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Para la autoridad, Jacinta, Alberta, Teresa, Martín y Pedro fueron culpables hasta que se demostró lo contrario. Las instituciones les pidieron disculpas y ofrecieron reparar el daño, pero hay un fragmento de sus vidas que nadie podrá devolverles

El principio jurídico de presunción de inocencia consiste en asumir que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en México demostrarlo es tan fácil como fabricar un culpable. Por error, por venganza o por presumir eficiencia las autoridades encarcelan personas inocentes cuyas vidas se quiebran y no vuelven a su estado original ni con el pegamento de la exoneración. En el último lustro la Ley General de Víctimas otorgó a quienes son injustamente encarcelados la posibilidad de exigir una reparación del daño con una indemnización económica, terapias psicológicas y físicas, protección en caso de peligro y garantía de no repetición, pero lo que ningún gobierno puede devolverles es el tiempo, la confianza y en algunos casos la salud.

La vida no se detuvo mientras Jacinta, Teresa, Alberta, Martín y Pedro estuvieron en prisión, sólo ellos quedaron en una tortuosa y prolongada pausa. Para las autoridades judiciales de sus estados ellos eran culpables hasta que se demostró lo contrario años después, y su forma de corregir el error fue simplemente liberarlos, sin impartir justicia: ninguno de los responsables ha sido encarcelado. Cuatro de ellos demandaron la reparación del daño para reponerse económica y psicológicamente, pero la vida que transcurrió sin ellos ya no va a volver. Esto es lo que los inocentes encarcelados no podrán recuperar.

Ilustraciones: Belén García Monroy

 

El sol del mediodía inunda el patio de cemento en la casa de la familia Francisco. Varios de sus miembros ya llegaron y se ocupan en limpiar por aquí, organizar por allá mientras llegan los demás. La sombra de un árbol se vuelve el lugar perfecto para que doña Jacinta, la jefa de familia, coloque un mantel sobre el suelo y se siente a descansar. En pocos minutos se le unen sus hijas y sus nietos, primero todos sentados a su alrededor, un rato después todos acostados sobre el mantel, disfrutando el día a los pies de la madre.

“Nosotros nos reunimos casi cada fin de semana a platicar cómo le va a cada quién, cómo está cada uno de nosotros”, cuenta Estela Hernández, la célebre hija de Jacinta Francisco que sacudió al país hace un año con el discurso que pronunció en el acto de disculpa pública que la fiscalía general (PGR) ofreció a su madre por encerrarla tres años sin que hubiera cometido el secuestro del que se le acusó. “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, es la frase lapidaria que todo México recuerda de Estela.

Fueron 160 fines de semana como éste los que un grupo de policías robó a Jacinta Francisco y su familia. 37 meses en los que el patio soleado de su casa cambió por el área de visitas del penal de San José el Alto en Querétaro, su estado de origen. Tres años sin fiestas de cumpleaños ni Día de las Madres, los hijos que se graduaron en ese tiempo no lo festejaron. “Cada que llegaba un diciembre y no la teníamos con nosotros era muy difícil, no podíamos celebrar. Nadie tenía ganas”, recuerda Estela. La familia Francisco, cuya unión es evidente, concentraba sus energías y recursos en conseguir dinero para pagar la defensa de su madre.

Todo por detenerse a ver qué pasaba en el tianguis de Santiago Mexquititlán el 26 de marzo de 2006, cuando vio que los comerciantes discutían con unos agentes. Jacinta cuenta que ella y su hija Leticia fueron a la farmacia cercana a que le aplicaran una inyección y, enfrente, seis agentes federales intentaban llevarse la mercancía de vendedores de discos, quienes exigían ver la orden de decomiso o de lo contrario no permitirían que se los llevaran. El disturbio atrajo a la prensa local y, al día siguiente, Jacinta apareció en las fotografías de un diario.

Esto fue prueba suficiente para los agentes de que Jacinta participó en la protesta y que ella, junto con otras dos mujeres, los “secuestraron” en aquella plaza. Durante cuatro meses otros agentes se dedicaron a espiarlas, visitándolas con engaños para “reunir pruebas” de que cultivaban droga y que eran delincuentes peligrosas. El esposo de Jacinta, Guillermo Francisco, recuerda haber visto dos veces en su negocio de helados —anexo a su casa— a los hombres que la detuvieron el 3 de agosto sin una orden, sin uniforme y sin informarles el motivo de la detención.

Tampoco hubo pruebas de que Jacinta hubiera retenido a los agentes en aquel zafarrancho y, sin embargo, en diciembre de 2008 —más de dos años después— la condenaron a 21 años de cárcel, junto con Alberta y Teresa, las otras mujeres otomíes detenidas por estos hechos. El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” asumió su defensa y apelaron la sentencia, consiguiendo que fuera revocada en septiembre de 2009. Jacinta recuperó su libertad y cinco meses después uno de sus hijos murió en un accidente. José Luis tenía 20 años y su madre se perdió tres de ellos en prisión.

“Me da coraje por esos tres años, el dinero va y viene pero ¿y la familia? Él me decía cuando salí que si antes alguien no me quería ahora menos me querrían porque ahora iba a ser famosa, iba a tener que ir a todos lados donde me invitaran, y me decía ‘si nadie te quiere acompañar, yo te acompaño’”, recuerda doña Jacinta en el comedor de su casa, donde está instalado un altar permanente para sus muertos, con una fotografía de José Luis al frente.

“La vida diaria sin ella era nomás estar pensando cuándo se iba a resolver esto y cómo, quién nos iba a ayudar, la mente nomás está en eso”, recapitula don Guillermo sobre esos tres años. “A veces despierta uno en la madrugada y aunque sea platica con la compañera, con la pareja, pero en este caso ni cómo”.

Todos esos momentos de vida son irrecuperables, pero esta familia también perdió mucho dinero comprobando la inocencia de Jacinta. Perdieron los ingresos de tres años productivos de ella, sumado a todo lo que tuvieron que pedir prestado para pagar abogados y viajes a Querétaro desde Mexquititlán para verla cada semana. Por eso demandaron la reparación del daño y, en febrero de 2017, la PGR tuvo que pedir disculpas públicamente, en un acto inédito en México, por haber torcido varias vidas haciendo mal su trabajo. “Nos chingamos al Estado”, sentenció triunfante Estela, sentando con sus palabras un precedente de justicia en un país habituado a la injusticia.

 

La fiscalía reconoció públicamente la inocencia de Jacinta Francisco y la de las otras mujeres indígenas acusadas de secuestrar a seis agentes: Alberta Alcántara y Teresa González. Estas cuñadas sí participaron en el reclamo de legalidad por el decomiso de sus mercancías aquel 26 de marzo de 2006, pero tampoco secuestraron a nadie, por lo que también fueron exoneradas en abril de 2010.

Según su propio relato, las vendedoras de discos recordaban haber visto en televisión que los policías destruyen la mercancía in situ cuando realizan decomisos, pero los agentes de la extinta AFI (Agencia Federal de Investigación) que acudieron al tianguis de Santiago Mexquititlán querían llevarse todo, incluso les pidieron las cajas de los discos. Esto despertó suspicacia en ellas, por lo que exigieron ver la orden de decomiso y las identificaciones de los agentes —que no iban uniformados—, lo que causó el enfrentamiento. Sin opciones legales, los agentes ofrecieron 70 mil pesos para compensar los daños a los comerciantes, lo que después fue interpretado como el pago para que sus “secuestradores” los liberaran. Este “acuerdo”, sin embargo, no dejó satisfechos a los policías: acusaron a las tres indígenas de secuestro —un delito grave que se castiga con prisión— y otros agentes las “visitaron” por cuatro meses para recabar más pruebas en su contra. El 3 de agosto sacaron a Teresa de su casa, a Alberta de su trabajo y las llevaron a prisión, donde encontraron a Jacinta, a quien conocían por la venta de nieves en el tianguis.

Durante esos cuatro años murió el padrastro de Teresa, nació su hija y su salud sufrió afectaciones irreversibles. El señor Alfonso de la Cruz se casó con la madre de Teresa González cuando ella ya era adulta, y aunque no tenía mucho tiempo de conocerla, la trataba como una hija. Su padre biológico las abandonó varias décadas atrás.

Uno de los hijos de Alfonso lo golpeó, causándole daños que lo mataron una semana después, pero logró ver antes a su “otra hija”. “Su hijo tomaba mucho y le daba por golpear a su esposa, en una de esas él se metió en medio para que no le siguiera pegando, eso lo supimos después por sus compañeros de trabajo que lo vieron”, cuenta Teresa. “La última vez que fue a verme me dijo ‘hija ya no voy a poder venir a verte pero échale ganas, yo sé que vas a salir de aquí’”.

Y salió, pero no igual que como entró. Fue detenida a los 21 años y al salir de la cárcel, con 25, ya padecía una crónica e irreversible alteración de los triglicéridos por un experimento practicado en el Cereso. “Nos dieron un yogurt, uno venía con tapa azul para unas internas, y a otras con tapa de otro color, según era para probar si bajaba los triglicéridos. A todas nos hacían exámenes y las que salíamos un poco altas nos daban el yogurt a ver si se bajaba, y a mí me subió hasta 500”, cuando el nivel recomendado por la Secretaría de Salud es no mayor de 150 miligramos por decilitro.

El doctor le informó de esta alteración y le dio “una noticia buena y una mala”: la buena, que ese padecimiento se controla con medicamento. La mala, que tendría que comprarlo ella porque en la cárcel no había, de manera que su esposo tuvo que sumar a los gastos de su defensa otros  mil 500 pesos mensuales, del medicamento. “Y todavía riéndose, nos dijo ‘pues ya ven, mujeres, ¡por su experimento que aceptaron! Y no pueden reclamar porque ustedes firmaron un papel’”.

Ya en libertad, Teresa toma el medicamento cuando le vuelven a subir los triglicéridos, algo que detecta fácilmente cuando se le adormece el brazo y le duele el pecho. En el penal lo consumió todos los días durante sólo dos meses, pues una médica del penal ordenó suspenderla cuando descubrieron que estaba embarazada.

 “A veces yo me ponía a llorar porque era algo que yo anhelaba tanto, que siempre había soñado porque a veces creía que no iba a poder ser mamá, ya habían pasado nueve años y no me podía embarazar; que de pronto me dijeran que estaba embarazada y no poder convivir con mi esposo como yo hubiera querido, vivir mi embarazo al lado de él… Yo no quería estar embarazada ahí, yo quería que mis suegros y mi mamá convivieran conmigo”, recuerda desde su casa en Santiago, donde vive con sus suegros, su esposo, su cuñada y las hijas de cada una.

“Una disculpa pública, ¡qué bueno! Igual la reparación del daño. Pero eso no nos repone lo que no vivimos con la familia”, concluye Alberta Alcántara.

 

Edna no quería que su esposo se perdiera el nacimiento de su hija, a la que habían deseado por seis años sin éxito. En 2014 finalmente ella quedó embarazada. Era el 18 de septiembre y ya faltaba poco, tan sólo dos meses para que ambos recibieran a María José, cuando Martín fue arrebatado de su casa, a la que no regresó hasta enero de 2017.

Ellos viven en el occidental estado de Jalisco, y en una vorágine de abusos y torturas que duró cuatro días Martín González, vendedor de autos usados y teléfonos móviles, atravesó el país: de Tala a Guadalajara, luego a la fiscalía antinarcóticos (SEIDO) en Ciudad de México y finalmente en una prisión de Veracruz. Aquella noche septembrina llegaron siete policías a su casa acusándolo de ser líder de una plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Arrastraron —literalmente— hasta su patio a un joven esposado y golpeado que aseguró conocerlo: esa cuestionable declaración fue suficiente para que se llevaran a Martín sin una orden de aprehensión, como ocurre con 40% de las detenciones en México, según el Instituto Nacional de Estadística (INEGI).

En la estación de policía, ya en la capital jalisciense, lo torturaron durante varias horas para obligarlo a confesar que era un capo. Martín sólo quería que aquello terminara, por lo que al ser trasladado a la SEIDO firmó una confesión que él no escribió, en la que admitía ser vendedor de drogas y que “su grupo” se dedicaba a reclutar nuevos miembros para el CJNG, matando a quienes se rehusaban. Con esta declaración firmada bajo torturas —comprobadas posteriormente por el protocolo de Estambul— lo encerraron en el penal de Perote, Veracruz, donde permaneció ocho meses.

Edna no quería que su bebé siguiera creciendo, al metamórfico ritmo que crecen los bebés, sin que su papá pudiera atestiguarlo, pero no le permitían ingresar fotografías a la prisión durante sus visitas, mucho menos un celular para mostrarle imágenes de María José. Así que la madre imprimió una foto de la niña en una playera, se la puso debajo de un suéter para ocultarla y así “llevó” consigo a la bebé a que su padre la conociera.

Los padres de María José vivieron sus dos primeros años separados: ella como si fuera madre soltera pero al mismo tiempo ocupándose de la defensa de su esposo; él recluido en dos prisiones de máxima seguridad, 20 de los 28 meses en Puente Grande, Jalisco, un penal para delincuentes de la talla de los capos Joaquín El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero, o secuestradores como Daniel Arizmendi El Mochaorejas.

“El día que nació María José sentí muchísima felicidad pero al mismo tiempo era la tristeza más grande de mi vida porque Martín no estaba. Me contrapunteaba yo sola, de ¿por qué me está pasando esto? Algo que iba a ser muy feliz para nosotros, tener el primer hijo, estar juntos, era algo muy padre y nada nos va a pagar ese momento, ni ese ni lo que vino después”, expresa Edna Vega en una charla telefónica.

A diferencia de otras madres que cuando miran a un niño pequeño recuerdan con ternura cómo fue el suyo a esa edad, Edna tiene recuerdos agridulces de los primeros dos años de su hija porque su sueño se cumplió en la peor época de su vida. “Todas las canciones que María José oía de chiquita no las puedo escuchar porque me duelen un montonal, te regresan al momento que estabas viviendo; para mí eso es muy triste todavía, eso me dice que no lo he superado. Me da coraje pensar que estos malditos, por su culpa nos cortaron de tajo, nos separaron: cada quién vivió por su lado diferentes cosas, aunque íbamos juntos pero nada que ver lo que vivía cada uno, y ahora sí, ‘sigan como si nada pasó’. No se puede, a mí no me pagan con nada, es un daño irreparable que a veces es mejor intentar dejar atrás porque si no, no vamos a poder”, lamenta la esposa de Martín González.

El magistrado del Séptimo Tribunal Unitario con sede en Guadalajara, Isidro Avelar, determinó que la condena a Martín González estuvo basada en firmas falsas, que los policías que lo aprehendieron mintieron en sus declaraciones, y que no había suficientes pruebas contra el acusado, por lo que revocó la sentencia condenatoria, decretó una absolutoria en su lugar, y ordenó la inmediata liberación del reo, cerrando así dos años de su vida siendo el narco que no fue, pagando por las drogas que no vendió, los hidrocarburos que no robó y los asesinatos que no cometió.

Cuando Martín recuperó su libertad ahí seguían su esposa, su hija, sus hermanos, sus amigos, la vida de la que fue arrancado en septiembre de 2014. Pero hay cosas que no podrá recuperar: los primeros pasos y la primera palabra de su hija; el sueño continuo por horas sin ser interrumpido por pesadillas en las que sueña que el juez se equivocó y que vienen a detenerlo otra vez; la tranquilidad de viajar a Estados Unidos para traer coches que vender y de paso visitar a sus hermanos, disfrutar la carretera sin sudar frío cada vez que pasa por un retén o cada vez que se acerca un agente de tránsito en Guadalajara.

Por ello, Martín y Edna quieren de vuelta, al menos, lo que sí es recuperable: el millón de pesos que perdieron durante el juicio por el pago a abogados, los viajes a Veracruz, las deudas con quienes confiaron en su inocencia y le prestaron dinero; las pérdidas incontables por los meses que no pudo trabajar. “Si me pudieran recuperar los dos años que estuve en la cárcel, preferiría eso a lo económico pero no se puede; entonces si es lo único que se puede hacer, hay que hacerlo”, dice Martín en una videollamada desde Jalisco. Por eso presentaron una demanda contra ese estado, al que exigen la reparación del daño, una indemnización y una disculpa pública por haber torturado, encarcelado y desprestigiado a un inocente.

 

Pedro Canché no duerme bien desde que estuvo en prisión. Cada noche tiene que adoptar cierta posición en particular para que su cuerpo encuentre reposo y logre conciliar el sueño. Despierta varias veces y se reacomoda, se revuelve sobre el colchón hasta que consigue el anhelado objetivo y espera que esta vez dure un poco más.

No son pesadillas lo que despierta a Pedro, recuerdos de los nueve meses que pasó injustamente encarcelado. No es el temor con el que de cualquier modo vive cada hora de todos sus días. Lo que le quita el sueño es el dolor, el estridente y punzante grito de una vértebra que desde su espalda le avisa que algo está mal. Que sigue mal dos años después de que recibió una golpiza en el penal municipal de Felipe Carrillo Puerto, en Chetumal (capital de Quintana Roo) que le dejó lesiones en la espina dorsal y un brazo, que no le permiten superar el pasado. Un dolor intenso “como agujas que se clavan en la cervical”, que cada noche le recuerda que su labor periodística irritó al ex gobernador Roberto Borge, preso por acusaciones de corrupción durante su gestión, recientemente extraditado desde Panamá.

Pedro Canché es un periodista y activista maya originario de Quintana Roo. A finales de agosto de 2014 cubría una protesta contra el alza a las tarifas de agua en la ciudad de Carrillo Puerto, durante la cual los manifestantes bloquearon las instalaciones de la Comisión de Agua Potable local. Por esta cobertura se le acusó del delito de sabotaje y fue recluido el 30 de agosto en la prisión municipal, ya que por tratarse de un delito grave no pudo seguir su proceso en libertad. El 29 de mayo de 2015 un juez reconoció su inocencia al acreditar que las pruebas en su contra fueron insuficientes y ordenó su libertad.

“Tengo unas hernias cervicales en los discos tres y cuatro que requieren cirugía para ponerles placa y clavos. Todo el tiempo tengo que tomar medicamentos antiinflamatorios, al tomarlos para mitigar el dolor me causa un efecto colateral en el hígado, que ha crecido”, explica el periodista en entrevista telefónica. “Si estoy con el dolor no puedo trabajar, si viajo quedo cansado, adolorido; si es en avión es espantoso el dolor. Queda una secuela que no se repara con una disculpa pública, queda como una marca de Borge, de una intolerancia hacia el periodismo”.

En su caso, la reparación del daño ya fue ordenada por el gobierno de Quintana Roo, en acatamiento a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero hasta ahora sólo se han cumplido dos puntos: la disculpa pública en reconocimiento de su inocencia, y una terapia de rehabilitación en Ciudad de México para repararle el mango rotor de un brazo, financiada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La compensación económica y el castigo a quienes lo apresaron indebidamente seguían pendientes a la fecha de esta publicación. El estado de Quintana Roo declaró no contar con fondos suficientes para pagarle, dejando en manos de la CEAV la indemnización, inicialmente estimada en 40 mil dólares pero rechazada por Pedro a través de un amparo pues, según él, las pérdidas de su mueblería ascendían a dos millones y medio, además de los daños físicos y emocionales.

“En el mango rotor recuperé 75% de movilidad, antes tenía el brazo entumido, se me caían las cosas, no tenía fuerza, me volví zurdo. Para quedar al cien se requiere una cirugía pero yo no la acepté. Son las cositas que no se ven, parece que uno salió de la cárcel feliz y contento y ya, pero es un sufrimiento del diario”, expresa Canché.

Mientras estuvo preso la pareja que tenía en ese tiempo perdió un bebé que estaban esperando cuando lo detuvieron, y Pedro asegura que por esa misma situación acabaron separándose.

Cuando el ex gobernador Borge fue detenido en Panamá, Canché viajó hasta allá para hablar con él, como una visita regular al penal El Renacer, cerca de la capital panameña. Al ver quién era, el ex gobernador priista le preguntó: “¿Qué haces aquí?”, y se negó a hablar más con él. De acuerdo con Pedro, gritó “¡Guardias, desalojen al periodista!” y se retiró a su celda.

 

El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 136 que en el ejercicio de la acción penal “corresponde al Ministerio Público rendir las pruebas de la existencia de los delitos y la responsabilidad de los inculpados” y que no son ellos quienes deben probar su inocencia. Pero estas cinco personas dedicaron todo su tiempo y recursos a probarlo estando presos, mientras sus acusadores aportaban pruebas insuficientes en su contra, gozando de plena libertad.

Los cinco aseguran que renunciarían a cualquier pago si eso les devolviera los momentos que perdieron. Su lucha hoy es sólo para recuperarse, y coinciden en una meta que a la vez es su exigencia al gobierno: que esta infamia ya no se repita.

 

Claudia Altamirano
Periodista.