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Dibujos de El Fisgón

Pocos fenómenos tan atractivos y estimulantes en la América Latina de hoy como el regreso de la democracia a varios países que hasta hace unos años sufrían el peso de dictaduras militares; y pocos fenómenos, también, tan surcados por preguntas sobre sus antecedentes y sus posibilidades de consolidación y permanencia. Esta mesa busca ayudar a la reflexión sobre las democracias latinoamericanas y responder a las preguntas que parecen resumirse en una sola: ¿qué obstáculos y qué horizontes tienen estos nuevos regímenes democráticos? Los participantes: Heraldo Muñoz, chileno, director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea en Santiago de Chile y especialista en política exterior comparada de América Latina. Alberto Adrianzen, periodista y sociólogo peruano, actualmente es coordinador del área internacional de DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. Carlos Portales, chileno, investigador de la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Acaba de compilar un libro para el Fondo de Cultura Económica: América Latina en el nuevo orden internacional. Luis Maira, investigador del CIDE, miembro del consejo de esta revista y colaborador asiduo. Antonio Carlos Peixoto, brasileño, director del Instituto de Relaciones Internacionales de Río de Janeiro. Sergio Bitar, chileno, Ministro de Minería durante el gobierno de Salvador Allende. Actualmente reside en Chile y ha colaborado en nexos anteriores. Tiene un libro relativo al tema de esta mesa en el caso chileno: Transición, socialismo y democracia. (Siglo XXI, 1979). El conductor de la mesa fue José Miguel Insulza, investigador del CIDE, miembro del consejo de esta revista y especialista en las relaciones de América Latina y Estados Unidos.

José Miguel Inzulza: Hoy América Latina está dividida en dos procesos igualmente importantes pero muy distintos: por un lado el conflicto centroamericano y por el otro la democratización de los países del sur, es decir, de los países que tenían regímenes militares y han pasado o están pasando a un proceso de democracia. Sin duda este proceso tiene alguna unidad, pero aquí se trataría de ver qué es lo específico en cada uno de estos países del sur. Se trata de ver también cuáles son las posibilidades reales de estos procesos democráticos y cuáles son los límites que impone sobre ellos, todavía, la presencia de militares. Otro aspecto: la relación con Estados Unidos, y unos más: de qué manera la crisis económica puede volverse un obstáculo para el afianzamiento de la democracia en Sudamérica.

Heraldo Muñoz: Lo que sucede en Centroamérica y Sudamérica representa una búsqueda democrática, aunque en términos históricos constituyan realidades distintas; en Centroamérica el proceso hacia la democracia se da mediante una ruptura, hay guerra civil e insurrección armada, pero el objetivo es llegar a la democracia en países donde ha escaseado. En Sudamérica se trata de volver a la democracia en países donde ha tenido algunos años de vigencia pero ha sido interrumpida; hay procesos de retorno a la democracia por medio de reformas y salidas pactadas, concretamente en el caso de Brasil, Perú y Ecuador. Argentina sale de ese modelo: es un caso de ruptura que provocó la derrota de Las Malvinas. Y el caso de Chile arroja una situación quizá intermedia: la búsqueda de la oposición de una ruptura no insurreccional, de una ruptura política, no militar.

Carlos Portales: En la democratización sudamericana hay que distinguir entre dos situaciones: la de países del Cono Sur con democracias recientes (como Brasil, Argentina y Uruguay), y la de los países andinos, que por primera vez en muchos años viven una situación distinta: los cinco países andinos tienen gobiernos democráticos representativos (y tres de ellos son producto de una transición relativamente reciente: Perú, Bolivia y Ecuador; los otros dos son casos de sistemas más estables). Y en este espectro quedan dos dictaduras: una tradicional en Paraguay y otra relativamente firme en Chile, cuyo caso se acerca más a los problemas que ahora se discuten en Brasil, Argentina y Uruguay, en términos de qué es lo que se espera de un futuro proceso de democratización.

Luis Maira: Esta mesa va dirigida a lectores mexicanos, y por tanto pienso en un punto de partida: a principios de los setenta, en los años inmediatamente posteriores a la implantación de las dictaduras militares de Uruguay y Chile, 1973 y 1975, la imagen que en México proyectaban la mayoría de los cientistas sociales y los analistas del Cono Sur era muy homogénea cuando los regímenes autoritarios sudamericanos. En esa época hubo toda una conceptualización. Primero se dio el debate clásico sobre si estos regímenes eran o no fascistas; y luego, cuando se caracterizó lo que fue parte de un cierto consenso (la noción de un estado o dictaduras militares con ideología de seguridad nacional), se mantuvo esa homogeneidad extrema en los modelos y en el curso que seguirían los procesos políticos. En esos años, esto fue válido para Uruguay, Brasil, Argentina y Chile; el proceso peruano y el boliviano eran distintos en sus raíces y en su intencionalidad y nunca se ciñeron de un modo muy estricto -salvo en un breve período de la dictadura de Banzer en Bolivia, en la primera mitad de los setenta- a la pauta de la doctrina de la seguridad nacional. Voy a esto: a medida que los procesos autoritarios avanzaron, el impacto de los factores nacionales se hizo cada vez más profundo, y lo específico de cada proceso empezó a reemplazar a esta especie de teoría general con la que nos movíamos a mediados de los setenta. Ahora, a mediados de los ochenta, si uno revisa esta experiencia acaba por notar que hay una diferenciación muy nítida entre el experimento chileno y el resto de los experimentos (brasileño, argentino y uruguayo, básicamente) de los años setenta y principios de los ochenta. Esta distinción tiene que ver con las formas de ejercer el poder y con los grados de diferenciación del poder político. En todas las primeras teorizaciones sobre el modelo de seguridad nacional, se insistía mucho en dos cosas: el carácter de dictadura moderna que tenía este experimento y el hecho de que el ejercicio del poder correspondía a las cúpulas militares institucionales, que actuaban como tales y que expresaban, por tanto, la voluntad de las fuerzas armadas. En el caso chileno ese proceso no se da; por el contrario, cada vez es más claro que el general Pinochet juega en ese modelo un rol decisivo y que concentra, de un modo directo e inmediato, las cuotas más altas de poder. Por eso habría que preguntarse qué consecuencias trae el grado de institucionalización, o personalización, del ejercicio del poder en esos regímenes militares con ideología de seguridad nacional. Porque al ver la evolución de los modelos brasileño, primero, argentino después y uruguayo actualmente, hay en estos casos una mayor permeabilidad en la cúpula militar a las presiones que llegan desde la sociedad, cuando el ejercicio del poder militar es colectivo; por el contrario, cuando como en el caso de Chile se combina el modelo de seguridad nacional con formas de ejercicio de poder que eran propias de las dictaduras militares tradicionales del período anterior -o sea, cuando el poder se ejerce en forma unipersonal- las transiciones se hacen mucho más complejas y originan nudos o estrangulamientos que a los sectores democráticos les cuesta más trabajo remover.

Antonio Carlos Peixoto: En la transición hacia la democracia hay que tener en cuenta las particularidades nacionales y la configuración misma del espectro político, porque ahí están las diferencias entre los regímenes militares del Cono Sur. Si se analizan en conjunto los cuatro distintos casos de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, el caso brasileño tiene una diferencia fundamental: ahí el régimen militar jamás rompió el pacto con sectores representativos del país. El régimen brasileño se define como una especie de acuerdo entre grupos políticos tradicionales: una alianza que invirtió las posiciones relativas del poder entre las fuerzas políticas tradicionales y las mismas fuerzas armadas. Los niveles de control y de decisión se quedaron en manos de las fuerzas armadas, mientras que los sectores políticos del régimen tuvieron una función de correa de transmisiones que, dependiendo de la coyuntura o de la mayor o menor permeabilidad del régimen, podía ocupar -o hacer el intento de ocupar- algunos espacios. Otra característica importante: el caso brasileño, a diferencia, digamos, del chileno, no tiene (y no tuvo jamás, salvo en los años treinta), una derecha políticamente estructurada. Hay otro punto donde la comparación del régimen brasileño se haría más bien con el caso argentino y con el caso uruguayo: en el régimen brasileño se ha podido asegurar un proceso de sucesión. Esto no se ha logrado en los casos argentino y uruguayo. En Argentina Viola debió asegurar la sucesión de Videla pero, desde luego, por un conflicto intermilitar (ni siquiera podría llamarse golpe de estado) Galtieri asumió el poder inmediatamente. El régimen uruguayo tampoco logró un nivel aceptable de estructuración política, no consolidó jamás un sistema capaz de absorber, digamos, la rotación interna en el ejército. Chile se queda fuera de este marco comparativo, sencillamente porque nunca hubo un proyecto de rotación o, si lo hubo, se aborto desde el primer momento en que Pinochet llegó al poder. En Chile hay un proceso creciente de concentración de poder en manos del mismo Pinochet al tiempo que los otros miembros de la junta militar han sido desplazados gradualmente.

Jorge Rafael Videla

Raúl Alfonsín

Leopoldo Fortunato Galtieri.

Alberto Adrianzen: Además de la relación entre el ejercicio personal del poder y los elementos institucionales del ejército, hay diferencias que van a dar a la naturaleza misma y la evolución de las fuerzas armadas. Entonces, la estructura del ejército chileno es mucho más jerárquica, digamos mucho más prusiana, que la de los ejércitos argentino, uruguayo o brasileño y, sobre todo, más distinta que la del ejercito peruano, que tiene otra estructura, otro desarrollo político y, además, otras influencias no exactamente prusianas sino francesas. Hay que añadir en el análisis la naturaleza misma de estos ejércitos que permitirán o no el curso de los procesos democráticos.

Sergio Bitar: Otra diferencia fundamental es el papel de las fuerzas armadas y la postura que asumen al iniciarse el proceso. El caso brasileño se da diez años antes que los demás; el chileno y el uruguayo empiezan en 1973; el argentino, en la última vuelta, en 1976. ¿Hasta dónde, en ese período de diez años, aumenta en las fuerzas armadas la influencia de las doctrinas de seguridad nacional, en las formas más primitivas y duras que hemos visto en los casos de Chile, Argentina y Uruguay? Como contexto nacional, el caso peruano viene de una situación donde el ejército ha jugado más bien un papel de estímulo, de corte más progresista y nacionalista. En los ejércitos de Chile, Argentina y Uruguay el concepto de seguridad nacional es mucho más homogéneo, lo mismo que las técnicas de dominación y represión, el modo en que desarticulan las instituciones civiles, (empezando por los parlamentos), y toman el control de lo que va desde las universidades a la política económica. Son técnicas incluso más homogéneas que en el caso brasileño. Ahora, lo atípico en el caso chileno comparado con Argentina y Uruguay, y lo que hace que también sea distinta la salida chilena al futuro, es este sistema de sucesión perfecto donde Pinochet sucede a Pinochet que sucede a Pinochet, y Pinochet logra atar -como no se da en ninguno de los otros dos casos- los cargos de Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Esto le da una rígida estabilidad pero también instala para su régimen el riesgo de una ruptura mayor que en los otros casos. La distinción es que en Chile hay una izquierda más estructurada cuya potencialidad electoral es un peso continuo, y no hay el mismo peso en Argentina y Uruguay. La salida futura del caso chileno será similar a los otros en el hecho de que no habrá un desplome «a la centroamericana» del régimen militar, sino que habrá algún tipo de negociación con las fuerzas armadas; pero para llegar a ese punto en Chile se requiere un grado mucho más alto de movilidad social, de articulación de fuerza popular, del que se ha visto en los casos de Uruguay y Argentina.

Carlos Portales: Hay más diferencias específicas. En Chile fue más traumática la división de la sociedad y el ejército que en Uruguay, Argentina y Brasil (y aquí fue mucho menor que en los otros casos). A esto se añade el ejercicio del poder tanto en el modelo económico como en el sistema político. Sin duda el caso brasileño es el de mayor éxito, y los casos chileno y uruguayo son los de menos éxito. Tal vez el caso argentino podría agregarse a estos últimos pero, por la capacidad económica del país, también es mayor la capacidad de resistencia de la sociedad. En ese sentido al haber en Brasil un éxito relativo (por lo menos en cierto período y en términos de crecimiento y de transformación e industrialización), esto le ha dado mayor capacidad de acción al régimen militar. Lo otro es lo que señalaba Peixoto: el sistema político. En Brasil hubo siempre un incipiente sistema político; aunque el Congreso llegó a clausurarse por un período determinado nunca se suspendió el sistema político. En cambio, en los otros tres casos, el sistema político anterior desapareció por completo. Y aquí los ejércitos juegan un papel importante. En el caso argentino se trataba de un ejército con una tradición de politización previa y, por lo tanto, ahí diversas facciones militares competían por el poder. En el caso uruguayo hubo un gobierno relativamente colegiado y una mayor participación de los generales dentro de la institución militar. En cambio al caso chileno lo rige esta tradición política de verticalidad y «profesionalismo»: es la que permite a Pinochet ponerse a la cabeza del gobierno como Presidente y ejercer todas las prerrogativas que tradicionalmente había ejercido el Comandante en Jefe. En el sistema democrático el Comandante en Jefe ejercía un gran poder dentro del ejército, pero no tenía los controles del sistema político: debía responder al Presidente, podía ser removido y estaba sujeto a un marco, a un estatuto legal. Sin embargo había una fuerte tradición de verticalidad en el mando, y aunque en los procesos de ascensos y elecciones el Consejo de Generales participaba formalmente sin duda la posición del Comandante en Jefe era muy sólida. Y así, hasta 1973, en la historia reciente de Chile, cada vez que salía el Comandante en Jefe había una reestructuración de los cuadros del ejército. Luego de 1973, en Chile pierde todo control esta prerrogativa y el Comandante en Jefe ya puede hacer y deshacer dentro de esta institución, y la institución misma se impone a las otras instituciones armadas. Y sin duda esto era importante en una tradición de despolitización de las fuerzas armadas. No es el caso argentino, donde había siempre competencia política entre marina, ejército y fuerza aérea. En parte estas diferencias explican por qué hay transiciones distintas. En el caso brasileño es más gradual, precisamente por la mayor capacidad de maniobra que le da el modelo, y porque hay un poder político institucionalizado que se abre paso. En Argentina está el colapso por una situación internacional, y en el caso uruguayo por una derrota política total, donde la sociedad entera se opone a las fuerzas armadas. En cambio en el caso chileno no se da ni esta abertura gradual ni este colapso internacional; no hay una derrota política global y por lo tanto persiste el régimen.

José Miguel Insulza: si se hace una división distinta a la de Carlos Portales, de los países andinos y los países del Cono Sur, uno podría decir que, salvo Colombia y Venezuela -que son países que salen del Caribe y que en los últimos años tienen procesos políticos bastante distintos-, los demás países de América del Sur (Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, incluso Paraguay) todos ellos, hasta hace unos años, tenían dictaduras militares, aunque con distinto carácter. Algunos de ellos han salido de estos gobiernos militares pero se dan algunas regularidades que parecen límites. En Ecuador, después del primer gobierno democrático, se acaba de elegir un gobierno de derecha; en Perú hay un gobierno de derecha (y se habla incluso de que las fuerzas armadas nuevamente se disponen a activarse políticamente); es precaria, y nada sencilla, la situación del gobierno boliviano; y Argentina aún es un poco difícil juzgar. El hecho es que hay determinadas fuerzas que pueden resurgir en América Latina después de las dictaduras militares, para oponer obstáculos a la democratización de estos países. ¿Hasta qué punto hay aquí el primer límite al proceso de democratización? Otro límite es la presencia de los ejércitos, que subsisten en todos estos países e incluso en Argentina con todo y el problema de Las Malvinas. ¿Hasta qué punto no puede haber una regresión? Hay una derecha fuerte que no puede descartarse y, a pesar de la democratización sigue presente la posibilidad de que esas fuerzas de derecha sientan la tentación de recurrir a las fuerzas armadas que subsisten. Es decir, ¿hasta qué punto ya no existen los agentes que provocaron la situación autoritaria en Sudamérica, hasta qué punto se han debilitado y hasta qué punto pueden poner en peligro el proceso de democratización en los próximos años?

Heraldo Muñoz: La consolidación de la democracia depende de un factor obvio e importante que es el contexto internacional. Y ahí, yo diría con claridad, que el contexto internacional no es favorable a la recuperación de la democracia. Los nuevos gobiernos democráticos se encuentran con una carga de problemas económicos -el más visible es la deuda externa y a eso se añaden las demandas populares insatisfechas, reprimidas durante tanto tiempo. Y en este sentido, los procesos de transición a la democracia representan el fracaso del autoritarismo, que fracasó en un contexto en que los regímenes militares lo tenían todo, en un momento en que, en el orden internacional, por ejemplo en términos económicos, contaban con una alta liquidez y con flujos financieros que prácticamente ninguno de los gobiernos anteriores tuvo; además, con las medidas represivas con la supresión de los sindicatos y los Congresos, no tenían la presión de las demandas populares. La experiencia autoritaria «lo tenía todo» y los nuevos procesos democráticos representan su fracaso. Pero además del contexto, habría que incluir al tipo de transición, o de salida hacia la democracia como un elemento importante para el futuro de estos procesos. Mientras la transición a la democracia surja más de una derrota del autoritarismo, mayores serán las posibilidades y el margen de acción de los nuevos gobiernos; por el contrario, en la medida en que la transición surja de la negociación con las fuerzas armadas, es decir, que la transición surja de una decisión de las fuerzas armadas de entregarle el poder a la civilidad puesto que quieren evitar un mal mayor -por ejemplo una insurrección o el contexto de un gobierno revolucionario, por la crisis que enfrenta el gobierno militar-; en esa misma medida los nuevos gobiernos democráticos tendrán mayor debilidad, estarán sometidos al chantaje y al veto militar, como lo hemos visto incluso en Brasil. En este tipo de procesos son los militares los que en último término controlan el ritmo y la dirección de la apertura, y lo pueden frenar -incluso retroceder- cuando juzguen conveniente. Mientras que en el caso argentino, con todas las dificultades que enfrenta el gobierno de Alfonsín, parece tener más margen de maniobra, y esto es producto de la sensación de derrota no sólo política, sino militar, que ha sufrido en ejército por la guerra de Las Malvinas.

Antonio Carlos Peixoto: Cuando la transición a la democracia se da por medio de una ruptura el nuevo régimen tiene, en efecto, mayores mecanismos de control político y civil sobre los militares. Y un proceso de transición que implica una negociación lenta y restringida básicamente al sistema de élites del país, por supuesto que mantiene el espacio tradicional de las fuerzas armadas dentro de ese sistema político. Me refiero al caso brasileño. El análisis de la transición y de las nuevas relaciones que se deben establecer con las fuerzas armadas tiene mucho que ver con el modo en que esas fuerzas armadas se perciben a sí mismas, con las razones que las llevaron al poder y con el tipo de funciones que se autoimpusieron al romper el sistema político anterior y se forma el gobierno militar. Este punto es crucial porque arroja una diferencia importante entre el caso brasileño y los otros casos del Cono Sur. El ejército brasileño que llegó al poder en 1964 se autopercibió, fundamentalmente, como un agente de modernización. La doble función de represión y modernización les aseguraba un mínimo de legitimidad, incluso de consenso, en ciertos sectores muy representativos de las élites. La represión tenía su «descargo» en la modernización y los militares, de algún modo, obtuvieron éxitos que no pueden negarse. Si uno habla de los aspectos más visibles de la crisis, el perfil brasileño de 1984 no es favorable; pero si uno mira el aparato productivo, el nivel de modernización de integración nacional, el logro se vuelve innegable. Se puede decir, y estoy de acuerdo: «eso no lo hicieron las fuerzas armadas; eso surgió por una cierta dinámica de la misma economía»; pero no quita que las fuerzas armadas estaban en el poder y buscaban difundir una ideología y el funcionamiento de un sistema político que apuntaban a la modernización. Por tanto, en el proceso abandono del poder hay una diferencia muy grande entre un régimen que se percibe como modernizante y los regímenes que llegaron al poder con una autopercepción de sus propias funciones.

Cacerolas contra la dictadura

Luis Maira: Yo quiero volver al papel de los sectores democráticos en el cambio de las fuerzas armadas y al impacto que tiene, en los espacios de las direcciones democráticas, el perfil de la crisis política que lleva al fin de los regímenes autoritarios. Este es un punto clave para la naturaleza de los sistemas políticos que emergen al final de la transición postautoritaria. Lo diría de la siguiente manera: en América Latina, países que tuvieron una larguísima experiencia autoritaria han podido construir sistemas políticos relativamente estables, con alternancia y competitividad política, con vigencia de la democracia liberal y representativa. En el círculo de personas que manejó la transición había la preocupación fundamental de expropiar prerrogativas políticas a las fuerzas armadas. Pienso concretamente en el caso venezolano, en el fin de la dictadura de Pérez Jiménez y en todo el proceso de reorganización política e institucional que llevó a la Constitución venezolana de 1958. En esta misma dirección uno podría apuntar el quehacer de las direcciones políticas de Chile y Uruguay en los años 30. Hay una preocupación de esas direcciones políticas democráticas por generar mecanismos y procedimientos en una actividad que, por un período importante, realmente excluyó de la decisión política a las fuerzas armadas. Y el resultado estuvo a la vista. En el caso venezolano desde 1958 hubo una continuidad democrático-representativa, en el caso chileno la hubo desde 1932 hasta 1973; y en el caso uruguayo desde el final de la dictadura de Terra, en 1933 y 1934, hasta 1973. En el otro extremo de estas experiencias podríamos colocar al modelo argentino. Argentina es un país que parece dotado en abstracto con todas las potencialidades para un sistema de poder político estable, y sin embargo, por la capacidad negociadora de las fuerzas armadas y por la misma dirección insuficiente de las direcciones políticas, en lo que se refiere a la necesidad de cambiar el quehacer y los espacios de la dirección militar, Argentina ha vivido bajo un síndrome de inestabilidad completa, donde el principio del desgaste del adversario es lo que determina el carácter civil o militar de la cúpula en el poder; la alternancia se da entre regímenes políticos civiles inestables, y precarios, y luego regímenes militares igualmente débiles e inestables. Es de desearse que Alfonsín rompa este círculo vicioso del proceso político argentino. Alfonsín ha entendido este proceso -que no lograba interrumpir la actividad política de la cúpula militar- y, de una manera prudente pero firme, ha ido expropiándole a la cúpula militar, en las áreas en que resulta importante hacerlo, la capacidad de ejercer el poder político. Y está el problema del tiempo: hay que hacer esta expropiación lo más rápido posible, porque los procesos democráticos también están sujetos a un tiempo político muy sensible, débil y breve, y es muy corto el plazo para reestructurar a las fuerzas armadas, tanto en la transición como en el inicio de una constitucionalidad más regular. Como la capacidad de lograr estos cambios se agota rápidamente, urgen los proyectos claros y precisos sobre la delimitación del papel de las fuerzas armadas en la sociedad; sobre la composición del mando militar, el tipo de doctrina militar y de seguridad nacional debe echarse a andar; sobre los nexos y los programas de capacitación externa a que deben sujetarse los oficiales de las fuerzas armadas. Si todas estas cosas no se perciben a tiempo, y si atrás de ellas no está una firme voluntad política, reemergirá de un modo abrumador la actividad política de los militares. Y en este caso vendrá una involución, un retroceso.

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Alberto Adrianzen: No me parece que sólo las fuerzas armadas puedan impedir -o amenazar otra vez- estos procesos de democratización. Por lo menos en la historia del Perú -y con la sola excepción de Velasco- diremos que la derecha ha promovido, incentivado y prácticamente financiado todos los golpes de estado; pero en el proceso peruano entran también otras fuerzas, incluso por omisión. En Perú no hubo una derrota política de las fuerzas armadas sino un repliegue ordenado a sus cuarteles. No hay una ruptura con el gobierno militar sino un proceso pactado y, como no hubo derrota política, no se estructuró una oposición; más aun: en cierto modo la división de la izquierda favoreció este repliegue ordenado y no generó, dentro del mismo sistema político, un contrapeso. Esto permitió otras cosas: por un lado, un pacto civil-militar entre Balaúnde Terry y las fuerzas armadas, y por el otro lado, una mayoría absoluta en el parlamento, esto le dio un poder impresionante. Entonces, si algo ejemplifica el caso peruano es una transición digamos defectuosa hacia la democracia. Hoy se nota su debilidad con mucha claridad. Los peligros de que estos procesos concluyan en golpes de estado y regímenes autoritarios no sólo depende de las fuerzas armadas y de la derecha, sino también de las fuerzas democráticas y de su capacidad para estructurar movimentos de oposición que garanticen la continuidad. Hay otros fenómenos que ponen en peligro la consolidación democrática, además de que el propio gobierno lo haga con su política económica. Me refiero a fuerzas realmente nuevas -y no sé hasta dónde el Perú sea atípico en esto- que se fincan en una estructura política, social, económica, nacional, que refleja no años ni décadas, sino siglos de dominación cultural sobre un sector incluso étnico de la población. Son manifestaciones que no se esperaban en Perú y menos con la magnitud que tienen ahora. Son problemas no resueltos a la hora de reestructurar la sociedad, lo que es una garantía fundamental para un proceso democrático. Junto a la derecha y las fuerzas armadas hay movimientos irracionales que emergen incluso del mismo pueblo y que también ponen en peligro este proceso de consolidación. Es el caso de Sendero Luminoso.

Carlos Portales: La cuestión de si la derecha estará tentada a recurrir a las fuerzas armadas tiene dos respuestas. La primera está en el sistema político. Aquí el problema central es la reconstrucción de una verdadera arena política capaz de incluir a los factores relevantes. Más que una regla del juego, se trata de establecer una ética democrática, se trata de que la política no se tome como un juego suma-cero. Y esto supone una autolimitación de las distintas fuerzas a la hora de intervenir en un conflicto político. Se requiere la moderación no sólo de los extremos -izquierda y derecha- sino también del centro. En resumen, una forma distinta de hacer política que evite la tentación y la violentación de recurrir a factores externos. Esto es más difícil en sociedades fragmentadas, con desempleo, desigualdad y múltiples problemas. La otra respuesta está en la sustitución de las fuerzas armadas mismas en la postransición, es decir, dentro de una democracia en relativo funcionamiento. Más allá de las diferencias de caso, aquí hay similitud en la transformación de las fuerzas armadas durante su estancia en el poder. En todos los régimenes militares, incluyendo el peruano, las fuerzas armadas se han profesionalizado y burocratizado. Han hecho de la doctrina de la seguridad nacional una visión mucho más integral de todo el cuerpo militar. Al originarse estos regímenes la seguridad nacional es una ideología en ascenso y cuando los militares toman el poder, es decir en los años de dictadura, esta doctrina se vuelve la ideología de las fuerzas armadas: una visión globalizante, totalitaria, donde la seguridad se extiende a todas partes. Como resultado de sus regímenes, las fuerzas armadas tienen un lugar distinto en el Estado: copan, militarizan el aparato estatal y desde ahí empiezan a desarrollarse. Hay un aumento en el gasto militar y en muchos casos se produce una industria militar que se vincula a la industria civil. Tanto en el caso chileno como argentino como brasileño, es similar esta transformación de las fuerzas armadas: son unas al comienzo de sus respectivos regímenes y otras al final; pero todas se autoconciben como modernizantes, no sólo en Brasil, y la modernización está muy vinculada a la doctrina. De modo que, al salirse, las fuerzas armadas dejan una institución que no sólo penetra al Estado sino también a la sociedad; dejan en ella una visión de «coherencia», y esta porosidad, el modo en que el ejército penetró las estructuras políticas y sociales, trae más problemas a la hora de que los gobiernos democráticos quieren hacer reformas militares o transformaciones de las fuerzas armadas. El tipo de transición es importante y necesita particularizaciones en cada caso; pero en general los nuevos liderazgos democráticos -y aquí se requiere toda su capacidad de acción- enfrentan problemas similares a la hora de «desmontar» el poder militar porque similares son, también, los entrelazamientos que los militares propiciaron, el modo en que se colaron en la organización política y económica nacional. Aquí coincido con Luis Maira: el tiempo político de la democracia es breve y frágil y su acción debe orientarse en dos sentidos: deshacer la doctrina de la seguridad nacional, que es totalmente incompatible con la reconstrucción democrática, o hacer que las nuevas doctrinas militares sean, por lo menos, compatibles con la democracia. Si se mantiene la visión anterior, globalizante y totalitaria, de la seguridad nacional, no hay ninguna posibilidad de no tener una espada de Damocles sobre el sistema democrático. La otra tarea es limitar la institución armada en el Estado y la sociedad. No es posible una democracia estable -o no es posible apartar el peligro para la democracia en América Latina- mientras las fuerzas democráticas y el sistema civil en su conjunto no desmilitaricen y limiten el armamento. Los alcances que las instituciones militares han tenido dentro del estado son exageradísimos en comparación con otros alcances: en muchos casos, mientras había desindustrialización lo que se fomentaba era la industria militar, y en otros casos la industria militar se volvía el centro del sistema. Es indudable que eso potencia a una institución y la hace todopoderosa. De aquí mismo, de este poder ramificado y acumulado, de la institución militar que se profesionalizó en el poder y que, sin duda, está muy adelantada en términos de organización -incluso en términos de asimilación de tecnología-, puede surgir de nuevo, en cualquier momento y con gran rapidez, el Garrison State para acabar con las incipientes democracias.

Antonio Carlos Peixoto: Se trata de ver hasta qué punto la sociedad (y aquí no estoy hablando de la sociedad civil; me refiero a la sociedad como un conjunto de grupos sociales, de individuos y de las relaciones que establecen entre sí) puede garantizar el proceso democrático en América Latina. Por supuesto, las situaciones nacionales son distintas y hay sociedades que están más o menos fragmentadas; pero en la historia de América Latina los procesos de transición, pueden englobarse en tres situaciones la primera está en el caso de Venezuela y que yo extendería a Colombia. Casualmente, en el mismo año, 1985 -en Colombia la caída de Rojas Pinilla es un año antes, en 1957, pero las elecciones se hicieron en 1958- ambos países tuvieron transiciones democráticas. Lo que se ve en la situación venezolana es un pacto de interactores. No es un llamado a las fuerzas sociales para garantizar la estabilidad de los regímenes sino que, por el contrario, los principales líderes políticos: Betancourt, Caldera, Uslar Pietri, Jovieto Villalba firmaron el pacto de Punto Fijo, gracias al cual el campo político venezolano ha cerrado, históricamente, la posibilidad de intervención militar. El caso colombiano fue un pacto institucionalizado de división, para una alternativa combinada entre el partido liberal y el conservador y la división, incluso, de cargos de administración pública y de gubernaturas en la provincia. Esto puede ser una argumentación a posteriori pero en estos casos las posibilidades democráticas se sostuvieron. Hay otra situación donde un actor detenta una capacidad exagerada de desestabilización del sistema político, y este actor se desplaza de fórmulas institucionalizadas y democráticas en el juego político, para ir hacia una alianza implícita o explicita con sectores no democráticos, incluso las fuerzas armadas. Es el caso del peronismo argentino. La tercera situación, y la más clásica en América Latina: fracciones de las élites abandonan el campo democrático y van a tocar a las puertas de las fuerzas armadas, por distintas situaciones nacionales pero que podemos llamar, de manera general, de mayor presión del movimiento popular, de demandas que esas mismas fracciones -a veces las mismas fuerzas armadas- empiezan a considerar intolerables. En este caso, la convergencia de intereses lleva al golpe de estado y, dependiendo del tipo de acuerdo o de convergencia entre las élites civiles y militares, da lugar a regímenes autoritarios más o menos duraderos, con mayor o menor participación de fuerzas civiles en el sistema. Ahora: ¿cómo neutralizar esta situación? No creo que haya una respuesta definitiva, pero, desde luego, el pacto interactores del primer caso me parece una fórmula fundamental; sin ese pacto no veo cómo pueda garantizarse la estabilidad de un régimen democrático en los países latinoamericanos. El pacto interactores tiene por si solo un dinamismo y un efecto para crear nuevas formas y modalidades de articulación de las fuerzas armadas con el estado y con las élites civiles. A mi juicio, a las fuerzas armadas venezolanas les hubiera sido mucho más fácil intentar un golpe en 1960, dos años después de la transición democrática, que hoy día. Es así porque ya hay algunas generaciones de oficiales que se crearon dentro de algo que es la esencia de cualquier régimen democrático y que es la negación misma del funcionamiento corporativo militar; es decir, son oficiales acostumbrados a la negociación y la percepción de los conflictos como algo que el sistema político puede absorber que no niega los fundamentos mismos de la sociedad. Un ejército que se acostumbra a percibir la negociación y los conflictos como partes indisociables del funcionamiento de un sistema político es distinto, por supuesto, a un ejército que ve en cualquier conflicto la amenaza de ruptura del tejido social, y que justifica con eso la intervención, sobre todo en la hipótesis de que su visión converge con fracciones de las élites civiles. Desde este punto de vista, hay una diferencia entre el régimen militar brasileño y los otros. Porque en Brasil la percepción de amenaza se estableció en un nivel mucho más bajo que en el caso chileno. Y como las fuerzas armadas brasileñas nunca tuvieron un enemigo histórico como el APRA en el caso peruano y el peronismo en el caso argentino, la percepción de la amenaza es menor, y nulo una vez que se aplastan los intentos de la guerrilla urbana y algunos pequeños focos de guerrilla rural. En el espectro político las fuerzas armadas no tienen un enemigo fundamental a vencer. En cambio, la identificación de un enemigo que debe eliminarse facilita la convergencia de las élites civiles con las fuerzas armadas. El caso peruano es más complicado, porque ahora está Sendero Luminoso, al que se percibe como un agente de desagregación social.

Sergio Bitar: Sobre el futuro de la democracia latinoamericana, hay que relativizar bastante. Por deformación profesional, los cientistas políticos tienen la tendencia de generalizar y justificar todos los acontecimientos a partir de un esquema. Si a los economistas se les critica su incapacidad para proyectar y prevenir, con más razón hay que ser cuidadosos con los pronósticos y revisiones de los cientistas políticos. Si uno se paraba en América Latina en 1975 y volteaba alrededor, veía un espectáculo negro de dictaduras. En 1985 se ven avances. Se pensaba que unos procesos serían mas rápidos que otros y no ha sido así; y más atrás se pensaba que Venezuela constituía el caso de un país caribeño, que jamás iba a desembocar en la democracia y que los países del Cono Sur serían estables y resultó todo lo contrario. Hay que relativizar el análisis. Sobre los factores que pueden incidir en el desplome o la permanencia de la democracia, yo coincidiría con lo que se ha expuesto aquí sobre las fuerzas armadas, pero agregaría otro elemento: desde un comienzo, las fuerzas armadas deben achicarse drásticamente. Si acaso se introduce un nuevo concepto de seguridad, que sea eminentemente defensivo de los ataques territoriales. Pueden concebirse unas fuerzas armadas mucho más pequeñas y, tecnológicamente dotadas de aparatos que ocupen menos gente y que estén orientados a la defensa; en cambio, si esa concepción se basa en una doctrina de seguridad como la actual, lo que se tiene son ejércitos de ocupación interna, ejércitos estructurados para ocupar territorios nacionales. Otro factor imprescindible es el fortalecimiento de los partidos políticos. Al fortalecerse, los partidos tendrían que evitar el corporativismo (caso claro en Argentina) y al mismo tiempo avanzar en proyectos políticos que no fueran totalmente excluyentes. Sin ese fortalecimiento, las alianzas serán frágiles.

Alberto Adrianzen: Yo tengo dudas sobre el concepto de seguridad nacional y su relación con las fuerzas armadas. A veces tengo la impresión de que hay tantas ideologías de seguridad como países hay en América Latina. El concepto de seguridad nacional peruano y el brasileño parten del mismo punto: el desarrollo, pero la diferencia sustancial es que Velasco optó por otro tipo de desarrollo económico y político, y en Brasil se ha dado una represión brutal en 1969 y 1970. Lo mismo si uno compara Brasil con el Chile de Pinochet; en Chile no hay desarrollo y sí hay represión; en Brasil hay represión y también hay desarrollo. Aunque haya que apelar al concepto de seguridad nacional, hay que apelar también al desarrollo particular de las fuerzas armadas. En el caso peruano, por ejemplo su desarrollo histórico -luego de la derrota militar a fines del siglo pasado- ha consistido en un proceso de autonomización del ejército y de los actores políticos civiles. Y ahí la seguridad nacional no puede determinar al ejército como actor fundamental de un golpe de estado o de ruptura de un proceso democrático. Otra disposición: no sé hasta qué punto las fuerzas armadas dan golpes de estado no tanto por la seguridad nacional sino por el orden. No se puede encajonar todo en ese concepto. Incluso para no descartar el concepto de seguridad nacional, hay otros factores que la complementan: por caso, los problemas de desarrollo económico social que estuvieron en la matriz del golpe de estado de Velasco Alvarado en 1968. En el caso peruano uno puede argumentar que las fuerzas armadas están muy preocupadas por el crecimiento de Sendero Luminoso, que eso supone un mayor incremento de fuerzas militares para combatirlo y que hay que armarse más porque eso puede dejar las fronteras desguarnecidas. Ahora, sobre el pacto interactores que Peixoto señalaba como más viable, eso depende mucho de cada país. En Chile puede darse una derrota política y hasta militar de las fuerzas armadas y luego un pacto (o en todo caso una reestructuración del ejército basada en un pacto). Los pactos pueden hacerse después de la derrota o sin derrota de por medio. Mi opinión es que a las fuerzas armadas hay que derrotarlas; su autonomización y crecimiento así lo exigen. Y sólo después de la derrota puede entrarse con ellas a un pacto político que le garantice definitivamente un sitio al proceso democrático.

Tancredo Neves, presidente electo de Brasil.

Luis Maira: Yo no puedo restarle importancia al concepto de seguridad nacional. Las fuerzas armadas, por lo menos en Sudamérica, no se activan políticamente sino hasta el momento en que cuentan con una base teórica común y con un pensamiento alternativo al de la concepción que ven como su amenaza: el marxismo. Esto tiene que ver directamente con el tipo de socialización y capacitación militar que ha recibido la mayoría de los oficiales en los países latinoamericanos, durante un largo período que arranca con la segunda posguerra y, particularmente, con la configuración de las concepciones de seguridad nacional norteamericana en la década de los cuarenta; además, con la teoría de las relaciones internacionales de la guerra fría: al transmitirse esto se vuelve parte fundamental del enfoque con que las fuerzas armadas comienzan a ver su propio papel político doméstico y su quehacer internacional. Estos oficiales reciben una formación común y esta formación se basa en la idea de un mismo enemigo (ya no un enemigo que está más allá de las fronteras, sino dentro del propio país), un enemigo que exige una actividad permanente de la autoridad militar y de las fuerzas armadas, y esta actividad es incompatible con la lógica de la democracia liberal, con la negociación a la hora de los conflictos, con el diálogo político. Se hace ver que los conflictos naturales en toda sociedad son ilegítimos y se patologizan fenómenos sanos que podrán posibilitar el desarrollo progresivo de la sociedad. Los militares asumen un rol de normalización que acaba en un orden total, el orden de la guerra permanente y de las dictaduras indefinidas. Por eso no hay que despreciar el carácter de ideología alternativa que ellos le asignan a la seguridad nacional para su permanencia en el poder. En la lógica de la seguridad nacional no hay restauración democrática; puede haber el paso a ciertas fórmulas muy restringidas de democracia, pero son precarias porque están subordinadas a la mantención formal del orden. Este pensamiento es esencialmente homogéneo en la mayoría de los países sudamericanos; en lo fundamental, la creación geopoltica de América del Sur es una creación refleja, con escasa originalidad y con poco desarrollo propio. En los cincuenta, los generales Golbery Couto e Silva y Meira Matos hicieron en Brasil las primeras adaptaciones de las concepciones norteamericanas. Las ajustaron a la teoría nacional a través de una mera traducción, pero el hecho es que si uno confronta su pensamiento con el de Rattenbach o de Osiris Villegas en Argentina, o con el del mismo Pinochet en Chile, encuentra que las categorías son absolutamente homogéneas y todas apuntan a la seguridad nacional. Sólo el caso peruano -donde hubo una mayor nacionalización y una reflexión más crítica- escapa en algo a este modelo. Ahora, sobre la cuestión de los pactos en las transiciones democráticas: la capacidad de concertación de los sectores sociales más amplios y de las fuerzas políticas más representativas tienen una creatividad propia que acelera el fin de los régimenes autoritarios. Las dictaduras se nutren de la capacidad para destruir toda acción política alternativa y levantar su alternativa: continuidad o caos, dictadura militar o violencia y desorden. Se apoyan en esta hipótesis falsa pero desarrollada sistemáticamente en los medios de comunicación que ellos controlan. No hay alternativa que pueda basarse en el consenso y la participación. Por eso, más que una tarea para después de la caída de los regímenes autoritarios, esta es una tarea para poner en marcha las energías democráticas de la sociedad y para lanzar una mirada esperanzada a las formas alternativas de organización política. Por último, sobre el tema de la derrota política o militar de las fuerzas armadas. En América del Sur, cuando menos, todos los sectores políticos han llegado al consenso de que no es posible la derrota militar de las fuerzas armadas. Ya muy pocos pueden pensar en que es posible una acumulación de fuerza militar desde los sectores de oposición -por legítima que fuera- capaz de derrotar militarmente a las fuerzas armadas. Toda la historia reciente de Sudamérica es una serie de transiciones basadas en el retiro del poder, más o menos negociado, de los militares. Pero el problema es cómo se provoca, en qué momento se da y a quienes se inflinge la derrota política. Estos procesos traen consigo formas de derrota y afectan a distintos segmentos de la cúpula militar. Cuando las fuerzas democráticas solo pueden acumular poca capacidad, la derrota política llega únicamente a los responsables máximos de la cúpula militar inmediata -el dictador y sus colaboradores más íntimos, los administradores del poder político- y dejan intacto, en una primera fase, al resto de las fuerzas armadas. Y sólo el fortalecimiento de las fuerzas democráticas puede, en un segundo momento, extender esa derrota a los otros sectores militares con una reorganización amplia de la estructura militar. Así, aunque no haya en primer término una derrota militar, la derrota política es algo muy importante en el ajuste estratégico, táctico, del proceso de democratización.

La paz de Napoleón Duarte

Antonio Carlos Peixoto: Más que la doctrina de la seguridad nacional, me parece pertinente el concepto de guerra subversiva. Es un concepto que busca combatir al marxismo, surge de las experiencias en Indochina y sobre todo de lo que se ha llamado «la batalla de Argel»: es decir, el primer intento serio que hacen las fuerzas armadas, como fuerzas de ocupación, para aplastar un movimiento guerrillero urbano. En las dictaduras la doctrina de seguridad nacional funciona como un elemento de cohesión y de estructuración ideológica de las mismas fuerzas armadas, pero no como proyección en el campo político del Estado. Desde su llegada al poder, las fuerzas armadas no tienen proyecto; sólo la hay en el caso peruano: el Plan Inca es un proyecto bueno, malo, cierto, extraño, como se quiera, pero es el único coherente. Lo que se ve en los otros casos es, al contrario, no una aplicación de la seguridad nacional -no una unificación racional alrededor de esa doctrina- sino una ruptura de los niveles de decisión, una quiebra del aparato estatal.

La autopercepción modernizante no es la misma en los casos argentino, brasileño y chileno; sí es la misma en los casos brasileño y peruano pero con una diferencia: Velasco intenta. estructurar un sistema de participación popular. El régimen militar peruano no niega la participación sino que es una tentativa de controlar esa participación y estructurarla. Por el contrario, el régimen brasileño trató de destruir las estructuras de participación e impedir que se crearan nuevas. En otros casos, como el argentino, si ahí los militares hubieran tenido una percepción modernizante de desarrollo no se habrían permitido asistir al desmantelamiento del parque industrial. En cambio, en Brasil se fortaleció el sector estatal de la economía. No es sólo cuestión de que los grupos industriales brasileños tienen probablemente un mayor grado de resistencia a las políticas de quiebra del parque industrial, y de que en Brasil hay una mayor estructuración de los intereses industriales; es que la percepción misma de las fuerzas armadas brasileñas no permitió que se hicieran ciertas cosas que sí se hicieron en el caso argentino. Y todo esto no es por una cuestión de seguridad nacional sino por la percepción de que la seguridad nacional tiene que ver con la conformación de Brasil en potencia industrial. No es un caso doctrinario. De ser así, el Estado se habría militarizado a niveles altísimos, y en Brasil esto no se ha verificado.

Pinochet por Wiaz

Carlos Portales: No hay una relación causa-efecto entre doctrina de seguridad nacional y golpes militares. Hay situaciones políticas que llevan a la intervención militar. La doctrina no es el único factor explicativo y tal vez no sea el principal, pero le da a la acción de los ejércitos, una vez que están en el gobierno, una calidad distinta. Por otra parte, si analizamos el origen de la doctrina no basta con señalar que se han escrito libros y que existe una creación intelectual en las fuerzas armadas; hace falta que esa creación penetre toda una estructura burocrática y esa penetración es lenta: no hay una relación tan inmediata entre la ideología y la acción. Por lo demás, la doctrina de seguridad nacional no es sólo de origen norteamericano: los conceptos franceses también son importantes. Y sobre lo que decía Peixoto, es cierto que en la mayoría de los casos no puede hablarse de un proyecto previo, coherente, de las fuerzas golpistas; pero si la doctrina no explica todas su políticas, sí explica la conservación del poder en manos militares y el crecimiento de las fuerzas armadas como tales. Y a la idea de que las fuerzas armadas dan el golpe para modernizar y poner fin al conflicto, se añade la idea de la seguridad. Y aquí tengo una discrepancia con Peixoto: no puede negarse que las fuerzas chilenas armadas y argentinas han tenido una percepción modernizadora, aunque no sea la misma que en los casos peruano y brasileño. Tal vez para nosotros eso no sea modernización, pero su autoimagen y afirmación es que ellos son modernizadores, y si los militares brasileños se autoperciben como los actores que llevarán a Brasil a ser «una gran potencia industrial», el Chile de Pinochet también tiene su lema: un país que crece en paz, y el gobierno de Pinochet adopta el modelo neoliberal para modernizar. Es obvio que no hay modernización pero ese elemento existe en la autoconcepción de la junta de Pinochet. Y la seguridad nacional da la coherencia, la continuidad, en este marco. Personalmente, ni siquiera en el caso peruano haría tantas distinciones. Hay muchas raíces comunes entre los militares peruanos y los de otros países sudamericanos. Si uno lee al ideólogo militar peruano Edgardo Mercado Jarrín le queda claro que la preocupación básica es de defensa nacional, y si uno analiza el desarrollo de las fuerzas armadas peruanas ve que en ellas es muy fuerte la noción de defensa: incluso las reformas y la integración nacional están subordinadas a esa idea.

Alberto Adrianzen: Habría que relativizar lo que dice Carlos Portales. Cuando Mercado Jarrín habla de defensa no piensa exclusivamente en defensa de seguridad nacional, sino también en defensa fronteriza. Salvo en sus primeros trabajos de 1967, que adoptan una lógica antisubversiva que empezó a desarrollarse a raíz de los movimientos campesinos de 1962, todo el esquema de Mercado Jarrín tiene como centro la defensa nacional, algo muy distinto a la seguridad nacional entendida como ideología de las fuerzas armadas. Las reformas y la misma integración peruana tienen que ver con la defensa nacional y con los potenciales problemas fronterizos que en esos momentos tiene el Perú. Y en general, el concepto de seguridad nacional puede cohesionar, puede dar una cierta identidad a las fuerzas armadas, pero no puede determinar su actuación en la vida política.

Luis Maira: Insisto en que desde los años cuarenta, con ciertos segmentos de la burocracia estatal latinoamericana -Importante como la militar- se hace el intento de trabajarlas ideológicamente para llevarlas al concepto de confrontación: choque de civilizaciones, guerra fría. A esa estructura la determinan las condiciones históricas del desarrollo latinoamericano en los años cincuenta. La seguridad nacional venía desde atrás, pero definitivamente se moldea con la experiencia fallida en Guatemala, el éxito de la revolución cubana, la insuficiencia de la Alianza para el Progreso como programa alternativo, los movimientos guerrilleros de los sesenta. En un segmento muy importante del mismo Estado norteamericano se llega a la idea de que sólo la construcción de estados latinoamericanos basados en la contención estratégica podrán impedir la expansión y el triunfo del comunismo. Lo que se busca es crear estados con doctrina de seguridad nacional para dar respuesta a los fenómenos latinoamericanos. Y esta estructura sigue pesando en el tránsito hacia la democracia en los países sudamericanos.

Antonio Carlos Peixoto: No niego ese intento. Lo que niego es su importancia y proyección en la estructuración del poder en los regímenes militares. La explicación a partir de la doctrina de la seguridad nacional ofrece una visión muy cautivante, muy atractiva porque resulta perfecta, donde todo queda muy bien ubicado. No la pongo en el centro porque el proceso político tiene su propia dinámica, un desarrollo que no es totalmente encuadrable ni en la óptica norteamericana ni en la ideología de las mismas fuerzas armadas.

Perú: escenarios de Sendero Luminoso

José Miguel Insulza: Dos últimos aspectos: la actitud de Estados Unidos frente a los procesos democratizadores en Sudamérica y los límites que puede imponer a estos procesos la situación económica en estos países.

Tancredo Neves y los marginados votantes brasileños

Heraldo Muñoz: El primer punto a analizar sobre Estados Unidos y los procesos de democratización en América Latina, es un hecho histórico: Estados Unidos ha contribuido de un modo fundamental al colapso de regímenes democráticos en América Latina. Quizás no ha sido la única causa -o la causa determinante, desencadenante- de estas reversiones, pero en muchos casos ha jugado un papel negativo y ha permitido -incluso al grado de la intervención- que esos regímenes democráticos no hayan podido sustentarse. Los casos son muchos: Brasil, Chile, Guatemala, República Dominicana. Por lo general Estados Unidos ha identificado régimen democrático con participación y cambio: una amenaza a sus intereses y a su seguridad en la región. Esto es muy importante no sólo como antecedente histórico sino como proyección al futuro: para darles aire y fuerza a los nuevos regímenes democráticos latinoamericanos, hay que cuestionar esa percepción norteamericana de amenaza según la cual, atrás de la participación y los cambios sociales, está la presencia de la Unión Soviética. Por otra parte, la política exterior del gobierno de Reagan podría resumirse en una centroamericanización hacia la región, es decir: de un modo concreto Centroamérica y el Caribe son el interés primordial de Estados Unidos en América Latina. Por eso Estados Unidos no busca emplear sus energías en un campo que de momento no juzga como absolutamente prioritario. De ahí, por ejemplo, que sean ocasionales y aislados los pronunciamientos del Departamento de Estado y la Casa Blanca sobre lo que ocurre en los países que buscan el regreso a la democracia, y que esos pronunciamientos respondan a situaciones muy concretas como las protestas en Uruguay o en Chile. Estados Unidos ubica y encuadra esos procesos en el conflicto Este-Oeste, y mientras no constituyan problema en ese sentido, no empleará tanta energía ahí como lo hizo en otro tiempo. Sin embargo, yo diría que Estados Unidos da un cierto apoyo por omisión a los regímenes dictatoriales que quedan en la zona aunque deben mencionarse algunos roces ocasionales con las dictaduras y que surgen de una situación coyuntural, como la fricción de Reagan con Pinochet. Más importante que eso, la imposibilidad de predecir cuál será la política exterior estadunidense hacia las restauraciones democráticas, viene de un hecho: estos procesos podrían tropezar con la complejidad misma del aparato norteamericano de toma de decisiones. Como sabemos, la presencia norteamericana en la región no sólo se da a través de la Casa Blanca o del Departamento de Estado, o el Congreso, sino también de la CIA y el Pentágono. Esto apunta a que incluso una política como la de Carter -digamos, la política de respetar por lo menos los derechos humanos en la región- encontró serios obstáculos como para constituir un apoyo importante para la democratización en América Latina. La autonomía del Pentágono y la CIA hace que se refuercen ciertos valores autoritarios y, sea cual sea su importancia, que también se refuerce la misma doctrina de la seguridad nacional. Entonces, si ni siquiera la suspensión de las operaciones unidas entre Chile y Estados Unidos, que decretó Carter a raíz del caso Letelier y en el marco de un gobierno demócrata en la Casa Blanca, contribuyó en mucho a la vuelta de la democracia chilena, del gobierno de Reagan es previsible no esperar apoyo alguno para la consolidación de la democracia en Sudamérica. Y en el caso de que ese apoyo se diera, siempre estará como amenaza e imprevisión la complejidad del aparato norteamericano a la hora de tomar decisiones.

Sergio Bitar: Para la política norteamericana, los procesos democratizadores en el Cono Sur son relativamente irrelevantes. Si bien pueden reiterarse algunas declaraciones del Departamento de Estado -sobre todo cuando ve que aumentan las perspectivas de esa democratización- eso no se traduce en una política activa a favor de la democratización en esos países. Como ese apoyo a favor es dudoso, aquí, lo mismo que en Centroamérica, también en los procesos democratizadores hay que insistir en la no intervención norteamericana que en cualquier momento quiera y pueda hacerlos reversibles. Sobre los factores de índole económica los procesos democráticos deben apartarse de dos opciones que normalmente han fracasado en las experiencias democráticas: evitar el populismo desbocado y centrado básicamente en el otorgamiento de apoyo por el lado estatal; y apartarse de un neoliberalismo que pretende que sólo el sector privado, a través del funcionamiento de los mercados, es capaz de sostener un crecimiento económico que contribuya al sostén de la democracia. Estas dos opciones son insostenibles y urge, entonces, buscar otros tipos de organización económica. Los procesos de democratización deben establecer un control mayor sobre los aparatos financieros, los grandes grupos económicos y su vinculación con los intereses norteamericanos. Sin ese control no puede funcionar una democracia. Por otro lado, es obvio que la deuda externa afecta tanto a las democracias como a las dictaduras, pero aquí la pregunta es cuál de los dos sistemas tiene más capacidad para enfrentar los problemas y sostenerse. Uno se ve tentado a pensar que las democracias son más frágiles para contener las expectativas y mantenerse en el poder; pero si miramos experiencias como las que se dieron en los años treinta, o después de la segunda guerra mundial -experiencias que se caracterizaron, como ahora, por sufrir fuertes restricciones externas- ahí tampoco hubo una regla de estabilidad. Es difícil generalizar porque se dio el paso de democracias a dictaduras y viceversa, lo mismo que ahora. Pero en la coyuntura de hoy hay algo que está claro en el futuro de América Latina: ya tocó fondo la posibilidad de seguir apretando por el lado del ajuste económico. La crisis y la baja de la producción han sido muy profundas en 1982, 1983 y 1984; por lo tanto, en lo sucesivo hay que buscar espacios adicionales para el intento de una leve recuperación. Esa recuperación tampoco puede sustentarse en el incremento de las exportaciones derivado de la recuperación económica de los países del norte; por esa vía no hay salida ni para una fórmula democrática ni para una fórmula autoritaria. De modo que lo urgente es atacar los problemas de la desigualdad, fortalecer la propia base productiva, alentar procesos de integración y buscar mecanismos de descentralización y de una organización social más participativa. Los regímenes democráticos necesitan buscar esas opciones con más urgencia que las dictaduras, simplemente porque tienen más límites para un ajuste económico, porque están sujetos a la demanda popular -que es básica en cuestiones como el desempleo- y, por lo tanto, tienen también un potencial mayor de choque con las exigencias de la banca internacional, y deben impedir que se les asfixie y buscar que se les permita resolver sus problemas con alguna holgura dentro de las pausas de pago.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.

Sin embargo, más allá de todo, es importante destacar esto: no hay una correlación directa entre los hechos económicos y el tipo de soluciones políticas. La democratización en Sudamérica arroja un problema eminentemente político; la cuestión económica también juega en el sentido de que vuelve un poco más holgada, o mucho más restringida, la opción estratégica de un gobierno democrático. Pero esta opción es, en definitiva, política.

Heraldo Muñoz: «Las transiciones a la democracia en América Latina representan el fracaso del autoritarismo, que en el orden internacional contó con una alta liquidez y flujos financieros que no tuvo prácticamente ninguno de los gobiernos anteriores -ni, ahora, los gobiernos democráticos-; además, con la supresión de los Congresos y los sindicatos no había demandas populares que `importunaran’ a esos regímenes. El regreso de la democracia representa el fracaso rotundo de los regímenes militares».

Luis Maira: «Tanto en el periodo de transición como en el inicio de una constitucionalidad más regular, los gobiernos democráticos disponen de plazos muy cortos para reestructurar a las fuerzas armadas y evitar la actividad política de los militares. El proceso democrático está sujeto a un tiempo muy sensible, débil y breve, en el que debe actuarse con rapidez y con una firme voluntad política; de otro modo estos procesos serán susceptibles de sufrir regresiones».

Carlos Portales: «En lo que respecta al sistema político de los regímenes democráticos, el problema central es reconstruir una verdadera arena política capaz de incluir a todos los factores relevantes. Más que una cuestión de reglas del juego, se trata de establecer una ética democrática para que la política no sea un juego de suma-cero. Esto supone una autolimitación de las distintas fuerzas alrededor de un conflicto político; supone una moderación no sólo de los extremos, la derecha y la izquierda, sino también del centro. Es el único modo de prevenir los intentos de llamar a actores externos».

Alberto Adrianzen: «No sólo las fuerzas armadas pueden impedir -o amenazar otra vez- a los procesos de democratización. Concretamente en el caso peruano, hay fuerzas y manifestaciones nuevas, problemas no resueltos en la reestructuración de la sociedad. Junto a las fuerzas armadas y los actores de derecha, hay movimientos irracionales que emergen incluso del mismo pueblo y que también ponen en peligro la consolidación democrática. Me refiero a Sendero Luminoso».

Antonio Carlos Peixoto: «El pacto interactores me parece una fórmula fundamental para garantizar la estabilidad de un régimen democrático, para crear nuevas formas y modalidades de articulación de las fuerzas armadas con el Estado y con las élites civiles. Hay algo que es la negación misma del funcionamiento corporativo militar y que sólo un pacto interactores puede garantizar: la negociación, la percepción del conflicto como algo que el sistema político puede absorber y que no niega, como lo deciden las intervenciones militares, los fundamentos mismos de la sociedad».

Alberto Adrianzen: «Más allá de los pactos, pienso que por el mismo grado de crecimiento y autonomización que han tenido las fuerzas armadas como resultado de su estancia en el poder, sólo la derrota política e incluso militar de las fuerzas armadas puede garantizar un lugar sólido a los procesos democráticos. El pacto funcionará si se basa en la derrota de los ejércitos; de otro modo, éstos seguirán pesando sobre los nuevos gobiernos».

Sergio Bitar: «Los regímenes democráticos tienen más límites para echar mano, digamos, de un ajuste económico, y deben esbozar opciones nuevas de desarrollo económico para salir de la crisis: atacar la desigualdad, fortalecer la propia base productiva, alentar procesos de integración y buscar mecanismos de descentralización y de organización social más participativa. Pero hay que destacar esto: no hay una correlación directa entre los hechos económicos y el tipo de soluciones políticas. Lo económico vuelve un poco más holgada, o mucho más restrinjida, la opción de los regímenes democráticos; pero esta opción es, en definitiva, política».

La cruzada de Reagan

Para entender la política exterior de Reagan es necesario partir de su programa interno, que tiene dos componentes principales: en primer lugar, la transferencia de recursos de pobres a ricos por medio de la reducción de la asistencia social, las medidas fiscales, etcétera; en segundo lugar, el enorme fortalecimiento del sector estatal de la economía. Según las particulares estructuras institucionales estadounidenses, el Estado no interviene en la economía por medio de la coordinación directa o planeación de la política industrial sino, principalmente, de la creación y garantía de un mercado para la producción, mecanismo que interfiere mínimamente en las prerrogativas del capital privado. Por razones conocidas este programa se realiza a través del sistema militar, por medio del cual el Estado financia la investigación, el desarrollo y la producción de tecnología de avanzada, sectores líderes de la industria estadounidense.

Durante las últimas etapas del gobierno de Carter se adelantaron una serie de propuestas tendientes a recortar los programas sociales e incrementar el gasto militar. La intervención de la URSS en Afganistán y la crisis de los rehenes en Irán fueron utilizadas para ganar el apoyo de la opinión pública a tales planes, heredados y considerablemente ampliados por Reagan. Esto constituye un patrón clásico. Se han registrado ya tres grandes periodos de posguerra en los que se incrementó la militarización de la economía: 1950, 1961 y 1981. En ninguno de estos casos tuvo lugar un cambio relevante en el clima internacional, lo fundamental en cada uno de esos periodos era «echar a andar de nuevo al país», como afirmaron los ideólogos de John, F. Kennedy. Las crisis internacionales se fabricaban o explotaban para justificar el proceso. En efecto, los programas de Reagan en los planos nacional e internacional evocan fuertemente el periodo de Kennedy.

Como es la población la que paga los costos de este estilo de «reindustrialización», ella debe ser intimidada de un modo apropiado. Un concomitante natural de estos programas nacionales es la búsqueda de la confrontación con la superpotencia enemiga. A la militarización interna corresponderá entonces una política exterior más militarista: fortalecimiento de la contrainsurgencia, subversión, confrontación y así sucesivamente. Todo esto es clásico no sólo en los Estados Unidos.

Reagan ubicó la primera de sus «crisis de política internacional» en El Salvador. Carter había considerado el asunto como un problema local: permitir a los gánsters instalados y respaldados por Estados Unidos someter a la población a un régimen de terror disfrazado de «reforma». Reagan siguió el mismo programa pero aumentando la retórica: la matanza de campesinos en El Salvador era considerada ahora un acto de defensa de los Estados Unidos contra el «vil imperio» que pretendía apoderarse del mundo. Y si Carter hizo algún esfuerzo para apoyar a los grupos empresariales que formaban parte del gobierno de coalición nicaragüense, Reagan se movió directamente hacia la guerra contra Nicaragua, utilizando mercenarios organizados por los Estados Unidos provenientes en especial de la Guardia Nacional somocista. La intención es, seguramente, la de obligar a los sandinistas a adoptar medidas más autoritarias y a acudir a la ayuda soviética o cubana, caso en el que los Estados Unidos podrán imponer un bloqueo o invadir directamente, suscitando quizás una confrontación semejante a la registrada durante la crisis de los cohetes en Cuba.

Entre tanto Reagan buscaba el enfrentamiento con otros dos «títeres soviéticos». Se hicieron circular historias absurdas que hablaban de la presencia de «agentes» libios en Washington con la misión de asesinar a nuestro líder, de una proyectada invasión libia a Sudán, y de otras historias similares. Sólo las valientes y enérgicas medidas militares lograban impedir catástrofes. Carter buscó desestabilizar el régimen de Bishop en Granada por medio de las presiones económicas. Reagan inició directamente, desde 1981, los preparativos para la invasión, con maniobras militares en gran escala en el Caribe dirigidas contra Granada.

En el Medio Oriente Reagan respaldó desde el comienzo la invasión israelí al Líbano, incluyendo la ocupación de Beirut occidental. Posteriormente concertó un «acuerdo de paz» entre Israel y el Líbano, que el gobierno libanés, instalado con las armas israelíes -que colocaron al sur del Líbano bajo su control-, aceptó por fuerza. Las negociaciones excluyeron expresamente a Siria y fueron de hecho diseñadas pasa suscitar el rechazo sirio, de modo que surgiese una nueva confrontación con el «Gran Satán», según palabras de Jomeini. Si estados Unidos estuviera interesado en la paz del Líbano, le habría pedido a Israel retirarse incondicionalmente, como lo demandaba el Consejo de Seguridad de la ONU (con el hipócrita asentimiento estadounidense); asimismo, habría solicitado durante el verano de 1982, una posibilidad que se vio frustrada por la invasión israelí y que pudo haber sido un factor en la planeación del momento de la invasión. Estados Unidos también habría podido llevar a la mesa de negociaciones a la URSS, como pidió el gobierno pronorteamericano de Gemayel. Todo esto quizás pudo tener éxito, pero Estados Unidos prefirió las ventajas que le significaba la confrontación con los soviéticos y sus «títeres», preparando entre tanto el escenario para la participación de Líbano entre Israel y Siria, asegurando así la probabilidad de un nuevo conflicto en el futuro.

El golpe y la matanza en Granada proporcionaron el pretexto para la invasión planeada desde tiempo atrás, en defensa, nuevamente, contra el «gran Satán». El hecho de que se discutiera seriamente y se creyera la «amenaza» que representaba para los Estados Unidos la emergente superpotencia de Granada es una revelación notable del poder de los sistemas propagandísticos de Estado. En efecto, la «liberación de Granada» recibió una aprobación general y entusiasta en los Estados Unidos. Cabe recordar que Hitler, mientras obtuvo victorias fáciles, fue el líder de mayor popularidad en la historia de Alemania.

Cualquiera que ejerza el liderazgo en Estados Unidos debe enfrentarse a un gran problema: cómo vencer el «síndrome de Vietnam», peligrosa enfermedad que afectó a gran parte de la población estadounidense durante las ultimas etapas de la guerra de Vietnam, con síntomas tan amenazantes como el rechazo a la matanza y a la agresión, y un cierto grado de simpatía por las víctimas de la brutalidad y el sufrimiento.