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La semana pasada se hizo pública la iniciativa de reforma constitucional que el presidente promueve para el sector eléctrico. El texto está plagado de falacias, como decir que el Estado recuperará una rectoría que ya tiene; también tiene contradicciones, como que apoyará la generación distribuida y, al mismo tiempo, dice que se eliminará cualquier forma de generación privada. No faltan las mentiras, como decir que la reforma de 2013 buscaba desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad; finalmente, tiene verdades a medias, como decir que se obliga a la CFE a comprar energía a privados, sin decir que esas compras han sido hasta 75 % más baratas que su propia generación. La realidad es que la iniciativa es perniciosa en todos y cada uno de sus puntos y, por tanto, es innegociable.

Ilustración: David Peón

Veamos qué dice cada una de las partes y por qué es indebido, voy en el orden del decreto.

Artículo 25

Primer cambio. Adición al quinto párrafo del artículo 25 constitucional. Se suprime el concepto “empresas productivas del Estado, y los criterios para su regulación, estableciendo los organismos de Estado”. Esto elimina el espíritu de eficiencia de una empresa productiva y la vuelve una oficina del gobierno —una más. Adiós transparencia, rendición de cuentas y búsqueda de eficiencia. Bajo este criterio se podrá tener costos exorbitantes de energía, y ese exceso será escondido bajo subsidios.

Segundo cambio. Nuevo párrafo sexto del artículo 25 constitucional. Que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas. Esto de alguna forma ya estaba en la ley, ahora sólo amplían las facultades desde la Constitución. Pero aquí empieza la trampa, pues queda como facultad constitucional centrada en el Estado.

Artículo 27

Tercer cambio. Modificación al párrafo sexto. Prohíbe que las reservas de litio puedan ser explotadas por particulares mediante concesión. ¿Recuerda usted el “éxito” de las paraestatales? Lo mismo con el litio. Aquí también: “Se establece que corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir, y abastecer energía eléctrica”. Si se toma al pie de la letra esta redacción, la CFE sería la encargada de generar hasta los focos de su casa. No hay espacio para el mercado.

Cuarto cambio. Adición del nuevo párrafo séptimo. La Nación queda a cargo de la transición energética. Aquí la lamentable redacción deja la duda, pues sugiere que sólo el Estado podría participar en la transición, limitando la participación de los ciudadanos.

Quinto cambio. Modificación al séptimo párrafo —ahora octavo— que elimina la figura de empresas productivas del Estado; corresponde al primer cambio.

Artículo 28

Sexto cambio. Modificación al párrafo cuarto. Es donde se restablece el sector eléctrico como actividad exclusiva del Estado, y que no será considerado como monopolio. O sea: sí es, pero no se considera. Aquí se incorpora a empresas de capital nacional como parte de la industria.

Séptimo cambio. Nuevo párrafo sexto. Designa a la CFE como la responsable de la electricidad del país. Es la única empresa que es nombrada en la Constitución. Además se le encarga la transición energética, esa para la que la Comisión sólo ha tenido pretextos este sexenio.

Octavo cambio. Nuevo párrafo. Aquí es donde se establece que el 54 % de la energía la generará la CFE y el resto los privados. Y se establece que sólo la CFE puede comprar energía para revenderla. Exclusividad para vender y comprar.

Noveno cambio. Se eliminan los reguladores. Los mexicanos no tendrán entonces algún ente que los proteja de la empresa que es primer lugar nacional en quejas ante la Profeco: la CFE. Tampoco habrá quien ponga reglas claras y parejas a todos los participantes del sector. Sólo una empresa decidirá todo.

En otras palabras: una sola empresa con todo el control del sector, sin ninguna protección al ciudadano. La participación del sector privado queda en manos de la voluntad del director de la CFE de forma totalmente discrecional. No hay reglas de eficiencia para la Comisión, sino que se vuelve un ente burocrático que no intenta ser productivo ni eficiente.

Como podemos ver, todos y cada uno de los cambios son perniciosos, por lo que esta reforma se vuelve innegociable. Ni un punto atiende los problemas reales del sector eléctrico. En su exposición de motivos, la iniciativa crea problemas inexistentes para justificar la modificación. La reforma de 2013 puso al centro de la atención al ciudadano. Esta reforma se centra en una empresa y limita la participación de los ciudadanos al criterio de un “vicepresidente eléctrico”.

Pero esa es sólo la revisión de los cambios al texto constitucional. La próxima semana revisaremos los artículos transitorios, que meten al país en aún más problemas.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía

 

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