Por mucho tiempo fue posible imaginar que la transición político-económica que hemos vivido conduciría a un nuevo nivel de civilización y desarrollo. No faltaban razones para pensarlo; aun cuando era evidente que no se estaban realizado los cambios y reformas requeridos para llegar a esa otra ribera del río, al inicio de los 90 el futuro parecía promisorio porque inaugurábamos nuevos tiempos en todos los ámbitos: la economía se recuperaba, las exportaciones crecían, surgía una clase media, las elecciones arrojaban un activo mosaico partidista, inconcebible hacía solo unos lustros antes. Por supuesto que había luces ámbar por todos lados, pero el país parecía avanzar en una nueva dirección que gozaba de un amplio reconocimiento social.

Luego de años de disputas políticas aparentemente interminables, esas que habían llevado a las crisis de los setenta y a una década de estancamiento y (casi) hiperinflación en los ochenta, el debate político entraba en una etapa de menor belicosidad y conflicto. La apertura de la economía rendía frutos, el TLC avanzaba y el camino hacia el futuro parecía asegurado. Años de crisis quedaban atrás y un cauto optimismo reinaba.

Ilustración: Víctor Solís

El principio del fin llegó más pronto de lo que se podía haber vislumbrado. La crisis de 1995 dislocó a la sociedad mexicana, particularmente a su incipiente clase media, abriendo una nueva etapa de disputa política, que es la que ahora, en 2018, experimentará su tercera ¿y última? confrontación electoral.

En 1996 se abrió una nueva ventana de esperanza con la aprobación unánime de la reforma electoral que, se esperaba, conduciría a una era democrática. Lamentablemente, visto en retrospectiva, las sucesivas reformas electorales no resolvieron la legitimidad en el acceso al poder ni mucho menos la forma de gobernarnos.

Quizá ese sea el mayor déficit del presente: nuestro sistema de gobierno nunca se ajustó. Surgido de la era post revolucionaria, con una economía cerrada, sindicatos y empresarios estrechamente controlados y sin tolerancia para el debate o la rendición de cuentas, el sistema no cedió. Cambió la estructura de la economía, se democratizaron los medios de acceso al poder y se perdió la capacidad de decidir y actuar. La antigua forma de gobernar dejó de ser posible (al menos a nivel federal) y nada la sustituyó. La realidad es que vivimos un sueño porque no construimos el andamiaje de un futuro civilizado y desarrollado y el no haber hecho la tarea ha abierto toda clase de espacios para fuerzas regresivas en todos los ámbitos de la vida nacional.

El mundo que viene puede ser de dos tipos: el que se dé por inercia y el que se construya por decisión política. La inercia es la salida más fácil, pero no la obvia por una razón muy simple y, a la vez, paradójica: el sexenio que está por terminar fue a la vez progresista y reaccionario y esa rara mezcla deja un legado difícil de imitar. Fue progresista porque avanzó una agenda de reformas que abren grandes oportunidades potenciales para un desarrollo más equilibrado que alcance a más mexicanos. Fue reaccionario porque se dedicó a revertir avances institucionales, eliminó mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y violentó los pocos contrapesos que existían.

Esto nos deja con un panorama potencialmente optimista: la oportunidad de que se abandone la inercia y se construya sobre las reformas que se hicieron y cuyo costo ya se pagó, lo que implicaría alterar radicalmente la estructura de privilegios y beneficios de que gozan toda clase de grupos y personas y que impide el desarrollo. El contraste entre el sur y el norte habla por sí mismo: donde las barreras socio-políticas al desarrollo son virtualmente infranqueables bajo el paradigma actual, como ocurre en Oaxaca o Guerrero, la oportunidad es mínima. Si, por el contrario, el próximo gobierno hace suyo el proyecto de combatir esas estructuras de privilegios, el potencial de desarrollo es literalmente infinito.

La inercia implicaría una tasa de crecimiento económico lo suficientemente elevada como para que el país funcione, como lo ha hecho a lo largo de las últimas tres décadas: insuficiente para lograr una transformación, pero satisfactorio para la demanda de empleo y la atención a las consecuencias de nuestra mala estructura socio-económica, que se traduce en pobreza. En lo político, un escenario inercial entraña una conflictividad constante, aunada a una permanente insatisfacción social, pero no una situación catastrófica. Este escenario podría complicarse de desaparecer el TLC.

Al final del día, el país ha llevado a cabo reformas extraordinarias, si bien incompletas. Las reformas abren ingentes oportunidades; su falta de cabal implementación las limita grandemente. En esa tesitura hemos andado por varias décadas, circunstancia que explica el humor colectivo que nos caracteriza. Yo me mantengo optimista, al estilo del primer ministro Harold Wilson: “Soy un optimista, pero un optimista que lleva consigo un paraguas”.

 

Luis Rubio
Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi. Su libro más reciente es El problema del poder: México requiere un nuevo sistema de gobierno.

 

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