Saúl López Noriega: ¿Cuáles son las características del proceso electoral 2018 que lo hacen tan particular?

Lorenzo Córdova Vianello: Es la elección más grande de la historia por varios factores. El primero, es el número potencial de electores. El listado nominal, aunque no es definitivo, es de algo más de 88 millones de electores. Lo que comparativamente con hace seis años significan nueve millones más de potenciales electores. De los cuales, por cierto, alrededor de 12.8 millones de electores votarían por primera vez en una elección presidencial y, de éstos, alrededor de seis millones son los nuevos primeros electores en una elección federal; es decir, son electores que se han inscrito al listado nominal después de 2015.

Ahora, el número de casillas, si bien el número se va a definir en los meses por venir, estimamos que rondarán las 156 mil casillas; de nuevo, comparativamente con 2012, estamos hablando de 13 mil casillas más.

En tercer lugar, hay que considerar que vamos a la elección más grande por la concurrencia de las elecciones locales y federales: 30 elecciones locales que se van a realizar este 1 de julio —de las cuales en nueve se renovará su gubernatura—, junto con las elecciones federales de diputados, senadores y presidente de la República.

Por último, valdría subrayar que en los 30 estados donde habrá procesos locales y federales se establecerá la figura de casilla; es decir, en una misma casilla se deberán votar todos los cargos a elección. Lo cual implica, por mandato de ley, que ahora ya no se integrarán las casillas con cuatro funcionarios propietarios y dos suplentes, sino por seis propietarios y tres suplentes. Lo que exige tener listos, capacitados y dispuestos a ejercer su rol como funcionarios a nueve ciudadanos por cada casilla.


Ilustración: Víctor Solís

SLN: Justo el caso Coahuila evidenció el problema de un número tal de diferentes maneras de votar por un mismo candidato, que confundieron al ciudadano al votar y, por su parte, a los funcionarios de casilla al computar los votos. ¿Cómo evitar que se repita este escenario en 2018?

LCV: El caso de Coahuila es el caso extremo; es decir, teníamos una realidad política que, por el número de partidos y las distintas modalidades de votación de la ley electoral de Coahuila, un ciudadano tenía alrededor de 130 modos válidos de votar para la elección de gobernador. Lo cual es contrario a toda lógica y racionalidad. Eso nos llevó a diseñar un modelo de acta sumamente complejo de llenar, en donde la posibilidad del error se multiplicaba. El caso de Coahuila es un caso emblemático que nos llevó a tomar medidas para evitar que esa complejidad vuelva a pasar. Pero son medidas que varían de entidad en entidad, porque las leyes locales pueden generar contextos distintos. No obstante, en términos generales, el mismo funcionamiento de la casilla única nos está colocando en la necesidad de innovar procedimientos e incluso de tomar medidas —por cierto, con el uso intensivo de tecnologías— para que este proceso electoral no se traduzca en automático en mayor carga de trabajo para los funcionarios de casilla y, por lo tanto, mayor retraso en la emisión de los resultados.

Una novedad adicional: como sabes, el PREP, por ejemplo, otro mecanismo de información preliminar, opera a partir de la captura de las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, que se realiza desde nuestras sedes distritales. Es decir, cuando la casilla se ha cerrado, el paquete de la elección federal se transporta a nuestras oficinas, el paquete de la elección local se transporta a las oficinas del Organismo Público Local Electoral correspondiente, y en tales sedes es donde se escanean esas actas y se suben a internet para alimentar el PREP. En este contexto, decidimos, y ya hicimos programas piloto en las elecciones del año pasado, operar lo que llamamos PREP Casilla. Lo cual no es otra cosa que cada uno de nuestros capacitadores y asistentes electorales estará dotado —hoy está en curso la licitación— de un smartphone dedicado exclusivamente a la función de capacitadores.

Eso nos va permitir que durante la jornada electoral estos capacitadores alimenten el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) en tiempo real desde la propia casilla; es decir, vamos a saber a qué hora se instaló la casilla, si esa casilla se instaló con los funcionarios previamente asignados o con ciudadanos tomados de la fila; si hay algún incidente y cómo se resolvió éste. Pero además este smartphone va a ser fundamental para que en la noche de la jornada electoral se fotografíe el acta de la elección correspondiente. Con lo cual vamos a poder alimentar tanto el conteo rápido, si esa casilla es parte de la muestra respectiva, como el PREP, desde la misma casilla.

Por último, este smartphone puede ser habilitado el día de la elección, dado que tiene cámara, como un mecanismo para, en tiempo real o en algo muy cercano al tiempo real, ir contrarrestando posibles noticias falsas que suelen darse durante la jornada electoral, como que en tal casilla hay violencia, en tal casilla se suspendió la elección. Vaya, el capacitador responsable de esa casilla puede ser contactado y se le puede pedir que nos genere una imagen, una fotografía para garantizar y evidenciar que la elección está transcurriendo de manera adecuada en tiempo real.

SLN: La reforma electoral de 2014 centralizó la materia electoral, de tal manera que ahora el INE puede intervenir bastante en los OPLES. En este escenario, ¿cuál es el principal reto del INE respecto a los OPLES en este 2018?

LCV: Valorando lo que había ocurrido en comicios previos, el INE decidió ejercer su facultad de atracción para emitir una serie de medidas, criterios y normas, que estandarizaran el funcionamiento de los órganos electorales locales. El Reglamento de Elecciones que hoy tenemos, documento elaborado a lo largo de prácticamente año y medio, es el mejor ejemplo. Gracias a éste hoy está normado el comportamiento y los distintos tramos de construcción del proceso electoral, tanto del INE como de los OPLES.

Ahora bien, en 2016 y 2017 el INE tuvo una presencia en ciertas elecciones locales muy intensa. Por ejemplo, frente a una clara intromisión de poderes externos al OPLE del estado de Chiapas se decidió atraer ciertas decisiones del OPLE e inclusive desplegar una gran fuerza de trabajo del orden de 128 funcionarios nuestros para auxiliar al OPLE en el desarrollo de su elección. Para este 2018, sin embargo, no vamos a volver a hacer eso, ya que todos los esfuerzos institucionales del INE estarán concentrados en que las elecciones federales salgan bien. Es decir, hemos tenido que construir una relación con los OPLES en la que éstos son absolutamente responsables de lo que les toca y si bien va a haber un acompañamiento y una supervisión de parte nuestra no puede haber una subrogación de las facultades que a ellos les toca por parte del INE. No tenemos modo de hacerlo.

SLN: Pero, ¿no lo pueden hacer porque consideran que no vaya a ser necesario tal intervención en algunas entidades del país o, más bien, porque el INE simplemente con la elección federal ya tiene suficiente para entretenerse?

LCV: Deja decírtelo así: no podemos poner en riesgo el trabajo del INE en la organización federal y local por atender cuestiones que son competencia de los OPLES. Por ello, en esta elección los OPLES tendrán que asumir la responsabilidad más grande que han enfrentado hasta ahora. Y si bien la coordinación entre las instituciones es la más aceitada, y el INE ejercerá eminentemente una función de supervisión en el campo de actuación de los OPLES, lo cierto es que no podemos atraer procesos electorales locales ni sustituir a los OPLES en este 2018. Hacerlo podría poner en riesgo ambos procesos. Entonces, lo que hemos dicho es: ustedes, OPLES, siéntanse respaldados por el INE; no vamos a hacer su trabajo, porque no tenemos modo. Pero sí podemos acompañarlos y hacerlos fuerte en la defensa de su autonomía frente a cualquier tipo de intromisión indebida de algún tipo de actor político, económico, social. Ese es nuestro rol en esta elección.

SLN: Ahora, está el tema del dinero. ¿El nuevo modelo de fiscalización es realmente capaz de capturar lo que sucede en la realidad de los procesos electorales? Me refiero, por ejemplo, a la doble contabilidad que cada partido y candidato registra, el uso de dinero en efectivo, el aprovechamiento de ciertos recovecos de la internet para mover aportaciones de privados, a triangulaciones financieras para inyectar dinero público en las campañas, etcétera. ¿El modelo es capaz de enfrentar estos y otros fenómenos para domesticar en verdad el dinero en nuestra democracia?

LCV: Primero, no podemos olvidarnos de que este es un país, cifras oficiales, con 54 millones de pobres y que padece acentuadísimos grados de desigualdad. Eso no lo dice el INE, sino la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, tenemos un problema grave de corrupción y tenemos un problema también grave de impunidad, que alimenta y solapa la corrupción. Y, si lo anterior fuera poco, tenemos una crisis de seguridad, que no se ve que se pueda resolver en lo inmediato.

Por supuesto que todo esto se convierte en terreno fértil para que proliferen prácticas clientelares, intentos de manipulación o de lucrar con las necesidades de gran parte de la población. No obstante, y aunque a veces así se plantea, esto no se puede resolver desde lo electoral. Es decir, si hay un problema de corrupción, éste tiene que atacarse como lo que es: un problema criminal, un problema de procuración de la justicia. Si hay un problema de impunidad eso se tiene que resolver desde la propia procuración de justicia. Si hay un problema de pobreza y de desigualdad eso se ataca a partir de políticas sociales o económicas eficaces para revertir tal situación.

Segundo punto: se ha especulado también muchísimo respecto de la compra del voto. Yo no puedo decir: “No tengo ningún elemento para afirmar que no existe”, ahí están los incentivos y descubrimos a veces un caso, a veces otro, de que esto ocurre. Lo que sí es cierto es que, salvo el estudio de Kenneth F. Greene, hasta el momento yo no conozco otro estudio que haya intentado medir con cifras cuál es el verdadero impacto que tiene este fenómeno en la voluntad de los ciudadanos. Lo que sí es cierto es que en México existen condiciones estructurales para votar de manera libre. Es decir, la mejor herramienta para combatir la compra y coacción del voto es la mampara; ese espacio de tres paredes, con una cortinilla a nuestras espaldas, que nos permite emitir nuestro voto en secreto y libertad.

Por último, tenemos el modelo de fiscalización establecido con la reforma de 2014, la cual le impone al INE un desafío inédito: tener que construir un sistema informático que no existe en el mundo; hacerlo, además, en un tiempo récord. Y, en este sentido, pasar de un esquema de fiscalización ex post, en donde se revisaba —como suele ocurrir en toda auditoría— “a toro pasado”; es decir, casi un año después de que ocurrían las elecciones era cuando se revisaban los gastos de campaña. Pero ahora son clave los gastos de campaña para determinar la validez de un proceso electoral y, por ello, la fiscalización se tiene que realizar en tiempo real.

Así, el primer gran reto del INE era que este nuevo modelo funcionara, desde las elecciones de 2015, 2016 y 2017, y que estuviera listo para este 2018. Una buena noticia: sí funciona, la parte contable ya está resuelta. Ahora, necesitamos pasar a una siguiente etapa de la fiscalización, un uso intensivo de inteligencia financiera. Y, por ello, lo que necesitamos es una explotación de enormes bases de datos, a las que tenemos acceso, para identificar parámetros que nos generen alertas. Nosotros tenemos acceso permanente a la base de datos del SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera por ley nos tiene que entregar el reporte de movimientos inusuales y operaciones relevantes y, aprovechando que no tenemos como impedimento el secreto bancario, tenemos acceso a todas las cuentas del sistema bancario a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

SLN: ¿Cuál es la posición del INE para sortear el proceso mediático electoral en plataformas de internet como las redes sociales?

LCV: En el ámbito de las redes hay una premisa básica; uno, no se pueden regular las redes más que en aspectos muy elementales. Aquí no creo que haya puntos medios. O tienes criterios básicos de regulación, que son inevitablemente muy elementales, o llegas al extremo de Arabia Saudita o de China. Entonces, el desafío en realidad en este tema es, una vez más, el dinero ilegal. Esto es, el problema fundamental no es cuánto o cómo se usen las redes sociales, porque no hay modo de regular criterios de equidad en tales espacios.

SLN: ¿Existe, entonces, alguna estrategia del INE para evitar el uso ilegal de dinero en las campañas electorales a través, por ejemplo, de la DeepWeb y de criptomonedas?

LCV: Hay evidentemente ciertas fronteras que tendrán que irse definiendo. Una primera frontera, que es la más evidente, es en la que operan los grandes gestores de las redes sociales y que se trata de un uso de dinero ordinario, bancarizado. Es decir, si tú quieres potenciar una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook, tú das un número de tarjeta de crédito, pagas con PayPal o con alguno de estos mecanismos que al final del día se traducen en una contabilidad bancarizada o, en todo caso, ordinaria. Y, por el otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la DeepWeb. Ahí tenemos un problema de rastreo, pero sin duda es la nueva frontera. Y de ahí que sea motivo de preocupación y si bien no necesariamente es parte de nuestro modelo de fiscalización sí puede derivar en un tema respecto a nuestro blindaje en términos de ciberseguridad. Entonces, fundamentalmente, es un tema de ciberseguridad, pero podría tener una ramificación en cuanto a fiscalización.

SLN: Hoy en día prácticamente cada acuerdo o decisión del INE es impugnada ante el TEPJF, a través de demandas cuyo objetivo principal con frecuencia no es modificar una situación jurídica sino lanzar un dardo de comunicación político-electoral. ¿Cómo enfrentar esta excesiva y frívola litigiosidad electoral?

LCV: El problema central es que existen todos los incentivos en el sistema para impugnar lo que sea. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú quieres impugnar ante un tribunal los resultados de una elección, tienes que pagar una fianza. Es decir, sí te cuesta impugnar para efectos de evitar demandas frívolas y no estamos hablando de cuatro cacahuates, estamos hablando de millones de dólares que se piden de fianza para impugnar, por ejemplo, la elección presidencial.

No propongo llegar a este extremo, porque entonces entraríamos a la lógica de monetizar la justicia. Pero lo tomo como un ejemplo de estrategia extrema para desincentivar la judicialización frívola de los asuntos electorales. Así, yo creo que lo que tenemos que hacer, y en el INE ya comenzamos y hemos causado un revuelo monumental, es sancionar las quejas frívolas, las quejas que se nos presentan y no tienen mayor fundamento ni datos sólidos. De tal manera que en el ámbito de los ciudadanos tiene que haber una máxima apertura, porque estamos hablando de la protección de derechos. Pero en el ámbito de los partidos tenemos, poco a poco, que volvernos más selectivos respecto las quejas que proceden.

SLN: Una de las críticas principales al modelo de comunicación político-electoral es que, en cada proceso electoral, ofrece un sinfín de spots, pero no abre espacios para una genuina discusión de ideas entre los candidatos. En este 2018, ¿cuál será el formato de los debates entre los candidatos a la presidencia de la República? 

LCV: ¿Qué pretendimos hacer al respecto? Primero, si son tres meses de campaña, entonces, hagamos tres debates presidenciales organizados por el INE, aunque solamente dos son obligatorios para los medios de comunicación; luego, hagamos que los debates sean tan atractivos que, hasta el que no es obligatorio, se vuelva muy atractivo para que los medios no dejen de difundirlo y, por último, lo que hemos visto en anteriores debates es que inevitablemente los propios partidos políticos y sus candidatos buscan ubicarse en una zona de confort y de un mínimo de exposición y riesgo. En respuesta, lo que hicimos fue modificar el Reglamento de Debates; en concreto, la regla que establecía que el formato de los debates se debía pactar con los representantes de los candidatos. Lo cual implicaba que empezaba a discutirse el formato de los debates hasta que hubiera candidatos y, consecuentemente, tuvieran representantes en la Comisión de Debates. Ahora decidimos que no. Las reglas las vamos a poner nosotros como autoridad electoral, antes que haya candidatos formalmente registrados. Y, por ello, ya aprobamos las reglas marco de los debates. De tal manera que uno de éstos se realizará en la Ciudad de México, otro en Tijuana y, el último, en Mérida.

Por otra parte, ya fijamos que los moderadores los va a definir el INE, aproximadamente un mes antes de cada debate y, en estas semanas, estamos por aprobar una serie de reglas que tienen que ver con los formatos de los debates, cuyo propósito es que sean más flexibles y en los que el rol del moderador sea más activo, no solamente un administrador de tiempos y uso de la palabra. Y además se busca que sea un formato que permita efectivamente una confrontación y que tenga mecanismos que permitan sacar del área de confort a los contendientes.

SLN: También, por ejemplo, ¿el manejo de cámaras va depender enteramente de lo que ustedes reglamenten?

LCV: Totalmente. Nosotros vamos a fijar también esas reglas; garantizando, por supuesto, la equidad. 

SLN: Por último, ¿cómo sienten el compromiso de las fuerzas políticas con las reglas de este proceso electoral?

LCV: Con tres mil 406 cargos en disputa la apuesta política en esta elección es inédita. Nunca habíamos tenido tanta disputa por el poder político como la que vamos a tener este año y eso inevitablemente enciende los ánimos. Pero, por eso mismo, el INE tiene que prepararse, incluso para organizar una elección con estos jugadores, porque son los que tenemos para bien o para mal. Es decir, ya sabemos que no es parte de la cultura política del país la lógica de la aceptabilidad de la derrota. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Blindar, en la medida de lo posible, el proceso electoral frente a este hecho y crear contextos de exigencia. ¿Qué es lo que está haciendo el INE hoy de cara a las elecciones de 2018? Preparándose para la tormenta perfecta.

Por eso mismo es importantísimo, en primer lugar, explicar lo que va ocurrir. El día de la elección tiene que ser conocido y asumido por los ciudadanos desde semanas antes.

Luego, el INE tiene que generar una alianza con la sociedad, para que por ejemplo todas las organizaciones de la sociedad que han venido en los últimos años dando una batalla formidable para construir un sistema anticorrupción, se vuelvan los usuarios número uno de los sistemas de transparencia en materia de fiscalización y nos ayuden a generar un contexto de exigencia frente a jugadores que no necesariamente, digámoslo así, tienen en su ADN una lógica de estricto apego a la regla.

Si logramos hacer estas dos cosas: uno, explicar la elección y, dos, generar esta alianza con la sociedad, con las universidades —y cuando digo alianza no significa que el INE pretenda ni complicidades ni condescendencias—, entonces estaremos listos para una elección en la que nos estaremos jugando el futuro político del país.

29 de enero de 2018, Ciudad de México

 

Saúl López Noriega
Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.