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México no está condenado a ser corrupto. Reducir la corrupción no es tarea sencilla, pero tampoco es misión imposible. Aquí se presentan algunas propuestas a implementar si la voluntad y el compromiso en su combate quieren ir más allá del discurso.

Ilustración: Víctor Solís

Erradicar el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Por cada peso legal existen hasta 25 pesos ilegales gastados por partidos y candidatos. Además de cancelar la competencia equitativa, el financiamiento ilegal empeña las decisiones de los ganadores para saldar los compromisos derivados de ese financiamiento.

Fortalecer las instituciones para el combate a la corrupción. Apostar por las instituciones en lugar de por las personas es garantía de éxito a largo plazo. Son las instituciones las únicas capaces de poner en práctica la identificación, prevención, investigación y sanción de los actos y redes de corrupción.

Modificar los mecanismos de compras y contrataciones del gobierno. Los mecanismos y vacíos legales que permitieron la corrupción del pasado hoy siguen vigentes. Urge acotar los supuestos de excepción a la licitación pública, así como rediseñar y mejorar los sistemas de compras y obras del gobierno.

Padrón único nacional de proveedores y contratistas del gobierno. Las mejores prácticas comienzan por la transparencia a través de plataformas que permitan a cualquier ciudadano acceder a la información sobre las contrataciones federales (tipo de bienes y servicios adquiridos, condiciones del contrato, nombre de la entidad contratante, datos completos de la empresa contratista y condiciones del contrato). Esta medida debe ir acompañada de la posibilidad real de presentar quejas ante un ombudsman que deberá procesarlas en un tiempo razonable y previo al otorgamiento de la licitación.

Reducir la discrecionalidad en el gasto público y en la reasignación del presupuesto. Para seguir la pista del dinero hace falta información sobre el uso de recursos públicos. En nuestro país existe un bajo nivel de controles democráticos (Cámara de Diputados) e institucionales, lo que ha permitido seguir usando el erario con discrecionalidad y opacidad.

Crear un padrón único de beneficiarios de los programas sociales. Sin un padrón único y verificable que agrupe a los beneficiarios por programa que permita conocer el universo de los mismos, la verificación de su vigencia (altas y bajas), el tipo de ayuda recibida y el medio y seguimiento de la entrega, la corrupción, en su manifestación de uso político de los recursos públicos, seguirá siendo la norma.

Disminuir sensiblemente el uso de dinero en efectivo y elevar la inclusión financiera.El uso de efectivo deberá prohibirse en toda transacción gubernamental y de partidos políticos para garantizar su trazabilidad. Promover la bancarización o inclusión financiera favorece la disminución de la pequeña corrupción en las transacciones cotidianas de la ciudadanía.

Reforzar los mecanismos de transparencia y gobierno abierto. Aun cuando este gobierno ha presumido ser más abierto y transparente que ninguno, una gran cantidad de fuentes de información han desaparecido o perdido calidad. Éstas deben restaurarse y ampliarse para que la rendición de cuentas, base del combate a la corrupción, sea efectiva.

Incorporar al sector privado en el combate a la corrupción. La corrupción en la vida pública va de la mano con la corrupción en el ámbito privado. La empresa privada debe ser incluida en el combate a la corrupción a través de un sistema de denuncia y de su participación a través de programas de integridad y cumplimiento.

 

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