concentre en un mismo sector de la población: ese amplio y polimorfo sector del centro-derecha que caracteriza en el estado el voto urbano.

Pero para analizar lo que ocurre en Chihuahua en este 1992 se debe retroceder exactamente una década, hacia ese 1982 de la crisis, de la privatización bancaria, de la ruptura de los modelos políticos y económicos. Porque en Chihuahua, a fines de 1982, todos los principales empresarios locales, acompañados por la iglesia católica y los sectores medios, tomaron una decisión: querían intervenir en política y más concretamente controlar la política de un estado que fue uno de los más afectados por las decisiones adoptadas durante el último año de José López Portillo. O, como diría en ese entonces Eloy Vallinas, “si nos quitaron la banca les quitaremos Chihuahua”.

Símbolo de los tiempos, de las dudas y el descontrol, lo cierto es que el PRI tuvo en sus manos la posibilidad de canalizar hacia el tricolor el descontento que en 1983 existía entre el empresariado, las clases medias y los sectores urbanos de Chihuahua. En efecto, cuando a principios de ese año comienzan los preparativos para la renovación de las presidencias municipales y del legislativo local, los principales hombres de negocios de Ciudad Juárez se reunieron en el Frente Cívico para la Participación Ciudadana (FCPC) que rápidamente se extendería hacia la ciudad de Chihuahua. Sus principales impulsores originales fueron Jaime Bermúdez, (quien luego sería presidente municipal por el PRI de 1986 a 1989), Federico Barrio Terrazas (hermano de Francisco, ambos ejecutivos del grupo Bermúdez y hasta entonces sin militancia política), Pablo Cuarón Galindo (también empresario y sobrino de Bermúdez) y Alfonso Murguía Valdez (quien sería después uno de los más cercanos colaboradores de Pancho Barrio). Con aportes económicos directos de los participantes y de las principales empresas del estado (ver los excelentes testimonios al respecto que publicó Rubén Lau, en Cuadernos del Norte, una publicación del Centro de Estudios Libres Ignacio Rodríguez Terrazas A.C., editados en Ciudad Juárez en 1988), el Frente decidió, antes de definirse partidariamente, elegir un candidato para la presidencia municipal de Ciudad Juárez. Se decidió que fuera Francisco Barrio Terrazas, entonces ejecutivo de Las empresas maquiladoras de Jaime Bermúdez.

El primer contacto político del Frente fue con el PRI, al que se le ofreció La candidatura de Barrio Terrazas. No se sabe si hubo una comunicación efectiva al respecto del PRI local con el nacional, que entonces comenzaba a presidir Adolfo Lugo Verduzco, pero lo cierto es que el PRI local rechazó inmediatamente la propuesta del Frente. Unos días después el FCPC entró en contacto con el PAN y también le ofreció la candidatura de Barrio para Ciudad Juárez. El PAN aceptó sin regateos pese a que unos días antes, el 9 de marzo, había lanzado como precandidato a Miguel Corral Olivas. Pero el 27, en la convención estatal del partido blanquiazul, se cambió la decisión y se decidió apoyar a Barrio. Comenzaba así una alianza que rendiría múltiples frutos para todos sus miembros.

Lo cierto es que unos meses después, en julio del 83, en unas elecciones que fueron particularmente limpias, el PAN triunfó en Chihuahua en toda la línea ganó las presidencias municipales de la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez, Camargo, Delicias, Parral, Meoqui, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. O sea, de todos los principales centros urbanos del estado. Para ello, el financiamiento de los hombres del FCPC (del que ya se había desligado Bermúdez) fue fundamental. Por primera vez en el estado la oposición tenía fuertes recursos como para equiparar sus campañas con las del PRI. En los hechos, entre 1980 y 1983 el PAN cuadruplicó sus votos en el estado.

Además el PRI vivía en esos años un serio descontrol interno y ello se puso de manifiesto no sólo en el rechazo a la candidatura de Barrio que le propuso el FCPC sino también en una serie de rupturas internas que le costaron numerosas posiciones locales: el candidato panista en Delicias, que ganó la presidencia municipal, era un exmilitante del PRI que fue rechazado por el tricolor como candidato; en Cuauhtémoc, su principal dirigente popular fue también rechazado como candidato y sacrificado por una posición sectorial, buscó refugio en el entonces PST y con él ganó las elecciones municipales; en Zaragoza el PSUM y en Nuevo Casas Grandes el PAN, postularon dirigentes locales que no eran miembros de su partido y que en su momento el PRI había desplazado y en ambos casos los candidatos de la oposición también ganaron las elecciones.

Fue recién a fines de 1984 cuando el gobierno federal y el PRI comprendieron la situación y comenzaron a operar para modificarla. En primer lugar, Miguel de la Madrid logró un acuerdo directo con Eloy Vallinas, uno de los principales impulsores de la candidatura de Barrio en 1983, quien para 1985 ya había recompuesto su alianza con el sistema. Bermúdez se incorporó en forma activa a la política priísta en el estado y desde entonces las fuerzas del PRI y el PAN alcanzaron un fuerte equilibrio político, aunque la actividad conjunta de ambos empresarios logró que el financiamiento privado a las fuerzas panistas se redujera drásticamente.

Sin embargo, ese equilibrio se vio alterado por las insistentes manifestaciones de irregularidades electorales. Por ejemplo, en las elecciones federales de 1985, el PRI se impuso por unos 50 mil votos por sobre el PAN (213 mil contra 147 mil votos del PAN) pero, con base en las actas de escrutinio que tenían en su poder los partidos de oposición, se estima que la votación real fue de 230 mil votos para el PRI contra 220 mil del PAN, reiterándose la tendencia panista a lograr altas cifras de votación en los centros urbanos y manteniendo los comicios otra característica una tasa de abstencionismo muy alta que alcanzó el 50% de los empadronados.

En ese marco las elecciones de julio de 1986 fueron un parteaguas: en primer lugar, porque el PRI definió una estrategia que, desde entonces, aplicó en el estado con escrupulosa precisión: buscar candidatos provenientes de los núcleos de apoyo panista, especulando con una realidad: esos votos panistas no eran tradicionales, se consolidaron al calor de los sucesos de 1982 y 83, y si existía de parte del PRI una oferta similar, impulsada desde el poder, la tendencia electoral se podía revertir. Así llegó a la candidatura priísta Fernando Baeza Meléndez, miembro de una prominente familia panista, él mismo panista en su juventud (de la que conserva una añeja amistad con Diego Fernández de Cevallos), católico practicante y con excelentes relaciones con la iniciativa privada local, de la cual forma parte su familia. Como mancuerna, llevó como candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez el exfundador del FCPC, Jaime Bermúdez, quien paradójicamente fuera uno de los principales impulsores políticos de Barrio Terrazas.

Por otra parte, la situación del PAN también se desdibujó un poco. Barrio, metido de lleno en la campaña electoral, abandonó los trabajos de la presidencia municipal, mientras Bermúdez se reivindicaba -contra una tímida campaña del candidato panista a la presidencia municipal-, casi como un continuador del trabajo de su antecesor panista y Baeza planteaba una plataforma programática que en poco se diferenciaba de la de Barrio Terrazas.

¿Cuál fue el resultado real de las elecciones de 1986 en Chihuahua? No se sabe y difícilmente se sabrá. Hubo una multitud de irregularidades, eso está ya fuera de duda, pero ha sido imposible establecer en qué medida esas irregularidades (que se ejercieron fundamentalmente sobre el padrón y en el relleno de urnas) afectaron el resultado oficial en el que el PRI, en plena crisis económica, dobló su votación en las elecciones de 1983 y 1985 y alcanzó poco más de 400 mil votos, contra los 230 mil PAN. La diferencia, según los analistas del PRI, estuvo en la derrota del abstencionismo, en los votos del campo y de los sectores populares marginados que fueron movilizados por el partido tricolor para que ejercieran en su favor el voto. Según el PAN allí residió el fraude.

Lo cierto es que, hasta ahora, seis años después, las tendencias electorales se han mantenido como en 1986. Incluso en las elecciones del año pasado las cifras electorales fueron muy similares a las de entonces: 414 mil votos para el PRI contra 230 mil del PAN.

Pero si en los últimos seis años la situación electoral no presentó demasiados cambios, buena parte del escenario político y social del estado se modificó ampliamente. En primer lugar, la situación económica global del país y el nuevo modelo de desarrollo han terminado por alinear con el salinismo a la mayoría de los sectores privados del estado. En segundo término, Baeza realizó un gobierno que, en sus lineamientos generales, cumplió con las expectativas de esos sectores pero que mantuvo dos grandes carencias: por una parte, una política social a todas luces insuficiente a pesar de la presencia de Solidaridad; y, sobre todo, presenció un auge de denuncias sobre corrupción entre funcionarios ubicados por debajo del gobernador que se ha convertido en la peor bomba de tiempo que deberá afrontar el PRI en los próximos meses y que incluso ha obligado al actual candidato priísta a deslindarse públicamente de esos hechos.

Y en tercer término, Chihuahua registró un cierto repliegue del PAN provocado, entre otras causas, por un relativo retiro político de Barrio Terrazas (se asegura en fuentes panistas que decepcionado por lo que consideró una traición de la entonces dirección nacional de ese partido, que encabezaba Pablo Emilio Madero, y que ordenó en pleno periodo de protestas postelectorales la desmovilización y la aceptación de los resultados) y por la elección del líder histórico del partido en el estado, Luis H. Alvarez, que se convirtió en presidente nacional del PAN (enfrentándose precisamente a Madero) en 1987, lo que lo alejó objetivamente de la problemática del estado.

Pero, paradójicamente, esos cambios pueden influir de forma insospechada en el comportamiento electoral. En primer lugar, porque, al contrario de lo que sucedió entre 1983 y 1986, el que está tratando de aprovechar para sí la táctica de sus adversarios es el PAN. Si en buena medida la tesis de que el gobierno de Baeza fue bueno porque es un gobernador empanizado tiene éxito como mensaje, ¿por qué no revertirla y asegurar que, sin los lastres del sistema, en un gobierno realmente panista las cosas serian mejores?

Buena parte de la campaña panista ha hecho hincapié en ello: en los errores y más que nada en las denuncias de corrupción, de falta de seguridad pública o en las insuficiencias de la política social, pero al mismo tiempo ha insistido en que de ganar el PAN no habría una línea de ruptura, especialmente con el gobierno federal. El Francisco Barrio de los encendidos discursos de 1983-86 se ha convertido en un dirigente de talla nacional que ha insistido públicamente en que existe una relación de respeto con el salinismo, respeto que se refrendó, a principios de abril, con la decisión de Barrio Terrazas de interrumpir su campaña en Chihuahua durante la última visita al estado de Salinas de Gortari. En reciprocidad, a fines del mes pasado, el presidente Salinas le concedió una entrevista personal (solicitada por el dirigente panista) en Los Pinos. Hasta el 18 de mayo Jesús Macías no había logrado una entrevista de ese tipo con el Presidente, por lo menos que se haya anunciado públicamente. De Los Pinos, el candidato blanquiazul se fue con la promesa presidencial de que las elecciones del 12 de julio serían escrupulosamente limpias y presumiendo de una relación amistosa con Salinas de Gortari de la que ha hecho uso, especialmente con los sectores empresariales y populares del estado. Con los primeros, planteando que no habría problemas económicos con el gobierno federal por su llegada al gobierno del estado. Con los segundos, como una forma de ratificar que si eso ocurre no se cortaría el flujo de recursos para obra social a través de Solidaridad.

Pero existen situaciones objetivas más importantes, para beneficio panista, que esa actividad macropolítica. El priísmo ha sufrido un desgaste muy considerable en el estado y la carta de la corrupción será utilizada con insistencia por el PAN, levantando una bandera que al PRI le será difícil contrarrestar; con aciertos y errores, el periodo de gobierno del PAN en varias presidencias municipales (83-86) no sufrió denuncias graves por casos de corrupción. Y esa diferencia en la evaluación de la política reciente puede propiciar muchos votos urbanos para el PAN que no podrán ser compatibilizados como votos antisalinistas.

Por otra parte, y en relación con lo anterior, el relativo alejamiento de Barrio le evito el desgaste en el periodo de reflujo panista (inmediatamente después de las elecciones de 1986 y hasta este año) lo que preservó su imagen como la del ganador moral del 86 al tiempo que se producía un importante cambio en Acción Nacional con la llegada de Luis H. Alvarez a la presidencia del partido. Alvarez, que ha logrado convertir al blanquiazul en un partido competitivo, logrando triunfos en Baja California, indirectamente en Guanajuato y en varias ciudades importantes del país, llegó al liderazgo nacional del PAN por el papel que cumplió precisamente en las elecciones de Chihuahua en 1986, enfrentándose entonces a la dirección nacional de su partido que impulsaba la desmovilización. La huelga de hambre de Alvarez en 86 sirvió para fortalecer a un grupo que lo apoyó en la lucha por la dirección del partido, grupo que amarró la alianza, por templo, con Manuel Clouthier, para que este llegara en 1988 como candidato a la presidencia de la República.

La intervención de Alvarez y su equipo ha sido decisiva también para que Barrio Terrazas vuelva a la militancia activa y para el tono que ha alcanzado la relación de éste con el Ejecutivo Federal Alvarez, que se retira de la presidencia panista en febrero de 1993, acaba de declarar a El Nacional que él es primero de Chihuahua y luego de México; en este sentido, cerrar su ciclo al frente del PAN con una victoria en su estado debe ser algo más que una aspiración personal. Y eso, en las altas esferas del gobierno federal, no es un secreto.

Jesús Macías ha realizado su campaña en base a esas previsiones. El priísmo local sabe que ha tenido que mantenerse a la defensiva, buscando su legitimación desde hace seis años y en esta campaña eso no ha sido una excepción. Chuy Macías sucedió como presidente municipal de Ciudad Juárez a Jaime Bermúdez, que terminó su periodo muy desgastado políticamente, reflejo de la denuncia recurrente en el estado (corrupción y falta de seguridad), lo que amenazaba con causarle graves problemas al PRI. No fue así: Macías ganó su elección con tranquilidad y demostró ser no sólo un buen candidato local sino también un presidente municipal que logró paliar algunos de los peores déficits de la administración de su antecesor.

El problema para Macías, un hombre también estrechamente relacionado con el sector privado local (del que no se ha podido establecer con claridad su grado de relación con el FCPC a principios de la década pasada, aunque existen indicios de que participó indirectamente en él), era y es que no tiene una amplia proyección nacional pero tampoco estatal. Hasta principios de este año Macías era un político conocido sólo en Ciudad Juárez. Incluso en 1991, el candidato a la senaduría fue Artemio Iglesias, un político priísta mucho más conocido que parecía encaminarse -luego de su amplio triunfo electoral del 18 de agosto- hacia la candidatura y que incluso solicitó licencia en la cámara alta para poder dedicarse de tiempo completo a su precampaña y así presionar a la presidencia nacional del PRI por su candidatura. No tuvo éxito, no sólo porque su estilo no parecía estar acorde a los tiempos políticos sino también por una razón que parece haber sido determinante: el PAN y en particular Luis H. Alvarez han acusado públicamente a Iglesias, entonces dirigente del PRI local, de ser el principal instrumentador del fraude de 1986. Se asegura que en una reunión con el presidente Salinas efectuada en Los Pinos en diciembre pasado, Alvarez y Diego Fernández de Cevallos le hicieron llegar esa apreciación a Salinas de Gortari y explicaron que si el candidato del PRI era Iglesias la campaña del PAN sería durísima, con un alto costo para la relación entre ambos partidos.

Lo cierto es que Iglesias debió volver al senado y que, desde entonces, no se le ha vuelto a ver en labores de campaña en el estado. La decisión, aparentemente, fue alejarlo lo más posible, como factor de conflicto potencial en el estado. Macías no mostraba demasiada experiencia política, fuera de una controvertida relación de años atrás con Lerma Candelaria que el candidato del PRI ha desmentido insistentemente en los últimos meses. De todas formas, su llegada a la candidatura respondió a una misma estrategia que la de Michoacán: el todavía líder del tricolor, Luis Donaldo Colosio, decidió para ambos estados buscar figuras que se hubieran destacado en gobiernos locales, municipales, que no tuvieran un desgaste político importante y no ofrecieran en su carrera margen para acusaciones de la oposición por sus vínculos con los manejos políticos del pasado.

En el caso de Chihuahua la idea fue lanzar a Macías como un candidato políticamente “limpio”, sin relación con los sucesos del 86, y apoyado en lo que ha sido una de las principales labores de Baeza en el estado: lograr una firme estructura del partido. Importantes dirigentes nacionales del PRI durante el periodo de Colosio coincidían en afirmar que la estructura del partido oficial en Chihuahua es una de las mejores y más fuertes del país. “Una organización al estilo Baeza, de mano dura, con fuertes mandos verticales, pero sin duda muy eficiente.”

En este sentido, la campaña de Macías ha estado signada por una constante: darse a conocer en el resto del estado (incluso, ante esa prioridad, Macías parece haber subestimado en parte su presencia ante los medios y los círculos políticos nacionales) y proponerse como la alternativa de un “nuevo Chihuahua”, realizando una campaña de bajo perfil, que no ha recurrido hasta ahora a grandes mítines e incluso con una relativa presencia propagandística, que ha preferido el diálogo directo y en corto con los distintos sectores locales. No ha habido tampoco demasiadas novedades en su propuesta: Macías se asume como candidato del salinismo en las grandes líneas políticas y en lo local ha esgrimido, implícitamente, la posibilidad de ajustar cuentas con los funcionarios y dirigentes acusados de actos de corrupción, presentando las carencias de sus antecesores como una desviación de una línea de trabajo central. En muchos sentidos, los observadores lejanos del proceso podrían hasta confundir los mensajes de Barrio y de Macías.

Eso hasta ahora, porque la estrategia electoral que sigue el PAN es completamente diferente y tiende a la polarización del voto. En primer lugar, Barrio Terrazas es conocido en todo el estado y en el ámbito nacional. En todo caso, en Chihuahua el candidato del PAN parece buscar la ratificación de viejas adhesiones, explotar la imagen del 86 fortalecida por las posteriores victorias panistas en otros puntos del país y destacar los errores de una administración que, en ese sentido, se encuentra deslegitimada desde su origen. Pero también, como decíamos, el PAN busca explotar las nuevas condiciones políticas del país, mostrando como un gobierno suyo no sería de ruptura con la administración federal y que, por el contrario, mejoraría las carencias de los gobiernos priístas.

Para ello, Barrio ha decidido recurrir mucho más que Macías a los medios y a los gestos políticos, renovando su lenguaje, mostrándose como un convencido partidario del diálogo y rematando esas operaciones de imagen con la cita de hace unas semanas en Los Pinos. Esa imagen de Barrio ya ha cuajado en los principales sectores políticos y de opinión; por eso, ahora el PAN ha decidido, como decíamos al principio, pasar a la segunda etapa de su campaña: la denuncia y la movilización.

Mientras el PRI plantea una multitud de actos pequeños para refrendar su campaña sólo con algunos actos de cierre de carácter masivo, el PAN ha decidido desde principios de mayo lanzarse a una campaña de movilización de masas. Ya ha logrado congregar a 40 mil personas en Ciudad Juárez (ni en 1986 había logrado mítines con esa participación en la ciudad fronteriza) y ahora lo que busca es mantener, desde dos meses antes de las elecciones, a la gente en la calle. Por eso pasará de las medidas propositivas, de los actos con grupos pequeños, a la denuncia. El objetivo es canalizar a esos sectores movilizados, en primer término, en organización electoral.

Desde 1986 se comprobó que el PAN no estaba lo suficientemente organizado en el estado como para tener un control real de las elecciones. A eso contribuyó, en gran medida, el salto que vivió el partido en unos pocos años y, especialmente, en Ciudad Juárez, las diferencias que existieron entre el fuerte equipo de Barrio Terrazas y la vieja dirigencia local del PAN que recién en 1987, al llegar Raymundo Gómez a ella, comenzó a compatibilizarse con el equipo de Barrio. Por eso también, a diferencia de lo ocurrido en 1986, cuando la dirección nacional del PAN no brindó todo el apoyo al estado, ahora ese apoyo será -ya es- total: a Chihuahua se destinarán cuadros, recursos, organización como en ninguna de las otras 11 elecciones en las que Acción Nacional participará durante este año.

En segundo término, la idea de la movilización busca repetir los casos de Baja California y Guanajuato: presionar con la gente en la calle hasta el reconocimiento de un hipotético triunfo o rechazar la victoria priísta si ésta se considera que se logró con irregularidades. En ese marco todo es posible, pero lo fundamental, lo que aún no se percibe con claridad, es cuáles serán las medidas de control político en el estado para garantizar una elección escrupulosamente limpia. Sin ello, todas las estrategias concluirán en una: la confrontación directa y la polarización, reiterándose el caso de las elecciones de Guanajuato y San Luis Potosí del año pasado que concluyeron con salidas políticas y no electorales.