La crisis bancaria mexicana de 1994, conocida como el “efecto tequila”, tuvo como actor principal al Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro). Dicho fondo y su operación fueron motivo de álgidas discusiones políticas en su momento. Hoy a 26 años de la crisis, es claro que la discusión en torno al Fondo fue ganada por sus detractores, de manera que la sola palabra tiene connotaciones negativas, inclusive para quienes ni siquiera vivieron o conocieron de su operación.

Lo anterior impide extraer lecciones positivas que se podrían derivar de los programas instrumentados por el Fondo en aquel momento, que pudieran, además, ser una referencia para la crisis económica actual. El propósito de esta nota no es debatir sobre los aciertos o errores que se dieron durante el manejo de esa crisis anterior —que se dieron ambos—, sino intentar recuperar lecciones positivas que se puedan aprovechar, procurando evitar la discusión política y concentrarse más en los hechos concretos.

Ilustración: Fabricio Vanden Broeck

De entrada, cabe recordar el tamaño del impacto macroeconómico que generó la crisis sin entrar a discutir las razones que la provocaron. El hecho es que el CPP (la tasa de referencia a la que prestaban los bancos) pasó de 16.96 % en diciembre de 1994 a 70.36 % en marzo de 1995: en solo cinco meses más que se cuadriplicó; el tipo de cambio pasó de 3.44 pesos por dólar al inicio de diciembre de 1994 a 7.68 a finales de diciembre de 1995, más que se duplicó; y el PIB tuvo una caída del 9.07 % en el segundo trimestre de 1995. En ese entorno era claro que los deudores de la banca tendrían graves problemas para cumplir sus obligaciones, ya que además de la caída de su ingreso, el pago de sus adeudos en pesos y dólares se incrementó significativamente, sin que en ello tuvieran responsabilidad ni las empresas, ni las personas físicas deudoras. Para darnos una idea de la dimensión de estos movimientos, serían equivalentes a que en la actualidad, en el entorno recesivo que vivimos, la tasa de TIIE (la tasa de referencia a la que prestan los bancos hoy en día) se incrementara de su nivel actual de alrededor de 6.24 % (con tendencia a la baja) a tasas superiores al 25 % y el tipo de cambio de alrededor de 23.5 pesos se devaluara a 47 pesos por dólar. Así sería casi imposible que los deudores de las instituciones financieras cumplieran con sus obligaciones, generando con ello un grave problema de solvencia en el sistema financiero.

En general, los costos del Fobaproa se derivaron de dos programas y una consecuencia regulatoria. El primer programa fue el de deudores. Ante el deterioro esperado de la cartera de crédito de los bancos, debido a la potencial quiebra que podría provocar la crisis en empresas y la consecuente pérdida de empleos, así como por la pérdida de la vivienda de deudores con créditos hipotecarios que se verían imposibilitados para pagarlos, se instrumentaron en general tres programas: uno para deudores hipotecarios, otro para pequeñas y medianas empresas (PYMES) y el último para deudores del sector agropecuario. Los programas fueron evolucionando con la profundidad de la crisis, siendo el último y el más efectivo el que se denominó “Punto Final,” que tenía los tres apartados de programas mencionados. Sin entrar al detalle de cada uno de ellos, en general lo que se buscaba es que los deudores pagaran sus adeudos de acuerdo con las condiciones en las que los habían contratado antes de la crisis y que el excedente del pago provocado por la crisis lo cubrieran entre el gobierno y los bancos. Se cuidó que los programas contaran con los incentivos adecuados; esto fue que los apoyos gubernamentales y de los bancos solamente se otorgaran a los deudores cumplidos. Es decir, la deuda del Fobaproa derivada de estos programas tuvo un impacto positivo y no se rescató a nadie; se apoyó ante estas condiciones extremas a aquellas empresas y personas físicas que tuvieron voluntad de pago y que sus ingresos les permitieron cumplir con sus obligaciones. Con ellos se logró que muchas familias de deudores mantuvieran sus viviendas y, por otra parte, se apoyó a la planta productiva en el segmento de PYMES y los negocios agropecuarios, con lo que sobrevivieron muchos de éstos, así como los empleos que generaban. Además, el mantenimiento de muchos de estos negocios facilitó la recuperación posterior que se observó, tanto en materia económica, como en cuanto al empleo.  En este sentido, una crisis macroeconómica y la eficiencia de las políticas públicas para atenderla se pueden medir a partir del nivel del PIB antes de la crisis y el tiempo que tarda el PIB en recuperar ese mismo nivel después de la crisis. El PIB recuperó su nivel después de la caída observada en el segundo trimestre de 19951 tan solo en un año, mientras que el empleo medido por el número de asegurados en el IMSS2 también se recuperó en poco más de un año. A ello contribuyó de alguna manera el que se lograra conservar parte de la planta productiva y el empleo a través de estos programas y se evitara una mayor destrucción de valor. La recuperación de la banca tomó más tiempo: cerca de 10 años hasta que sanearon sus carteras, se capitalizaron y contribuyeron de nuevo con crédito al crecimiento económico.

Esta porción de la deuda generada por el Fondo muestra que la deuda per se no es mala o buena, lo relevante es el uso de los recursos que se derivan del endeudamiento. Así, la deuda relativa a los programas de deudores se podría considerar como una inversión del Estado en apoyo a la planta productiva y el empleo, que permitió que muchas empresas pequeñas y agrícolas subsistieran y, con ello, los empleos que generaban. Además de que muchas familias pudieron conservar sus viviendas gracias a estos apoyos. La conservación de estas empresas y de sus empleados, permitió también mantener sus contribuciones fiscales; de otra manera hubiera habido un impacto negativo en la recaudación, y por último, como ya se mencionó, contribuyeron a la recuperación observada el siguiente año. Estos endeudamientos no representaron “rescates” de ningún tipo, sino apoyos que tuvieron impactos positivos generales.

El segundo programa consistió en la compra de cartera a los bancos que capitalizaran a sus instituciones. Ante el deterioro esperado en las carteras de los bancos y las reservas que deberían constituir, era claro que el capital se iba a consumir y podrían caer en insolvencia, en cuyo caso el Fobaproa los tendría que intervenir para proteger a los depositantes de estos bancos, y con ello tendría que asumir la totalidad del deterioro de la cartera. Resultaba más económico para el gobierno hacer compras parciales de cartera en función de las inyecciones de capital de los accionistas de los bancos, en lugar de quedarse con la totalidad de la cartera y del banco.  Varias instituciones aplicaron a este programa y comenzaron a capitalizar a sus bancos. Sin embargo, en la medida que el capital inyectado no fue suficiente ante el continuo deterioro de la cartera y los índices mínimos de capital regulatorio se incumplían, el Fondo intervino los bancos y sus accionistas perdieron todo su capital. Del total de 18 bancos reprivatizados, solamente tres sobrevivieron; en el resto, los accionistas que los habían adquirido en su momento perdieron toda su inversión. Además de que también cayeron en insolvencia algunos bancos de reciente creación, cuyos accionistas también perdieron su capital.

Los bancos que no pudieron mantener el capital, pasaron por ello a formar parte de la cartera del Fobaproa y por tanto a la protección que debía a los depositantes de estas instituciones. Cada vez que un banco pasaba al Fobaproa, el costo se incrementaba ya que se asumía la totalidad de la cartera y la totalidad del apoyo a los programas de los deudores, además de que éstos, al saber que el banco pasaba a manos del gobierno, tuvieron menos disposición de pagar.

Así, el último componente del costo del Fobaproa —y el más alto—, se debió a consecuencias regulatorias en las que el Fondo y las autoridades financieras, ante la insuficiencia de capital de los bancos, los debió intervenir, protegiendo a los ahorradores de dichas instituciones. En estos casos sus accionistas perdieron sus inversiones, por lo que esto tampoco representó un rescate a banqueros.

En crisis de estas dimensiones, cuyas variables macro se deterioran significativamente en un corto lapso (tasas de interés, tipo de cambio y crecimiento económico), y cuya responsabilidad no es de los deudores, ya sean empresas o personas físicas, los gobiernos deben actuar rápidamente para contener los efectos de la crisis sobre la planta productiva y el empleo y con ello recuperar en el menor tiempo posible el crecimiento y el desarrollo. En la instrumentación de estas políticas es probable que algunos agentes abusen y obtengan ventajas de la situación. La medida de la efectividad de los programas, como ya mencioné, es qué tan rápido se estabiliza la situación y se recupera el crecimiento y el empleo. Con ello el Gobierno también se ve beneficiado al recuperar la recaudación en el menor tiempo posible y la confianza de la población.

La crisis actual es de una dimensión mayor en cuanto al impacto económico que tendrá y muy distinta a la de 1994, debido a la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal mantenida en estos años, lo que permitido que las tasas de interés y el tipo de cambio tengan un comportamiento más estable. Sin embargo, el aislamiento inducido y el cierre simultáneo y a nivel global de gran parte de la actividad económica con el propósito de contener el contagio del COVID-19 han generado un problema severo de liquidez en la planta productiva y de desempleo, que ha impactado en mayor grado a algunos sectores importantes generadores de empleo como son la construcción, el automotriz, el turismo, el comercio no esencial y el entretenimiento. En la medida en que se profundice y extienda el confinamiento, se destruirá mucho valor y empleos que serán difíciles volver a recuperar. Muchos de estos empleos perdidos dificultarán también el pago de las deudas contraídas por personas físicas además de los de las empresas, lo que en el mediano plazo podría afectar también al sistema financiero y los programas de apoyo instrumentados hasta ahora pueden resultar insuficientes en nuestro país en comparación con los de otras naciones y sobretodo frente al tamaño del problema.

Si bien ya vamos tarde en el apoyo que se requiere a la planta productiva y a la conservación del empleo, todavía es momento de tomar medidas de política pública que tengan un impacto inmediato. Hasta ahora el programa del gobierno para apoyar la liquidez necesaria a través de pequeños créditos de 25 000  pesos para micro empresas no ha funcionado por la falta de demanda de la población a la que fue dirigido y a que probablemente no tiene una cultura financiera como para entender el compromiso que implica tomar los créditos, además de que es un programa muy costoso en su instrumentación (identificación de empresas, negociación, elaboración de contratos y seguimiento por parte de la secretaría de Economía y el IMSS) y que tiene un alcance muy reducido para el tamaño del problema y las necesidades de liquidez que enfrenta la actividad económica del país, como lo muestra la inédita perdida de más de medio millón de empleos observada en el mes de abril. En su lugar se podría dotar de liquidez a la planta productiva de una manera más ágil y efectiva, permitiéndole diferir los impuestos y las contribuciones a la seguridad social (el Infonavit ya lo está haciendo) a las empresas que mantengan el empleo de aquí en adelante (aún con acuerdos en los que reduzcan temporalmente los sueldos de su fuerza laboral). No se trata de una condonación de ninguna índole, ni rescate de ningún tipo, sino de un diferimiento temporal que se cubrirá más adelante cuando se vuelva a la normalidad. La caída en la recaudación que esto pueda representar se podría fondear con emisiones de deuda de corto plazo del gobierno, que se pagaría con las contribuciones recibidas posteriormente. El gobierno podría fondearse más rápido y en mejores condiciones de lo que tendrían que hacerlo pequeñas empresas y la liquidez requerida, en lugar de provenir de los pequeños créditos, sería del diferimiento de impuestos y contribuciones para una población más amplia de empresas. Esto se puede implementar con relativa facilidad, antes de que el problema de liquidez se vuelva de solvencia y se pierdan muchos más empleos y la recaudación se caiga de manera definitiva por la destrucción de valor que esto tendría. En otras palabras, la deuda del Gobierno se invierte en el mantenimiento de la planta productiva y el empleo y se paga por los mismos contribuyentes apoyados. El diferimiento de impuestos y prestaciones sociales se validaría con la comprobación de las empresas de que la plantilla laboral se mantuvo a partir del anuncio del programa. Quien no haya cumplido y haya diferido pagos, se le cobrarían actualizaciones, moratorios, recargos y/o multas por el atraso en sus pagos.

Otra diferencia relevante con la crisis de 1994 es que ésta impactó sobretodo en los deudores del sistema financiero en general, por el incremento repentino y pronunciado de las tasas de interés y por la devaluación que repercutió en la quiebra de muchas entidades financieras. Actualmente la crisis ha impactado en la perdida de ingresos por el cierre de actividades. En una economía con una alta proporción de actividad informal, en otras crisis como la de 1994 o la de 2009, esto pudo actuar como amortiguador de la gente que perdió su empleo para que con ingenio encontrara cómo subsistir en la informalidad. Pero en esta ocasión la informalidad se ha visto igualmente afectada por la solicitud de confinamiento. Resulta imposible que se le requiera a familias quedarse en casa cuando viven del ingreso diario que generan fuera de casa. La flexibilidad que representó en el pasado la informalidad para atenuar el impacto de las crisis, ahora se puede convertir en una tragedia, de salud, de inseguridad y de desánimo generalizado.

Al tratarse de una situación inédita, resulta más difícil encontrar mecanismos de apoyo a estos segmentos de la población por la dificultad para identificarlos. Santiago Levy y otros han hecho propuestas concretas en este sentido que se deberían considerar.

Debido a que esta crisis inesperada a nivel global y provocada por un virus que para contener su contagio ha llevado al cierre de la actividad económica, no se puede responsabilizar a ningún agente económico por esta situación. Pero es deseable atender el problema de liquidez mencionado con prontitud para evitar que se torne en uno de solvencia. El costo para todos, incluyendo el Gobierno sería mucho más elevado si caemos en un problema de esta naturaleza.

Reitero que el endeudamiento gubernamental para apoyar a la planta productiva y al empleo no representan un rescate, sino un apoyo temporal para que subsistan muchas empresas, sobre todo las pequeñas y los negocios informales que viven al día. De la misma manera que los programas de deudores en la crisis de la banca en 1994 no implicaron un rescate sino un apoyo a aquellos deudores que siguieron cumpliendo con sus obligaciones y que con dichos apoyos mantuvieron sus negocios, los empleos que generaban y, en el caso de deudores hipotecarios, sus viviendas. La falta de estos apoyos hubiera implicado un costo muy superior al gobierno al haberse quedado con bancos con carteras con mayores incumplimientos y hubiera dificultado enormemente la recuperación que se observó al siguiente año de la crisis.

El entender que la falta de apoyos oportunos a la planta productiva puede tener costos muy superiores para toda la sociedad, particularmente para el Gobierno, es condición necesaria para que actúe. No solo en cuanto al costo económico, sino sobretodo en cuanto a su credibilidad ante una población productiva que se esfuerza diariamente para lograr su sustento y el de sus colaboradores y que hoy, aunque se empeñe en hacerlo, no tendría ninguna posibilidad sin el apoyo de su gobierno, mismo que redundaría en una muestra de sensibilidad y empatía, porque la población entiende que no hay nadie a quien responsabilizar de esta situación, mientras que el lograr que su impacto sea mitigado, tanto en cuanto a la recuperación de la salud, como a la recuperación económica, sí es responsabilidad del gobierno actual.

 

Javier Gavito


1 El PIB, base 2008, en el cuarto trimestre de 1994 fue de 8,268 miles de millones de pesos (MMP); para el segundo trimestre de 1995 disminuyó a 7 690 MMP y para el segundo trimestre de 1996 se había recuperado a 8 285 MMP.

2 A finales de 1994 el número de derechohabientes asegurados eran 36 553 822; para finales de 1995 había disminuido a 34 323 844; para finales de 1996 se había recuperado para llegar a 37 260 967. La masa salarial tardó más en recuperarse debido a la diferencia en sueldos de los nuevos empleos frente a los que se perdieron.