Las reformas neoliberales de los últimos 30 años produjeron la inversión total de las ideas de lo público y lo privado: se considera a la minería privada como una actividad de interés público y por el contrario las afectaciones a regiones enteras que de ella se derivan tienden cada vez más a tratarse como asuntos privados, es decir, como daños accidentales causados a particulares que deben ser indemnizados individualmente.
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