El presidente de la República ha venido diciendo, desde su campaña y hasta hoy, que se debe elaborar una Constitución Moral que sirva como “guía de valores que impulse a adoptar nuevas prácticas y mejores patrones de conducta”. De hecho, ya ha formado una comisión encargada de redactarla que deberá tenerla lista dentro de algunas semanas.

Ilustración: Patricio Betteo

Debo decir que considero una aberración un documento de este tipo. Lo pienso así por cuatro razones que explico a continuación.

La primera, que el Estado no debe meterse en asuntos privados del individuo, pues su trabajo consiste en ocuparse de las cuestiones públicas que nos afectan como sociedad, tales como la estabilidad económica, el desarrollo, la seguridad, la educación, la salud, la infraestructura y los servicios, así como vigilar que se cumplan las leyes y que las instituciones hagan lo que deben hacer.

Pero, en lo que tiene que ver con eso que llamamos la moral, es decir, con las creencias, valores y principios que guían el obrar de las personas, se trata de un asunto que compete a cada individuo y es un error pretender que el Estado tiene algo que ver con ello.

Sin embargo, el presidente de la República considera que sí, porque en su opinión el gobierno no solamente debe ocuparse de cuidar el bienestar material de las personas sino también su bienestar espiritual, y por eso afirma que un documento de este tipo es necesario para lo que él llama “el bienestar del alma”.

Desde aquí ya tenemos problemas, pues podríamos preguntar ¿qué es eso del bienestar espiritual? ¿Y eso del alma? Según la definición clásica, espíritu o alma son palabras que se usan para referirse a un ser incorpóreo e inmortal que se supone está dentro de cada ser vivo, visión religiosa con la cual no todos estamos de acuerdo.

Pero, suponiendo sin conceder, que existiera eso llamado espíritu o alma, ¿en qué consistiría su bienestar? ¿Significa esa palabra lo mismo para todos los ciudadanos que habitamos este país?

Quizá en lo material podríamos llegar a algunos acuerdos muy generales sobre lo que significa bienestar, pues aparentemente todos consideramos que quiere decir tener acceso a alimentación, salud, techo, servicios, educación. Pero este supuesto acuerdo es sólo en lo general, porque no creo que pudiéramos llegar a uno sobre qué tipo de alimentación es necesaria o cuál educación es la correcta, y lo mismo sucede con todo lo demás.

Entonces, en cuanto al bienestar del alma, del espíritu, de nuestro interior, todas esas palabras que utiliza el presidente para convencernos de su idea, no veo cómo podríamos ponernos de acuerdo los millones de mexicanos que formamos este país.

Y aquí viene la segunda razón, que es precisamente la idea de partida de la propuesta, la cual está suponiendo que hay valores y principios que son los justos y correctos, y que, por lo tanto, deben ser universalmente aceptados e incluso universalmente impuestos.

Pero no es así. Somos una nación con enormes diferencias en lo que se refiere a modos de pensar y vivir, de concebir el pasado y el futuro, de considerar cuáles son las necesidades, los deseos y las prioridades, cuáles las conductas adecuadas, qué es lo correcto, lo justo y lo bueno. Y ni se diga nuestras diferencias en materia de religión y creencias. Y no hay forma de que un documento recoja todas esas diferencias ni incluya toda esta diversidad. ¿Qué entraría y qué se dejaría fuera? ¿Y por qué eso y no otra cosa?

Y sin embargo, se pretende establecer que algunos principios o valores son mejores que otros y se pretende obligarnos a obedecer los pronunciamientos en este sentido, pues eso va implícito en la palabra Constitución, que se refiere a un documento que establece las normas que rigen a la sociedad y que las hace obligatorias para todos los que forman parte de ella.

La única intervención que el gobierno puede (y debe) tener es cuando los particulares hacen algo que se opone a lo que marcan las leyes. Por ejemplo, si alguien asesina a una persona, si no manda a su hijo a la escuela, si deja morir a su padre de una enfermedad curable o vende a su hija a un tratante de blancas, aun si son asuntos que conllevan una fuerte carga moral deben ser perseguidos por el Estado porque son delitos y su obligación es castigar lo que de acuerdo a nuestras leyes se consideran delitos o infracciones, pero el castigo no se hace porque dichas acciones se opongan a la moral de quien gobierna.

Según el presidente, las cosas no son exactamente así, sino que hace falta un documento para enseñarnos a los mexicanos a ser honestos, a no ser corruptos, a convivir pacífica y hasta amorosamente.

Dejando de lado la afirmación implícita según la cual los mexicanos no sabemos esas cosas y hay que enseñárnoslas, lamento decirle que por mucho que esos buenos deseos (que comparto con él) se plasmen en dicho documento, no por ello los ciudadanos lo van a aprender y menos aún a obedecer. ¡Allí están todos los mandamientos religiosos y todas las leyes que dicen eso y de todos modos no se obedecen!

Y es que los seres humanos hacemos lo que hacemos para obtener beneficios concretos. Pueden ser los de ir al cielo después de la muerte o los de vivir de otro modo en la tierra, pero al fin y al cabo son esos beneficios lo que buscamos. Una religión puede amenazar con el infierno, de modo que portarse bien se haga para no ir a parar allí, pero si un gobierno quiere que los ciudadanos se porten de cierta manera solamente lo puede lograr ofreciendo incentivos que convenzan a las personas o castigos que las asusten.

De ahí que, si bien la honestidad y la convivencia armónica pueden, y de hecho deben, ser propuestas y promovidas, ello no significa que se las va a conseguir sólo por eso. Es necesario que haya leyes que premien ciertas conductas y castiguen otras, pues las personas no obran bien porque como quieren algunos teólogos “hacerlo es la felicidad más firme”, sino porque hay algo que pueden conseguir si lo hacen, alguna cosa que les convenza y les convenga en el sentido de que es mejor ser honrado que corrupto, estudiante que delincuente, funcionario libre que funcionario encarcelado.

La tercera razón es porque ya tenemos una Constitución. Y un país no puede tener dos constituciones. Esto es un absurdo total.

Por supuesto que, como todas las leyes, nuestra Carta Magna no es eterna ni inmutable, es un producto humano que se puede modificar de acuerdo a las necesidades y los deseos de la sociedad. De hecho una y otra vez, a lo largo de la historia de nuestro país, esto ha sucedido, y siempre hubo y sigue habiendo grupos que han intentado y siguen intentando cambiarla. Pero eso no significa que se puede tener además otra.

La última razón es que si permitimos que se haga un documento como éste, que parece tan inocente y tan de buena fe, ¿lo que sigue será crear los mecanismos para perseguir a quienes no cumplan con las ideas ahí plasmadas de lo que es justo, correcto y bueno? ¿Habrá entonces, como sucedió después de la revolución francesa y de las revoluciones rusa y cubana, comités de salud pública, vecinos que acusan a sus vecinos, empleados que denuncian a sus colegas y jefes, parientes que espían a sus parientes? ¿Habrá, como sucede hoy en varios países del mundo, persecución para la crítica y la disidencia sea ideológica, política, religiosa, económica, étnica, de género o sexual a la que se justifique con ese documento?

Ahí está la historia para recordarnos que las imposiciones hechas en nombre de Dios, de un líder, de la supuesta verdad y la moral correcta, absolutamente siempre terminan en baños de sangre. Y también para recordarnos que, paradójicamente, la violencia y la corrupción que supuestamente se quieren evitar con un documento como este, serían precisamente una de sus consecuencias inevitables.

El nuevo gobierno se ha propuesto cambiar el sentido, el modo, los objetivos y los beneficiarios, algo que sin duda es necesario. Pero debe hacerlo con las instituciones, las leyes y las políticas públicas, pues esos son los instrumentos adecuados en un país democrático. Se pueden por supuesto cambiar y adaptar, pero eso no es lo mismo que crear un documento paralelo.

No podemos y no debemos tener una Constitución Moral, porque esto no cabe en un país en el que vivimos grupos y personas muy diferentes, ni cabe en un país en el que nuestras leyes consagran el Estado laico, el respeto a los derechos humanos, la libertad de religión y de expresión así como la diversidad sexual, cultural, étnica y social.

Pero sobre todo porque nadie tiene derecho, incluido el gobierno, de convertir sus puntos de vista, ideas y valores en un deber para todos los demás. Al gobierno los ciudadanos lo pusimos ahí para ocuparse de las cuestiones públicas que nos afectan como sociedad. Este es su mandato y no otro. Y no es cosa de que cada gobierno en turno pueda decidir disminuir sus obligaciones ni tampoco ampliar sus facultades como quiere hacerse en este caso, llevándolas hasta un ámbito que no es de su competencia, como es el de la moral.

Andrés Manuel López Obrador prometió escuchar a los ciudadanos. Esta es una oportunidad perfecta para mostrar que efectivamente lo hace y echar para atrás su absurda propuesta.

 

Sara Sefchovich
Investigadora en la UNAM. Libro más reciente: Vida y milagros de la crónica en México (Oceano, 2017).  

 

3 comentarios en “No a una Constitución Moral

  1. Coincido plenamente con la autora. Lo primero que tendría que demostrar AMLO es que existe el alma y lo que él llama espíritu. Son conceptos religiosos, sobre todo “alma” y no todos somos religiosos. Absurdo es un calificativo suave para referirnos a una supuesta constitución moral. Que la aplique en su casa, no en el país.

  2. En pleno siglo XXI, es increíble que todavía tengamos que lidiar con este tipo de propuestas absurdas y anacrónicas por parte de gobiernos paternalistas y populistas; si quiere AMLO ayudar a cambiar la idiosincrasia del pueblo debería empezar por hablar de la responsabilidad cívica que como ciudadanos tenemos hacia el país

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