Ya que el punto de partida es el derecho a recibir una educación de calidad, contar con una herramienta confiable y transparente para medir la calidad es una condición necesaria para que el Estado haga valer este derecho. La medición del cumplimiento del mandato del sistema educativo es un argumento suficiente para justificar la necesidad de contar con una prueba estandarizada.
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