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La muerte de cientos de personas, miles y miles de damnificados y billonarias pérdidas materiales provocadas por el paso de Ingrid y Manuel se hubieran podido evitar. No son resultado de la furia de la naturaleza, sino del incumplimiento de las leyes de protección ambiental y el uso de suelo. Las imágenes de La Pintada y otras zonas en las montañas de Guerrero, donde casas y personas han sido sepultadas bajo el lodo, hacen evidente una vez más la muy avanzada deforestación y sus terribles consecuencias, que de no tomar medidas se repetirán con resultados cada vez más graves.

El anuncio que se esperaría por parte del gobierno federal ante la emergencia que vivimos, es un programa de alto impacto para frenar la devastación de las zonas de interés ambiental. En cambio, sin que mediara informe alguno a la opinión pública, ni siquiera un boletín de prensa, apareció el pasado 1º de octubre en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que canceló la declaratoria de Parque Nacional del Nevado de Toluca, para convertirlo en “Área de Protección de Flora y Fauna”. La modificación no es poca cosa: para empezar desarticula el sistema de parques nacionales. Nos parece injustificable un cambio de esta importancia, sin una discusión pública de amplia escala. El esquema protector de las áreas estratégicas necesita una actualización. El contexto de este decreto de enciende focos rojos.

El Dr. Gerardo Guerra, quien se atribuye la iniciativa de transformación legal del Nevado de Toluca, y la Universidad Autónoma del Estado de México, aseguran que el nuevo decreto “obedece a un cambio de paradigma que se ha hecho a nivel internacional” (“Propuesta de Recategorización y Decreto del Parque Nacional Nevado de Toluca”. Secretaría del Medio Ambiente, 2011 y “UAEMEX defiende cambio de categoría del Nevado de Toluca”, Animal Político, 3 octubre 2013) ¿Existe un consenso de la comunidad científica internacional para hablar de un cambio de paradigma? Consideramos que el cambio de paradigma referido no es científico sino administrativo.

A la debilidad del argumento se suma la incongruencia de que un paradigma sea caduco para el Estado de México, cuando en Tlaxcala se refrenda: Con fecha de 7 de octubre de 2013 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el plan de Manejo para el Parque Nacional de la Malinche (Twitter de Semarnat, 7 de octubre de 2012). ¿Qué sustenta el trato diferenciado entre el Estado de México y Tlaxcala?

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, suma a las justificaciones del cambio de estatus legal del Nevado de Toluca, que“la deforestación que ha sufrido ha sido impresionante. Por una simple y sencilla razón: los propietarios del recurso no tienen un medio de vida y lo que tienen que hacer es deforestar para utilizar la tierra para el cultivo de papa y maíz”. ¿Cuál va a ser la respuesta de la Semarnat al destino que espera a los bosques y selvas nacionales en un país con más de 53 millones de habitantes en condición de pobreza? ¿Hablamos de un paradigma científico o de interés económico?

La necesidad de abrir actividades económicas también es esgrimida por el Dr. Gerardo Ceballos en su propuesta, en la que dice que el deterioro ambiental del ex Parque Nacional Nevado de Toluca se debe a “una legislación anacrónica que no permite hacer usos adecuados de sus recursos naturales”. Si los expertos conocieran la historia de la larga reflexión teórica y práctica de la cual emergió el modelo que sustenta los parques nacionales, particularmente en nuestro país, donde se ha destacado por combinar criterios económicos con una productividad responsable y de justicia social, no afirmarían con tal levedad que está agotado como “paradigma científico y administrativo de la riqueza ambiental de México”. El decreto de 1937 referente al Nevado de Toluca, expedido por el presidente Lázaro Cárdenas del Río dice:

CONSIDERANDO, que de los estudios verificados dentro de los límites del Parque Nacional "Nevado de Toluca", se ha determinado la conveniencia de destinar una porción de terrenos para constituir con ellos una reserva forestal nacional, cuyos productos maderables, trabajados en forma racional y bajo la inmediata atención del Departamento Forestal y de Caza y Pesca, presten los beneficios de orden económico indispensables a los grupos de trabajadores de la comarca que habitualmente viven de la explotación de los bosques, sin que con ellos se perjudique la finalidad principal que se tuvo en cuenta para la expedición del Decreto que establece el citado Parque Nacional (DOF, 19 febrero 1937, p. 12)

El Nevado de Toluca ha perdido parte importante de su riqueza originaria y ha llegado al lamentable estado en que se encuentra debido al sistemático descuido. Hay reservas de este tipo en el mundo que siguen vigentes. Un ejemplo emblemático es Yellowstone, que se mantiene como paradigma de buen funcionamiento. Es claro que en Yelowstone y otros parques fuera de México no hay comunidades de campesinos integradas, como en el Nevado de Toluca, tan claro que el modelo mexicano que da origen a los parques nacionales no es copia fiel del norteamericano y tomó en cuenta esta realidad. El modelo mexicano ha sido considerado por quienes saben algo del tema, como un modelo revolucionario en el sentido de que hace coincidir conservacionismo y justicia social, por los programas que se desarrollaron para las comunidades campesinas que los habitan. Lástima que los objetivos de quienes crearon no coincidieran con los sucesivos gobiernos, los desarrolladores inmobiliarios y los taladores de bosques. Nos parece obvio que una diferencia radical entre los numerosos parques nacionales que operan adecuadamente y el Nevado de Toluca es que los primeros cuentan con programas a los que se ha dado una continuidad que garantiza su custodia y manejo profesional, y el Nevado de Toluca lleva décadas en el abandono. Ninguna legislación es suficiente por sí misma para cambiar la realidad. Además de leyes se requiere el desarrollo de políticas públicas y mecanismos que permitan implementarlas. Nada se ha hablado ahora en concreto de esas políticas y mecanismos para actuar bajo el cambio de modelo jurídico.

En el decreto firmado por el presidente Enrique Peña Nieto se divide el área de protección del Nevado de Toluca en un núcleo o “cráter” de 1 mil 941 un hectáreas, donde se mantienen rigurosas restricciones, y se destinan 51 mil 649 hectáreas a una “zona de amortiguamiento”, en la que se podrá construir infraestructura pública privada, entre otras actividades “sustentables”, un término que en México, en la actualidad, puede legitimar cualquier cosa. En el estudio citado del Dr. Guerra se afirma como una de las causas del deterioro del Nevado de Toluca la incertidumbre en la tenencia de la tierra. No se dice en qué condiciones se podría proceder a formas nuevas de tenencia de la tierra. Se ha afirmado que tomará un año la elaboración del plan de manejo de esta nueva “Zona Protectora de la Flora y de la Fauna” (Animal Político Ibid). ¿Por qué la prisa para derogar el estatus de parque nacional si no se tiene un plan de manejo? Llama la atención que la sustentabilidad económica de las comunidades asentadas dentro del área protegida se esgrima como razón para el cambio de estatus del Nevado de Toluca, cuando la posibilidad de aprovechamiento responsable está contemplada en el decreto de creación y su adición en el cardenismo, como se demostró. Si esa es la causa no hay necesidad de cancelar el decreto de 1936. Una diferencia sustantiva entre el estatus de parque nacional y reserva forestal nacional, y la nueva modalidad, radica en la posibilidad de cambiar el régimen de tenencia de la tierra y las condiciones de participación de los particulares. Sin condiciones claras y concretas para esa participación y para las variaciones en la tenencia de la tierra a las que se da lugar ¿no se está en riesgo de caer en una situación legal que dificulte, incluso imposibilite en un futuro cercano el control sobre esos terrenos para que puedan conservarse los que están en buen estado y los deteriorados recibir trabajos de repoblación forestal y entrar en condiciones de brindar sus importantes servicios ambientales?

Al revisar las declaraciones de distintos comentaristas en torno de los acontecimientos que estamos viviendo, ha estado ausente la perspectiva histórica y cuando esta se toma en cuenta pareciera que México no tiene una tradición en materia ambiental más allá de los últimas cuatro décadas, lo que deja fuera de contexto el ámbito en el que tuvo lugar la declaratoria de Parque Nacional del Nevado de Toluca y el modelo que le dio lugar. Esa medida de protección ambiental se adoptó en el marco de la puesta en marcha de toda una política forestal, que gozó de un sitio prioritario en la agenda nacional.

En el siglo XIX el reconocimiento de la relación bosques y lluvias se hizo recurrente en el seno de las comunidades científicas y en la prensa. Pero el paradigma científico que argumentaba la importancia que tenía la conservación de los bosques para controlar el impacto de los fenómenos metereológicos no logró influir en la política gubernamental de la nación. Entonces no había ley o institución a nivel federal para la aplicación de medidas para el cuidado del medio ambiente y las consecuencias se dejaron ver en incontables inundaciones agravadas por la deforestación. Fue en la primera década del siglo XX que se sentaron las bases de la institucionalización de la política silvícola mexicana y podemos reconocer en cada una de las acciones de esta primera etapa el liderazgo de Miguel Ángel de Quevedo, tanto en su sustento teórico como práctico. En 1901 durante el Segundo Congreso Meteorológico Mexicano, Quevedo propuso el establecimiento de una “Comisión o Junta permanente encargada de promover con los gobiernos Federal y de los Estados, todo lo conducente a la protección eficaz de nuestros bosques y al estudio de nuestros cursos de agua para su mejor aprovechamiento” y llamó a la necesidad de una legislación forestal nacional. (Revista Forestal Mexicana. Junio de 1909. Año 1. Núm 1, p. 3). Como consecuencia de esa intervención de Quevedo y otra en el siguiente congreso metereológico, en 1904, se logró  la primera expresión práctica hacia una política forestal, que fue la fundación de la Junta Central de Bosques y Arbolados, la que quedó integrada dentro de la Secretaría de Fomento. Esta junta y las filiales de la misma que fueron conformándose en los estados de la república desarrollaron las primeras estadísticas forestales, se implementó el sistema de viveros de árboles para las reforestaciones, se fundaron las primeras escuelas forestales y se declararon zonas de reserva forestal. Las labores de Quevedo y sus colaboradores en materia silvícola, aunque con algunos altibajos por razones de coyuntura política, fueron constantes desde 1901 hasta 1940.

Un año definitivo fue 1917: con la promulgación del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se abrió la puerta para una legislación forestal de alcance nacional y la intervención del Estado en la tenencia de la tierra para expropiar terrenos de justificado interés nacional, en el reconocimiento diferenciado de las necesidades de los terrenos para el cultivo agrícola y aquellos con vocación forestal. El 5 de diciembre de ese año se publicó el decreto firmado por el Presidente Venustiano Carranza, que dio el rango de Parque Nacional al Desierto de los Leones, el primero con ese estatus en México. En 1926 el grupo de ambientalistas encabezados por Quevedo logró al fin la promulgación de la primera Ley Forestal Nacional, que condensó las ideas que venían desarrollándose la primera década del siglo XX. Gracias a esa base legal durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas fueron decretadas más de treinta y cinco zonas forestales de conservación en el territorio nacional, entre las que destacan los parques nacionales. El cuidado de los bosques en ese periodo se consideró un asunto prioritario para el desarrollo nacional, por su valor ambiental y también económico. Existía la certeza de que bien administrados, en un régimen responsable de explotación, los bosques en México podían reportar al erario ganancias equivalentes o superiores a la minería o el petróleo (Boletín del Departamento Forestal y de Caza y Pesca, Núm. 1. Septiembre-octubre de 1935, págs. 14-17). Se proponía un modelo basado en la riqueza forestal, no en la petrolera. Y las condiciones en ese momento daban fundamento a su posibilidad. En los casi 200 millones de hectáreas del territorio nacional se calculó que cerca de tres cuartas partes eran propicias para actividades forestales, una proporción muy superior a los terrenos aptos para el cultivo agrícola. Cuando se fundó el Departamento Forestal y de Caza y Pesca, que encabezó Miguel Ángel de Quevedo, el manejo de los bosques dejó de estar supeditado a las instituciones para la agricultura.

En el marco de la política ambiental expresada en el Plan Sexenal para 1934-40 y programa de actividades del Departamento Forestal y de Caza y Pesca para el sexenio —que previó la articulación de todo un conjunto de estrategias, programas y disposiciones, entre las que fue fundamental informar con absoluta transparencia a la opinión pública y poner en marcha una campaña de concientización sobre el valor de los recursos naturales renovables, en especial los bosques—, el 25 de enero de 1936 se publicó el decreto que da el estatus de Parque Nacional al Nevado de Toluca, el que será adicionado el 19 de febrero de 1937 para abrir el desarrollo de posibilidades económicas en la zona, como dejamos ver al inicio de este escrito. El Nevado de Toluca quedó constituido como parque nacional, con una zona en su poligonal considerada de reserva forestal. Según las regulaciones para parques nacionales promovidas por el propio grupo de ambientalistas encabezados por Quevedo, dentro de éstos está prohibida la tala para explotación y no existe la posibilidad de conceder títulos de propiedad ni de modificar el uso del suelo. Se pueden dar concesiones para el aprovechamiento turístico y construirse infraestructura siempre y cuando no amenace la preservación de la flora y de la fauna. En el área de Reserva Forestal Nacional se incluyó la posibilidad de explotación responsable (Quevedo, Miguel Ángel de, “Las Reservas Forestales no son bosques inexplotables”, México Forestal, Tomo VIII, mayo de 1930, pp. 85-89). La expedición de dichos decretos estuvo acompañada de la fundación de instituciones de investigación avanzada y de enseñanza para formar suficientes guardas forestales y especialistas en silvicultura de alto nivel, que se encargarían de cuidar las zonas protegidas y de explotar los recursos de manera profesional. Se previó además un presupuesto para el manejo del parque. La república se dividió para la aplicación de la política ambiental en zonas de alta veda, por la gravedad de la deforestación y la necesidad de un periodo para rehabilitarse, y las que podían aprovecharse sin riesgo de su deterioro, que no eran pocas. En ese esquema se formaron cooperativas campesinas para el aprovechamiento silvícola. La devastación que se había dado por el uso irracional de la capa forestal se consideró un “atentado de lesa humanidad” (Boletín del Departamento Forestal y de Caza y Pesca. Año 1. México, septiembre-octubre de 1935, p. 15). Para asegurar que los bosques serían debidamente protegidos se previó incluso la participación del Ejército.

           

Parte de la política ambiental en la que se dio el decreto de Parque Nacional del Nevado de Toluca fue también la constitución de la Zona Protectora Forestal Vedada de las vertientes de la serranía del puerto de Acapulco, decretada el 7 de enero de 1937 (Diario Oficial de la Federación, p. 13-14).  En el considerando se exponía que:

…es indispensable desarrollar un amplio programa de protección forestal en todas las vertientes de las serranías que rodean el puerto de Acapulco, como medio de impedir el azolve de la bahía con la erosión de esas vertientes de gran declive, si continúa destruyéndose su vegetación forestal; para lo cual es necesario conservar en buenas condiciones y mejorar los bosques existentes, repoblando con árboles las zonas desprovistas de los mismos.

El deterioro en el que ha caído el Nevado de Toluca y lo ocurrido en Guerrero en septiembre pasado por los fenómenos meteorológicos, no habrían tenido lugar si los programas impulsados durante el cardenismo hubieran tenido continuidad y mejoras. De observarse el paradigma por el que lucharon los ambientalistas mexicanos desde principios del siglo XX los bosques hubieran sido fuente de una importante riqueza para la nación. El avance de los tiempos exige revisiones, mejoras y adecuaciones a las políticas y los marcos legales que se aplican en todos los ámbitos, pero ello debe darse en un proceso abierto, que brinde a la ciudadanía la información y la transparencia necesarias, en busca de las mejores soluciones a los problemas nacionales, en una perspectiva histórica que fundamente y enriquezca el debate y sin permitir ni el asomo de que se impongan las ambiciones personales de unos cuantos, en detrimento del interés colectivo. Sin una auténtica voluntad de las autoridades para una política forestal estable, con bases sólidas, con un marco legal que se cumpla, no hay modelo que funcione. El peligro de los cambios a la ligera del modelo de protección vigente radica en que lejos de detener el deterioro, acabe legitimando y aún estimulando las prácticas negativas  que lo provocan.

El olvido es la mejor estrategia para impunidad y la confusión. Conocer y valorar los esfuerzos realizados nos parece fundamental para poner en contexto la problemática ambiental de urgente atención y para comprender en su amplitud la relevancia que tienen las políticas públicas de conservación forestal en la actualidad, sobre todo si consideramos que enfrentaremos retos mayores a consecuencia del cambio climático global, el que se prevé que provocará una mayor frecuencia e intensidad en los fenómenos metereológicos.  La importancia  de la recuperación y la conservación de nuestros bosques es tan grande, que debiera ser un asunto de la más alta jerarquía para la seguridad nacional y su incumplimiento, como lo dijo Quevedo, debería reconocerse como un atentado de lesa humanidad.

El decreto que cambia el estatus legal del Nevado de Toluca es contradictorio desde nuestro análisis porque encubre la lógica de los intereses particulares y el bienestar público. La experiencia reciente de los meteoros muestra que a la postre los atentados al medio ambiente con los cuales se beneficiarán unos pocos, se pagaran con los impuestos de todos nosotros. No se entiende como un asunto de tanta importancia se excluye a la opinión pública. De no actuar a la altura del reto, estamos poniendo en grave riesgo para las generaciones futuras la viabilidad misma de nuestro país.

Twitter @jhurquiza y @luz_eaz