El 10 de abril se cumplieron 100 años del asesinato de Zapata, y el gobierno federal ha decretado al 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. En contrapunteo a los ánimos celebratorios y mitográficos que seguramente han de prevalecer, estos textos mensuales recuerdan otras historias que reflejan las aspiraciones y el devenir de aquel movimiento popular, sepultadas por el tiempo y por nuestra recurrente ansia de redención.

De la lectura de aquellos papeles arduamente reunidos en la caja de hojalata y de la selecta memoria histórica de leyes, derechos y prácticas políticas antiguas, los líderes de Anenecuilco extrajeron una extraordinaria conclusión: en 1910, como 100 o 300 años antes, los pueblos eran dueños legítimos de las tierras que la legislación colonial les había otorgado. Lo que a lo largo de los siglos había ocurrido con aquel patrimonio territorial de las corporaciones pueblo-república-municipio carecía de validez en justicia; si los hacendados habían comprado o usurpado esas tierras, si los gobiernos de las repúblicas y los síndicos de los cabildos las habían rentado o vendido, si los principales o los poderosos en los pueblos las habían desgajado para beneficio propio o ajeno, nada de eso a fin de cuentas tenía sustento legítimo. Las huellas injuriosas de aquel pasado marcaban su condición actual, pero el derecho patrimonial de los pueblos seguía vigente, y lo justo era por tanto la restitución.

Ilustración: Ricardo Figueroa

Vale la pena destacar la osadía y originalidad de estas ideas, descritas aquí en su justa dimensión. En realidad, no hay nada que se les parezca dentro de la amplia gama de propuestas de reforma agraria emanada de la Revolución; sin embargo, la veloz incorporación del legado zapatista al ejidalismo agrarista desfiguró de inmediato su singularidad y las condenó a un largo olvido. Habría mucho que indagar y debatir al respecto, pero para eso primero hay que reconocerlas como tales.

¿De dónde provenían esas ideas sobre la propiedad de los pueblos? ¿Cuál era su fundamento conceptual e institucional? El zapatismo nació con una visión histórica muy particular acerca del problema de la tierra (nunca fue meramente un agrarismo repartidor), y esa visión estaba a su vez firmemente anclada en un esquema político según el cual los pueblos-municipios, libres y empoderados, eran la sola raíz generativa de un orden republicano legítimo. El gran sujeto del proyecto zapatista es el pueblo-municipio, no la tierra; su principal argumento en pro de la recuperación territorial se funda precisamente en la reivindicación de los derechos de las corporaciones municipales. Por eso el lema del Plan de Ayala es “Libertad, Justicia y Ley” o “Justicia y Ley” (según la copia); lo de “Tierra y Libertad” vendría después, con el arribo de los anarquistas. Dicho de otra forma, la solución del problema agrario era en el fondo un asunto de orden político y no, como se suele pensar (y como lo terminó instrumentando la reforma agraria del siglo XX), al revés. Este sería el verdadero principio rector de aquel zapatismo: la restauración y el fortalecimiento de las facultades de autogobierno (que incluían, notablemente, el dominio sobre su territorio) y de la representatividad democrática de los municipios.

Los líderes de Anenecuilco y sus pares en tantas otras poblaciones entendían que las viejas corporaciones sociales y políticas de las que eran miembros habían sido constituidas con toda una serie de derechos antiguamente consagrados en la ley, primero como repúblicas coloniales y más adelante como municipios (el mundo prehispánico no figuraba allí). Algunas de aquellas prerrogativas representaban libertades: autogobierno, elecciones, facultades fiscales, dominio territorial y administración de la justicia local; otras tenían que ver directamente con el ejercicio de la personalidad jurídica ante las cortes superiores, sobre todo para defender los poderes y las libertades que les correspondían. La convicción de que tenían derecho a recuperar las propiedades comunales de los pueblos se enmarcaba justamente dentro de esta lógica. Nada de eso era erudición libresca ni teoría política, sino un convencimiento concreto derivado de experiencias vividas, recordadas, manuscritas e imaginadas. Era evidente que la preservación de esas facultades había sido siempre una lucha, con muchas más derrotas que victorias, pero no por ello dejaba de asistirles el derecho, y tarde o temprano habrían de reclamarlo.

La situación de los pueblos de Morelos empeoró notablemente durante las últimas décadas del siglo XIX, simultáneamente en varios frentes. La mayoría había perdido ya gran parte de sus tierras originales, pero la expansión del cultivo de la caña les fue quitando el acceso a predios en las haciendas que los pobladores rentaban para la agricultura y el pastoreo. En muchos casos, como el de Anenecuilco, eran tierras que alguna vez le habían pertenecido al pueblo, y la amarga ironía de aquellas exclusiones daba furia. Las libertades políticas de los pueblos también habían sido acotadas; los jefes políticos se inmiscuían en los asuntos locales para imponer su voluntad e intereses, aprovechando su creciente capacidad represiva, los impuestos aumentaban sin beneficio alguno para los municipios, y tanto las elecciones como la impartición de justicia transparentaban la grosera influencia del poder y el dinero de los hacendados. Este es el trasfondo —y el ánima— del Plan de Ayala, en el que se le declara la guerra al gobierno de Francisco Madero por no atacar las causas de la opresión y la injusticia prevalentes en el porfiriato. Leído entre líneas, es un llamado claro a restaurar las libertades municipales y el imperio de la justicia desde abajo (incluyendo la recuperación de las tierras de los pueblos), para así devolverle la legitimidad al gobierno.

 

El Plan de Ayala comienza diciendo que los hijos del estado de Morelos se habían unido a la revolución “para reconquistar sus libertades y reivindicar sus derechos conculcados”, pero Madero “dejó en pie la mayoría de los poderes gubernativos y elementos corrompidos de opresión del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que no son, ni pueden ser en manera alguna la legítima representación de la Soberanía Nacional”. Madero, declaraban, ha tratado “de ahogar con sangre a los pueblos que le piden, solicitan o exigen el cumplimiento de sus promesas en la revolución… sin conceder ni otorgar ninguna de las garantías que prescriben la razón, la justicia y la ley”. Desconocían al gobierno de Madero “por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos”.

Acto seguido aparece en el Plan de Ayala la famosa cuestión de la tierra, como “parte adicional” de ese alegato en defensa de las raíces municipalistas y confederales de la soberanía legítima: “que los terrenos montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus Títulos correspondientes de esas propiedades”. Se trata de restituciones que afirman los viejos derechos políticos de los pueblos. A esto se añadirá la expropiación “previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México, obtengan egidos (sic), colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos”, para lo que “se aplicarán leyes de desamortización y nacionalización según convenga; pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez”. Saltan a la vista de inmediato las diferencias fundamentales entre el Plan de Ayala y la reforma agraria que eventualmente pondría en marcha la Revolución. Para el zapatismo el dominio sobre la tierra es parte intrínseca de los derechos políticos municipales; en contraste, el nuevo ejido nacerá sin categoría política y deliberadamente desvinculado de la autoridad municipal. Son dos visiones radicalmente diferentes del pasado y del futuro. La que triunfa culpa directamente a las desamortizaciones decimonónicas (¿al “inmortal Juárez”?) y al expolio porfirista y propone un nuevo reparto para resolver un problema estrictamente agrario; la otra dice que la cuestión de la tierra es realmente un asunto de soberanía y derechos políticos, por lo que propone una reforma integral que incluye a lo agrario como parte de una relocalización de las facultades de gobierno. Es una divergencia prácticamente olvidada, pero con grandes consecuencias.

Cinco años después el zapatismo reafirmaría su vocación municipalista con dos leyes sobre libertades e ingresos municipales (septiembre 15 y 18, 1916). La primera declara que “la libertad municipal es la primera y más importante de las instituciones democráticas” y concreta “el reconocimiento de los fueros y libertades comunales” por medio de la participación directa de los vecinos. La segunda le otorga amplias facultades fiscales a los municipios, porque “para preparar y hacer efectiva la libertad Municipal, es condición indispensable la de dotar a los pueblos de fondos o recursos bastantes para que puedan subvenir con amplitud a sus necesidades”. Ahora que las tierras comunales eran de nuevo propiedad de los pueblos, a éstos también les corresponderían sus diversas rentas. Luego vendría otra ley formalizando el establecimiento de representantes en materia agraria en todos y cada uno de los pueblos (febrero 3, 1917), autoridades electas directamente por todos los ciudadanos de la localidad para administrar sus propiedades colectivas.1 Lo agrario y lo político van otra vez de la mano, bajo el amplio manto de los derechos municipales.

Ese proyecto de democracia, autonomía y derechos locales murió en Chinameca. El carrancismo también habló de libertades municipales, pero —en el sentido cuasisoberano aquí esbozado— el “municipio libre” promulgado en el artículo 115 de la Constitución de 1917 nació prácticamente muerto, y la postración de la autoridad, la representatividad y las facultades reales de los municipios contra la cual se levantó el zapatismo continúa insuperada hasta el día de hoy. Del espíritu municipalista del zapatismo revolucionario se ha dicho que era utópico, nostálgico, tradicionalista, ingenuo, premoderno, o impráctico, y que uno o varios de estos supuestos defectos de origen lo condenaron irremediablemente al fracaso. Lo cierto es que al contemplar la deplorable situación actual de tantos pueblos (inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, pobreza, insolvencia, dependencia, debilidad institucional —la lista podría continuar), no queda sino preguntarse con renovada curiosidad por ese otro camino trunco que aquel zapatismo procuró alguna vez trazar.

Próxima entrega: Chico Franco y Nicolás Zapata

 

Emilio Kourí
Historiador, prepara para su publicación un libro sobre los orígenes de la reforma agraria y su relación con la historia de los pueblos. Es profesor en la Universidad de Chicago.


1 Estas leyes pueden ser consultadas en Laura
Espejel, Alicia Olivera y Salvador Rueda, Emiliano Zapata. Antología, INHERM, México, 1988.

 

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