Una de las razones para reformar la estructura del sector energético mexicano en el año 2013 fue las entonces limitadas herramientas con que contaba el monopolio eléctrico para satisfacer las crecientes necesidades energéticas del país, transitar a fuentes renovables o limpias y bajar los costos de electricidad o por lo menos mantenerlos en el largo plazo.

Entonces la reforma atacó esos problemas con algunas estrategias: inversión privada y competencia en el sector, pero con algunos asegunes necesarios.

Ilustración: Oldemar González

En donde por naturaleza se podía competir, se permitió que las empresas dieran soluciones de forma más o menos abierta. Por eso, por ejemplo, las subastas del Centro Nacional de Control de Energía no están cerradas a una tecnología, sino a comprar una solución. Tu entregas energía, potencia o certificados de energía limpia y la forma tecnológica la ofrece el mercado, no la limita el Estado. La forma en que se financian los proyectos tampoco está indicada, lo que permite que sea abierta esta situación.

Ahora: de nada serviría incluir más generadores privados o más energía renovable si no se aseguraba que el sistema tuviera estabilidad, seguridad y calidad, factores que, hay que decirlo, tampoco estaban asegurados con el monopolio, sino que estaban en riesgo creciente.

Entonces también se dieron herramientas al Estado para garantizarlos.

Primero, el control del sistema y los monopolios naturales están en manos del Estado.

Segundo, se repartieron responsabilidades entre los participantes. Para eso se creó un código de red que los privados debían cumplir, cada uno a la altura de su participación en el mercado o en la red (poco o nada se ha inspeccionado su cumplimiento).

Tercero, dentro de los sistemas de control, el Estado puede llamar a los privados y a CFE, como un participante mas, para competir y ofrecer productos que satisfagan las necesidades de la red (potencia, voltaje, energía, frecuencia, entre otros).

Y hay algo muy importante: las herramientas administrativas pueden y deben ir actualizándose de acuerdo a las necesidades del sistema y la disponibilidad de recursos tecnológicos. O sea: las disposiciones administrativas, la regulación, debía ir evolucionando conforme las necesidades del sistema eléctrico, que no son para nada iguales ahora a lo que muy probablemente sea en 10 años con la revolución tecnológica que vivimos.

Entonces, el gobierno ¿tenía herramientas para asegurar la inclusión de cada vez más renovables, garantizarla, bajar costos pero sobre todo garantizar la seguridad del sistema eléctrico?

La respuesta es un rotundo “¡si!”.

El problema es que desde diciembre de 2018 el Estado no las ejerció. No hay regulación nueva, por ejemplo, para agregar almancenamiento y los servicios que este puede ofrecer a la red, que no sólo es almacenar energía. Tampoco hubo subastas nuevas, sino que el estado mexicano se limitó a planear nuevas plantas desde CFE, lo cual volvió a limitar las oportunidades que podía tener el gobierno de recibir ofertas privadas ¿había opciones disponibles más baratas, más limpias o tecnológicamente mejores? Nunca lo sabremos, pues el director de CFE decidió sólo pedir dinero o tomar deuda para realizar proyectos.

Otro ejemplo: Una red de transmisión más fuerte abona a la seguridad del sistema. El estado tiene entonces dos herramientas: o realizar subastas dónde los privados ofrezcan el desarrollo de líneas, o usar, por ejemplo, los 18 000 millones de pesos que tuvo CFE Transmisión de utilidades el año pasado, en solucionar los problemas de la red.

Pero nada de eso se ha hecho. En lugar de hacer algo de esto, se ha gastado el tiempo en vendetas, en reconstruir un monopolio, en limitar por todas las vías posibles la participación de renovables y/o de la iniciativa privada.

Por eso se emitió una política que tiene dos características: primero es contraria a la Constitución y a la ley (por eso caminan los procesos legales que las suspenden) y segundo, es totalmente innecesaria.

Tan es innecesaria que, por ejemplo, desde que el juez ordenó la suspensión del acuerdo de Cenace, el sistema eléctrico no ha tenido apagones.

Y esto tira el endeble argumento de que declarar inconstitucional la política de Sener generaría un problema a la Seguridad Nacional. Es falso, y lo que genera riesgos a la seguridad del sistema es, justamente, que Sener, CRE, Cenace no ejerzan las herramientas que son constitucional y legalmente válidas, y que permitirían el desarrollo de un sector eléctrico sano. Negarse a usar lo que tienen si que es un riesgo a la seguridad nacional.

Al final, la política de Sener pone al Estado a pelear contra gigantes, que son en realidad molinos de viento y que no son un peligro sino, como en el Quijote, sólo en su imaginación.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.