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El Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que forma parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), fue creado en los años ochenta del siglo pasado para mitigar los efectos negativos de la caída en los salarios de los investigadores universitarios. Se trata de un programa de becas que hoy se otorga a unos 35 000 investigadores. Pertenecer al SNI significa un reconocimiento simbólico (ser nombrado “investigador nacional”) y una recompensa monetaria (un “apoyo económico” que puede ir de los 8000 hasta los 36 000 pesos mensuales). Todos los miembros del SNI son evaluados periódicamente y su ingreso, continuidad y promoción en el sistema depende, principalmente, de demostrar una producción sostenida de publicaciones científicas.

Ilustración: Ricardo Figueroa

Al inicio sólo podían acceder al SNI investigadores con adscripción de tiempo completo en instituciones públicas de educación superior mexicanas. Con el tiempo, se permitió que los académicos de universidades privadas ingresaran al sistema y recibieran tanto el nombramiento simbólico como la subvención monetaria, siempre y cuando las instituciones en las que laboraban firmaran un convenio con el Conacyt.

Esto cambió abruptamente en octubre de 2020, cuando el Conacyt les anunció a los rectores de varias universidades privadas que ya no se renovarían los convenios existentes, lo cual dejaría sin el apoyo económico —pero mantendría el membrete de “investigador nacional”— a los miembros del SNI de tales casas de estudio. Aunque esa decisión se suspendió temporalmente, poco después fue ratificada con la aprobación (en abril de 2021) de varias reformas al reglamento del SNI. Ahí se sostiene que sólo podrán recibir el apoyo económico quienes “estén adscritos a alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México”.

Retirar el apoyo económico a los miembros del SNI que trabajan en universidades privadas es un acto discriminatorio. Se debe recordar que se trata de un apoyo destinado directamente al trabajador académico, no a la institución donde labora (sea pública o privada). No se le está quitando, pues, el apoyo a la institución, sino a los trabajadores. Es también un desprecio de las aportaciones de esos investigadores. Los profesores que laboran en universidades privadas en México dan clase y asesoran a estudiantes mexicanos, dictaminan artículos para revistas científicas de universidades públicas, forman parte de comités de tesis de maestrantes y doctorantes de esas mismas instituciones y están imbricados en redes multiinstitucionales de investigación. En pocas palabras: son parte integral del sistema de ciencia y tecnología del país.

Docenas de universidades y académicos han interpuesto recursos legales para detener la aplicación del nuevo reglamento. A principios de junio de 2021, un juzgado federal concedió una suspensión provisional para mantener los derechos y beneficios del SNI de los investigadores afectados. Es probable que se trate sólo del inicio de una batalla legal que podría demorar años en resolverse.

Lo que ha sucedido con el SNI se suma a otros recortes y eliminación de prestaciones en el sector. Desde hace más de dos años no hay nuevas plazas en las Cátedras Conacyt, que han sido de las pocas oportunidades de trabajo para jóvenes con doctorado. Se han reducido las becas para estudiar en el extranjero y para estancias posdoctorales. Hace poco, el Conacyt también renunció a seguir negociando colectivamente, a nombre de los investigadores del SNI, un seguro de gastos médicos que ellos mismos pagaban, lo que obligó a cada académico a negociar individualmente su póliza.

Hay que enfatizar, por último, que el SNI es un sistema imperfecto de compensación salarial, a veces opaco y no pocas veces injusto. Es también una institución frágil —como mostró recientemente el bochornoso y turbio ingreso del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, al nivel más alto del sistema— y debe ser protegida. Dadas las actuales condiciones salariales de los trabajadores académicos, es un sistema necesario. Sería bueno que perdiera su razón de ser y desapareciera para que los salarios base de los académicos mejoraran significativamente y fueran dignos para todos. Mientras eso no suceda, el apoyo económico que brinda el SNI es indispensable para la comunidad dedicada a la investigación científica y debería otorgarse sin discriminar a quienes laboran en instituciones privadas.

 

Héctor Vera
Investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM

 

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