Saúl López Noriega: ¿Cuáles son, a su juicio, los principales desafíos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en este 2018?

Janine Otálora Malassis: Es histórico este proceso electoral; primero, por el número de cargos a renovar, que son tres mil 600 —sin hacer el desglose correspondiente de síndicos y regidores en los municipios, en cuyo caso rebasan los 15 mil. Es histórico porque por primera vez se va a aplicar la reforma constitucional que ordenó la concurrencia de los procesos electorales locales con el federal. La experiencia habrá de decirnos si funciona esta concurrencia, si realmente hay una reducción del costo de las elecciones. O, en su caso, si tal disminución es menor y no justifica la eventual confusión del elector el día de la jornada electoral; así como las cargas de trabajo tanto para el Instituto Nacional Electoral (INE) como para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales electorales. Histórico, a su vez, porque por primera vez habrá candidatos independientes a la presidencia de la República y a las senadurías y, obviamente, candidatos independientes en muchas entidades que hasta ahora no lo han vivido. Histórico, porque por primera vez vamos aplicar el principio de reelección en muchas entidades federativas.

Entonces, nosotros tendremos la tarea de definir ¿qué es reelección o paridad?, ¿pueden cohabitar ambos principios constitucionales?, ¿es la reelección un derecho humano o un principio constitucional? Por ejemplo, respecto a la reelección. En México tenemos esta regla de que para poder ser candidato a un cargo distinto del que desempeña un funcionario electo tiene que separarse del cargo, para evitar el uso de recursos públicos, la cuestión de la coacción del voto, etcétera. ¿Qué va pasar en la reelección? ¿Va a tener que separarse del cargo quien quiera reelegirse en el mismo? ¿Serán distintas las reglas de separación del cargo?

Pero agregaría que este proceso es histórico, finalmente, en dos aspectos: la fiscalización por parte del INE y los tiempos de esta tarea. La elección de este año es el primer domingo de julio; mientras que los anteriores procesos han sido el primer domingo de junio. Es decir, en el caso de 2015, en la elección federal, se tuvieron tres meses para resolver fiscalización, cómputos y nulidades. En esta ocasión se va a tener un poquito menos de dos meses para resolver fiscalización, cómputos y nulidades de todo el Congreso de la Unión y del presidente de la República.


Ilustración: Víctor Solís

SLN: Ahora, esto habla de que tienen que revisar, en muy poco tiempo, un proceso gigantesco. Un abultado abanico de impugnaciones, por ejemplo, relacionadas con la fiscalización y la nulidad de procesos electorales. ¿Cuántos asuntos esperan recibir? ¿Tienen el personal para resolver cada uno de éstos?

JOM: Sí. Tenemos una perspectiva nada más, es una proyección de cálculo —porque nunca hemos tenido un proceso de esta magnitud— de 50 mil asuntos; 50 mil asuntos para todo el TEPJF (Sala Superior y Salas Regionales) y para los 32 procesos electorales. Pero en el TEPJF tenemos lo que llamamos el presupuesto para proceso electoral federal, que nos aumenta el presupuesto para contrataciones extras de personal y los recursos materiales que requiera éste. En este sentido, previmos una contratación cercana a las 650 personas para este proceso, en el entendido de que las cargas de trabajo brutales se darán en los meses de julio, agosto y septiembre. Es decir, sí vamos a tener los recursos humanos suficientes para salir adelante con todas las elecciones.

SLN: Sólo para comparar, dice que ustedes calculan 50 mil casos ante el TEPJF para este año, considerando procesos electorales locales y federales. Pero, ¿cuántos tuvieron en 2012 y 2015?

JOM: No tengo la cifra exacta, pero fueron en 2012 cerca de 15 mil, 16 mil asuntos. Y en 2015 una cifra similar. Pero estábamos lejos de tener los procesos locales que tendremos en esta ocasión.

SLN: En ese sentido, por supuesto que los partidos políticos y ciudadanos tienen derecho a demandar y litigar en materia electoral. Pero también hay un exceso de litigiosidad electoral. Hay un problema de demandas frívolas; es decir, que las fuerzas políticas usan la demanda más como recurso político o mediático, que como un medio de protección legal. ¿Cómo resolver este problema?

JOM: El problema de la judicialización ha ido en aumento, en aumento constante. Hace varios años se pensaba: la confianza está aumentando y, por eso, hay una mayor judicialización. Yo creo que esa visión ya la tenemos que dejar a un lado. Creo que esta excesiva judicialización nos está obligando a ver las cosas de una manera muy distinta.

¿Qué está pasando? Primero, me parece que hay una excesiva regulación que hace que todo se pueda impugnar. También considero que hay un problema de madurez política de los actores, en cuanto a aceptar los resultados, sobre todo cuando las diferencias son notorias en los resultados de la votación. Y, tercero, yo creo que el juez tiene que incitar al legislador, a su vez, a encontrar otros mecanismos para resolver estos conflictos. 

SLN: No obstante, algunos consideramos que el TEPJF tiene, dentro de sus atribuciones, la posibilidad de cerrar o abrir la válvula para controlar los casos que conoce y combatir esta litigiosidad. La crítica, en concreto, sería el doble riesgo de que el TEPJF abra demasiado dicha válvula: por un lado, incentiva dicha litigiosidad y, por el otro, permite que lleguen asuntos que no son propios de un tribunal. ¿Usted cree que hay que revisar esa válvula que define cuántos casos y de qué tipo ingresan al TEPJF?

JOM: Yo considero que sí hay algo de verdad en esta parte. ¿Qué es lo que pasó en la anterior integración del TEPJF? Cuando las Salas Regionales se convierten en permanentes se crea el recurso de reconsideración para impugnar ante la Sala Superior las sentencias de las Salas Regionales, pero en supuestos muy limitados. Sin embargo, la Sala Superior, en su anterior integración de magistrados, amplió el recurso de reconsideración y, a través de jurisprudencia, fue admitiendo la reconsideración en todos los casos.

¿Qué pasó? Se desvirtuó el sistema previsto por el legislador: las Salas Regionales ya nunca fueron de última instancia. Se creó una nueva instancia y, finalmente, se propició un aumento en el número de asuntos de la Sala Superior. Por ello, en la actual integración de magistrados del TEPJF estamos cerrando muchísimo el recurso de reconsideración.

También tenemos el problema de la frivolidad en las demandas. Un ejemplo, a veces los actores políticos impugnan el cómputo de casillas, exigen un recuento, aun cuando éstas ya fueron anuladas. Entonces, tenemos situaciones en las que, en efecto, tendremos que empezar ya a imponer sanciones por la frivolidad del uso del medio de impugnación y, de esta manera, responsabilizar al actor político de una decisión clave: cuándo sí venir a la justicia electoral o cuándo no venir.

SLN: En cuanto a la fiscalización, desde la trinchera judicial, ¿qué es lo que a usted le preocupa más? 

JOM: Me parece que con los criterios que fijamos en el caso “Coahuila”, y lo que hemos fijado respecto diversas modificaciones de la fiscalización, ya están dadas las bases para una buena fiscalización. Me preocupan, más bien, los tiempos que tiene el INE, porque va a tener para fiscalizar 800 cargos aproximadamente en un mes, un poquito más de un mes: cinco semanas. Nosotros, el TEPJF, para revisar vamos a tener una semana, 10 días en concreto. Ese es el tema que a mí me preocupa: los tiempos y la capacidad de la autoridad administrativa para llevar a cabo en tiempo y forma esta compleja fiscalización.

SLN: En este 2018 se espera que internet y las redes sociales sean una arena de batalla política clave en la competencia electoral. En este contexto, ¿cuál sería la posición del TEPJF en cuanto a los conflictos judiciales electorales, derivados del uso de internet y redes sociales?

JOM: El año pasado sólo tuvimos que conocer de algunos casos, fueron uno o dos, de violencia política de género en redes sociales. Uno de ellos fue el caso de la candidata de Morena, en el Estado de México. Pero fueron casos muy específicos. No hubo casos masivos, como se prevé que habrá por lo menos en la presidencial de este año. No pienso que se dé en las demás elecciones, pero en la presidencial y a lo mejor en alguna que otra elección de gubernatura, es muy probable que se presenten este tipo de conflictos. 

Al respecto, hasta ahora, la Sala Superior ha sido muy liberal, considerando que es un ámbito y un espacio de comunicación que no se regula y que no se restringe, a menos de que se den ciertas condiciones. No quisiera adelantar criterios. Pero, sin duda, las redes sociales van a ser uno de los temas fundamentales en estas campañas electorales.

SLN: ¿La posición del TEPJF sería a favor de la libertad de expresión política?

JOM: A favor de la libertad de expresión política en las redes sociales.

SLN: En ese sentido, el INE recién firmó un convenio con Facebook, para coordinarse y evitar desinformación respecto la autoridad electoral. ¿A ustedes les preocupa este convenio? ¿No ven un eventual riesgo de censura? 

JOM: Nosotros, como TEPJF, lo vemos bien. Incluso estamos tratando de ver también la posibilidad de un convenio con Facebook para capacitar a nuestros colaboradores. Porque sabemos que vendrán muchos casos de nulidades de elección, a partir de lo que pasa en redes sociales. Entonces, ¿cuál es el impacto de Facebook?, ¿cómo revisar contenidos de Facebook?, ¿de qué manera detectar la autoría origen de cierto contenido de Facebook con amplia difusión? Esa capacitación que puede darnos Facebook es algo que como TEPJF nos interesa mucho.

SLN: Uno de los retos clave de cualquier tribunal, más para ustedes en un proceso electoral como este de 2018, es saber comunicar sus sentencias. Si sabemos que los actores políticos siempre tratan de llevar sus conflictos no sólo a la arena judicial, sino también a la arena mediática, ¿cuál es la estrategia del TEPJF para enfrentar estos ataques en la opinión pública?

JOM: Creo que justo es el tema fundamental de este año para el TEPJF: cómo comunicar. Una mala comunicación nos lleva a un proceso creciente de desconfianza de la ciudadanía. El mal entendimiento de qué se dijo en una sentencia y cuáles son los alcances de ésta. Entonces, estamos trabajando en torno a la mecánica de subir infografías en redes sociales; tener debates en las sesiones públicas, con el ánimo de que el debate sea algo que sintetice y que diga qué es lo que dice la sentencia en aquellos casos en los que son relevantes. Estamos viendo también posibilidades de otras vías de comunicación, a través de algunos programas en torno a sentencias sumamente sensibles, que es necesario e indispensable, incluso para el propio proceso electoral, que se conozca qué dijo el TEPJF. Entonces, las infografías, quizá desplegados en medios de comunicación sumamente esquemáticos de qué es lo que dice tal sentencia sobre ello.

SLN: En ese sentido, previo al arranque formal de la campaña electoral, ¿cómo siente la legitimidad del TEPJF?

JOM: Yo siento que el TEPJF está ahorita en una etapa en la que tiene toda su legitimidad. Ciertamente, hubo críticas, críticas fuertes, el año pasado en cuanto a presupuestos, salarios y prórroga de plazos de algunos de los magistrados de esta integración. Este último tema ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia; por su parte, lo de los sueldos fue algo que expliqué en diversos foros y quedó a su vez bien comprendido. Y siempre tendremos sentencias sujetas a debate y a crítica. Eso me parece ineludible, sea cual sea la decisión. Por ejemplo, cada vez que el TEPJF anula alguna elección es objeto de crítica; si no la anula es objeto de crítica y también si resuelve lo contrario. Lo importante, por tanto, es cómo respondemos ante esa crítica. Es decir, de qué manera la propia sentencia puede sostenerse ante la crítica o de qué forma comunicamos y debatimos. 

SLN: Ahora bien, una narrativa relevante de nuestro país es que tenemos una democracia sin demócratas. Es decir, más allá de las fallas y asignaturas pendientes de nuestra democracia, las fuerzas políticas no son proclives a cumplir las reglas del juego. ¿Cómo palpa el ánimo, en este proceso electoral, de los jugadores? ¿Hay compromiso por parte de ellos? O, más bien, ¿los jugadores van a buscar reventar el sistema, saturar a las instituciones con demandas frívolas y criticarlo sin sustento, además de esparcir información falsa?

JOM: Lo que tiene que hacer el TEPJF es velar, primero, por el orden constitucional democrático. Ahora, la cuestión es la siguiente: la Constitución contempla una serie de derechos que nos protegen a todos y, por ende, nos compete a todos proteger la Constitución y respetarla. Si no se da ese respeto —y muchas veces no hay una voluntad real de respetar la Constitución y menos aún la ley—, entonces tal situación complica mucho el actuar de un juez.

Se trata de decirles a los actores políticos cuándo están violando la ley. Y, al mismo tiempo, darnos cuenta de que lo que están violando son las reglas que ellos mismos establecieron. Es decir, son ellos los que pusieron las reglas del juego. Aquí no estamos ante cualquier ciudadano común y corriente que viola un código penal o un código civil. No, aquí estamos hablando de algo más grave. Actores políticos que fijan las reglas del juego y, luego, buscan cómo vulnerarlas. Por ello, me parece fundamental ese llamado a los actores políticos a la moderación, a la prudencia y al respeto de la norma y del orden constitucional… Insisto, que ellos establecieron. Y no hay ese ánimo.

SLN: ¿No lo hay? ¿Usted no siente ese ánimo?

JOM: No se percibe ese ánimo de cumplir, ese ánimo de llamar a cumplir la norma. Se puede sentir en algunas etapas del proceso electoral. Al principio sí se siente un ánimo de cumplir, pero después, me parece, cuando el debate se vuelve cada vez más ríspido y los tiempos frente al día de la elección se acortan, ahí ya empieza a haber una falta de respeto a la norma, a la Constitución. Y, entonces, ya lo que se le pide al juez, en ese momento, es venir a sancionar una serie de incumplimientos previos inclusive al proceso electoral o determinar cierta conducta como un incumplimiento aunque no sea el caso. 

SLN: En otro tema, actualmente la legislación establece una serie de causales para anular un proceso electoral. Pero en integraciones pasadas del TEPJF se crearon causales más abiertas, que relajaban los controles a la discrecionalidad jurisdiccional y que no estaban contempladas en la ley. Primero, se inventó la llamada causal de nulidad abstracta; luego, la determinancia —que grosso modo consiste en que si la diferencia entre el primero y segundo lugares en una elección es muy estrecha y hubo una violación a algún principio constitucional electoral que fuese determinante en el resultado, entonces se debe anular los comicios en cuestión. ¿Cuál es la posición de esta nueva integración? ¿Van a mantener la figura de la determinancia

JOM: Sin querer adelantar, porque no hemos tenido en realidad —de las nulidades que hemos resuelto— algún tema de determinancia.

SLN: Pero en este 2018 seguro les llegará el caso.

JOM: Seguramente va a llegar. A ver, el tema de la determinancia es el tema más complejo de explicar en la materia electoral, porque es muy difícil de entender qué es, cuál es el alcance de algo determinante y cuándo es determinante en un proceso electoral. Entonces, sí podría llegar a darse el caso de una serie de violaciones a estos principios constitucionales que son el de certeza, independencia, autonomía de las autoridades, libertad del sufragio. Y, en su caso, si realmente llegan a acreditarse y la diferencia es cerrada —no hay que olvidar que las elecciones en nuestro país son cada vez más cerradas—, entonces sí podría llegar a darse un caso de nulidad por esta vía. Ahora, insisto en que tiene que acreditarse, porque ese es otro de los temas que tiene el TEPJF. No basta que me vengan a decir: “Se violaron estos principios”, si no me aportan pruebas que acrediten la violación. Por ello, es clave que el caso en cuestión reúna las características y que esté acreditado. Finalmente, la nulidad es esencialmente un tema de qué hay en el expediente, así como qué es lo que se aprueba y acredita.

SLN: Por último, una crítica que algunos hemos esgrimido al sistema electoral mexicano es el abuso del principio de equidad, el cual, sin duda, fue clave en su momento si consideramos que el punto de partida de nuestra transición democrática fue un partido hegemónico autoritario. Pero, a su vez, en un proceso electoral, dentro del marco de la ley, debería haber espacio para la creatividad política. ¿No ha habido, en este sentido, un abuso del principio de equidad en ámbitos donde debiese haber mayor libertad para el juego político? 

JOM: Sí. Creo que aquí la respuesta sería una pregunta también, para iniciar una reflexión: ¿Hasta qué punto el derecho no está violando la democracia en lugar de fortalecerla? Creo que, en efecto, que hay una construcción excesiva de reglas, que evita dejar fluir y que se vaya adaptando lo que es el mundo político. A modo de ejemplo diría el caso de los debates. Todo mundo se queja de la rigidez de los debates, cuánto ganaría la democracia con debates más relajados, mucho más fluidos. Pero, finalmente, por tanta regla, tenemos pocos y acartonados debates. Entonces, sí hemos visto casos en los que tenemos que tener cuidado, tanto el árbitro administrativo como el juez constitucional, de no “matar” la política en la democracia. A través de reglas, ya sea legislativas o reglas que nosotros mismos vayamos poniendo.

SLN: Lo cual exige, al mismo tiempo, un proceso de maduración de la clase política. Es decir, me parece que no pocas de nuestras reglas electorales son fruto de una infantilización de la clase política, cuya premisa es evitar riesgos significativos al diseñar su estrategia política. ¿Está usted acuerdo? 

JOM: Sí. Creo que hay dos grandes males que acechan a los actores políticos en contienda: el infantilismo y la victimización. Los cuales, junto con una injerencia excesiva de las autoridades, dificultan que la política sea dinámica y flexible, preservando obviamente ciertos principios fundamentales. Pero si juntamos todo eso nos da una democracia que está en peligro, porque ni quienes están de un lado, que son los actores, están ayudando a que se fortalezca y, a veces, las autoridades con un afán de regular y de vigilar absolutamente todo, estamos también vulnerando la calidad de nuestra democracia.

6 de febrero, Ciudad de México

 

Saúl López Noriega
Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.