A pesar de la oscuridad y el frío de la madrugada, la puerta del Reclusorio Oriente bulle. A un costado de la fila de visitantes se pasean comerciantes que venden gelatinas, jugos embotellados o de naranjas recién exprimidas, fruta picada, dulces, cigarros y tarjetas de teléfono. Un hombre empuja un triciclo amarillo con dos cubetas de metal de las que sale vapor. “Tamales, tamales, atole calientito”, grita mientras avanza lentamente. En la banqueta de enfrente los techos de plástico rosa se iluminan con los faros de los carros que pasan. Debajo de los plásticos se ofrece toda clase de productos: ropa beige para los reclusos, ropa usada de colores “de los permitidos” para quien llegó vistiendo tonos prohibidos, bolsas “de las que sí entran”, recipientes de plástico, garrafones de agua, juguetes, libros, cajetillas de cigarros, etcétera. Uno de los puestos vende abarrotes generales: botellas de aceite para cocinar, papel de baño, pasta de dientes, rastrillos, bolsas de arroz y frijoles. Por encima de todo se escucha la voz de la señora que vende fichas para adelantar la fila: “¿Tiene turno? Le doy turno”.

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Un hecho es de inmediato evidente entre la larga hilera de camisas rosas, rojas y naranjas que se forman al costado del centro penitenciario: casi todas son mujeres. Algunas llevan niños pequeños tomados de la mano, otras cargan a sus bebés en brazos mientras duermen sin percibir el caos a su alrededor. Casi todas llevaban grandes bolsas de tela “de las permitidas” con recipientes de plástico en los que guardan comida. Unas cargan garrafones de agua, ropa, cobijas o zapatos para sus internos. Todas comparten la cara de desvelo (o ¿será preocupación?). Las primerizas tienen frente a sí una experiencia cuesta arriba antes de lograr ver a sus maridos, hijos o hermanos. Las más experimentadas tienen mayores herramientas para enfrentar el cruce de la aduana del reclusorio.

Entre el 22 de mayo y el 21 de junio de 2014 levantamos mil 261 encuestas de salida a los familiares que visitaban siete Centros de Readaptación Social del Distrito Federal y cinco del estado de Morelos. La idea del estudio surgió por una preocupación sobre la gran cantidad de mujeres que diariamente podemos ver formadas afuera de los centros de readaptación de nuestro país y por entender el costo que para ellas implica tener a un familiar en prisión. ¿Por qué son tantas mujeres? ¿Qué cambios hay en sus vidas a raíz del encarcelamiento de un familiar? ¿Qué costos económicos deben asumir? ¿Cómo subsidian esos costos? Los datos que arroja la encuesta muestran una de las falacias más grandes del derecho penal moderno: no es cierto que sólo el sujeto responsable de un delito es merecedor de la pena. Los sistemas penales modernos, especialmente los sistemas deficientes y corruptos como el nuestro, no castigan a individuos, castigan a familias. Sobre todo castigan a mujeres: madres, hijas y esposas de los internos que el Estado ha puesto pero que ha olvidado alimentar. En nuestro sistema son ellas quienes mantienen a los internos. Son ellas quienes los visitan dos o tres veces por semana y los vinculan con el exterior. Son ellas quienes trabajan para pagar el sistema de corrupción penitenciario existente. Todo, hasta la vida, cuesta en los penales y son ellas quienes pagan con su trabajo, su tiempo, su ira y su dolor.

Según datos oficiales, durante 2013 el Distrito Federal recibió un total de tres millones 293 mil 597 visitantes, de los cuales dos millones 944 mil 969 eran adultos. De los visitantes adultos del DF, es decir, sin contar a los menores de edad, 75.3% (dos millones 211 mil 409) eran mujeres. El estado de Morelos recibió un total de 175 mil 859 visitas durante 2013. De éstas 79% (139 mil 82) eran mujeres.

Las mujeres que visitan los centros del DF y Morelos son, en su enorme mayoría, madres (93.8% de las mujeres que participaron en el estudio dijeron serlo). Tienen entre 21 y 50 años de edad y provienen de sectores sociales desfavorecidos. Acuden a los centros de reclusión a visitar a sus hijos, hermanos o parejas. En promedio, presentan una escolaridad menor a la que tiene la población de sus estados y suelen ser trabajadoras (arriba de 65% dijo trabajar, muy por encima del 37.4% de las mujeres que, de acuerdo al INEGI, participan en el trabajo remunerado).

Algo que dice mucho acerca de la condición social de estas mujeres y de los efectos que tiene el uso de la prisión es el hecho de que 29% de las mujeres que dijeron trabajar afirmaron hacerlo como empleadas domésticas (frente a 4.7% de la PEA que según el INEGI se dedica a esta labor). Esto no significa que muchas empleadas domésticas tengan un familiar en la cárcel. Significa que las mujeres con familiares en la cárcel se ven con frecuencia obligadas a trabajar para solventar los gastos de sus familiares en prisión y, al no tener educación ni experiencia laboral, sólo encuentran trabajo como empleadas domésticas. En otras palabras, uno de los efectos de nuestro sistema penitenciario es empujar a miles de mujeres a trabajar en un empleo caracterizado por condiciones precarias, bajos ingresos y cero prestaciones laborales.

El Estado suele no darle a los internos los bienes básicos que necesitan diariamente. Una mujer me decía: “Si yo no traigo comida y agua a mi hijo, no come. Le traigo poco. A veces frijoles, a veces arroz, a veces guisado, para lo que me alcance. ¿Cómo voy a dejarlo aquí sin nada, sabiendo que si no le traigo no come?”. Los familiares de nuestros internos los alimentan y también les proveen los enseres de limpieza e higiene personal que necesitan, la vestimenta, zapatos y hasta los materiales de trabajo que requieren. El día de la encuesta 94% de las personas dijo que llevaba bienes: 96.7% llevaba comida, 62.7% llevaba dinero, 49% productos de higiene personal, casi 50% llevaba agua, 30% llevaba productos de limpieza, 22.4% llevaba dulces, etcétera.

Estas cosas quizás son baratas individualmente pero sumadas, semana tras semana, terminan por vaciar los bolsillos de los familiares. 39% de las encuestadas dijo que las cosas que llevaban costaron entre 101 y 250 pesos, y 34.8% que costaron entre 251 y 500 pesos. Hay que recordar que además deben ser transportadas hasta los Centros de Readaptación Social que frecuentemente se encuentran en las periferias de las ciudades, otro gasto que los familiares deben cubrir. Atlacholoaya, por ejemplo, se encuentra situado en las afueras de la ciudad de Cuernavaca, en un lugar donde nuevos complejos residenciales de vivienda “popular” aún se encuentran separados por campos de cultivo o maleza. Para llegar ahí algunas familias toman tres colectivos, tardando hasta tres horas para llegar al reclusorio. Pero cargar grandes bolsas de comida y agua hasta los centros de reclusión es apenas el inicio de la experiencia que las familias deben soportar en cada visita. Al llegar, deben hacer las filas para ingresar y eso implica pagar todo tipo de cuotas a los custodios o a otros internos que controlan el penal. “Ellos tienen un sueldo pero quieren vivir de nosotros”, decía una mujer, “toda la familia tiene que trabajar para mantenerlos. Yo me privo de comprar cosas para mi hijo”.

 

Existen dos tipos de cuotas. Por una parte, las cuotas directamente relacionadas con la visita (como las que se cobran para ingresar las cosas que llevan, para tener una mesa en el área de visitas, para llamar al interno o para ingresar con una prenda del color “no permitido”). Estas cuotas suelen costar entre cinco y 50 pesos cada una y deben ser pagadas en cada visita. Una de las visitantes contaba que en lugar de pagar el uso de la mesas que hay en el patio del centro prefería rentar un bote en cinco pesos o una cobija por 25 pesos. “La mesa está entre 20 y 70 pesos”, aclaró razonando su preferencia.

En algunas ocasiones los custodios de las aduanas les señalan que no pueden ingresar al Centro por traer un color de ropa equivocado (por ejemplo, porque el pantalón es un azul demasiado oscuro o demasiado claro). En esos casos las visitantes tienen la opción de pagar la “cuota” para poder ingresar o salirse de la fila (en la que llevan formadas desde la madrugada), rentar una prenda en alguno de los puestos de la calle, pagar el depósito para dejar su prenda en resguardo y volver a formarse. Tanto la renta de ropa como el resguardo tienen un costo de entre 10 y 20 pesos. Así, casi todas optan por pagarle a los custodios los cinco o 10 pesos que cobran por ingresar con el color “no permitido”, agregando un gasto más a la lista de cosas que “deben” pagar. Para evitar estos cobros las visitantes más experimentadas visten de rojo o rosa. “Yo no me quito esta ropa, es mi uniforme para que no me quieran cobrar de más”, dijo una de las encuestadas. “Parecemos fotografía”, se quejaba otra visiblemente enojada (ver gráfica 1).

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Por otra parte, los familiares deben pagar cuotas que tienen que ver con la vida del interno dentro del Centro. Ejemplos de éstas son el cobro para que el interno tenga una cama donde dormir y no tenga que hacerlo en el piso o amarrado a la reja de la celda (algo que sucede cuando la sobrepoblación de la celda es tal que no caben los internos acostados uno al lado de otro en el piso); para que no sea castigado(a) o golpeado(a); o para no ser trasladado(a) a una peor área (o para ser trasladado a una mejor área). Aunque estos cobros, como muestra la gráfica 2, son menos frecuentes, son cuantiosos llegando a superar los dos mil 500 pesos.

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No hay nada que puedan hacer los familiares frente a la corrupción endémica que enfrentan sus internos o a la que son sometidos cada visita, excepto abandonar a sus familiares en prisión. Sin embargo, ya sea por razones culturales, por amor o por un arraigado sentido moral de cuidado del “otro”, esto no sucede: las madres, hijas, esposas y hermanas de los internos terminan por hacerse cargo de los detenidos(as) de nuestro sistema penal, de los hijos de éstos(as) y, también, de pagar las extorsiones que les imponen los operadores del sistema penitenciario.

Afirmaba una mujer entrevistada, madre de un joven sentenciado a 4.8 años de prisión por robo: “La corrupción es enorme. Mi hijo ya había completado su periodo pero dejó de ir a firmar y le dieron 4.8 años. Nos cobran 80 pesos para la mamá de la celda [se refiere al jefe de celda], para limpieza y TV. Los custodios venden adentro las cosas que nos quitan. Hay mucha droga, comida y camiones llenos que pasan con derecho de aduana y llenos de todo. Los internos salen de aquí con resentimiento, odio e ira. Su única esperanza mientras están aquí somos la visita familiar”. “La Coca-Cola no la dejan entrar pero adentro cuesta 30 pesos”, se quejaba otra visitante, “parece tianguis adentro, todo lo que no pasa, se consigue adentro”.

Una vez adentro del Centro, quizás después de tres o cinco horas de haber emprendido el viaje, los familiares se encuentran con su hijo, hija, esposo, esposa, padre o madre. Por algunas horas, y hasta la hora de partida, pueden sentarse en el piso de cemento o en las cubetas rentadas e intentar olvidarse del martirio en que se ha convertido la vida de todos. Algunas, por otra pequeña suma, pueden encontrarse con su pareja en una de las “cabañas” ilegalmente habilitadas en el patio para llevar a cabo la visita conyugal. Entre sábanas sucias y hediondas ofrecen algo de su antigua cotidianidad.

Lo cierto es que entre los gastos del proceso penal, los costos económicos de la vida en prisión y el estrés que genera no saber si su interno(a) está o no a salvo en la prisión, el encarcelamiento termina por convertirse en el aspecto más relevante de la vida de las familias, afectando a todos de forma profunda. “Los familiares de internos no tenemos vida propia”, decía una mujer visiblemente desesperada.

En este aspecto la encuesta mostró los importantes costos sociales que tiene poner a alguien en prisión. A la pregunta: “El hecho de que su familiar esté detenido, ¿ha implicado para usted […]?”, 41.5% de los encuestados dijo que dejó de trabajar o perdió su trabajo; 5.5% dejó de estudiar; 51.6% dejó de frecuentar amigos; 40.6% dejó de frecuentar vecinos; 50.4% tuvo que conseguir un trabajo o tomar otro adicional al que tenía, y para 18.4% significó mudarse de casa. Es interesante notar, como muestra la gráfica 3, que existen diferencias entre las respuestas de los hombres y mujeres encuestados, mostrando que el encarcelamiento de un familiar afecta de forma diferenciada —no sólo en números sino también en forma— a hombres y mujeres.

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Quienes tienen hijos o nietos de los que se hacen cargo, por el encarcelamiento tienen menos tiempo para dedicarle a los menores. Para 29.4% de las encuestadas la detención de su familiar significó no poder llevar a sus hijos/nietos a la escuela y para 39.2% ha implicado no poder cuidarlos. No es sorprendente que las entrevistadas reportaran que los hijos de los internos(as) han tenido problemas en la escuela (incluso 11% abandonó la escuela), de salud y de conducta además de ser discriminados a raíz del encarcelamiento. Varias mujeres contaban historias de niños, hijos de los internos(as), que se despiertan llorando por las noches o que tenían problemas para dormir.

El uso de cárceles, como muestran los datos, no sólo impone un costo injustificado —salvo que se crea que los familiares son corresponsales por asociación de los delitos de sus parientes— a un gran número de mujeres. Significa, también, el distanciamiento de sus comunidades, amigos y familiares justo cuando más necesitan su apoyo. Así, el sistema penitenciario mexicano genera efectos perversos que rara vez son computados al momento de proponer (más) penas de prisión. A través de este sistema las familias van quedando más empobrecidas, aisladas y estigmatizadas alimentando el círculo vicioso entre cárcel y marginación.

Muchas mujeres lloraban cuando les preguntaba sobre los problemas que han tenido luego del encarcelamiento de su familiar. Quizás pensar en la respuesta las obligaba a concientizar lo perdido, lo injusta que es su situación y lo impotentes que son ante la maquinaria estatal. Los datos que arrojaron sus respuestas son preocupantes. El principal problema reportado a raíz del encarcelamiento fue de salud (63.6%), seguido por problemas en el trabajo (34.2%) y problemas con los hijos (30%). Asimismo, 27% reportó tener problemas con su familia, 20.9% tener problemas con su pareja, 15.7% con sus vecinos y 11.2% con la escuela de sus hijos.1 Sobre el tipo de problema de salud que habían tenido a raíz de la detención de su pariente, 58.9% dijo que había tenido problemas psicológicos, de ansiedad o depresión; 37% señaló problemas de presión alta o presión baja; 18.8% de diabetes o azúcar alta; 15.8% de colitis/gastritis; 4.8% ha tenido infecciones respiratorias; 2.3% ha tenido problemas de la piel, y 23.3% ha tenido “otro” tipo de problemas. Entre “otros” se mencionaron alcoholismo, estrés, pérdida de peso, problemas de riñón, de columna por cargar cosas pesadas, parálisis facial. Además, 27.8% señaló que los hijos del interno(a) a quien visitaban habían tenido problemas de salud desde de la detención.

 

El derecho penal moderno se ha reducido, casi exclusivamente, al uso de penas de prisión. El actual discurso sobre seguridad propone resolver cualquier tipo de problema social con un mayor uso de cárceles. Ello ha provocado en un uso exacerbado y desmedido de este instrumento penal. El estudio de las familias de los internos muestra que esta forma de castigo genera efectos negativos y profundos que van más allá de la persona encarcelada. Los datos señalan que el uso de prisiones resulta en el castigo de miles de personas inocentes, afectando desproporcionadamente a mujeres que se caracterizan por actuar conforme a un sentido de cuidado del “otro”. Esta afectación no sólo es el resultado de instituciones deficientes o corruptas, sino de un modelo penal que sobrepone la libertad y cierta idea de la autonomía sobre otros valores. Es el resultado de un modelo que sostiene que las penas de cárcel pueden ser individuales. Lo cierto es que el uso de cárceles extiende el castigo penal a las familias de los encarcelados y con ello violenta uno de los principios básicos del derecho penal moderno: que sólo quien es responsable de un delito es reprochable y meritorio de un castigo.

Los sistemas penitenciarios revelan mucho sobre una sociedad; muestran las dinámicas sociales y el sistema de valores predominantes y premiados. En el caso del género las cárceles muestran el papel marginal que las mujeres tienen en la construcción, implementación y evaluación de las políticas penales y de seguridad pública. Muestran, también, que en nuestra sociedad el valor de cuidado del otro —que muchas mujeres asumen— ni es premiado ni es tomado en cuenta en el planteamiento de estas políticas. Es en cambio usado para extorsionar y empobrecer a quienes actúan de acuerdo con este valor. Socialmente, no sólo se comunica un reproche a los ofensores sino también un desprecio hacia quienes actúan para cuidarlos y mantenerlos vinculados con su entorno social. Escribe David Garland (2007) que los sistemas penales —agregaría yo a los penitenciarios— son instituciones sociales complejas con una “variedad de funciones penales y sociales” que van desde la expresión de sentimientos punitivos, el deseo de control social, hasta la retribución y la exclusión de ciertos individuos o grupos sociales. Ciertamente, en México usamos las cárceles de forma irracional generando daños graves e ilegales, pero invisibles a un importante sector de la sociedad. Ante la evidencia sobre las injusticias que este instrumento genera es necesario cuestionar su legitimidad y existencia para dar lugar a otros recursos más justos y acordes con el tipo de sociedad a la que queremos pertenecer.

 

Catalina Pérez Correa
Profesora-investigadora del CIDE.

Este texto expone algunos de los hallazgos del estudio Las mujeres invisibles: los verdaderos costos de la prisión, llevado a cabo como parte de un proyecto sobre género y violencia con apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La versión completa del estudio puede consultarse en http://equidad.scjn.gob.mx/las-mujeres-invisibles/


1 En todos los casos en el DF se reportan más problemas a raíz del encarcelamiento que en Morelos.

 

2 comentarios en “Mujeres invisibles: Los verdaderos costos de la prisión

  1. En el Reclusoririo Oriente estaba o está asignando un empleado de nombre Luis Enrique González Morales,que comete trafico de influencias, y extorsiones, haciéndose pasar como Lic. en derecho.

  2. Felicitaciones, muy buen estudio. Pone el dedo en la llaga sobre los daños colaterales de tener un familiar en la cárcel y como siempre la responsabilidad que recae sobre las mujeres, otra forma de violencia.