A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Otto Granados Roldán. Investigador de la UNAM. Coautor de Salvador Al varado y la Revolución Mexicana(1980) y Presión(1981).

Hay una cuestión central en que parecen coincidir la mayor parte de los analistas políticos mexicanos y extranjeros al referirse a los efectos de los conflictos centroamericanos y el auge petrolero mexicano en la política interior del país: las pautas de comportamiento, como la lealtad, la institucionalidad y la disciplina frente al poder civil, que resumen convencionalmente la actuación pública del ejército mexicano, no son patrones eternos que no puedan ser modificados a partir de condicionamientos internacionales.

Probablemente desde la Segunda Guerra Mundial la opinión pública nacional no había visto una reaparición tan notable de las fuerzas armadas en el escenario público. Si bien es cierto que esas fuerzas no se han manifestado por canales ajenos a los tradicionales – de tipo electoral o partidista-, también es verdad que en sus relaciones con la autoridad civil se ha dado un acercamiento, y no sólo para reiterar las funciones castrenses comunes, sino para vincular a esa institución con las políticas de desarrollo.

Hasta antes del sexenio de Echeverría, las funciones básicas del ejército habían sido afianzar a los gobiernos civiles sofocando conflictos de todo orden -principalmente en el campo o en las manifestaciones callejeras- o sirviendo a la población en obras de beneficio social. Mecanismos como la rotación de los mandos, la asignación de prestaciones sociales e incluso los retiros del servicio activo, permitían otorgar al ejército un papel político “residual”, en razón inversa a su “profesionalización”: una mayor “profesionalización” exigía una despolitización mayor. Quienes querían participar en la política electoral encontraban expeditas las vías para hacerlo en el partido oficial, pero siempre en forma individual.

Tampoco había en el horizonte del ejército cuestiones tales como la posibilidad de una agresión por parte de sus vecinos o de procedencia extracontinental. Lo primero porque, además de que alteraría gravemente las relaciones interamericanas, en términos bilaterales en modo alguno convenía a Estados Unidos sopesar esa alternativa, dadas sus enormes inversiones en territorios mexicanos, y siendo este país tan vulnerable a las determinaciones de su vecino norteño. Guatemala, por su parte difícilmente habría pensado en una agresión mexicana, no sólo porque este hecho no cabe en la política exterior de Tlatelolco, sino también porque el país del sur ha sido tradicionalmente incluido dentro de la esfera de influencia norteamericana. Por lo que hace a la agresión extracontinental, un país tradicionalmente pacifista como México no podía, aunque lo hubiera querido, actuar y desarrollarse militarmente en torno a ese supuesto.

EL NUEVO ESQUEMA

Pero recientes acontecimientos de orden interno y de carácter internacional, parecen estar reformulando ese esquema. Por lo menos en 1968, durante la crisis provocada por el movimiento estudiantil, y en 1976, durante la crisis de noviembre y diciembre que intentó desestabilizar al gobierno de Echeverría, la lealtad e institucionalidad del ejército jugo un papel vertebral para detener el conflicto. Este hecho, por simple que parezca, introdujo un nuevo matiz en las percepciones de los dirigentes civiles mexicanos hacia la actitud militar.

Aquella separación tajante entre quienes estaban destinados a gobernar y quienes debían servir a los gobernantes, empezó a sufrir transformaciones sutiles pero decisivas. Por lo pronto, a la retórica usual de los gobernantes se sumó, durante el sexenio 1970-76, la concesión tradicional de dos gubernaturas de los estados a miembros del ejército, pero que se vieron coronadas inusitadamente con una tercera, para el propio secretario de la Defensa Nacional, así como con la entrega de un imponente edificio para albergar al nuevo Colegio Militar, construido sobre 370 hectáreas con capacidad para casi tres mil internos y un costo reservado como secreto oficial. (1)

Otros dos acontecimientos centrales, el conflicto centroamericano y el auge petrolero, fueron ingredientes claves en la decisión de “modernizar” al Ejército e incorporarlo a la política “abierta”. Ambos procesos, apuntó un analista, no son “sino un indicador más de las muchas realidades de política interior que están resolviéndose por imperativos y exigencias de los compromisos exteriores de México”.(2) Podrán los dirigentes civiles y militares insistir en las líneas tradicionales que han prevalecido en sus relaciones durante las últimas cuatro décadas, pero hay datos para suponer que se ha gestado un cambio cualitativo en la orientación de esos vínculos.

Tres pautas han guiado el comportamiento militar mexicano en los últimos cinco años: a) una nueva conciencia de que el ejército desea consolidar su función de vigilante de la paz pública y las instalaciones vitales, pero ser incluido también en proyectos de desarrollo nacional de mayor envergadura; b) la introducción de la nación de seguridad nacional y el decidido interés en modernizar casi absolutamente el equipo bélico; c) del lado del poder civil, la aceptación de una mayor presencia pública del ejército y la ejercida intención de fortalecer a las fuerzas armadas.

Tres pautas han guiado el comportamiento militar mexicano en los últimos cinco años: a) una nueva conciencia de que el ejército desea consolidar su función de vigilante de la paz pública y las instalaciones vitales… b) la introducción de la noción de seguridad nacional y el decidido interés en modernizar casi absolutamente el equipo bélico; c) del lado del poder civil, la aceptación de una mayor presencia pública del ejército…

En diversas ocasiones los mandos militares han señalado como objetivos centrales del ejército “garantizar la soberanía del territorio, velar por el imperio de la Constitución y salvaguardar a las instituciones”. (3) Sin embargo, a esas nociones clásicas se han agregado otras, derivadas de lo que parece ser una nueva visión de los problemas políticos. En agosto de 1980, por ejemplo, durante la VIII Junta Regional de Comandantes de Zona Militar, el general Félix Galván López, secretario de la Defensa, pidió para los militares, ante el presidente López Portillo, “más tareas nuevas metas”, porque los miembros de las fuerzas armadas “pensamos que podemos hacer más por nuestro país”. Poco después, a principios de 81, advirtió que por “duras y difíciles” que sean las situaciones políticas y económicas nacionales o internacionales, “más forjado, más completo e inquebrantable encontrará nuestro país a su ejército y a cada uno de los soldados a quienes no han honrado con permitirnos llevar el uniforme de la dignidad nacional; y, ante declaraciones en el sentido de que los civiles estaban mejor preparados que los militares, Galván replicó que “los militares de tierra tenemos similar capacidad y preparación que los civiles para gobernar el país” (4).

En otras circunstancias habrían sido impensables declaraciones así, pero parecen naturales en un proceso de reincorporación de los militares a la vida pública que desde 1946 había sido conducida, casi exclusivamente, por los civiles. Más pareciera confirmar esta tendencia el hecho de que acontecimientos externos hicieron resurgir un concepto que se ha vuelto clave en la política internacional: la seguridad nacional.

Justificada en unos casos como una doctrina de gobierno típicamente anticomunista (dictaduras conosureñas) y en otros, como un pretexto para proteger “intereses vitales”, (Estados Unidos), en los circulos políticos mexicanos la seguridad nacional ha sido definida ambiguamente. Para el presidente López Portillo, el valor de esa seguridad está íntimamente ligado a la solidaridad explicada por nuestro origen, pero por algo tan macizo como nuestra voluntad, que es la que quiere la seguridad, no cualquier seguridad”.

Por su parte, el secretario de la Defensa atribuyó a la seguridad nacional la función de “mantener el equilibrio”, y agrego:

Es una definición mía y me la disculpa si no es la más apropiada. Entiendo por seguridad nacional el mantenimiento del equilibrio social, económico y político, garantizado ese equilibrio por las fuerzas armadas de un país. (Proceso, 203, 22-septiembre-1980)

Apenas a principios de diciembre, dos miembros de la armada mexicana declararon en forma inusitada que tanto las necesidades de hidrocarburos en el exterior como la situación geopolítica mundial, habían convertido a México en un “vértice” cuya integridad estaba amenazada por esas dos condicionantes. “Evitar o reducir la amenaza y los riesgos de esta sola realidad-aseguró el contralmirante Miguel Viveros Parker-, es función de una seguridad nacional que el Estado debe crear con la dimensión y proporciones necesarias”. Dijo además que una de las ideas de organizar un curso sobre Mando Superior y Seguridad Nacional había sido la de elaborar el anteproyecto de un plan básico de seguridad nacional. (El Día, diciembre 10 de 1981).

En el mismo campo, uno de los diarios mexicanos más importantes -unomasuno- depuró la expresión de las “connotaciones bélicas” que le han impuesto al concepto las “dictaduras militares” y señaló que para los mexicanos la seguridad nacional empieza por la seguridad social… es cumplimiento de los mandatos constitucionales… es defensa resuelta de los recursos naturales, generación de riqueza, reparto equitativo de la renta… Es, por consiguiente, la certidumbre de que si bien no se han suprimido ni las desigualdades ni las injusticias, no está cerrada la posibilidad de abrir espacios de acción real que permitan avanzar en esa dirección (septiembre 13 de 1980).

EL INQUIETO SUR

En estrecha conexión con tales afirmaciones se dan las posiciones de los militares frente a la situación internacional. Por una parte, el aumento en los pertrechos materiales responde directamente al objetivo de proteger las instalaciones vitales petroleras y eléctricas, pero no ha sido menor la atención que se ha prestado a la situación política que corre al sur del Usumacinta. A ello también han obedecido, de un lado, las maniobras militares celebradas en diciembre pasado en Chiapas y, de otro, la renovación del equipo bélico. Prueba de la cautela con que se ha manejado el primer aspecto es la invitación formulada a los militares guatemaltecos como únicos observadores de la maniobra, deferencia que refleja a la vez la preocupación mexicana por una eventual alteración a la paz en la frontera sur, y la admisión tácita, dentro de las consideraciones logísticas, de una posible invasión a la zona petrolera.

En la opinión militar se ha tratado de eludir el planteamiento de un punto de vista concreto sobre América Central. Interrogado sobre el tema, el general Galván prefirió no tratarlo “porque implica hablar de política internacional que es función del señor (Jorge) Castañeda”. Pero durante 1980 la Defensa manifestó su interés por los acontecimientos en la región, al darle prioridad al análisis del teatro de operaciones del sureste y al actualizar su estimación estratégica sobre la situación así como los planes de guerra y operaciones que contemplan una rápida reacción ofensiva-defensiva contra agresiones armadas externas.

Por instrucciones del alto mando militar se dispuso también que la agregaduría militar y aérea en la zona, cuya sede venía siendo El Salvador, fuera cambiada a San José, Costa Rica, donde puede obtenerse información confiable del área (diversos factores señalaron que este último país se está convirtiendo en plataforma de los movimientos insurgentes en la región centroamericana, sobre todo por su ubicación geográfica central y su aparente neutralidad política). Con la información que por ese y otros medios ha podido agenciarse, presumiblemente la Defensa ha estado pendiente de las repercusiones sobre la seguridad nacional mexicana de la situación salvadoreña, así como de los posibles conflictos en la zona fronteriza México-Guatemala.

No hay duda de que en términos logísticos el sureste del país se ha convertido en la región prioritaria de la seguridad nacional, tanto por el conflicto latente como por ser el lugar donde se localizan los principales campos petroleros. De esto se han percatado, desde luego, las fuerzas armadas y en repetidas ocasiones Galván ha insistido en que ese es el motivo central para su modernización:

ha crecido la población de México, han crecido las necesidades de protección y vigilancia. Las instalaciones vitales como son las de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y de otros, han crecido y nosotros tenemos que darles seguridad. Por eso necesitamos más elementos, más medios, más efectivos. (Proceso, 203, septiembre 22 de 1980).

Ese fue uno de los objetivos específicos de las maniobras mencionadas: poner en experimentación la capacidad de respuesta frente a una posible agresión. Conviene abundar en estas maniobras por la simple razón de que en términos políticos y militares es uno de los acontecimientos más importantes desde los años cuarenta. Aunque no existen datos confiables del número de efectivos que se utilizaron-algunos cálculos hablan de 40 mil hombres- sí los hay de algunos medios materiales. Por ejemplo, se emplearon 230 vehículos Dina y 1, 040 de diferente propósito orgánico; 38 coches de ferrocarril para pasajeros, 53 plataformas para vehículos blindados, siete jaulas para ganado, once furgones para material, 23 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana apoyados con 3 de Pemex y 2 de la Unidad de Transporte Aéreo del Poder Ejecutivo Federal.

Las maniobras se plantearon a partir de una supuesta invasión a nuestro país por parte de un enemigo extracontinental, quien inició sus operaciones apoderándose de varias islas del Caribe, invadiendo a un país vecino, sorprendiendo a sus fuerzas armadas y continuando operaciones sobre nuestro territorio con el objeto de apoderarse de la zona petrolera del Golfo de México. La invasión desde luego era hipotética, pero en los hechos esas previsiones han significado el rearme del ejército. El general Galván ha informado que para finales del gobierno de López Portillo el equipo se habrá renovado en un 90 por ciento. Subráyese también el tipo de armamento que se está adquiriendo porque se trata ya no de material destinado solamente a entrenamiento, sino ahora corresponde a material de guerra.

ARMAS Y DISCURSOS

Por otra parte, si bien el presupuesto asignado a la Defensa Nacional ha sido generalmente reducido en cuanto al porcentaje que ocupa dentro del total de egresos, considerado individualmente ha tenido un notable aumento en los últimos cinco años. De 4 mil 229 millones de pesos asignado para 1975 se ha pasado, en 1981, a 25 mil 855.7 millones.(5) En cuanto al incremento de la capacidad operativa, las cifras también son notables tanto por las ejercidas en 1980, como las proyecciones para el año que concluye.

Durante 1980 se distribuyeron casi diez mil fusiles automáticos G-3, calibre de 62 mm., para dotar a 16 batallones de infantería y un primer batallón de infantería blindada. Por lo que toca a la fabricación de armas, se está instalando maquinaria con objeto de establecer una línea de fabricación completa, con una capacidad de producción de tres mil fusiles mensuales. Se realizaron los contratos de compraventa para adquirir 38 aviones Pilatus PC-7 e igual número de juegos de armamento para equiparlos. Para 1981 se habrán adquirido 40 vehículos terrestres artillados con cañón de 90 mm., así como 2 con ametralladora calibre de 50 mm. Para la creación del escuadrón de defensa aérea, se formalizó la compra a Estados Unidos de 24 aviones cazabombarderos F-5 supersónicos, con un costo de 1 400 millones de dólares.

Al parecer se encuentran también en estudio tres cartas de oferta para adquirir helicópteros Bell y se formalizó el contrato para comprar otros 17 aviones Pilatus, aparte de los 38 anteriores. Se entregaron este año los primeros diez mil fusiles “HK” integrados en México y se cubrirá la demanda de cartuchos para la Defensa Nacional que asciende a 29 millones de diferentes calibres. Asimismo, se dispone ya de la materia prima necesaria para la fabricación de morteros y otros materiales. (El Universal, mayo 8 de 1981)

No es posible por ahora detectar algunos datos adicionales, principalmente porque la Defensa normalmente tiene establecido un limitado flujo de información. Sin embargo, algunas estimaciones como la publicada anualmente por el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, señalan que las fuerzas armadas mexicanas cuentan con 107 mil hombres en armas, de los cuales 83 mil corresponden al ejército de tierra (unomásuno diciembre 24 de 1980). Todos estos indicadores son mínimos si se comparan con los correspondientes a otros países latinoamericanos, como Argentina, Brasil y Cuba, pero no dejan de ser relevantes en el contexto específico de México.

El cambio en las fuerzas armadas ha sido factible básicamente por el apoyo resuelto del gobierno federal. Este hecho resalta con mayor claridad si tomamos en cuenta, además de las cifras, el tono político y la reconocida sensibilidad que han mostrado las autoridades civiles hacia los asuntos castrenses.

De todo lo anterior una primera impresión que se tiene es la de que el cambio en las fuerzas armadas ha sido factible básicamente por el resuelto apoyo del gobierno federal. Con mayor claridad resalta este hecho si tomamos en cuenta, además de las cifras, el tono político y la reconocida sensibilidad que han mostrado las autoridades civiles hacia los asuntos castrenses. En no pocas ocasiones el presidente López Portillo ha asegurado con llamativa vehemencia que “la tranquilidad del país, la conciencia del país, la voluntad del país, descansan-dentro del juego de la institución-en la seguridad, en la certidumbre que le dan las fuerzas institucionales”.(6) Ha afirmado también que el mexicano es

un ejército que cumple con su deber, que camina en congruencia plena con su origen y entrega con generosidad su aporte, para que México alcance el destino que se ha trazado por los cauces que sus leyes y la más pura ideología de la Revolución le han impuesto, sin exigir más de lo que la nación puede darle y callando muchas veces su legítima aspiración a lo merecido.(7)

Son conocidas, por los demás, las frecuentes expresiones elogiosas para el ejército y para el secretario de la Defensa, por parte del Presidente de la República, llegando incluso a enfrentamientos concretos con otras voces. Por mencionar quizá el caso más conocido, en noviembre del año pasado una agencia noticiosa alemana boletinó una declaración del escritor Juan Rulfo en la que se aludía a la corrupción entre los militares, alusión que recibió respuesta con extraordinaria rapidez. En una ceremonia de condecoración a los militares con más de 45 años de servicios, el general Luis Téllez Martínez, aseguro que “quienes hoy disfrutan de la serenidad nacional, de la seguridad en las carreteras y vías de comunicación, de las escuelas o de los hospitales, difícilmente se ponen a pensar cuántos mexicanos, civiles o militares, pusieron su mejor esfuerzo.” La reacción presidencial no se hizo esperar, en la misma ceremonia y mediante una intervención calificada por muchos observadores políticos como inusual por el tono en que se formuló, dijo López Portillo:

Como Comandante Supremo del Ejército Nacional y de las Fuerzas Armadas, como Presidente de la República, como ciudadano mexicano, afirmo que estoy orgulloso de las fuerzas armadas de México; que protesto contra toda calumnia y fácil difamación;… Ningún soldado de la República es corrupto; todos son leales servidores de las instituciones y todos deben estar orgullosos de pertenecer a nuestras fuerzas armadas, como orgullosos de ustedes estamos quienes en la seguridad vivimos gracias a que ustedes cumplen con lealtad su deber, como leales y patriotas mexicanos.(8)

Todos estos antecedentes parecen apuntar hacia una reubicación del ejército en la política mexicana. Sin que haya una aceptación abierta de puntos neurálgicos que puedan en un momento dado provocar, por parte de México, una reacción no pacífica en asuntos internacionales, lo que importa destacar es que se trata de una alternativa considerada en el ánimo político mexicano y está, por lo tanto, siempre presente.

Si a lo anterior se añaden temas de estricta política interior, como pueden ser la capacidad del Estado para regular y controlar los conflictos sociales y amortiguar las demandas de los grupos de presión; para satisfacer mínimos de bienestar para la población y redistribuir los recursos escasos; para contener los problemas económicos y canalizar los políticos, queda claro que hay cuando menos un renglón en el que casi todos los analistas coinciden: de las respuestas que el Estado mexicano ofrezca a estas cuestiones dependerá- ha dependido en mucho tiempo- la supervivencia de los gobiernos civiles.

Los problemas a que México tendrá que hacer frente en el curso de los próximos años, muy probablemente obligarán a revisar las hipótesis que se han manejado para explicar la naturaleza del ejército mexicano. Hay por lo pronto indicadores que sugieren que el gobierno civil proyecta incorporar a los militares en un proyecto más amplio de desarrollo. En el Plan Global de Desarrollo 1980-82, se reconoce:

La necesidad de integrar funcionalmente la estructura de las fuerzas armadas a los procesos económicos del país, plantea la conveniencia de contar con los abastos nacionales necesarios para garantizar la soberanía de la Nación… La modernización de las Fuerzas Armadas es parte de la modernización democrática de la Nación. (9)

Por lo pronto, es importante observar que no se percibe a corto plazo un cambio en las condiciones estructurales bajo las que se ha desarrollado la actuación y el papel del ejército en el sistema político mexicano. Las variables manejadas indican, eso sí, una mayor presencia pública, una más amplia participación en cuestiones no necesariamente castrenses y una nueva visión por parte de los dirigentes mexicanos sobre este asunto. Y son justamente las razones argumentadas tradicionalmente para explicar la lealtad e institucionalidad de las fuerzas armadas hacia y en el poder civil, las cartas con que mayoritariamente cuentan los gobernantes. Lo que está en duda es el tiempo que continuará funcionando ese esquema.

No se concibe a corto plazo un cambio en las condiciones estructurales bajo las que se ha desarrollado la actuación y el papel del ejército en el sistema político mexicano. Las variables manejadas indican, eso sí, una mayor presencia pública…

Es probable que en la decisión modernizadora del Ejército esté implícita la creencia o la intención de darle cauce al fortalecimiento del aparato militar dentro de límites institucionales que están resolviéndose por condicionamientos externos. En ese supuesto parece cierto, como ha escrito Aguilar Camín, que la decisión de tener un ejército moderno no responde a la idea alucinante de contener militarmente a Estados Unidos o de invadir por cuenta propia un territorio vecino. La agresión posible -sólo posible- que el Ejercito Mexicano debe estar en posibilidad de contener, no se ubica geográficamente en el norte, sino en el sur… las perspectivas de México para los años inmediatos por venir dependen considerablemente del modo como Estados Unidos pueda redefinir o ejercite su estrategia hegemónica en el área. Para los efectos de esa estrategia, hace buen rato que Centroamérica termina en el río Bravo y México acaba en el Canal de Panamá. (10)

1 Véase el reportaje de Vicente Leñero, “El nuevo Colegio Militar: casi el paraíso”, Proceso, núm. 8, diciembre 25 de 1976

2 Héctor Aguilar Camín, “Regreso a las armas” Unomásuno, marzo 2 de 1981, p. 3

3 Declaración del general Fernando Pámanes Escobedo, Proceso, núm. 80, junio 15 de 1978

4 Véanse estas cintas y algunos otros señalamientos en, Manuel Buendía, “Red privada”, Excelsior, agosto 13 de 1980; El Sol de México,. marzo 22 de 1981; El Universal, abril 21 de 1981.

5 José López Portillo, Cuarto Informe de Gobierno, Anexo I-Histórico, México, Secretaría de Programación y Presupuesto, 1980, p. 74; y Unomásuno, marzo 1o. de 1981. La cifra incluye sólo al ejército de tierra.

6 Saludo de fin de año a las Fuerzas Armadas, diciembre 30 de 1977, en José López Portillo, Fuerzas Armadas, México, Secretaría de Programación y Presupuesto, 1980 (Cuadernos de filosofía política, 42), p. 7

7 Mensaje a las Fuerzas Armadas por el Día del Ejército, febrero 19 de 1979 en ibid., p. 11 (subrayado nuestro).

8 Ibid., p. 10; y Proceso, núm. 212. noviembre 24 de 1980,p. 14.

9 Secretaría de Programación y Presupuesto, Plan Global de Desarrollo 1980-1982, México, p. 136.

10 H. Aguilar Camín, art. cit., p. 3.