La crisis actual exhibe algo claro: la regulación y los servicios para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres mexicanas eran insuficientes. Las jornadas de sana distancia restringieron aún más estos servicios y derechos. En específico podemos mencionar al menos tres ámbitos de la salud sexual y reproductiva que han sido perjudicados por el covid-19: el acceso a métodos anticonceptivos, el embarazo no deseado en la adolescencia y el acceso al aborto seguro.
Ilustración: Kathia Recio
Antes de la emergencia sanitaria existía un desconocimiento cabal sobre el uso de métodos anticonceptivos, aunado a una demanda insatisfecha de los mismos para prevenir infecciones de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados en México. Muchos sectores de la población se enfrentaban a barreras y obstáculos basados en prejuicios para acceder a métodos anticonceptivos e información sobre su uso.
Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), antes de comenzar la pandemia, un tercio de las mujeres de 15 a 54 años nunca había usado un anticonceptivo para evitar un embarazo,1 y 60.5 % no usó ningún método en su primera relación. En cuanto a la atención recibida en los servicios de salud sexual y reproductiva, sólo el 22.6 % de las usuarias de métodos anticonceptivos en el momento de la encuesta recibieron atención de calidad cuando se les dio el método. Es también preocupante que las cifras se concentren únicamente en el uso y responsabilidad de las mujeres y no existan datos respecto a la población masculina, pero ése es otro tema.
De acuerdo con previsiones del Conapo, como consecuencia de la crisis económica y sanitaria, el número de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción podría aumentar hasta en un 30 %.2 Según UNFPA, en América Latina y el Caribe se estima que 17 millones de mujeres dejarán de usar anticonceptivos: 13 millones por complicaciones para acceder a ellos en los servicios públicos de salud y 4 millones por imposibilidad de costearlos.3 Estas cifras reflejan una dura realidad continental, plagada de nuevas vulneraciones directas al derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
En 2019 México tuvo una tasa de casi 70 embarazos por cada mil adolescentes;4 en América Latina y el Caribe la tasa era de 66.5, y en el mundo de 46 por cada 1000.5 Muchos de estos embarazos emanan de situaciones de violencia, falta de elementos para la toma de decisiones, ausencia de educación integral en sexualidad6 o pocas oportunidades para desarrollar un plan de vida alternativo a la maternidad.
En un país donde el acceso a la salud sexual y reproductiva no es un tema prioritario para el sistema de salud pública, una crisis sanitaria global representa la enorme gota que derrama un vaso de por sí lleno. La falta de acceso a métodos anticonceptivos, la saturación de los servicios de salud derivadas del confinamiento y el encierro en sí mismo que muchas niñas y mujeres han vivido con potenciales agresores sexuales son las principales causas de las predicciones anunciadas en cuanto al aumento de embarazos no deseados.
Entre estas predicciones, la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Población estiman un aumento de hasta 145 719 embarazos entre 2020 y 2021. De éstos, 21 575 serán de menores de 19 años de edad, un 20 % más de lo que se reportó para el 2019.7
Cuando ocurren en la etapa de la adolescencia, los embarazos no deseados repercuten en varios ámbitos del bienestar de las adolescentes; algunos ejemplos son: la deserción escolar,8 dificultades para desarrollar y cumplir un proyecto de vida, y graves riesgos a la salud y a la vida durante el embarazo, parto y puerperio.
En todo México, el aborto es legal cuando un embarazo es producto de una violación (bajo la Norma Oficial Mexicana 046); también es legal, por voluntad de la mujer, hasta las 12 semanas de gestación en Ciudad de México y en Oaxaca. Fuera de lo anterior, el aborto está tipificado como delito en los códigos penales estatales con excepciones de responsabilidad (causales) específicas para cada estado. De modo que antes de la pandemia, las mujeres de fuera de Ciudad México y Oaxaca cuyas razones para abortar no entraban en las causales y cuyos recursos y posibilidades les permitían viajar, se tenían que trasladar a estos lugares para poder acceder a abortos legales. Sin estos privilegios las opciones seguras muchas veces se reducen a las redes de acompañamiento, que hacen la gran labor de garantizar el derecho a la salud de mujeres a quienes el Estado sistemáticamente discrimina.
Los muros geográficos y económicos que restringían el acceso a un aborto seguro o legal se han vuelto más infranqueables con el confinamiento y las medidas sanitarias. En mayo del 2019, por ejemplo, se registraron 1480 procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo en Ciudad de México; mientras que en mayo de este año, en plena pandemia, esta cifra bajó a 636 procedimientos.9 Si ahondamos en los datos, en ese mes del 2019, 559 mujeres viajaron desde otros estados para acceder a un aborto en Ciudad de México, mientras que en mayo de este año sólo 225 mujeres de otros estados se desplazaron. Si a esto agregamos la falta de acceso a métodos anticonceptivos y el consecuente aumento en embarazos no deseados, las posibilidades de que se realicen abortos inseguros o maternidades forzadas han aumentado considerablemente.
Ante esta situación, las redes de apoyo y acompañamiento de mujeres han llenado los vacíos del Estado. Son ellas las que históricamente han luchado y trabajado a favor de la vida, la salud y la libertad de las mujeres en México. Son ellas las que hoy resuelven las necesidades alrededor de las experiencias de embarazos no deseados y abortos con información, apoyo emocional y logístico. Son las colectivas feministas, las organizaciones, las incontables redes de mujeres las que han estado difundiendo información sobre anticonceptivos, sobre abortos seguros y educación integral en sexualidad. Durante la pandemia este esfuerzo de acompañamiento y de difusión tuvo que duplicarse.
Frente a un contexto conservador y una crisis sanitaria, la respuesta del movimiento feminista ha sido fuerte, organizada y contundente. Ha construido y defendido una propuesta política sólida para exigir garantías. Aun así, iniciativas recientes de representantes del PES y del PAN, en distintos estados de la república, son ejemplos perfectos de los obstáculos específicos a los que debemos enfrentarnos.10 Una de estas reformas vulnera y criminaliza a quienes acompañan y proveen información científica —respaldada por la OMS— para que las mujeres puedan abortar de manera segura; otra iniciativa sujeta a libre decisión de madres, padres y tutores la inclusión de contenidos de Educación Integral en Sexualidad en los planes escolares de sus hijos.11
El reto hoy para las adolescentes, jóvenes y mujeres es doble: no sólo sortear la crisis como el resto de la población mundial, sino denunciar la continua falta de garantías y ataques en contra de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Si algo señala la pandemia, es que ahora más que nunca es necesario que el Estado priorice nuestros derechos humanos; hay que ir más allá de la dialéctica y las buenas intenciones; hay que diseñar políticas públicas fortalecidas con el presupuesto necesario para garantizar nuestra autonomía y nuestra salud. Mientras el aborto no sea legal y accesible en todo el país, mientras la Educación Integral en Sexualidad no se impulse en todas las escuelas públicas, mientras las instituciones de salud no tengan abasto de métodos anticonceptivos ni permitan que sean accesibles para la población joven, las afectaciones a la salud que agudizaron la pandemia no mermarán, sino que acrecentarán el daño a las poblaciones más vulneradas, menos visibles.
Pascale Brennan
Activista feminista y oficial de incidencia de REDefine, la red nacional de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A. C.
Sofía Alessio-Robles
Activista feminista y coordinadora nacional de REDefine.
1 Inegi. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018 (microdatos), en línea.
2 Conapo, Conversatorio “Desafíos Demográficos en México ante covid-19”, 13 de julio de 2020, en línea.
3 UNFPA. Conversatorio “Desafíos Demográficos en México ante covid-19”, 13 de julio de 2020, en línea.
4 Conapo. Sistema de indicadores para seguimiento y monitoreo de la Enapea, en línea.
5 UNFPA México. “América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo”, en línea.
6 El enfoque de la Educación Integral en Sexualidad (EIS) busca equipar a las personas jóvenes con los conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que necesitan para determinar y gozar de su sexualidad física y emocionalmente, a nivel individual y en sus relaciones.
7 Conapo. “Impacto de la contingencia sanitaria por covid-19”, 3 de agosto de 2020, en línea.
8 Según el Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, la segunda razón por la que las mujeres dejan la escuela es porque se embarazaron; mientras que para los hombres es la novena razón.
9 Datos Abiertos Ciudad de México, en línea.
10 Proyecto de Decreto por el que se adicionaría un párrafo al artículo 4° de la Ley de Salud de Nuevo León, presentado por el diputado Juan Carlos Leal Segovia, con el objetivo de prohibir tanto la promoción y la publicidad como los medicamentos para realizar abortos clandestinos.
11 A la fecha se han presentado iniciativas de Pin Parental o iniciativas con objetivos similares en 17 estados mexicanos. Sólo una de éstas se aprobó en Aguascalientes. Sin embargo, gracias a que la sociedad civil presentó un amparo, se ordenó la suspensión definitiva del Pin Parental en dicho estado.
