En el transcurso de las últimas dos décadas, un sector importante dentro del movimiento feminista convirtió el derecho penal en mecanismo predilecto para asegurar la transformación de la realidad social.1 Llamo feminismo punitivo a aquél que busca vehementemente, o acepta, la expansión de los tipos penales y el incremento de las penas.

El feminismo punitivo enfrenta una paradoja. Por un lado, este feminismo aspira a la igualdad entre mujeres y hombres y, ultimadamente, la justicia social. Por otro lado, al hacer uso del derecho penal para hacer cumplir esa agenda de igualdad y justicia, el feminismo punitivo afecta y desprotege a varias mujeres: el grupo, supuestamente, protegido. Esta paradoja produce costos humanos mientras se desenvuelve.

En este texto, exploro los costos que conlleva el feminismo punitivo, utilizando la iniciativa de ley de trata presentada el pasado noviembre en la Cámara de Diputados.2 Me centro en el delito de trata con fines de explotación sexual previsto en esta ley porque su herencia feminista ha sido ya demostrada.3 Si bien la iniciativa tiene múltiples aciertos en relación con este delito,4 también es cierto que daña a los trabajadores sexuales (históricamente, un grupo compuesto en su mayoría por mujeres): los criminaliza –en los hechos–; reduce sus ingresos y sus posibilidades de reinventar el género y lo sexual; desvía recursos que podrían ser usados para apoyar a las víctimas de trata; e impide una mejor organización de los mercados sexuales. A continuación, explico estos costos en cuatro apartados.

El colapso entre trabajo sexual y trata

La iniciativa colapsa trabajo sexual y explotación sexual. El artículo 23 establece –como lo hace la ley vigente– que el consentimiento de un trabajador para prestar servicios sexuales mediados por un tercero acusado de explotación (esto es, de beneficiarse del trabajo sexual ajeno), es irrelevante para que el juez determine si éste último es, o no, penalmente responsable. No importan los motivos que lleven a una persona a elegir prostituirse: el acusado es siempre culpable.5 Los acusados sólo tienen que haber participado en actividades que van desde la administración, la seguridad, y el transporte, hasta la ambientación y la limpieza. Es decir, para que a uno lo acusen de explotación sexual, basta poner la música del table-dance, mover los carros en el valet-parking del bar para caballeros o hacer el aseo en un motel frecuentado por trabajadores sexuales y sus clientes. Así, toda forma de organización del trabajo sexual es, en los hechos, penada.

Asimismo, el artículo 25 elimina cualquier posibilidad de diferenciar entre trabajo y delito al establecer dos medios ilícitos para explotar el trabajo sexual ajeno: el “aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la víctima” y el “abuso de poder”. La ley es indiferente a, por ejemplo, la súplica como medio de explotación. Yo no estaría cometiendo un delito si le pidiera de rodillas a una trabajadora sexual que tuviera sexo-pago conmigo. No obstante, la ley sanciona que me aproveche de “cualquier … condición” que coloque a la víctima en “desventaja” frente a mí (aprovechamiento de vulnerabilidad) y que me aproveche de cualquier relación de “dependencia o subordinación” con la víctima (abuso de poder).

Las nociones de vulnerabilidad y abuso de poder son demasiado amplias y permiten que cualquier caso que involucre trabajo sexual se convierta en uno de explotación. Por ejemplo, en un caso reciente, el dueño de un bar fue encontrado culpable del delito de explotación sexual.6 A pesar de que las supuestas víctimas dijeron que no tenían ningún delito qué imputar y que sus condiciones de trabajo eran aceptables y acordadas, el juez sostuvo que el acusado era culpable. Según el juez, las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad por ser mujeres pobres, lo que las hacía presa fácil de la manipulación y las llevaba a no ver que estaban siendo abusadas. En su iniciativa, los legisladores plantean una excepcionalidad falsa respecto de lo sexual:7 sólo el trabajo sexual genera vulnerabilidad y excesos en el ejercicio del poder. Sobre esta excepcionalidad, la iniciativa promueve que cualquiera encuentre explotación sexual ahí donde haya conflictos de trabajo que involucren trabajadores sexuales. En otras palabras, la iniciativa ignora que toda relación de trabajo –en la que existen jerarquías– implica relaciones de poder y, ergo, personas que ejercen y son afectadas por ese poder. La vulnerabilidad y el riesgo de abuso son siempre una posibilidad, en cualquier ámbito laboral y para cualquier persona.

El colapso entre trata y trabajo sexual produce al menos dos costos humanos importantes. Uno: la ley afecta a las personas que están más expuestas no sólo a la arbitrariedad del sistema de justicia, sino también a la inestabilidad económica en los mercados sexuales. Como muestran los casos de trata,8 el sistema de justicia penal impacta con más fuerza a quienes cuentan con menos recursos sociales, políticos y económicos. Al mismo tiempo, estas personas son quienes más necesitan del trabajo sexual para garantizar su subsistencia, movilidad y progreso. Esta doble desventaja (dentro del sistema de justicia y en la sociedad) es reforzada por los términos omnicomprensivos de la iniciativa, que abarcan tanto los casos de violencia abyecta como los de trabajo. Así, la iniciativa daña a las personas “vulnerables” que los legisladores —al menos formalmente— buscan proteger.

Dos: la ley priva de un espacio formativo y de resistencia a los trabajadores sexuales activos y a quienes simpatizan con el trabajo sexual. Pedagógicamente, las dinámicas de poder que se despliegan en el trabajo sexual pueden transformar la moralidad de las personas (incluida la sexual), así como su percepción sobre sí mismos. El trabajo sexual, igual que el sexo en pareja o con amigos, es un espacio para desaprender y aprender sobre satisfacción, no sólo vergüenza; reparación, no sólo trauma; respeto, no sólo abuso; fortaleza, no sólo vulnerabilidad.9 En vez de buscar eliminar estas experiencias con un plumazo, valdría la pena enfrentarlas, debatirlas y capitalizarlas.

Políticamente, si la prostitución es la institución patriarcal por excelencia (como arguyen las defensoras del feminismo punitivo),10 también es un terreno privilegiado en el que las pequeñas prácticas podrían desmantelar la opresión. Hoy, los trabajadores sexuales son ejemplo de resistencia y/o resignificación de los valores masculinos y femeninos tradicionales: abiertamente participan en debates académicos y políticos; fungen como promotores de salud; demandan el uso de condón; denuncian; y superan el abuso o los eventos traumáticos que forman parte de la vida laboral. Estas prácticas redefinen el género y la sexualidad tal como los conocemos y, así, desarticulan los patrones de desigualdad aparejados a estas categorías.11

La criminalización del consumidor de servicios sexuales

La iniciativa propone sancionar con pena de dos a diez años de prisión a quien adquiera, use o solicite servicios sexuales. Los legisladores sostienen que la criminalización de los consumidores de servicios sexuales ha disminuido la trata sexual en países como Suecia o Francia. Para empezar, esta afirmación es, al menos, debatible. Literatura en el tema muestra que la criminalización no erradicó la prostitución, sino que la desplazó de las calles a los establecimientos, las aplicaciones móviles y el Internet.12 Concretamente, la criminalización eliminó las manifestaciones visibles de pobreza y de diversidad racial y nacional, mas no el intercambio de sexo por dinero en sí. Más allá de eso, suponiendo que la iniciativa tuviera consecuencias similares en México, identifico dos costos humanos derivados de esta intervención legal.

Uno: la merma en el ingreso y la integridad de los trabajadores sexuales. La literatura crítica que menciono arriba, junto con otra escrita por trabajadores sexuales y activistas,13 señala que la criminalización de los clientes genera mercados negros en que los trabajadores sexuales y los clientes constantemente huyen de los aplicadores de la ley. En consecuencia, puesto que algunos clientes son disuadidos de solicitar servicios sexuales, el precio de los servicios sexuales y el ingreso de los trabajadores descienden. Al mismo tiempo, el mercado se desplaza geográficamente hacia áreas más inhóspitas, inseguras y en las que la interacción entre clientes y trabajadores —fundamental para generar primeras impresiones y, así, confianza— se complica. Esto pone en riesgo la integridad física de los trabajadores sexuales y sus clientes.

Dos: la reinscripción de la masculinidad tradicional. La iniciativa formalmente proteger a “los sectores considerados en situación de vulnerabilidad … principalmente mujeres y … menores de edad”. Al hacerlo, la iniciativa crea un grupo de víctimas e, inintencionadamente, uno de perpetradores: los hombres adultos. Esto coincide con la teoría que subyace en al feminismo punitivo y que considera que los hombres instintivamente buscan ser agresivos, rudos, dominantes y competitivos.14 Según esta narrativa, los hombres son propensos a violentar a las mujeres, quienes han sido socializadas para ser pasivas, débiles y sacrificadas. La iniciativa, en su afán por disuadir a los hombres de la violencia, manda un mensaje que refuerza los prototipos que el feminismo punitivo critica: la mujer (léase, trabajadora sexual) como víctima perfecta y el hombre (cliente) como depredador. Este mensaje de la ley resuena en los medios de comunicación y los discursos políticos; se resocializa y, en muchos casos, internaliza. El costo de la criminalización es que nos ata a los esquemas de género tradicionales, como si no hubiera casos (¡los hay!, como señalo en el apartado anterior) que contradicen los estereotipos y redefinen el género y la sexualidad.

El vigilantismo en los mercados sexuales

El artículo 47 de la iniciativa castiga, con pena de dos a cinco años de prisión, la omisión de denunciar que se ha cometido, o se está cometiendo, un hecho “probablemente” constitutivo de alguno de los delitos de la ley de trata, por ejemplo, la explotación sexual. En un intento por obtener la mayor cantidad de evidencia a través de la denuncia ciudadana, los legisladores extendieron el deber de denunciar a cualquier persona que pueda tener cualquier sospecha incriminatoria.

El amplio espectro de aplicación de este delito apareja dos costos humanos. Uno: las incomodidades y arbitrariedades que padecen los trabajadores sexuales a manos de la policía y el Ministerio Público. Al perseguir a los no denunciantes y (tácitamente) inmunizarlos frente a las quejas por denuncias infundadas, la ley incentiva la generación de denuncias erróneas y falsas. Dado que el éxito de la campaña contra la trata se mide en número de personas arrestadas y llevadas ante un juez (no de personas halladas culpables),15 los incentivos se alinean para que las denuncias —fundadas y no— desencadenen un sinnúmero de operativos anti-trata en los mercados sexuales.16 Estos operativos conllevan maltrato y arbitrariedad contra los trabajadores sexuales, así como el riesgo de sean considerados responsables de no denunciar o, peor, de explotación.17 Ultimadamente, la capacidad de las víctimas para evadir la violencia institucional dependerá de sus recursos y su suerte.

Dos: las denuncias falsas o erróneas proveen una buena justificación para redirigir los limitados recursos dedicados a la investigación criminal hacia casos fáciles, en los que los acusados (por carecer, de nuevo, de recursos) no opongan resistencia para ser procesados —independientemente de que su actuar haya sido genuinamente ilícito. Además de reforzar diversas dimensiones de la desigualdad, esta mala inversión de recursos mina la habilidad de las instancias de justicia de proteger a las víctimas reales y perseguir a tratantes/explotadores.

La prohibición como sustituto del control regulatorio

En su artículo 75, la iniciativa ordena a las autoridades supervisar los centros de entretenimiento en que se puedan cometer alguno de los delitos asociados con la trata y a realizar inspecciones periódicas para impedir que las personas sean expuestas a la trata. Del texto de la iniciativa, se infiere que estas supervisiones tienen como fin perseguir y sancionar el delito, no disminuir su incidencia mediante la regulación.18

El costo del control penal de los mercados sexuales (no digamos ya los no sexuales) tiene que ver con la falta de sofisticación del derecho penal. El derecho penal no fue diseñado para organizar; arbitrar, y responder, con matices, a la multiplicidad de prácticas —buenas y malas— que se pueden cometer en los mercados sexuales. Fue diseñado para reprimir. Por ello, el artículo 75 probablemente no se traduzca más que en el aumento de los arrestos, las deportaciones y los encarcelamientos arbitrarios de trabajadores sexuales.

Simultáneamente, controversias que los trabajadores sexuales podrían resolver desde lo civil, lo laboral o lo administrativo terminan siendo canalizadas a través del proceso penal. La consecuencia: alternativas como, por ejemplo, la indemnización, la restitución en el mercado laboral, y el pacto de penas o beneficios convencionales se vuelven imposibles. Esto desprotege a los trabajadores sexuales como agentes del mercado sexual y trabajadores.

Conclusión

Aun si la iniciativa no es aprobada, esta discusión tiene una vigencia ulterior. Se trata de que la iniciativa distribuye los costos de la aplicación de la ley en contra de los trabajadores sexuales. La iniciativa persigue —de manera contundente pero no necesariamente explícita— la eliminación de la prostitución. La motivación en esta agenda es feminista. La iniciativa puede no aprobarse, pero el impulso por abolir la prostitución vía el derecho penal prevalece.  En la lógica del feminismo punitivo (que es independiente de esta iniciativa concreta), encarcelar a uno o más tratantes para, así, desmantelar el patriarcado bien vale que más trabajadores sexuales sean criminalizados y vejados en los hechos.

Los legisladores, al seguir esta lógica, no muestran una comprensión refinada de cómo se vive la agenda del feminismo punitivo en la práctica. Así, los legisladores siguen fallando en su sensibilidad y responsabilidad frente a quienes resentirían la reforma. Considero que un ejercicio legislativo sensible, responsable y orientado hacia la igualdad y la justicia supone (1) minimizar el uso del derecho penal y (2) robustecer la política enfocada en atender la pobreza y mejorar las condiciones de trabajo en general. De pronto, las pequeñas prácticas creativas y de resistencia de los trabajadores sexuales en el mercado laboral podrían cambiar, sin un costo tan alto para este grupo, las dinámicas de poder que rechaza el feminismo punitivo.

 

Claudia Torres
Candidata al doctorado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, y miembro del Grupo Latinoamericano de Acción/Análisis de Mercados Sexuales (GlamSex) y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE.


1 Para una crítica al giro punitivo, ver Laureen Snider, Feminism, Punishment and the Potential of Empowerment, 9 Can. J.L. & Soc. 75 (1994) y Elizabeth Bernstein, Carceral politics as gender justice? The traffic in womenand neoliberal circuits of crime, sex, and rights, 41 E. Theor Soc  233 (2012).

2 Iniciativa que expide la Ley General Contra la Trata de Personas; y reforma los artículos 11 bis del Código Penal Federal y 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, suscrita por el diputado César Camacho Quiroz e integrantes del grupo parlamentario del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional [en adelante Iniciativa LGTP], Cámara de Diputados, 28 de noviembre de 2017.

3 Ver Janet Halley et al., “From the International to the Local in Feminist Legal Responses to Rape, Prostitution/Sex Work and Sex Trafficking: Four Studies in Contemporary Governance Feminism”, 29 Harvard Journal of Law and Gender 335 (2006).

4 Por ejemplo, la iniciativa establece un bien jurídico tutelado por los delitos contenidos en la ley (no varios, como hace el texto vigente): diferencia entre el delito de trata y los de explotación, y trae al frente los derechos de las víctimas (que parecen marginales en la ley vigente), el deber de generar indicadores y la educación como herramienta de prevención del delito.

5 Para un ejemplo de cómo las voces de los trabajadores que dicen dedicarse a la prostitución voluntariamente son ignoradas en tribunales, ver Amparo Directo 82/2013, Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, mayo 31 de 2013, y Amparo en Revisión 22/2015, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Penal del Vigésimo Circuito, enero 21 de 2016 (ambos en archivo con la autora).

6 Ver Amparo Directo 206/2016, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, marzo 23 de 2017.

7 Para una crítica a la excepcionalidad de los sexual, ver P. Kotiswaran, Dangerous Sex, Invisible Labor: Sex Work and the Law in India (Princeton University Press, 2011) y M. Nussbaum, Whether for Reason or Prejudice”: Taking Money from Bodily Services, in Sex and Social Justice (Oxford University Press, 2002).

8 Un ejemplo es el caso de Braulia (el nombre es ficticio), una migrante centroamericana arrestada en la frontera sur del país por el delito de trata. Durante la detención, un policía le dijo que, pese a saber que ella era mesera y no dueña del bar donde se dio el operativo anti-trata, él no se podía ir con “las manos vacías” y le exigió 40,000 pesos a cambio de dejarla ir. “Ni modo”. Braulia firmó una hoja en blanco que, eventualmente, fue llenada con una confesión falsa. Esta confesión la hacía pasar por encargada del bar en el que fue arrestada. Sus suegros vendieron su casa para pagar a un abogado particular, puesto que la abogada de oficio era –en palabras de ella misma– “abogada de oficina”. A diferencia de otras chicas que pagaron 20,000 para evitar ser procesadas, Braulia fue sentenciada. Braulia quería presentar un amparo para ser exonerada de sus cargos, pero no tenía los 5,000 que cobraba el abogado para presentar dicho recurso. Para Braulia, “al que realmente trata personas le sacan el dinero y a los pobres los llevan a la cárcel. La ley de trata está comercializada”. (Estas declaraciones se encuentran en archivo con la autora.)

9 Por ejemplo, ver T. Zheng, Red Lights: The Lives of Sex Workers in Postcolonialist China (University of Minnesota Press, 2009) (refiriendo que, una vez dentro del mercado sexual, el rompimiento de la moralidad tradicional internalizada lleva a que las trabajadoras sexuales la sustituyan con a una nueva visión moral en la que el intercambio de dinero por intimidad sexual o romance es empoderante, no denigrante) o R. Parrenas, Illicit Flirtations: Labor, Migration, And Sex-Trafficking In Tokyo (Stanford University Press, 2011) (argumentando que los estándares morales cambian en el proceso de migración laboral, de una aceptación de los valores tradicionales asociados con el catolicismo en Filipinas hacia una experiencia del trabajo sexual como liberadora y una apertura al placer en el sexo).

10 K. Barry, Female Sexual Slavery (The New York University Press, 1979); Catharine A. MacKinnon, Prostitution and Civil Rights, Discurso en el Simposio del Michigan Journal of Gender & Law: Prostitution: From Academia to Activism (Octubre 31, 1992); y A. Dworkin, Prostitution and Male Supremacy, Life and Death (1993).

11 Sobre la subversión de la figura estereotípica de las mujeres por parte de las trabajdoras sexuales, ver M. J. Frug, A Postmodern Feminist Legal Manifesto (An Unfinished Draft), 105 Harvard Law Review 1045 (1992)

12 E. Bernstein, Intimately Yours: Intimacy, Authenticity and the Commerce of Sex (The University of Chicago Press, 2007); P. Hubbard et. al., Regulating the spaces of sex work: assessing the impact of prostitution law, Reporte completo de investigación, ESRC, RES-000-22-1001, Swindon: ESRC; S. Dodillet and P. Östergsen, The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects, Conference paper presented at the International Workshop: Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical Experiences and Challenges, The Hague, March 3 and 4, 2011.

13 P. Jacobson, Suecia.- El malo de la película, en M. Briz & C. Garaizabal, La prostitución a debate: por los derechos de las prostitutas (Madrid: Talasa Ed., 2007), 113, 115; J. Eriksson, Lo que falla en el modelo sueco, en L. Solana & E. Acién (eds.), Los retos de la prostitución: estigmatización, derechos y respeto (Granada: Editorial Comares, S.L., 2008).

14 Por ejemplo, ver D. Russell, The Politics of Rape (Stein and Day Publishers, 1975), p. 260-5 y Barry, op. cit. supra nota 10, en 219.

15 Ver Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018, DOF 30/04/2014 (Mx.) (estableciendo el porcentaje de consignaciones hechas por el delito de trata como indicador de la efectividad de la procuración, la investigación y la persecución de los delitos en esta materia).

16 Aunque los operativos se deberían dar en todos los mercados, no sólo en los sexuales, el combate a la trata de personas suele ser sinónimo de combate a la prostitución, no a la explotación laboral en general. Ver Denise Brennan, Life Interrupted: Trafficking into Forced Labor in the United States (Duke University Press, 2014).

17 Marta Lamas señala que, durante los operativos, la policía y el Ministerio Público comúnmente amenazan a los trabajadores sexuales con acusarles de trata y explotación sexual para extraerles declaraciones incriminatorias, so pena de considerarlas cómplices de esos delitos. Ver M. Lamas, “Feminismo y prostitución: la persistencia de una amarga disputa”, 51 Debate Feminista 18 (2016). El delito de omisión de denunciar fortalece las amenazas de las autoridades, al darles un fundamento jurídico para arrestar a los trabajadores sexuales que deciden no incriminar a otros. Ver también Claudia Torres, Ambigüedades y complejidades: la trata con fines de explotación sexual y el no reconocimiento del trabajo sexual en México (Cátedra extraordinaria sobre trata de personas, UNAM, 2015).

18 El artículo separa las actividades de prevención del delito de aquéllas relacionadas con la supervisión, lo cual parece implicar —por oposición— que la supervisión meramente supone perseguir y sancionar el delito.