Este texto de Norberto Bobbio se publicó por primera vez en la Rivista internazionale di filosofia del diritto, editada por A. Giufré, en Milán, año XLVII, enero-marzo de 1970. El lector verá fácilmente que su vigencia es absoluta no sólo para el ámbito europeo sino, de un modo exactísimo, para el momento mexicano.

Como sucede para toda expresión común en el lenguaje político, “crisis de participación política” se usa frecuentemente con distintos significados. Por eso la mejor manera de abordar este tema es haciendo algunas distinciones. Es conveniente, a mi parecer, deslindar tres usos diferentes de esta expresión; vale decir que este fenómeno tiene al menos tres manifestaciones distintas.

En el sentido más general, que también es el más fácil, al hablar de crisis de participación se hace referencia al fenómeno de la apatía política, es decir, a cierto desinterés difuso por la política, lo que es al parecer una de las características de la sociedad de masas. La apatía política es un aspecto de un fenómeno más amplio, la “despolitización”, que a su vez, parece relacionarse, por un lado, con el desarrollo de la sociedad tecnocrática, y por el otro lado, con el gigantismo y el reforzamiento de los aparatos burocráticos dentro de las sociedades de grandes organismos. En efecto, una de las características de la ideología tecnocrática consiste en creer, y pretender que se crea, que las grandes decisiones son de índole técnica, no política. Ahora bien: si las grandes decisiones pudiesen tomarse gracias a instrumentos técnicos, entonces no habría ya necesidad de los políticos genéricos ni, mucho menos, de la aún más genérica participación popular: serían suficientes los expertos. La tecnocracia es por excelencia el gobierno de los expertos. Los grandes aparatos burocráticos están bajo el dominio de la ideología del servicio neutral e imparcial, y son producto de los procesos de racionalización instrumental del Estado moderno. En las grandes sociedades burocráticas modernas, indudablemente asistimos al fenómeno creciente que resuelve al poder político en poder burocrático: tecnocracia y burocracia se conjugan, por encima de la esfera tradicionalmente reservada a lo político. La consecuencia de esto es precisamente la despolitización.

Otra variante de la crisis de participación política, en tanto crisis de la política tout court, es el fenómeno de la crisis de las ideologías: se cree, en general, que la desideologización acompaña a la despolitización como su sombra. En el intento de establecer un nexo entre tecnocracia, burocracia y crisis de las ideologías, se puede decir que mientras más se tecnologiza el proceso de las decisiones, más se burocratiza el proceso de poder; y cuanto más se burocratiza el proceso de poder, tanto más se desideologiza el proceso de toma de decisiones fundamentales.

En un segundo sentido, se habla de crisis de participación no para indicar el fenómeno de la falta de participación, sino el de la participación distorsionada o deformada. En este caso sí existe una participación pero, si se me permite el juego de palabras, es una participación no-participante. En años recientes se ha escrito mucho sobre la democracia manipulada, es decir, sobre todas las técnicas que permiten la manipulación del consenso a quien detenta el poder. La participación distorsionada o deformada es la que se obtiene mediante las técnicas de manipulación del consenso: no es una participación activa, sino pasiva; no es libre, sino forzada; no espontánea, sino inducida; no es autodirigida, sino heterodirigida. La pregunta es si se puede aún llamarla participación: algunos querrían llamarla más bien movilización, empleando así un término de significado emocional evidentemente negativo, que recalca de inmediato su carácter de fenómeno desviante.

Bajo esta luz, crisis de participación significa transformar la participación en movilización. Este tipo de crisis de participación es efecto del creciente relieve que cobra, al lado de los tradicionales poderes económico y político, el poder ideológico en la multiplicación y difusión de la comunicación masiva. Por poder ideológico entiendo el que se ejerce gracias al dominio sobre los medios masivos de comunicación, o sea de los medios por los cuales el que detenta el poder busca el consenso de los individuos que le están sometidos. La emergencia del poder ideológico como un tercer poder vuelve inaceptable la vieja distinción entre fuerza y consenso, sobre la que se fundan todas las teorías políticas tradicionales. El consenso manipulado, vale decir el que no se obtiene mediante la coacción sino por medio de la presión psicológica, ¿es fuerza o consenso? No es fuerza todavía, pero tampoco es consenso ya, por lo menos no lo es según el significado que a esta palabra se atribuía en las filosofías políticas del iusnaturalismo, desde Locke hasta Rousseau, según las cuales la sociedad política nacía de la hipotética libre voluntad de los contratantes, y que sólo de esta libre expresión de voluntad derivaba la propia legitimidad. Hoy en día, entre el puro consenso y la fuerza pura, dentro del ámbito de los motivos de obediencia adquiere un espacio creciente el consenso-ficción que llamamos consenso manipulado. Conforme tomamos conciencia de este tertium genus (tercer género), perdemos muchas ilusiones a propósito de la validez de la participación considerada de por sí: no es suficiente hablar de “participación”; es necesario preguntarse: ¿cuál participación?

Hay un tercer significado de la crisis de participación política; es cuando la participación efectivamente tiene lugar, por lo cual no es posible hablar de falta de participación; se puede también admitir que sea libre, no manipulada, y por tanto propiamente participación (y no movilización, por ejemplo). Sin embargo, puede existir una razón más por la que la participación es insatisfactoria, y se puede legítimamente hablar de una crisis: es cuando la participación no produce los efectos que de ella se esperan; es decir, cuando es ineficaz, y en consecuencia, es inútil. Participamos, y por tanto no estamos ausentes de la lucha política; también nos es posible movernos con cierta libertad en el ámbito de las alternativas políticas, de manera que no se trata de manipulación propiamente dicha (donde haya competencia entre las partes que se disputan el poder, siempre queda un espacio para formarse una opinión personal). Sin embargo, la participación no alcanza su fin, que es otorgar al individuo participante un papel efectivo en el proceso que culmina en la toma de decisión política.

De hecho, en la medida en que aumentan numéricamente los electores en las sociedades de masas, las grandes decisiones parecen tomarse al margen de la mayor o menor participación de los individuos cuyos intereses involucran tales decisiones. Puedo participar, pero quien toma las decisiones no soy yo; quien las toma, se dice en el lenguaje corriente, lo hace por encima de mi cabeza. La gente piensa: “Vayamos y votemos, pero mientras tanto ellos, los que mandan, seguirán haciendo lo que quieran”; entre ellos y nosotros hay un diafragma que obstaculiza toda comunicación. Este tipo de participación es ficticia, aparente, un simulacro de participación. En este caso los acusados ya no son los aparatos burocráticos o tecnocráticos, ni los medios masivos de comunicación: son los partidos; es decir las organizaciones que nacieron para mediar entre las demandas de los miembros de una sociedad determinada y las respuestas de la clase política, entre la sociedad civil y la sociedad política. Estos, en cambio, se han transformado paulatinamente en aparatos de poder autónomos, que no sirven a los participantes sino se sirven de ellos para conseguir sus propios objetivos.

Es importante hacer esta distinción entre los diversos significados de la crisis de participación política, ya que es la única forma de darse cuenta de la complejidad y de la multiplicidad de formas que asume el problema, y en consecuencia, de la dificultad para encontrar soluciones adecuadas.

Aparece con toda claridad que una solución adecuada para resolver la crisis de participación política en su primera acepción no necesariamente es la adecuada para resolver también el problema de la crisis de participación política en la segunda acepción, etcétera. Si no se hace la distinción, se corre el riesgo de creer haber resuelto el problema en su totalidad, mientras que se resolvió sólo una parte. Una de las razones del demagógico simplismo que acompaña toda propuesta de solución se debe precisamente al hecho de que se troca un problema complejo, con muchas facetas dispares, por un problema de una sola incógnita. Quise mostrar que a cada manera de entender la participación faltante o defectuosa corresponde un remedio distinto; no existe, por tanto, un remedio universal, como quieren hacer creer muchas propuestas de reforma de la democracia representativa y parlamentaria en las que se está especializando la nueva izquierda. Según la información a mi alcance, hasta ahora las propuestas de reforma de la participación política se dirigen alternativamente a las diversas razones de la crisis, pero por falta de una visión global del problema, no las abarcan todas en una propuesta unificadora. Tal vez sea imposible proponer una solución global, o al menos lo es en la situación actual y con los medios de los que disponemos.

Uno de los remedios propuestos para resolver la crisis de participación política actual es la extensión de la participación misma, desde los centros de poder político a los centros de poder económico. Se observa, justamente, que en las sociedades industriales avanzadas las grandes empresas se constituyen en Estados dentro del Estado, y que sus elecciones tienen valor condicionante para la sociedad en su conjunto: si por decisión política entendemos a la que incide en la redistribución de los recursos nacionales, no cabe duda que las decisiones de las grandes empresas tienen carácter político. Para que efectivamente exista una responsabilidad compartida por todos en las decisiones de importancia, no es suficiente la participación en el poder político —como sucede en la democracia de tipo tradicional— sino que es necesaria también, en alguna medida, una participación conveniente y eficaz en el poder económico. La ampliación de la democracia de la esfera política a la económica es uno de los temas recurrentes en la propaganda de izquierda. Esto me parece muy correcto; sin embargo, es evidente que una reforma de esta índole puede resolver el problema del ausentismo o la apatía, pero ciertamente no el de la manipulación, ni el de la ineficacia en la participación. Puede resolver el primer problema, si postulamos que la mayor o menor intensidad de la participación política depende —por lo menos hipotéticamente— del grado de interés que cada quien invierte en las deliberaciones a las que se le convoca a participar. En cambio, no resuelve en lo absoluto el segundo problema —la participación distorsionada—, ya que no es posible excluir que también la participación en el poder económico sea susceptible de manipulación.

En efecto, no hay razón para suponer que la manipulación pueda tener libre influencia únicamente cuando se trata de elegir a un nuevo diputado, y no cuando se trata de seleccionar al gerente de una empresa. Es muy conocida la influencia que sobre el resultado de las elecciones tiene el procedimiento con que éstas se llevan a cabo: ¿Quién vota? ¿Sobre qué padrón? ¿En qué sistema electoral? El que todos participen no significa que todos participen libremente, ni que la elección sea verdaderamente libre. En otras palabras, creer que la ampliación de la participación puede resolver la propia crisis de participación es una ingenuidad garrafal. Del mismo modo, no parece que la democracia económica resuelva por sí sola el tercer problema, la ineficacia de la participación: aquí la dificultad está en la necesidad de dar alguna organización a las elecciones. En este caso, el problema fundamental es el siguiente: ¿quién organiza las elecciones? ¿Puede ser un partido, o peor aún, el partido? Se correría entonces el riesgo de encontrarse, una vez más, ante un aparato organizativo que se interpone entre el participante y el comité que delibera, y que de esta manera interrumpe la comunicación entre las bases y los líderes. Además, el resultado siempre es el mismo: “De acuerdo, nosotros votamos, pero son siempre los mismos los que deciden”.

El otro remedio —presentado como una panacea— es la democracia directa. En todo debate sobre la crisis de participación, al fin y al cabo, siempre se vuelve a plantear la democracia directa: los regímenes democráticos no funcionan porque se fundan en la democracia representativa, se dice, y ésta es un engaño en el que ya nadie cree. Sin embargo, bien mirado, tampoco la democracia directa y en el supuesto de que se pueda realizar, y dentro de los límites en que se lleva a cabo, la democracia directa tampoco es un remedio universal. De las tres enfermedades que padece la participación, la democracia directa sólo está en condiciones, y casi exclusivamente, de curar a la tercera, a saber, la participación inútil.

Suponiendo que crisis de participación significa que la voluntad del participante no alcanza a influir directamente en la voluntad del que delibera, ya que entre uno y otro se ha interpuesto el aparato, ciertamente el mejor modo de restablecer la comunicación entre los dos es abolir toda diferencia entre el participante y el deliberante: precisamente, democracia directa quiere decir que el participante y el deliberante son la misma persona. Sin embargo, ¿es suficiente con restablecer esta comunicación para resolver todas y cada una de las dificultades? A mi parecer, las otras dos —la apatía y la manipulación— permanecen tales. Mejor dicho, es probable que la apatía tienda a disminuir, si no es que a desaparecer completamente, ya que el interés por tomar parte en una decisión debería aumentar cuando ésta no se tomara ya por conducto de otra persona, sino que fuese determinada por el individuo en la medida en que participa en la votación, es decir, en la medida en que acepta el papel de participante. En cambio, no veo cómo pueda desaparecer, gracias al solo hecho de que la democracia se vuelva directa, el inconveniente representado por la manipulación. Los plebiscitos son una prueba de esto. Se caería en la tentación de decir que cuanto más aumenta el número de personas que participan directamente, es decir, por cuenta propia, en el proceso de las decisiones, tanto más se desarticula y atomiza el cuerpo social, y tanto más crecen las condiciones que favorecen la ampliación y el fortalecimiento de todos los mecanismos que condicionan a la opinión. Debería ser evidente que el estado de la participación no varía en mucho si tan sólo cambia el número de las personas que participan y el objeto de la participación, mientras que los que tienen las riendas siguen siendo los mismos, y son los pocos que detentan tanto la posesión como el uso de los medios de condicionamiento ideológico.

El problema de la participación no es de cantidad, sino de calidad; cuando menos, no es sólo un problema cuantitativo. No es tan importante saber quién participa (problema de la apatía), ni tampoco sobre qué (problema de la eficacia de la participación), sino cómo. Es éste el problema de la participación pasiva o hasta forzada en otras palabras, de la participación no-participante, que en todo caso se ha agravado en los países de antigua democracia, y no se ha resuelto en las que podemos llamar democracias nuevas. En los países llamados socialistas, junto con la socialización de los medios de producción material, ha tenido lugar —y no podía dejar de suceder— la socialización de los medios de producción ideológica. Pero éste no es, por desgracia, un remedio contra la manipulación; al contrario, la acentúa: el fenómeno del conformismo masivo no sólo no se atenuó, sino que salió reforzado. Hoy como nunca nos damos cuenta de que por medio de las técnicas de manipulación de consenso la mayor democracia (pregonada) puede coincidir con la más grande autocracia (real).

Aun admitiendo que de los dos remedios, el primero —la extensión de la participación de lo político a lo económico— puede resolver la primera dificultad, sin duda no resuelve la segunda ni la tercera. Aun admitiendo que el segundo remedio resuelve la tercera dificultad, no soluciona sino parcialmente la primera; y ciertamente, si se le considera en sí, no resuelve la segunda. Ninguno de los dos parece apropiado para solucionar el problema de la participación pasiva o deformada; éste me parece el problema más serio y grave, vinculado al fenómeno de la crisis de la democracia. No estamos en condiciones de elegir entre participación y no-participación; nuestra elección está mucho más restringida; se trata de optar por una participación cualitativamente mejor y cuantitativamente menor. En suma, no nos encontramos, al parecer, en posibilidad de resolver juntamente los tres problemas que he querido resaltar, ya que la solución de una no trae consigo necesariamente la solución de los otros.

Frente a este problema, como frente a muchos otros, es necesario proceder con extrema cautela: no dejarse llevar por las fórmulas fáciles, hacer uso de todos los instrumentos de la razón crítica para considerar el asunto desde todos sus aspectos; en suma, aclarar todos los datos del problema antes de pretender resolverlo. Aceptar los mitos comunes sin una verificación histórica y racional sólo aumenta la confusión.

 

Norberto Bobbio

Traducción de Ariella Aureli