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Siempre es difícil predecir el futuro. Durante una pandemia como ésta, es casi imposible. Empecemos por cómo se visualizaba el futuro a partir de las políticas implementadas antes del virus. Esta administración ha ejercido disciplina fiscal, respeto al Banco Central y adhesión al tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Todo esto fueron buenas noticias. Empero, ha desmantelado sistemáticamente algunas reformas estructurales de gobiernos anteriores en las áreas de energía (incluyendo recientemente limitantes a la inversión en energías limpias) y educación, y ha revocado contratos público-privados previamente firmados. Así, ha desatado gran desconfianza en el sector privado que se expresa en una inversión muy baja. La consecuencia ha sido una reducción adicional de la tasa de crecimiento económico ya de por sí mediocre. Entre 2011 y 2018, México creció 2.5 % anual. En 2018 lo hizo en 2 %. En 2019 se estancó en 0.1 %, aun cuando la economía de Estados Unidos —el principal socio comercial— creció en esos mismos años 2.9 % y 2.3 %, respectivamente. Las perspectivas, por tanto, eran sumamente desalentadoras.

Ilustración: Víctor Solís

En este marco aparece la pandemia y sus efectos negativos sobre la economía global. El impacto económico de la caída en la demanda de exportaciones, turismo y los precios del petróleo hubiera bastado para golpear duramente a la economía mexicana. A esto se sumó la suspensión de actividades domésticas para frenar el contagio.

La mayoría de los gobiernos ha respondido al desplome económico con políticas lo más anticíclicas posible. Convencido de que el camino correcto es la “austeridad republicana”, en contraste, el gobierno mexicano ha reaccionado con un estímulo fiscal muy tímido de menos del 1 % del PIB, el más bajo entre países con ingreso por habitante similares. Como resultado, el consenso es que la economía podría contraerse entre 8 y 10 % en 2020. Según el Banco de México, la recuperación podría ser de 4 % en 2021 en el escenario optimista; también contempla que la crisis podría prolongarse y cerrar en -0.5 %. La resistencia a una política fiscal anticíclica más agresiva está fincada en una preocupación por no dejar al país nuevamente endeudado. Esta preocupación es deseable en tiempos normales, no en la pandemia. De hecho, paradójicamente, la austeridad puede causar que la deuda como proporción del producto aumente al desplomarse la actividad económica. El gobierno debe recordar que los mercados financieros y las calificadoras observan tanto el numerador como el denominador del cociente de deuda/PIB.

En jaque están no sólo la productividad y el crecimiento poscovid-19. Las políticas actuales tendrán efectos redistributivos indeseables duraderos. Las medidas de protección social anunciadas hasta la fecha podrán compensar las pérdidas de ingreso de la población pobre muy poco. Según el Coneval, hasta 10 millones de personas podrían caer en pobreza extrema en 2020. Millones que antes no eran pobres están perdiendo sus empleos, y muchos pasarán a ser pobres. Los impactos negativos podrían perdurar porque, como ocurrió en crisis anteriores, la desnutrición infantil y la deserción escolar aumentarán. No se aprecian intentos firmes para combatir la desnutrición infantil en la población vulnerable o para cerrar la brecha digital para quienes más necesitan poder estudiar. Además de la destrucción de capital físico por el cierre de empresas, la erosión del capital humano de la población pobre y la clase media empobrecida generará mayor desigualdad, como ocurrió después de la crisis de la deuda de los ochenta. Un ejemplo emblemático y absurdo de las consecuencias indeseables de la predicada austeridad, y de la contradicción inexplicable con el principio enunciado de “Primero los pobres”, es el cierre de instituciones como las Casas de la Mujer Indígena que deja a muchas mujeres muy pobres sin redes de apoyo para la salud y ante la violencia doméstica.

Como nos han enseñado crisis anteriores, “primero los pobres” significa poner en marcha políticas que minimicen la caída de la actividad económica y protejan el nivel de vida y el capital humano de los pobres. También significa proteger a las mujeres y otros grupos vulnerables de la violencia y, a los tradicionalmente excluidos, de la discriminación y marginación. Los recursos necesarios deben provenir de la cancelación de proyectos de inversión de dudosa rentabilidad y el combate cabal de la ineficiencia y la corrupción. No del cierre de fideicomisos o reducciones salariales que deriven en un Estado incompetente. Cuesta entender cómo un gobierno antineoliberal elige redistribuir ingresos tomando recursos de la clase media y no de los segmentos más altos de la pirámide. Es irónico que el primer gobierno que llega al poder desde la izquierda menosprecie la importancia del crecimiento económico y se niegue a poner en marcha las políticas anticíclicas abogadas por los críticos del neoliberalismo en crisis anteriores.

De no rectificarse el rumbo actual, el México poscovid-19 será mucho peor que el actual. El crecimiento será mediocre en el mejor de los casos, y con mayor pobreza y desigualdad. Todo esto entraña serios riesgos para la gobernabilidad y la paz social.

 

Nora Lustig
Profesora Samuel Z. Stone de Economía Latinoamericana y directora del Instituto Compromiso con la Equidad en la Universidad de Tulane. Compiladora de Commitment to Equity Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty.

Jorge Mariscal
Profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos en la Universidad de Columbia.

 

3 comentarios en “El futuro que nos preocupa

  1. Como anillo al dedo! volveremos a los 70s-80s como es sueño del gran energúmeno en la presidencia!

  2. El gobierno debería aplicar un impuesto progresivo a los altos ingresos de las personas que se ubican en lo alto de nuestra pirámide poblacional, de igual forma al capital, permitir una mayor inflación que no exceda del 5 % y por último su política de austeridad que es la menos apropiada. Con ello podría evitar que aumente la desigualdad y el número de pobres

  3. Muchos analistas, como Lustig y Mariscal, tienen la idea de que el gobierno de López Obrador es el primero que es “de izquierda”. Lo dudo. Alrededor de la campaña del candidato se sumaron grupos y políticos de todos lados, del PRD, del PAN, del PRI, del SNTE, del CNTE, se armó una mezcolanza en el perol que obviamente manejaba y controlaba amlo. Es muy arriesgado suponer que la gente del PAN está convencida del proyecto de “izquierda” de amlo; o que personajes como Bartlett y muchos pillos pícaros más que llegaron del PRI, con escala en otras agrupaciones, van a impulsar las reformas de “izquierda” que este gobierno pretende llevar a cabo. El planteamiento de los autores es muy bueno, lo comparto.