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Las cifras revelan que diariamente son asesinadas más de diez mujeres en nuestro país. Durante la pandemia de covid-19 aumentaron los feminicidios, los delitos sexuales y la violencia familiar. De acuerdo con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a julio de 2020 se registraron 566 feminicidios, mientras que, de acuerdo con María Salguero, creadora del mapa de feminicidios, durante ese mismo periodo se registraron 2242 feminicidios en México.

Lamentable realidad que vive la sociedad mexicana: hablemos de las vidas que representan estas cifras. En los últimos meses, hemos escuchado discursos que niegan el incremento de las violencias contra las mujeres o que las reconocen a medias y que tratan de perdernos en las formas y no en el fondo. Es inaplazable que el Estado mexicano reconozca que así sea uno o cientos de feminicidios perpetrados en el país o que se incrementen el 7 % o el 60 % las llamadas de auxilio al 911, es igualmente grave y representa una crisis de derechos humanos a la que el gobierno actual debe responder con políticas públicas participativas, intersectoriales, integrales, presupuestarias y medibles en las 32 entidades federativas para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas.

También es urgente que el gobierno escuche las historias de cientos de mujeres y de las familias de las víctimas que exigen justicia y las de aquellas mujeres que se encuentran protegiendo su vida y muchas de ellas, las de sus hijas e hijos en los refugios. Sus relatos muestran la cadena de omisiones y negligencias de las que han sido víctima por parte de las instituciones públicas responsables de brindarles atención, garantizar su acceso a la justicia y su derecho a una vida libre de violencias.

Órdenes de protección no otorgadas porque “no había lesiones” y no podía “acreditarse la violencia familiar”; medidas cautelares suspendidas durante la contingencia porque “no había suficiente personal”; órdenes de protección ineficientes, “de nada sirve que tenga este botón, la policía no llega”; ausencia para atender lesiones de violencia familiar en los hospitales porque “no son graves y en este momento lo urgente es el covid, mejor váyase porque se puede contagiar”. Carencia en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos: partos sustituidos por cesárea sin el consentimiento informado de la mujer, “mi parto era natural, pero al llegar me dijeron que sería cesárea porque era más rápido”; el acceso a métodos anticonceptivos fue negado por no considerarse “prioritario ante la pandemia por covid”.

Dos de cada diez mujeres que se comunicaron vía redes sociales o línea telefónica a la Red Nacional de Refugios mencionaron que antes ya habían solicitado ayuda a una instancia gubernamental, pero no recibieron el apoyo esperado. En Ciudad de México, por ejemplo, informaban que los refugios no estaban funcionando por el covid-19, como lo cotejan testimonios de mujeres que hoy se encuentran en alguno.

Estas historias representan vidas. Quienes hemos acompañado en la práctica, no en el discurso ni desde el escritorio, sabemos que en México, un país en el que reside la desigualdad y la discriminación, las mujeres y las niñas se encuentran expuestas a múltiples violencias estructurales y sistémicas, a la falta de oportunidades, a la pobreza, muertes prematuras, daños físicos, psicológicos, explotación, trata, a ser víctimas de feminicidios. Todo ello ante la omisión, negligencia, impunidad y la falta de acceso a la justicia que crean el escenario perfecto para edificar un país donde ser mujer o niña es sumamente peligroso; mientras seguimos escuchando discursos o propuestas alejadas de la realidad y de la magnitud de las violencias diarias contra todas las mujeres en todas sus diversidades.

Ilustración: Kathia Recio

Frente a esta realidad, las colectivas y organizaciones feministas hemos estado históricamente en la primera línea de acción al acompañar a las mujeres en situación de violencias, a las familias de las víctimas de feminicidios y desaparición, impulsando políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres; evidenciar lo que las autoridades desean ocultar; establecer alianzas; realizar y proponer acciones para construir una sociedad igualitaria y libre de violencias, todo ante al sistema patriarcal opresor que permea la política del Estado mexicano y de un gobierno que nos desacredita y persigue inquisitivamente.

De igual forma, los servicios de atención a mujeres sobrevivientes de violencias, como los refugios, no han parado incluso con los retrasos del presupuesto, aun con la pandemia por covid-19 y todos los obstáculos de este sistema patriarcal y las políticas antiderechos. Se han mantenido conjuntamente con sus Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y de Transición, brindando atención integral especializada a las mujeres en situación de violencias y a sus hijas e hijos. Es el caso de los 69 espacios que conforman la Red Nacional de Refugios que han tenido un incremento del 61 % en su atención, brindando acompañamiento integral y gratuito a 17 825 mujeres, niñas, niños y adolescentes de marzo a agosto de 2020.

Dado que en México, como en muchas partes del mundo, las mujeres, niñas y niños no están seguros en su casa, en los primeros seis meses de la pandemia de covid-19, la Red Nacional de Refugios realizó 32 rescates de mujeres y sus hijas e hijos. Huyeron de su hogar porque su vida estaba en riesgo. Se buscaron alianzas con el sector privado, financiamiento a través de fundaciones y donaciones para poder atender estos casos.

“No podemos, seño, la llevamos a la delegación y ahí levanta la denuncia”, es una de las respuestas que algunas de las mujeres han obtenido al salir de casa por las violencias vividas y le piden a una patrulla que las lleven con una red de apoyo familiar o de amistad. Cuando llega la patrulla al domicilio algunas veces les han dicho: “No podemos entrar porque no hay una orden”; aunque, la vida de la mujer está en peligro y cada segundo cuenta. Así son los protocolos que nuestro querido México tiene en su sistema de justicia, el cual es endeble, poco garante, cómplice, carente de perspectiva de género y revictimizante; sin duda, requiere con urgencia de una reingeniería.

Los datos y, sobre todo, las historias son alarmantes. Reflejan que México se ha enfocado desde hace muchos años a administrar las violencias contra las mujeres y ha ignorado que con ello se fomenta aún más la impunidad y el incremento de las violencias en todos los ámbitos públicos y privados contra las mujeres, niñas y adolescentes. El resultado es un país que carece de Estado de derecho.

Es cierto que diversos actores e instancias gubernamentales han subrayado el valor de impulsar políticas para frenar las violencias contra las mujeres, los feminicidios y garantizar los derechos humanos, pero se han quedado en buenas intenciones de acuerdo con los testimonios y los datos. En los hechos el gobierno ha tomado esta dirección: austeridad presupuestaria sin perspectiva de género ni derechos humanos; debilitamiento de instituciones responsables de eliminar las brechas de desigualdad y las violencias contra las mujeres y niñas; recortes presupuestales que tienen efectos negativos en programas de atención a grupos en situación de discriminación y desigualdad; priorización de otros programas gubernamentales –algunos incluso incompatibles con los derechos de las mujeres. Además, están las fallas acumuladas de algunas políticas presentadas, no sólo visibles en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, sino también en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2021.

Necesitamos un gobierno que demuestre no con palabras, sino con hechos, y a través del presupuesto, su compromiso con la igualdad sustantiva y con el acceso y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en todas sus diversidades y contextos. Necesitamos un gobierno que fortalezca los mecanismos existentes a favor de una vida libre de violencias para las mujeres, como las Alertas de Violencias de Género, los Refugios para Mujeres en situación de Violencias y sus hijas e hijos, las medidas cautelares y de protección, todos contemplados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y en otros instrumentos internacionales. Este gobierno no puede seguir caracterizándose por el debilitamiento de mecanismos e instancias a través de propuestas para sustituirlos, eliminarlos o ponderarlos desde el escritorio. Al contrario, requieren ser fortalecidos; es indispensable su seguimiento y evaluación, así como garantizarles el presupuesto.

Sin duda se requiere y es apremiante implementar acciones integrales, con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad: poner en el centro los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva para eliminar las violencias machistas; garantizar el desarrollo y el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de cualquier forma de discriminación y violencia, con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, de las mujeres sobrevivientes de violencias, con las familias de las víctimas de feminicidio y desaparición, de activistas, académicas y colectivas feministas.

Sólo cuando la inclusión de todas las voces esté contemplada en las políticas y acciones de un país, podremos hablar de una verdadera transformación.

Sólo cuando se comprendan las raíces de las violencias contra las mujeres en todas sus diversidades y el impacto diferenciado que tiene el covid-19 en ellas, sólo cuando se reconozca el sistema patriarcal que impera en nuestro país y las deficiencias existentes para garantizar la seguridad y la justicia a las mujeres, podrán plantearse desde el Estado estrategias y planes nacionales efectivos que nos permitan hablar de una “nueva normalidad” más libre, igualitaria y feminista.

 

Wendy Figueroa Morales
Psicóloga feminista y directora de la Red Nacional de Refugios.

 

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