Venezuela escribe en estos días páginas dramáticas de su historia y no es exagerado afirmar que se juega su destino. El desenlace de este amargo conflicto tendrá hondas repercusiones en el resto de América Latina. No se trata, como quiere aparentar el gobierno de Nicolás Maduro, de un tema de revolución y contrarrevolución, o de izquierda contra derecha. Se trata de proteger derechos humanos y civiles; de respetar la legalidad y las libertades democráticas más esenciales.
Ahora, el gobierno está por imponer una fraudulenta Asamblea Constituyente, que le permitiría evitar elecciones, no sólo las canceladas para este 2017, sino también las ya no lejanas de finales de 2018 y de esa manera no entregar el poder a ninguna fuerza opositora, ni ahora ni después ni nunca. Ante esta amenaza, el encono y la polarización parecen llegar a un punto culminante de peligroso no retorno y abierta confrontación. La represión ha crecido a ojos vistas, muere más de un manifestante cada día y sin embargo hay más gente en la calle, empobrecida, hambreada y golpeada, pero decidida a actuar. A ver quién cansa a quién.
Ilustración: Víctor Solís
Tras 18 años de chavismo, con todo y sus éxitos electorales y logros distributivos, impulsados por un auge petrolero de grandes dimensiones, el proceso se ha agotado en manos de un segundo gobierno torpe, violento e incompetente. El de Maduro se ha convertido en un régimen autoritario y crecientemente tiránico. Se aferran al poder, conscientes de que una vez fuera deberán enfrentar en tribunales graves acusaciones en su contra, sobre todo por violar derechos humanos, prevaricación, corrupción y narcotráfico. Venezuela está harta de carestía, demagogia y hostigamiento gubernamental. La situación está en el límite, mientras que la economía se encuentra en ruinas y la inflación anual roza el 700%. Es cierto que hasta ahora han podido encontrar holguras, e imponiendo una austeridad brutal se ha evitado declarar el default en el servicio de su deuda externa, pues llegado ese momento fatídico los activos externos de PDVSA —incluidos los de su filial americana CITGO—, claves para su sobrevivencia operativa, podrían ser intervenidos, y eso sí sería letal y definitivo (véase: “Venezuela: la tormenta perfecta”, nexos, enero de 2016).1 Por otro lado, los precios del petróleo han repuntado algo, dando un respiro. También, hay que decir que China ha venido auxiliando a Maduro a cambio de petróleo, para ahora y para el futuro; Beijing le ha venido extendiendo créditos y suavizando su servicio, pero hay indicios de que ya no parecen dispuestos a otorgar nuevos créditos. Maduro se queja de sabotajes, de guerra económica e intervención extranjera, pero los excesos y errores han sido sobre todo de origen interno. Se han dilapidado en estos años decenas de miles de millones de dólares en petrodólares.
El gobierno de Nicolás Maduro ha venido actuando en doble tenaza: por un lado, va secuestrando instituciones de poderes autónomas del Estado. Ahí están los casos del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral; mientras que por el otro, reprime y va armando a parte de la población en milicias civiles, grupos de choque y francotiradores, a la vez que da más poder al ejército, no sólo militar, sino también económico.
Así, primero no aceptó celebrar el Referendo Revocatorio contemplado en la Constitución y poder anticipar, por mandato popular, elecciones presidenciales libres, democráticas y observadas internacionalmente. Para ello, se lograron reunir alrededor de dos millones de firmas, holgadamente más de las legalmente necesarias; aun así el gobierno logró frustrar el referendo. Maduro por ningún motivo quiere elecciones, porque sabe que ahora las perdería y por amplio margen. Seguidamente, intentó una primera huida hacia adelante: nada menos, que conculcar el Poder Legislativo, al pretender cerrar la Asamblea Nacional y entregar sus funciones al Tribunal Superior de Justicia, completamente dominado por el chavismo. Esto enfureció a la población e indignó a la comunidad internacional, que no dudó en calificarlo de golpe. Ante tal furor, el gobierno dio marcha atrás, mostrando vetas de debilidad.
Ahí estuvo quizá el principio del fin: si bien el gobierno se echó para atrás, la oposición no se desmovilizó, y la gente permaneció desafiante y manifestándose en las calles. Atrás quedaron los buenos oficios de algunos dignatarios y las pantomimas de los valedores del régimen encarnados por la inefable UNASUR. El mismo papa Francisco se llevó un comedido reproche por haber aseverado que la oposición estaba fragmentada. La respuesta al Papa de la oposición fue unánime: Santidad, esta vez estamos más unidos que nunca.
Pero su segundo intento de huida hacia adelante, más grave y radical, ha sido el de convocar una Asamblea Constituyente. El gobierno, cada vez más arrinconado, redobló la apuesta y propuso nada menos que refundar de nuevo a Venezuela dotándola de una nueva Constitución. El primero de mayo, mientras las calles de Caracas hervían en protestas, frívolamente ataviado con un curioso traje estilo Mao, Maduro firmó el fatídico decreto de convocatoria a la Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Lo entrega a una sumisa Tibisay Lucena, máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral y luego se le vio celebrar bailando con desenfado, mientras algunos medios mostraban la escena de un adolescente en llamas, alcanzado por algún petardo. Es posible que ahí Nicolás Maduro sellara su destino.
Sea como fuere, el presidente anunció y decretó la formación de dicha Asamblea Nacional Constituyente. Un proyecto de supuesta “refundación” de la república, pero en realidad destinado a barrer instituciones, sepultar oposiciones y purgar del poder a algunos incómodos enemigos internos. En la propuesta por ninguna parte aparecen respuestas a las demandas más sentidas de la oposición. La Asamblea se integraría al margen de los partidos y poco más de 500 constituyentes redactarían una nueva Constitución venezolana (la número 27), de los cuales, a decir de Maduro, por lo menos 250 provendrían del poder comunal, de obreros, campesinos, estudiantes y el resto de representaciones “territoriales”. Las sumas, como se hagan, no pondrían nunca en riesgo una clara mayoría chavista. Se trata, dijo, de “una Constituyente comunal, chavista y profundamente obrera”.
Es cierto que de alguna manera el gobierno redefinió la cancha, y ahora parece apostarle todo a las elecciones de los “constituyentes” para votarlos el 30 de julio. La oposición se ha mantenido unida y firme en su frontal oposición y, lo que es más significativo, se les han sumado voces, hasta ahora impensables, escisiones importantes del propio chavismo, como la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que solicitó formalmente la anulación de la Constituyente, aduciendo, entre otras cosas, que terminaría con el legado de Hugo Chávez y se haría a espaldas del pueblo soberano. Los líderes opositores sostienen que el presidente tiene poder de iniciativa, más no de convocatoria para instalar una Asamblea Constituyente, pues para eso existe la figura del referendo, que debe previamente aprobar y después convocarla.
No sólo la oposición dentro de la MUD y otros no tragaron el anzuelo, considerándola como una “continuación del golpe de Estado en curso”, iniciado con el intento de anular al Parlamento. También expertos juristas y organismos internacionales han opinado en contra, como la OEA que en voz de Luis Almagro no dudó también en calificarla de “inconstitucional y fraudulenta” porque únicamente el pueblo es quien cuenta con poder constituyente. La “constituyente” de Maduro es una simulación más, otra huida hacia adelante.
Acorralado en Miraflores, Maduro, con al menos todavía buena parte de la cúpula militar de su lado, parece inclinarse por la militarización progresiva de su régimen. Anunció también una extraña “Constituyente Militar” para fortalecer al ejército y profundizar la revolución, reforzando la unión de las fuerzas armadas bolivarianas y grupos civiles: la ominosa “unión cívico-militar” de la que viene hablando. Su lenguaje no podría ser peor. Una verdadera convocatoria al odio: a los opositores que vemos en las calles noche a noche en la televisión los trata de “apátridas” “terroristas” y “traidores” Ahora vendrá una guerra de desgaste. Es cierto que el gobierno mantiene un importante apoyo, pero éste viene cayendo rápido y hay también algunos signos de división al interior del chavismo, incluidas las fuerza armadas.
Sería ingenuo pensar que la ruta de apaciguamiento y diálogo seguida hasta ahora rendirá, ahora sí, frutos tangibles. Es claro que sin intensa presión externa el gobierno no aceptará elecciones anticipadas ni desistirá en su afán de imponer la “constituyente”. Quizá haga algunas concesiones, pero no cederá en lo esencial: nada de elecciones, nada que pueda afectar su sobrevivencia y reproducción.
El mayor activo moral de la oposición ha sido la no violencia. Es encomiable y esa es la ruta que se debe seguir; durísima y riesgosa pero necesaria. Es la única manera de evitar el baño de sangre que traería una confrontación armada o guerra civil. Apuestan a que quien se canse sea el gobierno, y que empiecen las defecciones y fracturas en su seno.
No es el tiempo ya de piadosas llamadas al “diálogo”, eso en el mejor de los casos sólo compra tiempo, mientras la deriva autoritaria, la violencia y la crisis siguen diezmando a Venezuela. Más que un diálogo de sordos, se deben plantear al gobierno exigencias concretas: que cese la violencia contra el pueblo, que se libere a todos los presos políticos, que se abra el “canal humanitario” para que entren del extranjero medicinas y alimentos; pero sobre todo, que detenga el proyecto de Asamblea Constituyente y se lleven a cabo las elecciones anticipadas, legalmente convocadas por el referendo. La presión externa desde luego ayudará y mucho. El Papa, la ONU y también la OEA. Pero sobre todo los países latinoamericanos en mayoría, como viene ya siendo, y agrupados bajo las siglas que deseen, resultarían decisivos en todo el proceso. Para decirlo claramente: si Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú (y quien se quiera sumar) se mantienen firmes y unidos en esto, se podría hacer la diferencia. Pero al final de cuentas tocará a los venezolanos, y sólo a ellos, sortear estos tiempos aciagos. Debemos estar atentos y tender siempre una mano fraterna y solidaria, hasta donde se pueda.
Junio de 2017
Cassio Luiselli Fernández
Economista y diplomático. Doctor en geografía y medio ambiente.
