El viernes 19 de junio de 2020, una comitiva de treinta integrantes de las Madres Buscadoras de Sonora salieron a una búsqueda en los alrededores de Caborca. Desde Hermosillo llegó la lideresa estatal, Cecy Patricia Flores, quien en menos de un año ha hecho posible el hallazgo de 148 cuerpos en el estado de Sonora. El grupo que encabeza reúne a cientos de mujeres que en decenas de municipios buscan a sus hijos, hermanos, esposos y padres.

Ilustración: Raquel Moreno

Con palas y varillas, buscaron durante tres horas en un llano baldío unos cinco kilómetros al sur de Caborca. Estaban por declarar la “búsqueda negativa”, cuando una de ellas encontró restos humanos. La ropa, los zapatos y el cinturón eran reconocibles. Cerca de ahí encontraron una credencial de taxista a nombre de Rafael Arballo Sestiaga. La fotografía del cuerpo y el nombre fueron inmediatamente reportados en el grupo de WhatsApp de las buscadoras de Caborca. En menos de un minuto, Liliana lo identificó como su hermano. Ese día ella no pudo asistir a la búsqueda porque cuidaba a su padre, que contrajo covid-19. Curiosamente, esa mañana Liliana le había enviado un mensaje directo a la lideresa para decirle: “Te encargo a mi hermano”. Cecy le contestó: “Tu hermano está en nuestras búsquedas”.

Reportaron el hallazgo a la fiscalía para que llevara a cabo los procedimientos legales para su entrega. Ese mismo día, Liliana viajó de Nogales a Caborca. Reconoció todas las pertenencias de su hermano, incluyendo las llaves de su casa. Sin embargo, el cuerpo no puede ser entregado hasta que no se realice el cotejo de ADN. Aunque Liliana y su familia acudieron con toda diligencia a hacer la denuncia y dar muestras de ADN desde principios de febrero que desapareció Rafael, el cuerpo lleva más de tres semanas de haber sido encontrado y todavía no ha sido entregado a sus familiares. A los meses de angustia por no saber su paradero, se suma el martirio de enfrentar una burocracia lenta, indiferente y sin los recursos necesarios para dar una atención digna a las víctimas. “Es tanto el dolor —me dice Liliana— que ya no duele, ya no lloras”. Un dolor sordo, profundo, inexpresable.

Rafael trabajó quince años para una empresa que se dedica a transportar personal a la mina de oro La Herradura, de Peñoles. Poco antes de desaparecer había demandado a la empresa por haberlo dado de baja del IMSS antes de que pudiera someterse a una cirugía relacionada con un accidente de trabajo. No se sabe si la participación de Rafael en un conflicto laboral junto con otros trabajadores haya tenido algo que ver con su desaparición, lo cierto es que este caso, como muchos otros, no cabe en el relato tradicional de narcos y sicarios.

Las Madres Buscadoras tenían planeado continuar la búsqueda al día siguiente, pero tuvieron que suspenderla porque esa noche la ciudad se convirtió en un campo de batalla. La explicación local de lo sucedido coincide en gran medida con lo que se ha difundido en la prensa, pero difiere en un detalle importante. La historia es que los sicarios de Altar —un grupo poderoso que controla más de seis municipios— se aliaron con los sicarios de la costa con el objetivo común de erradicar a los de Caborca. Se presume que cada uno de estos grupos conformado por jóvenes locales tiene el apoyo, real o virtual, de un alto mando en Sinaloa. Se sabe que el recurso que estos grupos se disputan es el territorio y en particular el acceso a la frontera. Lo que la prensa no ha mencionado es que a los sicarios de Caborca, liderados por el Cara de Cochi, se les atribuyen dos asaltos grandes a camiones que transportaban oro de la mina La Herradura. Los grupos de Altar y la costa entraron a Caborca a hacer limpia, aduciendo que el acuerdo regional es que no haya extorsión a empresarios ni robos a la minera. Visto de esta forma, las decenas de muertos que vimos recientemente en Caborca no serían sólo el resultado de una guerra “entre narcos”, sino también el costo de proteger una mina.

Los cárteles existen, son milicias que ejercen un control monopólico de las actividades ilegales en un territorio y establecen alianzas con estructuras regionales más amplias. También existen las plazas —ese término se usa localmente para designar cada uno de estos feudos— y sobre todo existe una lucha encarnecida por su control. Ese relato estereotipado, que hace quince años no describía la pluralidad del narcotráfico en México, ha sido adoptado por los actores mismos. El problema es que la etiqueta de crimen organizado impide ver hasta qué punto estas milicias se han vuelto parte indispensable del funcionamiento de la industria extractiva “legal”.

Desde que amaneció tras esa larga noche de granadas y balaceras, se produjo intensa actividad en los grupos de WhatsApp de las Madres Buscadoras de Caborca y Magdalena. Se incorporaron nuevas integrantes, cuyos hijos habían desaparecido en los últimos días; se filtraron fotos de los cuerpos encontrados cada día en toda la región. Algunos siguen sin identificar, pero los que han encontrado descanso ha sido gracias a las Madres Buscadoras.

 

Natalia Mendoza
Antropóloga y ensayista. Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México y un doctorado en antropología en la Universidad de Columbia.

 

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