De expropiaciones, inversiones y ciudadanos

Una de las promesas que repitieron con insistencia el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus cercanos en campaña es que no habría expropiaciones en su gobierno. Lo que el entonces candidato pretendía con ese discurso era neutralizar la idea que existe en el imaginario colectivo según la cual los gobiernos latinoamericanos son adictos a expropiar. Con ello buscaba dar confianza al votante indeciso de que no era un radical y así atraer votos. Por eso, ahora que muchos especialistas han salido a decir que la “Reforma Bartlett” es expropiatoria, el propio gobierno ha intentado aclarar en medios de comunicación que no habrá expropiaciones en caso de aprobarse la iniciativa. Entonces, ¿habrá o no expropiaciones? Analicemos.

Ilustración: Guillermo Préstegui

Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra expropiar significa:

Privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes.

¿Qué dice la iniciativa de reforma? En su artículo segundo transitorio, el texto reza que:

Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución.

Al cancelar los permisos de generación y los contratos, la reforma priva a las personas (y a las empresas, propiedad de personas) de su derecho a generar energía eléctrica para consumirla ellos mismos o para venderla a alguien más. El agravante es que no hay algo en la iniciativa que diga que se va a indemnizar a quienes se verían privados de aquel derecho. De hecho, diversos funcionarios han dicho claramente que no se indemnizará.

En términos sencillos, ¿cómo funcionará la expropiación en caso de aprobarse la iniciativa? Quien tiene un parque de generación perderá su permiso de generación y simplemente no podrá generar energía eléctrica, con lo que sus fierros quedarán parados y sin cumplir con la función para la que fueron instalados, y por lo tanto no entregar su producto y no generar valor.

Y no se debe a que los dueños del parque privado hayan cometido un acto ilegal, ni a que hayan transgredido algún contrato o defraudado a alguien, ni a que alguna otra empresa haya sido más eficiente y por lo tanto le desplace en el mercado. El parque de generación no tendrá permiso y no podrá seguir participando simplemente porque el presidente no quería que hiciera lo que hace y decidió cancelar su permiso. Sólo por eso no puede generar energía, aunque técnicamente lo haga de forma más limpia o barata que otros que seguirán funcionando.

Y aquí que no nos engañen, pues celebrar contratos discrecionales para que hasta el 46 % de la generación venga de privados significa sacar del despacho por decreto a un 18 % de la energía que es generada a costo más bajo que la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero que comete el pecado de no ser generada por la CFE y sólo por eso será desplazada.

Ahora bien, ¿quién será el afectado por estas decisiones? Pues quienes han invertido de alguna u otra forma en estas centrales de generación. Pueden ser empresas que tienen los recursos para invertir y financiar todas sus centrales eléctricas; pueden ser también empresas propiedad de algún gobierno de otro país; pueden ser fondos de pensiones que vieron la oportunidad de ganar dinero al comprar un parque de generación; pueden ser empresas que, sin tanto capital, decidieron arriesgarse y buscar el apalancamiento de algún banco o de la banca de desarrollo de uno u otro país. En fin, todos estos casos encontraremos en la participación con centrales de generación eléctrica en México.

Para traducir el párrafo anterior ¿Quienes se verán afectados con esta expropiación? En el mismo orden: inversionistas de empresas, gobiernos de otros países, personas mayores pensionadas tanto de México como de otros países, bancos, banca de desarrollo mexicana y extranjera, entre otros.

Pero al final del día, los más afectados somos los ciudadanos, los consumidores, que por mero capricho nos veríamos obligados a consumir de forma mayoritaria la energía de una empresa de generación, al costo que ésta fije… Y a pagar las indemnizaciones por la expropiación simulada.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía

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Publicado en: Energía