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Para muchos analistas políticos, la elección del próximo 6 de junio es, de alguna forma, un referéndum del presidente: está en juego su poder para reformar leyes en la Cámara de Diputados. El Senado no cambia, y aun ganando la cámara baja, el presidente tendría pocas posibilidades de cambiar la Constitución en los siguientes tres años.

En materia eléctrica, las reformas —iniciadas formalmente por el gobierno este año y reglamentariamente en 2018— buscan reimplantar un modelo de monopolio de Estado en el que el gobierno, mediante una empresa, se encarga de dotarnos a todos de energía. Del otro lado hay un modelo que pretende dar libertad al ciudadano y a las empresas para invertir y participar en la cadena de suministro eléctrico.

Antes que nada, hay que decir que el país tiene absoluta soberanía para decidir cuál de los dos modelos quiere implementar. ¿Es legítimo querer un modelo estatista? Sí, tan legítimo como querer un modelo de mercado; sin embargo, vale la pena dar elementos al elector sobre los defectos y virtudes de cada uno.

El modelo estatista obliga a que las inversiones se hagan con dinero del erario (del gasto público, de los impuestos). La capacidad del sistema para darnos energía dependerá de los recursos que el gobierno tenga para ello. Si en algún momento no hay recursos fiscales para las inversiones, el Estado tendrá tres opciones: subir los impuestos o las tarifas, recortar en otros gastos y/o endeudarse, o simplemente no hacer las inversiones y, por lo tanto, no brindar el servicio. Algo más: como el modelo estatista tiene a una sola empresa –un monopolio encargado de todo–, no hay competencia ni incentivos reales para ser más eficiente. ¿Puede un buen regulador generar incentivos? Es probable, pero la empresa monopólica del Estado y su inseparable poder político tienden a limitar de facto al regulador. Otro punto, también importante, es que las decisiones de infraestructura se basarán en una sola persona o un grupo pequeño que tomará las decisiones, probablemente con base técnica, pero también con consideraciones políticas. Después de todo, la empresa es parte del Estado y de la administración pública y, reitero, tiene un gran poder político.

¿Hay alguien que sea beneficiado por el modelo monopólico? Sí: quienes trabajan para esa empresa y quien desde ella puede ejercer poder político y control. Bajo estas premisas, el gobierno decide dónde se instala algo, dónde permite crecer la economía y dónde limita su crecimiento.

Ilustración: Patricio Betteo

El modelo de mercado, por su lado, permite que quienes quieran, puedan y cumplan con las reglas, realicen las inversiones necesarias para el desarrollo de la infraestructura. Si el Estado no tiene recursos, el sistema puede seguir creciendo. Siempre que el Estado respete y haga respetar el marco legal, las inversiones seguirán llegando. En este modelo, varias empresas compiten por vender sus productos o servicios. La búsqueda por garantizar sus ventas hace que intenten ser más competitivas y ofrezcan sus servicios a menor costo para ganar clientes. Si la empresa deja de ser competitiva, corre el riesgo de no vender y dejar de tener ingresos.

En el mercado, las decisiones de inversión no se encuentran concentradas en un grupo de personas, sino que dependen de las necesidades de los consumidores y de la disponibilidad de los vendedores para invertir. Una fábrica podría, por ejemplo, instalarse en cualquier sitio que ahora no tenga energía disponible si, en conjunto, un generador decide invertir para generar energía cerca de ahí. O sea: el desarrollo económico no estará limitado a la capacidad del Estado de invertir para generar y llevar electricidad. Algo importante: el esquema de mercado no le quita el control del sistema eléctrico al Estado, cuyas empresas siguen a cargo de la transmisión y distribución del sistema eléctrico.

¿México ha podido comparar entre monopolios y mercados? Sí. En telecomunicaciones pasamos del monopolio al mercado; de llamadas al extranjero por 10 pesos el minuto a paquetes de llamadas al Norteamérica ilimitadas y datos por 150 pesos mensuales. Y si no me gusta, me cambio de compañía.

Es una decisión soberana del país definir de qué queremos hablar en 20 años: de un mercado energético competitivo o de una empresa monopólica orgullosamente nacional, aunque cara y poco competitiva. Por último, está en juego decidir si queremos un sistema basado en hidrocarburos por un largo periodo, como lo busca el presidente, o un modelo que use cada vez más renovables y migre hacia ellas de forma acelerada. Estas son algunas de las definiciones que vienen el 6 de junio. Usted, ¿qué prefiere?

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía