Las confusiones palaciegas

El discurso del presidente en materia energética tiene una serie de elementos que es necesario rescatar y aclarar, pues reflejan de alguna forma su visión y el origen de las propuestas que hace en materia de política energética, principalmente eléctrica. Por ello, este texto busca entender las razones y las ideas del presidente expresadas en los discursos; en ellas pueden identificarse, al menos, tres confusiones y dos problemas.

Ilustración: Víctor Solís

Primera confusión, el presidente suele repetir que hay un exceso de concesiones en el sector eléctrico, pero comete un error. Una concesión, según el artículo 28 constitucional es donde: “…el Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación. En pocas palabras, el Estado “tiene a bien” darnos la gracia de una concesión.

Pero el asunto eléctrico no tiene concesiones; la electricidad no es un bien de dominio de la Federación y solamente los servicios públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica se encuentran a cargo del Estado, que puede celebrar contratos con particulares para que lo lleven a cabo. Sin embargo, la generación y comercialización de energía no están dentro de lo reservado para el Estado; por lo tanto, no hay concesiones de generación ni comercialización de energía.

Cuando el presidente habla de concesiones en realidad se refiere a permisos, pero aquí viene la complicación. Los permisos, según la Corte, es cuando el Estado reconoce un derecho que tienen los particulares. En este caso, el derecho a generar energía —ya sea para su consumo propio o para participar de un mercado— en libre concurrencia. Que el presidente llame concesiones a los permisos no es un simple asunto de cambio de palabras; para él, el sector eléctrico tiene o debe ser operado por el gobierno, por lo cual a los privados sólo se les permiten “graciosas” concesiones. Por eso modificó la ley para dar discrecionalidad al director de la CFE y que sea él quien las otorgue. Por eso, también, el presidente insiste en que los privados se acerquen a “negociar” la aplicación de la ley.

Segunda confusión, la visión de la función social y el lucro. El presidente considera que una empresa privada es cara por ser lucrativa, mientras que las empresas del Estado no lo son por tener una función social. Siguiendo esta idea, para el presidente es inconcebible que una empresa privada invierta, lucre, recupere gastos y aun así ofrezca un producto o servicio a costos más bajos que una empresa del Estado que “no lucra” y tiene “función social”. Tal vez el presidente no dimensiona que los monopolios públicos —con altos costos laborales y sin incentivos para ser competitivos— suelen tener desempeños que encarecen sus servicios, mientras que el privado —con los incentivos adecuados— puede ser mucho más eficiente y ofrecer servicios en iguales e incluso mejores condiciones que las empresas del Estado. Esos incentivos se engloban en la competencia y regulación adecuada. Por eso es por lo que el presidente insiste en construir una narrativa basada en supuestos subsidios, aunque no se pueda sostener.

La tercera confusión es que el presidente tiene la visión del país petrolero. Como buen cardenista, piensa que el petróleo es el recurso natural por excelencia que llevará al país al progreso mediante su aprovechamiento desde una empresa del Estado. El problema es que esa idea, en medio de la transición energética mundial, tiende a ser obsoleta.

Si bien el recurso petrolero debe aprovecharse, basar el sector energético y la economía en general en proyectos petroleros en esta época es un absurdo que ni los propios países realmente petroleros hacen, sino que la industria petrolera mundial tiende a invertir su capital en proyectos de generación de renovables.

El primer problema es que las ideas del presidente son distintas a la Constitución, pero también a la visión de los países que crecen y transitan a economías modernas y a la vez más amigables con el ambiente. El otro problema es que el presidente no es un caso de excepción; muchas de sus ideas son compartidas por buena parte de los mexicanos, por lo que su discurso tiene éxito, aunque en los hechos sea un fracaso.

Mantener la política del presidente, además de ir en contra de la Constitución, terminará por generar un atraso de varias décadas en el desarrollo económico de México; además, frenará la transición energética que tanto necesitamos por razones ambientales, sociales y económicas.

Mientras tanto, tenemos una parálisis en la que no sabemos siquiera cómo se va a cubrir la demanda eléctrica en los siguientes años y, por tanto, si podremos o no tener crecimiento económico suficiente para sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Producto de la incompatibilidad de las ideas palaciegas con la realidad, y usando la jerga beisbolista que tanto le gusta al presidente, tenemos un gobierno que en electricidad ni picha, ni cacha, ni deja batear.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

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Publicado en: Energía