A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, reza el juramento que hace el presidente y los servidores públicos cuando toman posesión.

Y pues bueno, esto significa que todo lo que un servidor público haga (incluso el presidente de la República) tiene que hacerse conforme a lo que el marco jurídico vigente le dice. Importante: los ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté expresamente prohibido en el marco jurídico, el Estado puede hacer sólo lo que está expresamente indicado en el marco jurídico.

Ilustración: Víctor Solís

El poder legislativo puede cambiar la ley, o incluso la Constitución en conjunto con los congresos estatales; pueden reformar por iniciativa propia o a propuesta del presidente, pero mientras sea vigente, desde el presidente hasta los puestos más bajos deben acatar la Constitución y la ley. Ninguna instrucción del presidente puede ser contraria a la ley o a la Constitución.
En ese sentido, el memorándum del presidente leído al sector energético hace dos meses era algo dudoso: instruía una serie de acciones, varias de ellas violatorias de la ley y la Constitución, pero les mandaba a evaluarlas.

El martes pasado sucedió la reunión que acordaron y, según lo reportado en prensa, las conclusiones y compromisos en materia eléctrica fueron dos: el primero es negar permisos a las empresas privadas, lo que en el sector eléctrico pueden ser de generación y suministro (básico y calificado). El segundo es modificar el criterio de despacho económico para que ya no se reciba en la red la energía más barata, sino darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad.

En esta ocasión no ahondaré en las consecuencias que tendrá esto para los usuarios como usted y yo, que son encarecimiento de la energía y negarnos la posibilidad de elegir, pues ya lo he explicado en otras participaciones en este mismo espacio, sino que hablaré de las consecuencias que esto tendrá jurídicamente.

La Constitución dice que sólo las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica están reservadas para el Estado o sus empresas productivas, como la CFE. Entonces el resto de las actividades están abiertas a la libre concurrencia.

El primer compromiso, de negar permisos, iría claramente en contra de los objetivos del Estado en materia eléctrica, escritos en el artículo sexto de la Ley de la Industria Eléctrica, en sus fracciones tercera, quinta y séptima.

Ahora, si usted y yo cumplimos con lo necesario para generar o suministrar energía, el permiso de generación o suministro sólo reconoce que cumplimos y por tanto es una obligación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgarlo. Si empiezan a negar o simplemente no dar permisos, estarán violando derechos y se puede destrabar todo desde el poder judicial.

Ahora, modificar el despacho económico para que no se reciba primero la energía más barata sino la de CFE, es de nuevo violatorio de la ley, como se señala en el artículo sexto fracción séptima y el artículo 101, que indican protegerle interés del consumidor o usuario final y el despacho económico de energía, al hacernos pagar por la energía más cara (que en este momento es la de CFE).

Podríamos resumir que esto está afectando los derechos del ciudadano limitando su derecho a participar en un sector de la economía y por otro obligándonos a pagar lo que hace una empresa, aunque sea más caro que otras.

Y atención con esto: beneficiar a una empresa, aunque sea propiedad del Estado, está prohibido en el artículo 28, párrafo segundo de la Constitución, que dice que la ley perseguirá severamente la concentración del mercado, justo lo que indica el memorándum al “fortalecer a CFE”.

Las empresas y los ciudadanos deberemos acudir al poder judicial y demás instancias a reclamar estas violaciones a nuestros derechos. Las autoridades que los hayan violado por acción u omisión deberán ser responsables por ello, ya sea en juicios de amparo, por la vía administrativa con destitución, inhabilitación y multas, o incluso mediante responsabilidad patrimonial del Estado. Las decisiones de la CRE no apegadas a derecho conllevarán consecuencias legales para la CRE y sus funcionarios, que deberían ponderar antes de actuar.

Violar la ley como servidor público es aún más grave. Emitir documentos como reglamentos, negaciones o simplemente no cumplir con las obligaciones tiene consecuencias en los servidores públicos. Y una orden presidencial no es razón, fundamento ni permite a los servidores públicos violar la ley.

¿Se puede fortalecer a CFE? Sí, pero no en donde compite, sino en las áreas que tiene de forma exclusiva (transmisión y distribución) que además son las que le generan ganancias.

La fama que adquirirá el sector energético mexicano a nivel mundial será de no cumplir con su propia ley, por una orden que ni siquiera se presentó formalmente.

Tan mal está la situación, que el director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) renunció, sabedor de que sería uno de los obligados a violar la ley.

Será la versión moderna de “¿Qué hora es? ¡La que usted quiera, señor presidente!”, pero con un alto costo para el ciudadano, la nación, y para los que violen la ley desde sus posiciones como servidor público, mutado en servidor del presidente y en contra de la propia Constitución, que el presidente y ellos juraron guardar y hacer guardar.

El presidente mandó a los servidores públicos a evaluar su memorándum. Tal parece que algunos quieren implementar algunos puntos aunque sean ilegales. Eso tendrá obvias consecuencias. Es el problema del servilismo, más allá o sobre la ley.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

 

3 comentarios en “La constitución y la ley, o la voluntad presidencial

  1. El problema de fondo es que mientras se da toda esta contra reforma, no se está renovando, ni hay inversión en la red, las plantas nuevas de CFE solo existen en el papel y no hay ningún tipo de avance, creo que si no hay una inyección fuerte de recursos a la red, en los próximos años será común hablar de cortes de energía programados y apagones constantes, y entonces se culpará de nuevo al pasado, cuando en realidad desde el 2018 se ha ido paralizando el sector por pura ideología, sin que se invierta realmente en lo necesario… ojalá me equivoque pero así va pintando el panorama.

  2. El problema no solo se queda ahi, la cantidad de inversionistas extranjeros que van a dejar de invertir en nuestro país en materia de energía es preocupante. Miles de empleos, cadenas de suminstro, programas sociales, etc Se van a perder por la poca credibilidad que da el gobierno hacia los inversionistas. Es muy lamentable que siendo un país con tantos recursos, nos quieran limitar a las formas tradicionales de generación, con todas las consecuencias que eso trae

  3. Es muy triste ver como el poder judicial se encuentra tan estático ante los caprichos de un presidente autoritario e ignorante