El artículo sexto de la Ley Minera vigente en México reza: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. Este principio se funda en una idea anacrónica del territorio como un conjunto de recursos para la industria cuya explotación debe ser fomentada por el Estado. Esta manera de entender la naturaleza impide, para empezar, concebir soluciones a la crisis ambiental contemporánea, pero además elimina la idea del bien común que se requiere para que exista una política social real. Las reformas neoliberales de los últimos 30 años produjeron la inversión total de las ideas de lo público y lo privado: se considera a la minería privada como una actividad de interés público y por el contrario las afectaciones a regiones enteras que de ella se derivan tienden cada vez más a tratarse como asuntos privados, es decir, como daños accidentales causados a particulares que deben ser indemnizados individualmente.
Ilustración: Raquel Moreno
Hace ya cinco años, el 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora. La empresa —subsidiaria de Grupo México y propiedad de Germán Larrea— tardó dos días en reportar formalmente el incidente y argumentó que había sido causado por el exceso de lluvias. Poco tiempo después se desmintió esta versión de los hechos al mostrarse que no había registro de lluvias recientes en la zona, y que la pileta de lixiviados no se desbordó sino que se vació por un tubo mal colocado. Además, antes de llegar al río, la solución tóxica pasó por una pileta de demasías que la habría detenido de haber contado con una válvula de salida. Los pobladores de los siete municipios aledaños al río Sonora vieron la mancha naranja que recorrió casi 300 kilómetros antes de desembocar en la presa El Molinito, que abastece Hermosillo. Los metales pesados echaron a perder las siembras, dañaron el ganado y afectaron las salud de las personas que comenzaron a presentar síntomas de intoxicación de manera inmediata. Pero la contingencia duró poco, después de un par de semanas se anunció que se habían hecho análisis del agua, que los niveles de metales pesados estaban dentro de la norma nacional y se volvieron a abrir los pozos.
El 15 de septiembre de 2014 Grupo México y el gobierno de la República firmaron el Fideicomiso Río Sonora, que destinaba dos mil millones de pesos a resarcir los daños e indemnizar a productores agropecuarios y hogares. Se acordó la construcción de pozos y plantas purificadoras, la creación de una clínica especializada en toxicidad y la limpieza del río. Sin embargo, lo único que prosperó fue el reparto directo de dinero a los afectados. Se entregaron 15 mil pesos por toma de agua y a los productores se les entregó una suma proporcional al tamaño de sus pérdidas.
Es sintomático que el reparto de dinero a particulares haya sido la única parte del plan de resarcimiento de daños que efectivamente tuvo lugar, si bien de manera opaca y desorganizada. Es una solución privada que embona bien en un ámbito en que las ideas de lo público y lo común se han vuelto obsoletas. El agua del río es la forma emblemática de un bien colectivo, siete municipios viven de ella, pero su envenenamiento desembocó en una multitud de tratos privados entre la empresa, el fideicomiso y los individuos.
La extracción de recursos naturales tiene como pocas cosas la capacidad de transformar de fondo la vida de regiones enteras. Tiene la capacidad de despoblar zonas, propiciar la migración, convertir comunidades campesinas en masas proletarias, crear oligarquías rentistas, abrir nuevas rutas para la circulación de mercancías, arrasar con cerros y bosques, absorber toda el agua de una región. En una década puede poner fin a un modo de vida de siglos, no es algo nuevo, de eso está hecha la historia del colonialismo. Lo que resulta francamente indignante es que la devastación de la naturaleza para beneficio económico de un puñado de empresas se defina además de todo como una actividad de interés público.
Una política social de izquierda no puede existir sin una idea poderosa del bien común, es más, una política social que se limite a resarcir daños individuales ni siquiera puede llamarse social. Hasta que no se restaure el sentido de lo común y se asigne su lugar a lo privado, no habrá llegado a su fin la ideología neoliberal. El artículo 6 de la Ley Minera debe establecer que: “Defender la vida, la salud, la memoria y la continuidad de las comunidades es un asunto de interés público que será en todo momento preferente sobre la explotación privada de los recursos naturales”.
Natalia Mendoza
Antropóloga y ensayista. Estudió relaciones internacionales en El Colegio de México y doctorado en antropología en la Universidad de Columbia.
