En esta crónica sale a relucir el presente oscuro del puerto Lázaro Cárdenas: crisis económica, vacío de control criminal y actores estatales corruptos. Algunos de sus habitantes piensan que la salvación podría llegar ahora que se ha declarado Zona Económica Especial

El puerto Lázaro Cárdenas me recibe con fuegos artificiales. Al anunciar mis planes de explorarlo, quienes sabían de mis estancias previas en los ranchos y valles de la Tierra Caliente michoacana, se habían mostrado muy preocupados. La situación en Lázaro Cárdenas, me advirtieron, estaba “más cabrona” que en Apatzingán. Añadieron que, en la noche, más valdría permanecer detrás de los muros de mi hotel. Llego, por lo tanto, con cierta expectativa de toparme con manifestaciones del conflicto criminal que sigue ensombreciendo Michoacán 10 años después de que aquí se desatara la “guerra contra el narco”. Aun así, lo que se hace sentir durante las primeras horas de mi estancia me toma por sorpresa.

Me reúno con tres empresarios locales para desayunar y conversar. Antes de que la doña nos pueda servir los chilaquiles, el conjunto de celulares puestos en la mesa empieza una cacofonía de vibración e incompatibles tonos de llamada. Escupen la noticia de que las afueras de la ciudad están bajo fuego. “Se están dando en la madre”, dice uno, y el audio que poco después me llega lo subraya. Se escuchan tiros. Primero aislados pero constantes, luego ráfagas de 40 segundos. A través del ruido penetra una voz masculina. Temblorosa, ruega a “Dios mío santo”. Pronto es cancelada por gritos llamando a pasos más concretos: “¡Agáchense, agáchense todos al suelo!”.

En 2012, cuando entrevisté a Samer José Servín Juárez, entonces uno de los principales operadores financieros de Los Caballeros Templarios, me dijo que “la bronca” con Los Zetas —y por lo tanto la guerra sobre Michoacán— se desató porque no les “iban a regresar el puerto” como habían acordado. La razón por la que este lugar adquirió tanta importancia para su organización es sencilla. “Allá llega la droga”, me dijo. “La bronca”, concreta y visualmente se tradujo, a partir de 2005, en una cadena de eventos violentos que se extiende al presente.

Desde entonces los lazarocardenenses han acomodado en su concepto de normalidad el efecto traumático de escenas de guerra como la que se está desarrollando, al menos superficialmente, como trasfondo perverso durante el desayuno con los empresarios. No logra abatir la discusión, menos el hambre. Y no pasma a ninguno de los presentes que a pesar de que, a partir de noviembre de 2013, la Policía Militar, la Marina y, más recientemente, la policía de Michoacán oficialmente ejercen la seguridad pública en la ciudad, se esté “calentando la plaza” de nuevo. Los intereses económicos, lícitos como ilícitos, que confluyen aquí, en uno de los puertos comerciales más importantes de México, son demasiado fuertes. Y aquí, como a lo largo del estado, se encuentra en plena remodelación un paisaje de actores armados que está emergiendo de las ruinas del imperio templario. Es ahora más fragmentado que nunca.

Aclaran mis acompañantes que la otra razón que subyace es su levedad. Indican que forman parte del Lázaro civilizado y piden que este reportero extranjero no se confunda. Para ellos queda lejos el otro Lázaro, el Lázaro oscuro, donde hoy volaron las balas. Allá, dicen, andan “puros malandros”, sin duda todos armados. Aunque queda a unos pocos kilómetros de la zona centro en donde nos encontramos, bien podrían referirse a otro país.

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Ilustraciones: Estelí Meza

 

Nada nuevo, entonces, todo lo anterior. Pero hoy hay más en juego, ya que el futuro está por llegar a Lázaro Cárdenas. O al menos así lo prevé la decretación de la zona portuaria como Zona Económica Especial (ZEE) en mayo. Representa una pieza clave de la política económica presidencial y su meta oficial consiste en sacar a Lázaro Cárdenas y sus municipios colindantes tanto como a Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, de su alta marginación socioeconómica.

La receta es seguir la experiencia de otros países “en desarrollo”, principalmente en Asia del Este y América Latina, en donde las ZEE se han convertido en nudos estratégicos del capitalismo global. Las palabras mágicas son competitividad e inversión extranjera directa. A empresas privadas se les otorga un tratamiento fiscal preferencial y se les ofrecen contribuciones sociales (IMSS, Infonavit) reducidas.

De esta manera se pretende acelerar aún más el crecimiento del puerto. Hace apenas una década se despacharon mil 600 contenedores al año. Hoy son un millón. Desde aquí se alimenta, por ejemplo, la industria automotriz asentada en el centro del país, aquí entra la ropa para los Palacio de Hierro capitalinos y una vía de ferrocarril conecta al puerto directamente con las fábricas de Texas y del medio oeste estadunidense.

Aunque esto es solamente el inicio, la ambición ya tiene su propio monumento. Las grúas de la nueva terminal que pronto abrirá, la holandesa APM Terminals, después de una inversión de 900 millones de dólares, dominan el panorama en los alrededores de la zona portuaria. Pintadas de un azul claro aspiran a dominar el cielo tal como Lázaro Cárdenas aspira a devenir, en pocos años, uno de los puertos principales de América Latina.

Luce como un sueño un tanto distante la ZEE. No existe un cronograma para su apertura. Varias veces que he intentado obtener información al respecto sólo cosecho frases como la de un dueño de una empresa logística que me dice que “alguien [le] comentó que por el 2018” se verán pasos concretos.

No obstante, las expectativas no podrían ser más altas. Lo emblematiza el presidente municipal, Armando Carrillo Barragán (PRI). En un comunicado de prensa de agosto se muestra “plenamente [convencido] de que este magno proyecto será el detonante económico que tanto hemos esperado”, y expresa la esperanza de que “reduzca la pobreza… y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas”.

Este nivel de ambiciones, aunque a una escala mucho menor, evocan los planes del propio Lázaro Cárdenas del Río, epónimo de la ciudad. Al cumplir su sexenio se dedicó a otro proyecto: hacer de Michoacán un paraíso modernista cuya industria pesada y agricultura serían el motor de propulsión para el anhelado ingreso del país al “primer mundo”.

En la oficina espaciosa en la que me recibe Carrillo Barragán destaca un gigantesco retrato del Generalísimo. Lo muestra, con banda tricolor, en postura presidencial. Durante nuestra conversación no deja de observarnos con su mirada crítica. Como si quisiera recodarnos que si él, con acceso a toda la maquinaria política nacional, no lo logró, ¿qué se puede esperar de un político local?

Y no es que Carillo Barragán no sepa qué tan corta es su palanca. Al contrario. Es sorprendentemente franco al respecto. En 2014 su predecesor del PRD fue tenido por “probables vínculos con la delincuencia organizada”. Un año antes fue reducida, por las mismas razones, la policía municipal a un fragmento de su tamaño anterior. Hoy, dice Carillo Barragán, no tiene ni una patrulla a su disposición. 80 y pico elementos policiacos quedan en esta ciudad de 180 mil habitantes, pero el 30% de ellos “es de la tercera edad, apenas pueden caminar”. Quienes pueden protegen las instalaciones del ayuntamiento. “Si no”, dice y apunta a la puerta, “me pueden caer en cualquier momento”. Lo que extraña, entre otras cosas, es que “no hay nadie que investigue los muertos” que siguen apareciendo en las calles del puerto.

Entre los mismos funcionarios del ayuntamiento persisten dudas de si es realista tender un puente sobre el abismo entre el puerto como zona económica ascendente y el telón de fondo municipal. Hasta la fecha, el hecho de que detrás de los muros de la zona federal del puerto se ha formado un centro nervioso del capitalismo global no se ha traducido en la mitigación de la desigualdad entre la población local. Uno se queja de que “cuando llegan los poderosos, Silvano [Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán] o Peña, ni pasan para saludar. Van directo al puerto, hacen sus eventos y desaparecen”. Emerge aquí el tercer Lázaro —el puerto en sentido estricto— que incluso para los funcionarios locales queda tan lejos como las afueras “malas” para los que se autodefinen como el Lázaro “civilizado”.

Sin embargo, si aquí se asientan nuevas empresas como se espera, parece probable un cierto aumento en la cantidad de empleos. Pero la calidad de los mismos es otro tema. Lo abordo con Jorge y Cristian, los dos choferes para una de las empresas de logística encargadas de sacar la mercancía del recinto portuario y llevarla a donde sea. Esta tarde están debajo de un largo techo de palmera que los protege a ellos y a cinco de su compañeros del sol ardiente. El patio está ocupado por sus herramientas de trabajo, tráileres blancos masivos. Durante las dos horas que paso con ellos nada se mueve. El negocio de su patrón va y viene —y este es problema—. Más para padres de familia como Jorge y Cristian. Su salario base de mil pesos mensuales sólo aumenta si hay actividad —y a veces la esperan por semanas o incluso meses. 

Pero a las precariedades económicas, dicen, uno se acostumbra. Lo que pesa más es que caen en el esquema de presa de uno de los actores que puebla la economía criminal local: la Policía Federal de Caminos. Son ellos, explican al ver mi expresión un tanto incrédula, su preocupación mayor, y no los propios “hombres armados” de los diversos grupos criminales activos en el área. “Con ellos no hemos tenido broncas”, continúan, “y los federales siempre han pedido mochada. Pero últimamente son más descarados, ya les vale todo. Ya ni te inventan un pretexto, namás te dicen: me vas a pagar porque me vas pagar”. Los 300 pesos que piden de cada chofer que paran —y raros son los casos en que no pasa— los pagan ellos de su propia bolsa. Pero resistir sería insensato: “si no les haces caso, te parten la madre”.      

 

Quizás es precisamente por estas circunstancias que la promesa progresista de la ZEE se eleva a una última esperanza para muchos lazarocardenenses. Como tal aparece en las voces de los representantes locales del Consejo Nacional de Comerciantes y Prestadores de Servicios (Conaco). Lamentan que la economía legal esté en plena crisis —porque la economía ilegal también lo está.

Hasta noviembre de 2013 Lázaro Cárdenas vivió una verdadera fiebre de oro. O, para ser preciso, una fiebre de hierro. Que Los Caballeros Templarios hayan incorporado la extracción ilegal del mineral, cuyos yacimientos abundan en la costa y sierra michoacanas, a su portafolio criminal diversificado es ahora ampliamente conocido. Y tampoco es un secreto que la “minería clandestina”, cuando salió a la luz que decenas y hasta cientos de camiones atravesaron Lázaro Cárdenas cada día para dejar su carga con las exportadoras extranjeras (léase: chinas), presionó al gobierno federal para actuar tal como lo hizo en noviembre 2013. Fue en ese entonces que la Marina asumió el control del puerto.

Pero para entender las repercusiones que se hacen sentir hasta hoy es necesario revisar la relación crimen organizado-sociedad a mayor profundidad. En este contexto es clave descifrar el papel que ocuparon Los Caballeros Templarios dentro del sistema que implementaron. Fue uno de gerencia. Es decir, la comodidad fundamental que vendieron no fue el mineral mismo, sino la información que permitió a otros extraerlo. Según dos fuentes independientes, las dos contagiadas por la fiebre sin formar parte de dicha organización criminal, los Templarios manejaron un mapa que mostraba los yacimientos regionales.

Esta información había sido filtrada por empleados y ex empleados de la multinacional minera Arcelor Mittal, que habían tenido acceso a los estudios geológicos correspondientes. Esos puntos luego los alquiló el “encargado” templario de las minas —un tal Pablo Toscano Padilla, alias El 500— a quien fuera. (Toscano Padilla hoy defiende la plaza en contra de algunos de su ex compañeros, bajo la sombrilla protectora del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.) Como parte del servicio se vendió protección y acceso a las exportadoras.

Según uno de los informantes, un hombre joven con el cual me siento a almorzar, la participación de los lugareños en la “minería clandestina” se volvió algo como un deporte popular. Él fue uno de los que agarraron la oportunidad. Porque podía. Vendió su carro de lujo y usó esos 400 mil pesos como capital inicial, invirtiéndolo en el leasing de un camión de carga de 30 toneladas. No duró. Le fue demasiado bien, por lo que le “quitaron el punto” para darle uno menos ventajoso. Ya no salieron las cuentas y se retiró. Y aunque admite que “técnicamente es crimen organizado, pero…”, recuerda con ojos brillantes lo maravilloso que fue que de repente, “todos tenían lana” y cómo esto hizo florecer el sector de servicios, restaurantes, bares y tables. El empoderamiento económico, sin embargo, resultó ser efímero, y ahora lamenta lo mal que le va a su actual negocio, un restaurante.

“Está cabrona la situación”, concluye su discurso el alguna vez minero.

En este punto concuerdan los representantes del Conaco. Ellos dicen que la caída del negocio del hierro —ante todo por su propio peso, ya que la sobreproducción china de hierro ha conllevado la baja del precio de 187 dólares/tonelada en el 2011 a 57 dólares actualmente— ha tirado consigo la economía local. Las cifras que manejan ellos al respecto muestran una vez más qué tan entretejidas están las economías legal e ilegal. Estiman que debido a lo anterior se han perdido de tres a cuatro mil empleos en Lázaro Cárdenas, y que la actividad económica ha bajado 40%.

Como si fuera poco, la cruda que está viviendo el puerto va más allá. La caída económica ha confluido con la creación con un vacío de control criminal, y los índices delictivos se han disparado. Apenas en agosto el Sistema Nacional de Seguridad Pública colocó a Lázaro Cárdenas en su lista de los 50 municipios más violentos del país. Al mismo tiempo, han vuelto las llamadas de extorsión, aunque hasta la fecha no se dan con la misma persistencia como antes. Otros informantes aseguran, entretanto, que los que antes formaban parte de la estructura templaria y que ahora están afiliados al CJNG “cobran cuota” otra vez a los bares, padrotes y dueños de las maquinitas, por ejemplo.

Pero no sólo son los “hombres armados” quienes están volviendo a esta parte del negocio tan emblemática del crimen organizado mexicano posnarco. Otra vez se mencionan actores estatales. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM) aparece en más de una ocasión cuando la conversación gira hacia redes de extorsión y secuestro. Así lo pintan dos fuentes de inteligencia federal independientes. Se niegan a dar detalles más concretos —uno dice: “si todo esto sale a luz, habrá muertos”— pero me refieren a la detención de José Luis Caraveo Basaldúa, sucedida en marzo pasado.

A Caraveo Basaldúa, parte del equipo mexiquense que trajo consigo el entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, ya lo habían quitado de dos puestos en Zamora. Primero de la Dirección de Seguridad Pública y luego de la Comandancia Regional de la Policía Ministerial, y en ambos casos por acusaciones de abuso de autoridad y corrupción. Después asumió la comandancia de la Policía Ministerial en Lázaro Cárdenas, y dentro de pocos días fue nuevamente denunciado por extorsión y secuestro. Se dio a la fuga, pero fue detenido por la Marina. Traía droga y armas largas.

El “chivatazo” vino, dice una de mis fuentes de inteligencia, desde otra dependencia del Estado mexicano. La desconfianza y ruptura interinstitucional tampoco tardan en manifestarse después de haber tomado asiento en un restaurante en otro lugar en México. Acompañamos nuestra plática con cortes argentinos y vino tinto cuando entra un hombre de dimensiones enormes. Pocas mesas del lugar están ocupadas, pero él se sienta justamente en la que queda a un lado de la nuestra. De inmediato bajamos la voz y cambiamos el tema.

Paranoia o no, dice luego el elemento de una institución federal de seguridad, más vale ser cauteloso. Ya que a él, está seguro, lo tienen vigilado, tanto criminales como agentes de otras instituciones. Y los suyos a ellos. Desata lo último una conversación sobre la corrupción, y retrata una imagen oscura. Refiriéndose al caso de Lázaro Cárdenas, pone la cifra de colusión del Ejército a un 80% de los elementos. Ni hablar de la PGJEM y la PGR. Ellos emplean, asegura, la ley como una herramienta para su propio empoderamiento económico. Y aunque dice que incluso dentro de la Marina el porcentaje de colusión sería de un 30%, concluye diciendo que “si se cae la Marina, se cae todo. Es el último bastión”.

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La inseguridad y el papel de las instituciones oscilan entre inercia, impotencia, colusión y participación criminal. Pablo Gómez, líder de la Asociación de Transportistas de Carga Federal de Lázaro Cárdenas (ATLAC), reconoce que esto representa un problema. Su empresa, tanto como las otras 30 que se han unido en la ATLAC y que proveen servicios logísticos a conglomerados globales como Maersk, Walmart y Volkswagen, es de las que más se han beneficiado de la expansión del puerto —y que más tienen que perder.

Más que como problema de políticas públicas a cuya resolución podrían contribuir, me dice en entrevista, lo abordan como un problema de comunicación. El reto, dice, consiste en educar al mundo en que Lázaro Cárdenas no es Lázaro Cárdenas, y que Michoacán no es Michoacán. Y que ni el crimen organizado ni las múltiples violencias minarán los intereses de los inversionistas o incluso el futuro del puerto como punto de entrada del comercio transnacional a México.

Cada uno de los 860 tráileres de la ATLAC, me explica, cuenta con el sistema más sofisticado de tracking GPS disponible a nivel mundial. Se llama Sky Angel, es operado por el gigante logístico danés Maersk y permite detectar aun la más mínima desviación de la ruta preestablecida. Si esto pasa, dentro de minutos se alertan las autoridades federales mediante un canal privilegiado. Sky Angel cuenta, además, con su propio sistema de inteligencia, un “mapa rojo” que muestra la distribución geográfica de delitos, como asaltos a tráileres y del cual se derivan prescripciones para los choferes sin que ellos tengan acceso a la base de datos.

En colaboración con la empresa operadora de la Autopista Siglo XXI se ha transformado esta vía en una vena de hierro del capitalismo global. Por ella fluye, con la menor exposición posible al mundo exterior, todo lo que entra y sale del puerto. Se conecta al puerto como un ombligo que, por su parte, se ha convertido en una fortaleza de alta seguridad militarizada a través de la Marina.

 

No obstante, ningún sistema es perfecto. Y en las sombras de estos espacios blindados sigue floreciendo una economía criminal como su sustrato inevitable. Lázaro Cárdenas, aún después la intervención federal, sigue siendo clave para el narcotráfico. “Hay dos esquemas”, me explica un empleado de una de las agencias aduanales, empresas privadas que manejan el día a día de la documentación de las importaciones y que gozan de una considerable discreción sobre cuáles contenedores se someten a una inspección a fondo y cuáles no. “La primera es: te la juegas”, con lo que se refiere a la apuesta de que el contenedor que lleva cocaína, precursores para la metanfetamina o productos clonados de Asia “caiga verde”. “Verde” significa que, como el 80% del total, el contenedor pasará la aduana sin revisión. “Pero la manera más segura es que te pongas de acuerdo”. ¿Con quién? “Con los jefes de la aduana”, dice como si fuera demasiado obvio.

Existe, además, una economía de la información que permite a los agentes aumentar sus ingresos. A mi informante, igual que a varios de sus colegas, se le acercó una pandilla organizada. Le ofrecieron 15 mil pesos por datos que les permitiera identificar y robar un contenedor con cierta mercancía, en este caso, televisiones. Lo pensó, me dice, pero finalmente no se quería arriesgar. Más extenso es, sin embargo, el robo “hormiga”. Maniobristas que (des)cargan los transatlánticos gigantes que atracan en la terminal del puerto aceptan, por ejemplo, encargos para “cositas más pequeñas” como ropa o electrodomésticos. Gracias a la anterior manipulación de los sellos con los cuales se busca proteger su contenido —se llenan con silicona para poder volverlos a cerrar— obtienen acceso a los contenedores. 

 

Mientras que ellos se relacionan de manera precaria al canal de hierro a través del cual el futuro sobrevuela la ciudad, en sus afueras despreciadas el sueño progresista se desvanece para adquirir la forma de una quimera.  

Para los habitantes de la colonia a la cual me lleva un microbús en 20 minutos, desde la zona centro, el pasado es el presente. Y el futuro también. Así lo dice doña Margarita, el alma de la comunidad por sus intentos de organizarla, y subraya su punto señalando la esquina que queda a 15 metros de la tiendita en la cual me recibe. El día anterior pasaron allá tres camionetas llenas de “hombres armados”, un hecho casi común. Más grave son, sin embargo, los robos a casa-habitación, los asaltos, la venta de droga, la drogadicción y los muertos que no dejan de aparecer aquí y en los alrededores.

Ni mencionar la prostitución. A pocas cuadras, dice doña Margarita, niñas tan jóvenes de hasta 13 años están forzadas a vender sus cuerpos. Y en más de una ocasión se han convertido en presa fácil para los hombres armados, que aquí desempeñan su papel predador-testosteronizado hacia la población civil en su forma más extrema. Cuenta ella que llevan a su botín de guerra para “divertirse” un rato. “Diversión” se traduce en que luego desechan las niñas en donde las subieron —golpeadas, a menudo, y en unos casos con huesos rotos—. Resulta aún más impactante su narrativa porque, en la tiendita, hay un constante flujo de niñas y niños de la misma edad que buscan endulzar su tarde con una paleta de limón o que alimentan las maquinitas con las monedas que les han regalado.

La paradoja de la vulnerabilidad de la colonia no podría ser mayor. Hace 12 años las 150 casas que la componen fueron construidas con el fin de dar a madres solteras un refugio seguro. Y sería fácil aseverar que el crimen organizado, como agresor externo, se le ha echado encima. Pero, como suele ser el caso en zonas marginadas como ésta, el crimen organizado simultáneamente es su mayor plaga y una atracción fatal para los jóvenes. La comunidad se voltea en contra de sí misma, y doña Margarita cita a su propia familia como ejemplo. Tres de sus sobrinos, ninguno mayor de edad, se habían hecho “parte de”. Cuando se dio cuenta presionó a su hermana, la madre, de sacarlos antes de que fuera tarde. Fue la última vez que se hablaron. Poco después, y dentro de 24 horas, dos fueron asesinados y el otro detenido.

Ese día se suma a una cadena de eventos que me hacen cuestionar cómo el trauma no la ha consumido totalmente. Ya en 2009, dice, en su comunidad natal de Guerrero vivió de cerca la masacre de ocho familiares y amigos, entre ellos niños, a manos de un escuadrón de la muerte a servicio de Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie. “Los mataron y luego los remataron”, recuerda, “y ni nos dejaron enterrarlos”. Les cayeron al panteón, y como la amenaza persistió, su familia dejó atrás sus pertenencias y huyó.

Varias veces le ofrezco terminar la entrevista pero, bajo lágrimas, insiste en continuar. Para ella, me dice, hablarlo es, si no superarlo, poder vivir con el dolor. Su reciente función como enlace local para una ONG regional le ha dado un nuevo propósito. Juntos pintaron una buena parte de las fachadas de las casas. Antes grises, ahora lucen en los colores del arco iris. Claro, es limitado el alcance de un proyecto aislado como éste. Más si el estado, como aseguran sus habitantes, aparece, cuando lo hace, como cómplice criminal. A pesar de ello, para doña Margarita, ha sido “una luz en la oscuridad”. Y venga lo que venga, me dice antes de despedirme, “voy a hacer la lucha para mis hijos”.

 

Falko Ernst
Autor e investigador.