Los gobiernos de España y la Generalitat de Catalunya, y los partidos políticos —los estatales o unionistas, PP, C’s y muy cerca de ellos el PSOE— los indepes, Junts per Catalunya (Convergencia e independientes), Esquerra Republicana y las CUP (Comités de Unión Popular) jugaron sus bazas y sus responsabilidades de la peor manera posible. Cada bloque incluye derecha, centro e izquierda, lo cual dejó fuera de juego a las fuerzas moderadoras o pactistas cuando estalló una confrontación entre “nacionalistas”, con más emoción que razón, con menos política y más confrontación. Pero veamos cómo la crisis implosionó en los últimos meses de 2017, aunque se empezó a fraguar desde la consulta no legal en 2014.

El éxito de la consulta no legal de 2012 fue una sorpresa para el gobierno español y los aparatos del Estado, que estaban convencidos de que sería una mala comedia. Pensaron que para que sólo una pequeña minoría saliera a la calle sería suficiente con los medios de comunicación, una mezcla de amenazas y de afirmaciones que señalara que, además de ilegal, sería de total inutilidad. Se daba por seguro el fracaso tanto por estas razones como por las dificultades técnicas: locales, movilización de miles de organizadores, censo y control de los potenciales votantes. Pero se movilizaron y votaron dos millones 300 mil y hubo bastantes miles que no pudieron votar. El 90% votó a favor de un Estado catalán. Hay que tener en cuenta que la población de Catalunya supera los siete millones pero más de un millón son inmigrantes de otros países no europeos. No votaron por falta de conocimiento, pues se les ofreció este derecho. Obviamente, los contrarios al independentismo y a la consulta no fueron a votar. Otros por miedo o por dificultades prácticas. Y sin embargo fue la mayor movilización en contra del gobierno español más importante de la historia catalana. Fue un ejercicio del derecho de expresión y de manifestación. Pero a instancias del gobierno los tribunales iniciaron procesos penales y civiles a los gobernantes catalanes, incluyendo al presidente de la Generalitat, por haber facilitado la consulta sin ningún efecto jurídico. Fueron juzgados con multas pecuniarias extraordinarias e inhabilitación para cualquier cargo político. Empezó la represión política. Si el panorama ya era de alta tensión, el gobierno español se hizo pirómano.

La Generalitat y las organizaciones indepes —Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural (OC)— habían adquirido un capital político y social considerable. La ANC nace a inicios de 2012 y en 2015 ya tenía 80 mil afiliados, más de la mitad muy activos. Y ahora ha seguido creciendo. OC supera los 100 mil asociados; es probable que no dispone de tantos activistas, pero pagan su cuota. Sumados son mucho más que los miembros activos del conjunto de los partidos políticos. La ANC está formada por sectores medios y populares y muchos jóvenes. En su composición había una parte importante de gente de izquierda. La base del OC en sus orígenes, en los años sesenta, era una elite de empresarios y profesionales de clase entre alta y media que lo financiaban y lo componían sectores medios, muchos de ellos del mundo universitario, literario o de interés cultural. En los últimos cinco años ha crecido mucho y con una composición muy diversa, en todos los sectores sociales. Tienen una gran capacidad de movilizar a la ciudadanía, mucho más que las instituciones y los partidos políticos.

El liderazgo del proceso independentista lo asumió el gobierno de la Generalitat, aunque la ANC y el OC mantuvieron la movilización, especialmente de las grandes manifestaciones de los 11 de septiembre de 2015, 2016 y 2017, en las cuales participaron millón y medio de personas en cada una de la “díada nacional”. El gobierno catalán estableció una hoja de ruta que fijó un año y medio para declarar la independencia sobre la base “legitimadora” de la consulta de 2014. El señuelo de la independencia mantuvo la movilización ciudadana y generó grandes esperanzas en una gran parte de la ciudadanía de los más de dos millones movilizados. Pero no se tuvo en cuenta que no es lo mismo las grandes manifestaciones en la calle como el ejercicio de expresión que una institución como la Generalitat, con su gobierno y su Parlamento. Se legisló y se tomaron acuerdos de gobierno para declarar la independencia y elaborar los procedimientos para transitar hasta culminar la independencia como Estado. Los ciudadanos indepes vivieron dos años de ilusiones, y el gobierno catalán hay que suponer que pensó que antes de llegar al abismo, el Estado español o bien aceptaría un diálogo respecto a la independencia o se declaraba unilateralmente la independencia; el entorno internacional lo aceptaría y el Estado español no ejercería la represión ante el pueblo pacífico en la calle y en el marco de la Unión Europea (UE).

Ilustraciones: Víctor Solís

 

Se cometieron tres grandes errores de la Generalitat. Primer error: el Estado español optó por la judicialización del problema, el TC actuó sistemáticamente anulando todos los actos del proceso independentista y si era necesario la represión de la calle y la suspensión de las instituciones catalanas. Segundo error: la movilización indepe fue y ha sido totalmente pacífica y expresiva, pero no estaba organizada para tomar el control del territorio y además se olvidó que en Catalunya un tercio por lo menos de la población estaba totalmente en contra y era movilizable y otro tercio o más se quedaría en casa. Y tercer error: era muy previsible que la UE y el entorno internacional no aceptarían la declaración unilateral de la independencia y apoyarían al Estado español, considerando que es un país formalmente democrático, que forma parte de la UE y de la OTAN. Si se aceptaba la independencia podía caer como un domino de otros territorios (en Italia, Baviera, País flamenco, Escocia, Córcega, etcétera).

El Estado español demostró una incompetencia increíble y multiplicó errores propios de su soberbia, ignorancia y déficit de sentido de Estado democrático. El error inicial fue transferir al TC la modificación del Estatuto de Catalunya aprobado por las cortes españolas y por el referéndum catalán. Manipularon el TC para recortarlo agresivamente e hicieron campaña anticatalana. En segundo: no querer reconocer el sentimiento mayoritario en Catalunya que derivó a la consulta (entre 70% y 80%) y luego al independentismo (casi al límite del 50%). Ni diálogo con la Generalitat, ni reconocimiento de agravios, ni propuesta de competencias o concesiones que son propias de la nacionalidad o que las poseen otras comunidades. En tercer lugar: en vez de multiplicar amenazas ante la posible declaración de independencia y hacer de los tribunales una “policía política”, se pudo abrir una comisión bilateral para encontrar un término medio que la Constitución lo permite. Mientras tanto el proceso catalán avanzaba hacia el fatídico día del 1 de octubre de 2017.

La Generalitat llegan al borde del precipicio… Inicialmente, habían considerado que la consulta de 2014 ya era válida y primero se declararía la independencia de la república catalana y luego se haría un referéndum en el curso de la transición; se negociaría con el Estado español y se mantendría en la UE pero no como parte de España, sino como Estado independiente. Algo así como el cuento de la lechera que imaginaba todo lo que compraría cuando hubiera vendido el bote de leche. Unos meses antes del 1 de octubre deciden hacer primero un referéndum, legalizado por el Parlament catalán para darle una imagen democrática. Y en los días siguientes se declararía la independencia unilateral. En realidad se esperaba, sin explicitarlo, que el gobierno español, como había propuesto la Generalitat en público y en privado, abriera una vía de diálogo. Veamos los errores de los indepes. Primer error: no puedes dejar la iniciativa al adversario y menos depender in extremis de abrir un diálogo que han negado desde 2012 y mucho más después de 2014. En realidad era bastante evidente lo que querían el gobierno español y la judicatura: tener la oportunidad de la suspensión de la Generalitat (artículo 155 de la Constitución) y penalizar a los líderes políticos. Segundo error: promover un referéndum no legal ante las instituciones españolas, aunque la Constitución, contra lo que han dicho el gobierno y el TC, es seguro legal no vinculante y es discutible que fuera legal o no. Lo cual era penalizable. Pero además la mitad del Parlament (por uno o dos votos) se opone al referéndum ilegal no sólo por parte de las derechas españolistas (PP y C’s), también los socialistas y el bloque de izquierdas. Y lo más grave, no hubo debate previo en la sociedad y la mitad de la población se abstuvo de participar en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Aunque bastantes ciudadanos, incluido el autor, sin ser indepes votamos en el referéndum pues consideramos que podía haber sido legalmente si el gobierno español lo hubiera permitido. Tercer error: elaborar y aprobar un conjunto de leyes y normas para poner en marcha el proceso independentista al día siguiente del referéndum —“ley de desconexión del Estado español” y “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana”. Todo ello debatido y aprobado en una sesión de unas horas. Los partidos estatales abandonaron el hemiciclo (PP, C’s y socialistas) y el bloque de izquierda intervino con dureza y votó en contra. No era difícil suponer que la historia acabaría muy pronto y muy mal para el proceso catalán.

El mes de septiembre, preparatorio del 1 de octubre y la apertura de las urnas, fue un septiembre de alta tensión. El gobierno español inició una ocupación gradual por parte de las fuerzas policiales y de los tribunales. Más de 20 mil policías y guardias civiles aparecieron las semanas antes del 1 de octubre en Barcelona, igual que en diversas ciudades grandes y medianas. Esta ocupación no sólo era para el día del referéndum, también era para evitar hacerlo posible. Amedrentar a la población, intervenir en los edificios institucionales o privados para encontrar documentos que indicaran el uso de recursos públicos aplicados al “procés catalán”, multiplicar registros en todo tipo de locales y de empresas donde pudiera haber urnas y boletas para utilizar en el referéndum. Un momento crítico previo al 1 de octubre fue el registro de la Consejería de Economía y Hacienda, por ser donde había más probabilidad de que hubiera rastro de desviación de fondos. No sólo no encontraron ningún documento sino que unas semanas después el ministro de Hacienda del PP declaró que no constaba en ningún documento una desviación de fondos. Miles de personas rodearon el edificio exigiendo su salida. La guardia civil estaba al acecho. La gente gritaba “que se vayan de la Consejería” y la policía dependiente de la Generalitat abrió un corredor protector para que la secretaria del tribunal y acompañantes pudieran salir. Había ambiente de protesta e indignación pero no de agresividad, predominaban familias enteras. Un responsable de la Guardia Civil pidió a los presidentes de ANC y OC que se subieran al techo de la camioneta para ser oídos. Pidieron tranquilidad, mostrar un comportamiento pacífico, está comprobado en todos los videos. El personal judicial prefirió mantenerse dentro y más tarde, al anochecer, salieron por detrás del edificio. Pero unas semanas después los presidentes de ANC y OC fueron detenidos, conducidos a la Audiencia Nacional y la juez los mantiene desde octubre encarcelados “preventivamente” sin que hubiera ni un atisbo de acción violenta, todo lo contrario. Y se les acusa de “rebelión” y de “golpistas” frente al Estado.

 

Las urnas fue un test que tuvo consecuencias. El gobierno español declaró y repitió tanto en España como en el ámbito institucional que no habría referéndum. No sólo porque una minoría iría a votar sino que además no habría boletas y urnas y habría pocos locales. La ANC y la OC organizaron con muchísima discreción la fabricación de boletas y con antelación las miles de urnas compradas a China escondidas en un barco. La noche del viernes al sábado en todos los pueblos y los barrios de las ciudades solamente una persona depositó las urnas en un lugar seguro y relativamente próximo. Y otra persona en la madrugada del domingo, antes de las seis de la mañana, colocó las urnas, las boletas y el censo electoral en cada local, y antes de las ocho de la mañana se concentraron decenas o centenares de personas que protegían todo lo necesario para votar. Fue un fracaso y un ridículo por parte de la policía española, de los jueces y de las bandas de extrema derecha, que fueron incapaces de encontrar una sola urna.

 

La votación y el enorme error del gobierno español fue brutal e innecesario. Entre las ocho y las nueve en toda Catalunya había colas con personas de todas las edades listas para votar. La policía catalana tenía la orden de sus jefes de no ejercer la violencia cuando la gente era muy numerosa, lo que fue así en zonas muy habitadas. La Policía Nacional enviada por el Ministerio del Interior y la Guardia Civil aunque no pudieron atender a todos los locales de votación sí que intervinieron en más de un centenar de locales de voto y actuaron con una gran brutalidad con mujeres, hombres, niños, gente mayor. No hubo ninguna violencia de ningún ciudadano, sólo resistencia pasiva. Hubo centenares de heridos. En un caso que presencié de cerca un joven que sólo pretendía votar perdió un ojo. Se incautaron durante el día boletas y urnas pero en poca cantidad. En bastantes locales sufrieron ataques al censo y tardaron horas para recuperarlos. Bastante gente se quedó sin poder votar o familias o gente mayor se retiraban a sus casas. Pero la participación fue un éxito. Votaron más de dos millones 300 mil ciudadanos, casi la mitad de la población con derecho a voto. La violencia influyó también en la población, pero mucho menos de lo que se podía esperar. La gran mayoría resistió siempre y en todo momento. Las imágenes pocas horas después circulaban por todo el mundo. Los gobiernos de los Estados europeos miraron para otro lado, sin embargo los medios denunciaron una acción represora absolutamente innecesaria. En una situación similar, unos años antes, la Lega del Norte de Italia organizó un referéndum similar. Era ilegal y el gobierno italiano declaró que este referéndum no tendría ningún efecto político ni jurídico. La Lega hizo el referéndum, votaron casi cinco millones de personas, la gran mayoría votó por ser Estado propio y no pasó nada. La vida continuó igual. El gobierno español fue un ejemplo de inconcebible imbecilidad. Y los ciudadanos merecieron justificar sus ilusiones, no por hacerlas realidad sino por su coraje tranquilo.

 

Un capital social y político despilfarrado. El mundo y España pudieron ver que Catalunya exigía y merecía reconocimiento. Las organizaciones ciudadanas y centenares de miles de ciudadanos activos demostraron que hay que tenerles en cuenta. Pero luego viene la política. Hay limitaciones en unos casos, derechos de otros también. La política debe resolver soluciones equilibradas. El gobierno español del PP actuó de pirómano, peligroso, suicida. Quedó demostrado a lo largo de los últimos siete años. Pero el liderazgo político indepe recogió la movilización ciudadana del 1 de octubre. El Estado español es fuerte y puede ser represor. La sociedad española y una parte importante de la sociedad catalana rechazan o temen la independencia. El capital acumulado por el catalanismo hubiera debido gestionarlo con delicadeza, ante el mundo, ante el resto de los españoles y ante nosotros mismos. ¿La independencia? Un horizonte posible pero no en el presente, como expone el gobierno vasco. Quizás en una reorganización territorial europea. En cualquier caso ni Catalunya ni España seremos “independientes”, seremos interdependientes. ¿El referéndum o consulta? Ya se ha demostrado que hay un pueblo, el catalán que merece ser reconocido. Si se consulta no debe ser para confrontarse, ni con España ni dentro de Catalunya. Primero hay que plantearse cómo podemos pactar para convivir entre todos. Como decía un experimentado político francés, Edgar Faure, en política si hay una confrontación entre partidos o personalidades primero hacer la lista de todo que les une que será larga y luego es muy probable que lo que los separa es muy posible que la lista sea mucho más corta. ¿El gobierno español del PP era un interlocutor para construir puentes? Es evidente que no lo es. Por lo tanto hay que priorizar y aunar fuerzas políticas más sensatas y abiertas para que haya un interlocutor renovado. El liderazgo indepe, precisamente por la fuerza que expresó el 1 de octubre, debía dar marcha atrás, buscar alianzas incluso sin condiciones y dar prioridad al diálogo. Pero el gobierno y la mayoría mínima parlamentaria del independentismo en vez de convocar elecciones para evitar la suspensión de la Generalitat y replantear una propuesta sin exigencias previas. También fueron pirómanos pero sin fuego. Los caballeros catalanes (políticos independentistas) me hicieron pensar una frase de Honoré de Balzac “cuando muestras a los caballeros polacos que han llegado al pie de un precipicio… se tiran a bajo”.

 

Después del sol radiante del 1 de octubre vino el diluvio. El liderazgo político indepe dilapidó una gran parte del capital acumulado el 1 de octubre. La opción razonable era convocar elecciones lo cual hacía muy difícil aplicar el artículo 155 de la Constitución pues al haberse convocado las elecciones que competen al presidente de la Generalitat no habrá gobierno ni parlamento catalanes. También hubiera sido prudente asumir que el referéndum era sólo un derecho de expresión o propuesta y evidentemente suspender las leyes de transitoriedad en coherencia con la consideración que el referéndum no era ni legal ni legítimo, lo cual era obvio. Al gobierno español le resultaría muy difícil justificar una intervención en Catalunya y reprimir a los responsables políticos indepes. Y si actuaban vengativamente por sus errores tan perversos como contraproducentes a lo que además se cubrieron de vergüenza el 1 de octubre no podrían contar con el entorno internacional, ni el apoyo que tenían en amplios sectores de España, incluidos los socialistas. Sin embargo, los líderes indepes habían generado muchas ilusiones y además no habían preparado nada para el día después. Confiaban en una propuesta de diálogo por parte del gobierno del PP, lo cual era no sólo ingenuo sino además depender del otro. El gobierno catalán hizo lo peor que podía hacer. No convocar a elecciones e intentar satisfacer a la movilización ciudadana mediante una falsa declaración unilateral de independencia que no consta en acta y proclama a media luz la república catalana, una vez dicha no se habla más de ello. Pagaron la fiesta del día 1, pues no consiguieron beneficios ni felicitaciones y lo pagaron muy caro. Pocas semanas después los tribunales (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) incitados por la Fiscalía, iniciaron con entusiasmo la caza de los catalanistas con ilusiones independentistas. La cúpula de la judicatura propia de “policía política” se mostró más rabiosa que el gobierno español. Convocaron a gran parte del gobierno catalán, la mesa del Parlament y los presidentes de ANC y de OC, los cuales no fueron más allá del derecho de expresión y de manifestación, evitando cualquier violencia o estropicio. Como es bien sabido, una parte de los citados están encarcelados y los otros están en el exilio. Son presos o exiliados políticos, pueden considerarse ingenuos o incompetentes pero no son delincuentes. En todo caso se merecen una beca para aprender historia y teoría política en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en México o en Inglaterra o en Francia. En total una veintena de responsables políticos. Los socialistas y las derechas los califican de “políticos presos” o simplemente “delincuentes”. Si no son presos políticos ¿qué son? Han evitado violencias, han hecho declaraciones sin atentar al marco legal pues no han sido formalizadas ni por el Parlament ni por el gobierno catalán, no hay despilfarro de recursos públicos, no han perturbado gravemente la vida en el espacio público. En cambio sí que lo han hecho, con la complicidad de algunos aparatos del Estado, las organizaciones de extrema derecha.

El 155 fue tan humillante como destructivo. La suspensión de la Generalitat por parte del gobierno español y del Senado ha sido un abuso de poder. No se habían formalizado ni las leyes vinculadas al independentismo ni las declaraciones como la república catalana como una aspiración. La suspensión solamente debía aplicarse a algunas actividades o acuerdos formales relativos al independentismo. Sin embargo, han intervenido siempre para impedir actuaciones o para despedir o suspender a profesionales o técnicos. El gobierno español se ha comportado como metrópoli con una colonia. Como dijo un intelectual madrileño supuestamente progresista: “No nos importa si los catalanes no quieren ser españoles. Pero no entienden que Catalunya es nuestra”. Un comentario propio de un alto funcionario colonialista.

Las elecciones de finales de año 2017 parecieron un retorno a la tranquilidad. Pero la situación de bloqueo continuaba entre el gobierno del PP, y los tribunales convocaban, encarcelaban y perseguían a gran parte de los líderes del independentismo, incluidos los líderes sociales. Rajoy dejaba hacer, los C’s pedían más represión y los socialistas hacían seguidismo y se anunciaba un posible cambio de dirección. El gobierno catalán se apoyaba entre el partido de centro, heredero de Convergencia y Pujol, debilitado por la corrupción, la inhabilitación de Artur Mas el sucesor de Pujol, y el presidente siguiente, Puigdemont, vencedor en las elecciones de diciembre 2017 con el nombre Juntos por Catalunya, pero exiliado en Alemania y ahora de nuevo en Bélgica. El independentismo, estimulado por Puigdemont, mantiene la llama independentista, pero con importantes contradicciones, pues amplios sectores optan por volver y mejorar el autonomismo. Esquerra Republicana, centro-izquierda muestran más paciencia, quieren recuperar la autonomía, conseguir algunas ventajas o compensaciones económicas o culturales y esperar tiempos mejores. Empiezan a establecer relaciones discretas con el bloque de izquierda e incluso con los socialistas catalanes. Pero por ahora gobiernan en Catalunya conjuntamente. En el independentismo radical, las CUP, mantienen la independencia y repudian el “autonomismo” y son imprescindibles para dar mayoría al gobierno en el Parlament, lo cual les fuerza a tomar posiciones declarativas que son casi siempre bloqueantes de cualquier iniciativa y acuerdo.

La oposición no es un bloque homogéneo, ni mucho menos. El PP en Catalunya está casi desaparecido y es improbable que acá se recupere a corto plazo. C’s lo sustituye en muchos casos con más acritud. Fue el que tuvo más votantes en las últimas vacaciones, pues hubo fragmentación en el centro (catalanista) y en las izquierdas. Y también los votó en unas elecciones en que se dirimía el independentismo, una gran mayoría de los que no querían o temían el independentismo, fueran de derecha o de izquierda, los votaron y es probable que en las próximas elecciones no necesariamente todos les volverán a votar (es el caso de los ayuntamientos). Hay que tener en cuenta que C’s es tanto o más derechista que el PP, pero nunca ha gobernado nada y una parte del electorado se apuntó a ellos. Su problema es que nadie quiere aliarse con ellos, excepto el PP y sus cuatro diputados. Y no tienen otra política que denunciar el independentismo, el catalanismo, las autonomías… y la exaltación españolista, con un lenguaje muy similar al de la Falange española (el fascismo español) que fue la estructura política del franquismo durante la guerra civil hasta los años sesenta.

Los socialistas catalanes necesitan alianzas para influir o participar en un gobierno de coalición. Pero apoyaron el 155 junto con PP y C’s y los independentistas, incluso muy moderados, y exigen que hagan un vía crucis para perdonárselo. El bloque de izquierdas es hoy un partido en proceso de integración (Podemos, “los comunes” que provienen de los movimientos sociales y los herederos del PSUC) tienen un potencial político similar a los socialistas, más a la izquierda, crítico con los independentistas pero sin satanizarlos, se opusieron al 155 y mantienen buenas relaciones con socialistas y Esquerra Republicana. Una alianza entre estas fuerzas, e incluso con Junts per Catalunya, en las elecciones municipales de mayo 2019, para impedir a la derecha (C’s y PP) o a un bloque independentista que persista en un radicalismo declamatorio que lleva a la nada. En unas elecciones generales de España cada uno va por su cuenta. Y en Catalunya si quieren gobernar hay que mantener o renovar alianzas.

Por ahora hay una fragmentación no sólo entre los partidos indepes, sino también en el seno de cada uno. Lo cual es una muestra de que no hay proyectos políticos definidos ni se pueden hacer previsiones ni tan sólo a corto plazo. Cuando escribo, a mediados de julio de 2018, no se puede saber si Convergencia, ahora PDeCat, tiene como líder a Puigdemont pero no está en Catalunya y además está promoviendo un “Frente Independentista” que reúne una parte de PDeCat pero otros sectores diversos radicalmente indepes, mientras que la dirección del PDeCat opta por el diálogo y buscar acuerdos con el nuevo gobierno español liderado por Pedro Sánchez que venció a los “barones” conservadores de la vieja guardia del PSOE. ¿Evitarán una ruptura y Puigdemont hará una opa a PDeCat? ¿Se impondrá el independentismo radical, más próximo de la ANC y de la CUP? ¿El PDeCat se mantendrá al margen de este movimiento liderado por Puigdemont, colaborando o no entre ellos? Esquerra Republicana ha optado por la moderación y la negociación con el gobierno español actual. Por ahora forma parte del bloque “independentista” pero es dudoso que este bloque se mantenga. Sus bases son en gran parte radicales pero sus dirigentes más “políticos”. Probablemente intentará mantener su base social, con un discurso indepe pero sin compromisos y una práctica política más orientada a la izquierda para obtener votos de la derecha o centro catalanista y de las izquierdas. O lo contrario, pues la política “atrappe tout” (agarrar por todas partes) puede perder por todos lados. La CUP se ha instalado en la extrema izquierda nacionalista y anticapitalista, no pretende intervenir en los diálogos o pactos, posee una capacidad movilizadora no sólo por ella misma, también por medio de los Comités de la Defensa de la República (CDR) aunque intervienen los Comunes (el bloque renovador de las izquierdas no socialistas) pueden atraer a catalanistas desencantados o abstencionistas que evitaban los dos extremos, indepes o contra. Pero muchos de sus militantes y votantes se han desanimado pues no han sabido construir su organización variopinta, lo cual en sí misma puede ser positivo siempre que hayan integrado los diversos colectivos en cada localidad del territorio. Han quedado fuera del conflicto principal sobre el independentismo, no han sido ni con unos ni con otros lo cual es legítimo pero es grave no tener proyecto propio y no han aprovechado oportunidades. No han destacado cuando debían denunciar al rey, cuyo discurso ha sido propio de la derecha más agresiva con Catalunya y era el momento de proponer la República. Y si bien han denunciado el encarcelamiento y los exiliados políticos, se han limitado a citarlo en sus declaraciones o entrevistas pero su discurso es plano y sin ninguna iniciativa movilizadora. Su baza fuerte es la alcaldía de Barcelona, si la pierden es probable que hayan muchas dispersiones. Hay que reconocer que las/os diputados/as han destacado en el Parlament catalán, especialmente por parte de Joan Coscubiela, ex secretario general de Comisiones Obreras de Catalunya y excelente diputado anteriormente en el Congreso de diputados de España.

El Partido socialista catalán (PSC) fue con el PSUC (como lo citaremos luego) los partidos de izquierda que cohesionaron a las clases populares en donde se mezclaban catalanes autóctonos, inmigrantes de otras regiones de España e hijos y nietos nacidos acá que viven entre dos culturas y dos lenguas. Fueron la principal base electoral. Primero implosionó el PSUC en los años ochenta, como ocurrió con los PCs y más tarde a inicios del siglo actual fue la caída considerable del PSC, con responsabilidades de gobierno, por la crisis económica que no supieron gestionarla y sacrificaron a los sectores populares y quizás incluso aún más por la división que se produjo respecto el independentismo y el uso de la lengua. El PSC no es ni gobierno ni alternativa, solamente puede remontar con alianzas y conquistar ayuntamientos y participar en una mayoría con los Comunes y sobre todo con Esquerra Republicana, lo cual le exigirá asumir que apoyar el 155 era y es inaceptable. Lo cual el PSOE difícilmente se lo permitiría. Aunque el líder catalán, Miguel Iceta, puede hacer una declaración que no sea ni agua ni vino, una mezcla que puedan aceptar unos y otros.

La otra izquierda era el PSUC, el partido comunista catalán histórico que tuvo un gran prestigio durante el franquismo y en la transición hasta que implosionó en los años ochenta. Fue siempre catalanista y muy autónomo, más que el PSC con el PSOE. Defendió la autodeterminación y la democracia, fue un adelantado del “eurocomunismo”. Pero durante el antifranquismo confluyeron diversas culturas políticas. Las otras fuerzas políticas, desde la derecha hasta el PSOE, hicieron todo lo posible para marginarles más en el resto de España que en Catalunya. El bloque soviético intervino para evitar el crecimiento del eurocomunismo. El PSUC se fragmentó y el sector principal y eurocomunista evolucionó hacia un “ecosocialismo” y a una práctica que podríamos definir como “democratizar a la democracia”, en todos los niveles estructurales (política, economía, ambiente, desigualdades, participación, territoriales, etcétera). El heredero oficial del PSUC se denomina Iniciativa por Catalunya y en las elecciones se coaligaba con el otro sector salido del PSUC, Esquerra Unida y Alternativa. Este partido (IC-EUiA) se coaligó con el movimiento social ciudadano que lideraba Ada Colau y se añadieron gentes independientes o de colectivos diversos incluidos algunos militantes de Podemos que había obtenido votos en las elecciones europeas pero no tenía organización. Objetivo: conquistar la alcaldía de Barcelona. Se ganó en 2015. Esta iniciativa municipalista fue seguida por otras ciudades de Catalunya e incluso del resto. Desde entonces se inició un proceso de fusión, con Podemos incluido, el que hemos denominado “bloque de izquierdas” en este texto pero su denominación es “los Comuns o Catalunya Comuns”. Tuvo un éxito inicial pero en la elecciones generales y catalanas se ha situado bastante por detrás de los indepes (PDeCat, ERC), de C’s e incluso por delante del PSC. Su potencial de votos se sitúa ahora en Catalunya por debajo de los votos del “post-PSUC”, IC-EUiA. Aunque tiene la perla de la corona, Barcelona. Y no es imposible que puede volver a ganar.

 

Los actores políticos formales, los partidos, como ya han visto, no tienen proyectos ni estrategias, no tienen alianzas sólidas y en cambio hay divisiones internas con tendencias rupturistas. Y ante el gobierno inmobilista del PP y la Judicatura represora el presente hasta hace un par de meses cuando el nuevo líder socialista Pedro Sánchez lanzó un órdago al gobierno de Rajoy. El PP y C’s sumados no alcanzaban la mayoría. Pedro Sánchez y el nuevo equipo del PSOE obtuvo los votos de Podemos que es un partido de ámbito estatal y forma parte de los cuatro partidos con posibilidades de gobernar (PP, C’s y PSOE). PSOE y Podemos tampoco tenían la mayoría pero las minorías nacionalistas les dieron la mayoría, los catalanes, los vascos, los gallegos y los valencianos. Se ha abierto una vía pacificadora en la vida política catalana y española

La cuestión en primer plano: los presos y exiliados políticos. Para que se mueva el tablero hay que resolver el encarcelamiento y el exilio de casi una veintena de dirigentes políticos indepes. Para ello hay que crear un ambiente menos tenso y más propicio entre el nuevo gobierno español del PSOE y los partidos y organizaciones indepes. Hay una enorme resistencia de gran parte de la cúpula de la Judicatura. Hay resistencias por ambas partes y, sobre todo, el PP, C’s y los colectivos de extrema derecha pueden provocar confrontaciones que por ahora ni el gobierno español ni los indepes lo desean. Es una cuestión en teoría fácil, nadie puede tomarse en serio que hubo golpe de Estado, rebelión, sedición, violencia… como han dicho los tribunales especialmente los alemanes y también los belgas, escoceses y suizos, países que han acogido a líderes exiliados. Pero la Judicatura, por lo menos todos los que manipulan el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, en estos casos, son mitad ultrarreaccionarios y mitad prepotentes y con ansia de condenar a políticos/as democráticos. Es por ahora el obstáculo que de una forma u otra debe resolverse pronto.

¿El independentismo tiene futuro? A largo plazo, como dijo Keynes, todos muertos. No es imposible, sería una interdependencia en una gran reorganización territorial de la Unión Europea, pero no será en un futuro cercano. Hace un siglo, en 1918, el poeta y pastelero J. V. Foix ya escribió “Debemos prepararnos todos para ser súbditos de una nueva Europa…”. Lo que es seguro que la exigencia de reconocimiento como pueblo, de más autogobierno, de defensa de su identidad cultural y las medios para poder aplicar las políticas sociales, económicas y ambientales, todo ello está cimentado en una gran parte de los catalanes, incluidos muchos que no nacieron fuera o son hijos o nietos de éstos. Independencia como se entendía en el siglo XIX y perduró en el XX no lo creo posible, pero una situación relativamente especial, como el País Vasco, en el marco de un Estado español más federalizante y menos simétrico. No es imposible pero es necesario, hay que evolucionar las relaciones y las innovaciones, como por ejemplo, priorizar las relaciones más contractuales que jerárquicas. Y obviamente es indispensable asumir la diversidad pero garantizar la igualdad de derechos ciudadanos y la solidaridad entre los pueblos. El independentismo tal como se presenta como Estado soberano, no nos lleva a ninguna parte. Hay que resituarse sobre el tema catalán. ¿Una relación bilateral que reconozca la especificidad de Catalunya o la plurinacionalidad. Lo cual no quiere decir que también otras nacionalidades o regiones españolas requieren algunas especificidades comunes y otras específicas. En Catalunya hay una reivindicación respecto a la que incluye lengua, cultura y enseñanza que es muy específica. Pero mejorar el déficit fiscal y las inversiones estatales que afecta especialmente a Catalunya pero también a otros territorios. Y lo mismo la proyección internacional y la mayor autonomía para la organización interna del territorio. En el momento histórico actual debemos plantear conjuntamente Catalunya y el gobierno español otras Comunidades. Poner también en primera línea las políticas económicas, sociales y culturales que contribuyan a suturar las fisuras sociales que se han generado en estos años dentro de Catalunya y también con otras regiones o nacionalidades. Hay que renovar las instituciones y los partidos. Y democratizar la deficiente calidad de la democracia actual, que permita especialmente a las clases populares e incluso medias sentirse ciudadanos como los demás, sean de Catalunya o del resto de España. El problema no es Catalunya, es España.

 

Hay mucha bibliografía en forma de artículos y entrevistas en los medios de comunicación, diarios impresos especialmente en La Vanguardia (en castellano) y en ARA (en catalán, bastante entendible si se conoce el castellano). También de diarios digitales como diario.es o Público. También en el semanario digital Sin Permiso. El diario más internacional, El País, ha sido muy sectario respecto a Catalunya y especialmente al independentismo. En julio de 2018 veteranos periodistas asumieron la dirección y tienden a ser más objetivos, con menos prejuicios y más progresistas.

El periodo crítico fue entre septiembre y diciembre de 2017, de lo cual hay escasos libros, casi todos “partidistas” de estos meses y más en catalán que en castellano. Hay algunos libros de los años anteriores que previeron más o menos la implosión de 2017. Son útiles.

Recomendamos algunos libros bastante equilibrados, críticos por ambos bloques:

Jordi Amat, La conjura de los irresponsables, Editorial Anagrama, Barcelona. Se publicó a finales de 2017. Escritor y colaborador de La Vanguardia es catalán y escribe sus libros principalmente en catalán pero es crítico y no independentista

Ignacio Sánchez-Cuenca, La confusión nacional, Editorial Catarata, Madrid, 2018. Profesor de ciencia política de Madrid, crítico pero aun siendo crítico con el independentismo concentra principalmente su obra crítica al gobierno del PP, los otros partidos estatales (C’s y PSOE) y los medios de comunicación de Madrid.

Guillem Martínez, La gran ilusión. Mito y realidad del proceso indepe, Editorial Debate, Barcelona, 2016. Y el conjunto de sus artículos a lo largo de 2017. Periodista catalán, muy crítico con el proceso catalán.

Ramón Cotorelo, La república catalana, Editorial Now Books, Barcelona, 2016. Sociólogo y ex socialista de Madrid. Crítico con los partidos estatales y expresa simpatía al proceso catalán sin declararse indepe.

Joan Coscubiela, Empantanados: Una alternativa federal al sóviet carlista, Editorial Península, Barcelona, 2018. Izquierda histórica (eurocomunista). Sindicalista, secretario general de Comisiones obreras. Catalán. Crítico con el independentismo por su gestión precipitada y poco democrática. Diputado y portavoz de los Comunes y su discurso fue histórico. Federalista.

 

Jordi Borja
Geógrafo y urbanista. Profesor emérito y presidente del Comité académico del Máster universitario de Ciudad y urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

 

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