Este año será recordado como un parteaguas en materia de participación política de las mujeres: en las elecciones del mes de julio el mayor número de mujeres en la historia del país contenderán por un cargo de elección popular. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE) en estas próximas elecciones se disputarán más de tres mil 400 cargos de elección popular,1 si multiplicamos esos cargos por el número de partidos y consideramos que la mitad de las personas postuladas deberán ser mujeres, nos damos cuenta de la importancia de este suceso histórico.

En los últimos 20 años la participación de las mujeres en el ámbito político ha crecido de forma significativa. El establecimiento de las cuotas electorales como una medida especial de carácter temporal2 permitió a finales de los noventa y en la primera década del nuevo siglo aumentar la masa crítica de mujeres en el Poder Legislativo. Posteriormente, en 2014 se dio un salto cualitativo al lograr el reconocimiento de la paridad a nivel constitucional para los poderes Legislativo federal y locales. Dicho reconocimiento decantó en reformas legislativas locales y en decisiones judiciales que han extendido la paridad a nivel municipal,3 y en algunos casos al Poder Ejecutivo.4

La paridad, a diferencia de las cuotas, no es una medida especial temporal sino un nuevo principio de representación democrática que apela a la necesidad de una representación equitativa de hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones que refleje la composición de las sociedades (mitad hombres y mitad mujeres). El movimiento por la paridad, que surgió en Francia en los noventa, busca marcar la diferencia entre hombres y mujeres para luego hacerla desaparecer, es decir, no se busca que las mujeres gobiernen sólo para las mujeres o por ser mujeres.5

Ilustraciones: Estelí Meza

En México esta irrupción masiva de las mujeres en el espacio político no ha sido fácil: ha sido un camino lleno de obstáculos, de riesgos de retroceso donde las mujeres políticas y sus aliadas han dado, y continúan dando, una batalla sin tregua. Las reformas legales que se han conquistado no son el fin, sino el comienzo de un largo camino por la igualdad en la representación política.

Las mujeres siguen enfrentando enormes obstáculos estructurales para acceder a los espacios de toma de decisiones y para ejercer el poder público. Dentro de estos obstáculos se encuentra, por ejemplo, el estigma arraigado en los estereotipos de género para las mujeres que se dedican a la política. Asimismo, el hecho que las mujeres sigan siendo las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidados de hijos/as, adultos mayores, personas enfermas representa una gran barrera —si como se suele decir “detrás de un hombre político hay una mujer” detrás de una mujer política muchas veces no hay nadie—. La política sigue siendo un espacio con prácticas machistas, los partidos siguen siendo dominados primordialmente por elites masculinas que no siempre tienen una convicción sobre la relevancia de la inclusión paritaria de las mujeres en los espacios públicos.

Otro gran obstáculo que enfrentan las mujeres políticas es lo que hoy se ha conceptualizado como violencia política. La violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.6

La violencia política se manifiesta de muy diversas formas: una candidata que es amenazada y hostigada para renunciar a su postulación a un cargo; una mujer ocupando un cargo elegido popularmente que es destituida de forma violenta; una mujer política cuya vida sexual es expuesta en redes sociales y es acosada para impedirle competir por un cargo; o una mujer a quien se le exige un “favor sexual” para darle una candidatura.

Es posible que la violencia política contra las mujeres haya existido desde el mismo momento en que entraron al espacio público, pero es hasta hace muy poco que se ha reconocido su existencia y se ha visibilizado a la par de otras formas de violencia de género que apenas se están “desnaturalizando”. Sin embargo, el fenómeno de la violencia política sin duda se ha agudizado en un contexto en el cual los cargos públicos son limitados y las mujeres ocupan un mayor número de éstos.

En México, y en general en la región de América Latina, el reconocimiento de la violencia política como una dimensión particular de la violencia de género es bastante reciente. Es en Bolivia, país que cuenta con una normativa de paridad, donde se da una de las primeras movilizaciones públicas que nombran el fenómeno de la violencia política y que culmina con la aprobación de una ley en materia de violencia política. En México se presentaron en 2016 y 2017 iniciativas legislativas para tipificar la violencia pero no fueron aprobadas. A nivel regional, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Mujeres, emitió en 2015 una Declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres7 y en 2017 una Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política.8

Los avances en el reconocimiento de la violencia política como una barrera para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres representa un avance importante, pero no suficiente. Es muy probable que en el próximo periodo electoral se dé una incidencia muy alta de actos de violencia política contra las mujeres dada la cantidad de cargos que se disputarán, así como el contexto de por sí violento y polarizado en el que estamos viviendo. La gran pregunta es: ¿qué se puede y debe hacer al respecto?

Por un lado, es fundamental que las autoridades electorales atiendan de manera efectiva y eficaz los casos de violencia política. Ello implica proveer información adecuada sobre los recursos legales que tienen las mujeres cuando sus derechos políticos son violados, pero también brindarles acompañamiento legal y psicosocial cuando sean víctimas de este tipo de actos. A pesar que la violencia política no ha sido tipificada como tal, existe sin duda un sólido entramado legal que protege a las mujeres y los tribunales han demostrado ser, en muchos casos, muy buenos aliados de las mujeres en la protección de sus derechos políticos.

La resolución efectiva de los casos de violencia política es clave pero resulta aún más relevante poder prevenir dichos actos. Un eje fundamental de la prevención debe ser promover acciones desde las propias autoridades electorales y desde otros espacios para que las mujeres puedan conocer más a profundidad sus derechos políticos, cómo ejercerlos y defenderlos. Asimismo, es muy importante continuar promoviendo la generación de alianzas entre mujeres dentro y fuera de sus partidos. Las alianzas han demostrado ser una gran herramienta para la defensa de los derechos políticos de las mujeres y para evitar actos de violencia política.

El otro gran eje de la prevención les corresponde a los partidos políticos. Es fundamental que dentro de las estructuras de los partidos existan disposiciones en contra de la violencia política y mecanismos internos para atender las denuncias. También es fundamental que desde las cúpulas se realice una condena a la violencia política y se comprometan a una política de cero tolerancia a este tipo de actos.

La paridad y la entrada de las mujeres a la política ha develado, entre otras cuestiones, la precariedad de las democracias internas de los partidos, la necesidad de cambiar las prácticas políticas, y de atacar las causas estructurales de la discriminación y la violencia en contra de las mujeres. Asimismo, la paridad representa una oportunidad para promover una mayor participación ciudadana y recuperar un poco de la confianza en las instituciones.

Este proceso electoral será una prueba para las autoridades electorales, para los partidos y para la sociedad en general. En la medida en que los actos de violencia política sean permitidos, tolerados o no investigados, en esa medida estaremos debilitando o fortaleciendo nuestra de por sí incipiente democracia.

 

Ximena Andión Ibáñez
Directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.


1 Instituto Nacional Electoral (INE), Elecciones 2018, disponible en: http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2018/

2 También conocidas como “acciones afirmativas” las medidas especiales de carácter temporal como acciones destinadas a cerrar una brecha de desigualdad ente hombres y mujeres, en el caso de las cuotas en el espacio político. Estas medidas como su nombre lo indica deben ser temporales y desaparecer una vez que se alcance el cierre de la brecha.

3 La Constitución de la Ciudad de México reconoce la paridad en los tres poderes de gobierno.

4 Instituto Nacional Electoral (INE), Paridad de género y derechos político-electorales, disponible en: https://www.ine.mx/paridad-degenero-derechos-politicos/

5 Joan W. Scott, Parité: Igualdad de Género y la crisis del universalismo francés, Fondo de Cultura Económica, 2012.

6 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, primera edición 2016. Disponible en: http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf

7 Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belem do Para (MESECVI), Comisión Interamericana de Mujeres, Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, 15 y 16 de octubre de 2015. Disponible en: https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionViolenciaPolitica-ES.pdf

8 Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belem do Para (MESECVI), Comisión Interamericana de Mujeres, Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política, 2016. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIM/docs/GrupoViolenciaPoliticaII-ES.pdf

 

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