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Sharbat Gula. Así se llama la célebre “niña afgana” de la portada de la revista National Geographic que hace más de tres décadas dio rostro a la tragedia de millones de refugiados desplazados por la ocupación soviética. La noticia de que hace unos días había sido evacuada a Roma con el apoyo del gobierno italiano rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales y nuevamente colocó a Afganistán en el centro del horizonte mediático.

Ilustración: José María Martínez

A poco más de tres meses del regreso del Talibán al poder, la atención internacional ha tendido a concentrarse en la situación en Kabul y en los avances en la evacuación de extranjeros y de afganos considerados especialmente vulnerables ante la llegada de los nuevos gobernantes. Así, la emergencia humanitaria que afecta a la inmensa mayoría de los casi 40 millones de personas que permanecen en el país ha pasado a un segundo plano.

Las estadísticas de las agencias de la ONU dan cuenta de la profundidad de la crisis. En los primeros nueve meses de este año el número de desplazados internos ha aumentado en 665 000 personas, 80 % de las cuales son mujeres y niñas. La inseguridad alimentaria extrema alcanza ya a casi 23 millones de afganos, incluyendo a la mitad de los menores de cinco años y a una cuarta parte de las mujeres embarazadas y lactantes, cifras que sin duda crecerán con la llegada del invierno.

La emergencia se ha visto agravada por el colapso de la economía formal, del sistema bancario y de los servicios básicos, la falta de pago de salarios a trabajadores esenciales, así como por las sanciones que impiden el acceso a las reservas internacionales y a diversas fuentes de financiamiento externo. Ello neutraliza cualquier posibilidad de avance hacia una estabilidad económica medianamente sostenible y, al mismo tiempo, abre la puerta hacia una expansión todavía mayor en actividades ilícitas como el lavado de dinero y el tráfico de armas, drogas y personas. 

A partir del repliegue occidental y la parálisis en la gestión gubernamental, la ONU, bajo el paraguas de su Misión de Asistencia (UNAMA, por sus siglas en inglés), es hoy la principal responsable de la distribución de la asistencia humanitaria —alimentos, medicinas, agua, tratamientos y otros insumos de primera necesidad— que ya reciben más de 10 millones de personas.

En su informe del 17 de noviembre ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Deborah Lyons, diplomática canadiense y representante especial del secretario general, destacó la magnitud e inminencia de la catástrofe humanitaria. Retrató a un gobierno de facto marcado por divisiones internas, limitado por su anclaje fundamentalista y consciente de la importancia que el reconocimiento internacional representa para asegurar su viabilidad, pero que no ha dado pasos creíbles para lograrlo, incluyendo temas cruciales como la inclusión étnica y el acceso de mujeres y niñas a los sistemas educativo, laboral y de justicia.

¿Cómo romper el círculo vicioso que impide que un liderazgo sin reconocimiento internacional acceda a recursos financieros que, antes de la caída de Kabul, representaban el 75 % del presupuesto gubernamental? Entre otras recomendaciones, Lyons planteó la creación de mecanismos paralelos que permitan el pago de salarios en hospitales, escuelas y en los programas de seguridad alimentaria, con controles que impidan que los recursos sean desviados hacia o por el Talibán. Hay razones para el optimismo: existe un programa piloto financiado directamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que en octubre pasado pagó los sueldos de 24 000 trabajadores de la salud en 2200 clínicas y que podría ser ampliado y replicado en otros sectores.

En un terreno más ambicioso —y que al menos por ahora no parece realista— Lyons también propuso al Consejo de Seguridad el lanzamiento de un nuevo diálogo que incluya al liderazgo Talibán y a todos los actores afganos, regionales y globales relevantes, entre ellos la ONU, con el propósito de encontrar soluciones de mayor alcance.

Entretanto, los países con intereses geopolíticos en Afganistán, por muy divergentes que estos sean, siguen unidos por su interés en evitar que el país vuelva a ser una base de operaciones de grupos terroristas —la vertiente afgana del Estado Islámico ha ampliado su presencia territorial y sigue perpetrando ataques— y un foco de desestabilización regional.

Estas preocupaciones compartidas animan tanto los diálogos en los que participan Beijing, Islamabad, Moscú y Washington, como sus contactos directos con el liderazgo Talibán. La reunión de cancilleres de la Conferencia Islámica el próximo 17 de diciembre convocada por Arabia Saudita, cuyos términos establecen un vínculo explícito entre la crisis humanitaria y la paz y seguridad regional e internacional, refleja la creciente preocupación sobre la ola expansiva que puede ocasionar un colapso generalizado.

Las perspectivas son inciertas. La conferencia de donantes convocada por la ONU en septiembre pasado rebasó las expectativas, con promesas de contribuciones de más de mil millones de dólares para los próximos meses. Sin embargo, todos coinciden en que la asistencia humanitaria será insuficiente si no se toman medidas adicionales que aseguren la viabilidad del Estado afgano. 

El hecho es que en tanto se busca reducir el abismo político entre las expectativas internacionales y las acciones concretas de los nuevos gobernantes en Kabul, la marcha de millones de afganos hacia su propio abismo no se detendrá. Urge voltear hacia Afganistán con la misma intensidad de la mirada penetrante de Sharbat Gula. De lo contrario, todos tendremos que vivir con sus consecuencias.

 

Julián Ventura
Internacionalista, exsubsecretario de Relaciones Exteriores