Reflexionar sobre el momento en el que se encuentra nuestro país y hacia dónde queremos llevarlo, es una tarea necesaria por los grandes retos y temas que nos duelen, como la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la desigualdad, pero también por la reflexión que como mexicanos estamos obligados a realizar. Hacer memoria, repasar nuestra historia política económica, cultural e internacional para repensar nuestro entorno y participar activamente en la revolución de las conciencias que México requiere para regenerarse y salir del embate en el que se encuentra.

¿Qué nos deparan los siguientes años? ¿Cuál será el desempeño económico de México en lo local y en el escenario mundial? ¿Lograremos combatir y disminuir la violencia, la corrupción y la pobreza? ¿Se podrá disminuir la brecha entre la gente y las autoridades o aumentará el hartazgo?


Ilustración: Pablo García

Ante la mala reputación y desconfianza que la clase política ha generado, se ha puesto de moda y banalizado el termino “ciudadano”. Hoy tenemos candidatos que se hacen llamar ciudadanos e independientes y no lo son, políticos y personajes que en nombre de la ciudadanía veneran sus movimientos y figuras, pero poco proponen para demostrar que en verdad la gente, especialmente la menos influyente y visible, se encuentra al centro de sus planes. Hace falta una ciudadanía fuerte, que desde su trinchera, esté dispuesta a transformar el hartazgo en acción colectiva. Que de manera organizada haga valer sus derechos y muestre a los corruptos y demagogos el verdadero significado de la participación ciudadana. Una ciudadanía, que no solo repruebe lo que no es normal y sucede como si lo fuera, sino que cuente con las herramientas necesarias para castigar y visibilizar desde la colectividad las conductas incorrectas.

Los mexicanos identificamos la inseguridad como uno de los retos más urgentes de atender. De continuar con la tendencia, el 2017 cerrará como el año más violento de las últimas dos décadas. Seguimos esperando resultados diferentes haciendo lo mismo. Privilegiando las políticas de control y reacción sobre las de prevención. Sin entender que es tan importante atender los efectos de la violencia como las causas sociales y estructurales que la promueven. Este sexenio inició con la puesta en marcha del programa nacional de prevención social del delito, al que le fueron asignados 2,500 millones de pesos. Anunciado con bombo y platillo como la primera decisión del presidente Peña para diferenciar su política de seguridad con la de su antecesor caracterizada por un enfoque meramente reactivo y violento. A tan solo tres años de implementación y con muchos retos aún por delante, dejó de de ser una prioridad asignándole cero pesos a dicha política. Seguimos con una visión de corto plazo que poco ha funcionado. Discutiendo si debemos tener militares en las calles y ampliar sus facultades, si debemos armar a las personas o si debemos bajar la edad de reclusión para los niños que cada vez más pequeños se afilian al crimen o cometen delitos. Nos olvidamos de que el crimen y la violencia son fenómenos multicausales y debemos generar estrategias integrales y transversales de prevención social que vayan a la raíz del problema. La falta de integralidad en las respuestas para reducir el delito, ha facilitado la inclusión de nuestros jóvenes y niños en las filas del crimen. La falta de Estado de derecho, la escasez de alternativas de educación, trabajo y recreación en los lugares socialmente más vulnerables, la oportunidad del crimen y la ausencia de controles formales e informales, han dado paso a una dispersión del crimen nunca antes vista. Se requiere un México incluyente y sin estigmas, que diseñe e implemente una política de estado de prevención con estrategias adecuadas y a la medida para brindar alternativas económicas y sociales en las poblaciones y lugares que más factores de riesgo presentan. Asimismo, una política de prevención terciaria que privilegie la readaptación sobre el castigo de aquellos que han delinquido es necesaria para evitar que vuelvan a hacerlo.

En lo económico, problemas como la pobreza, la desigualdad social y educativa, el bajo nivel de inversión, la debilidad del mercado interno y la baja productividad, hacen que poco haya sido el crecimiento de nuestro país en los últimos 25 años, con una tasa promedio anual del 2%. Hacen falta estrategias territoriales, diferenciadas por región y sustentables para potencializar el desarrollo de capacidades y habilidades de la población de manera adecuada.

Que quede claro que ningún mesías, ni coalición, ni nuevos y renovados partidos van a cambiar las cosas si no entendemos que lo que urge son gobiernos honestos y capaces, políticas empáticas de abajo hacia arriba que pongan en el centro al ciudadano, considerándolo como objeto y sujeto fundamental de la acción.

Bienvenida sea la revolución de nuestro siglo, la de las conciencias que recuerde el origen y verdaderos valores que la política debería tener. Una revolución que obligue a los tomadores de decisiones a caminar las calles y rincones de nuestro México. Una revolución que deje claro que la relación entre los ciudadanos y las autorizadas requiere una verdadera renovación. No basta con cambiar el discurso. La falta de confianza es inminente y reconstruir el pacto social resquebrajado durante muchos años es el mayor de los retos que cualquiera que quiera dirigir este país tiene.

 

Eunice Rendón
Experta en seguridad y migración, doctora en políticas públicas por Sciences-Po, París, y ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.