El signo del sexenio que concluye fue la violencia y su visibilidad. Vale la distinción porque en la última década del siglo pasado México mostró tasas promedio de homicidios más elevadas y más estables. Lo que distingue a estos últimos seis años es la reversión de una tendencia negativa en la tasa de homicidios, sobre todo la concentración de los homicidios asociados a una causa central: el crimen organizado. Ello implicó un crecimiento dramático en el número de homicidios en los que se usaron armas de fuego; un proceso de concentración geográfica, y la visibilización de un tipo de violencia que no conocíamos, en monto y modo.

Este fue el sexenio de los cuerpos.

cuerpos

Cuerpos colgados en espacios públicos; cuerpos como simples medios de mensajes entre grupos delictivos; cuerpos apilados en fosas; cuerpos abatidos con balas, torturados y desmembrados. Cuerpos más que nombres. Cuerpos más que averiguaciones previas. Contrario a lo ocurrido anteriormente, con una violencia causada por una multiplicidad de razones y mayor dispersión territorial, donde la intención esperada sería esconder el cuerpo del homicidio. La concentración en causa y territorio de la violencia llevó al lado contrario, una intención explícita de visibilizar los cuerpos asesinados. El cuerpo es el mensaje. Los grupos del crimen organizado usaron los cuerpos y su visibilidad como mensajes para que sus oponentes infirieran su tipo, su crueldad, su disposición a llegar hasta donde hiciera falta. Un brutal juego de señales.

Ésa es la historia que nos cuentan —y nos ocultan— las bases de datos disponibles sobre homicidios en México. Y lo que recuperamos aquí es justamente un mapa cuantitativo de la violencia en México entre 2007 y 2011 (el periodo cubierto por los datos disponibles), que no puede entenderse sin revisar lo que ocurrió antes. Al contrastar en el tiempo distintas fuentes de información, llegamos al mismo punto: en este país hay cuerpos, no nombres, no víctimas, no casos, no culpables.

Ofrecemos un análisis descriptivo, una fotografía de la violencia en México en la administración que termina. Una imagen “pixeleada” que tratamos de analizar desde seis ángulos: 1) las diferencias notorias entre los datos sobre homicidios del INEGI y los provistos por el SNSP; 2) el contraste entre homicidios y presuntos homicidas detenidos y/o consignados; 3) la tendencia en homicidios con armas de fuego versus homicidios sin armas de fuego; 4) la relación entre homicidios con armas de fuego y los homicidios reportados como asociados al crimen organizado (ACO);1 5) la tendencia y dispersión de homicidios no asociados al crimen organizado.

Felipe Calderón inició su sexenio con una tasa de homicidios en 2007 de apenas 8.4, y la concluyó con una tasa de 25 (hasta donde los datos llegan). Cambió igualmente el rango de dispersión de los datos, en los noventa la entidad más violenta fue Guerrero, con una tasa promedio de 37.7, mientras que la entidad menos violenta fue Nuevo León, con una tasa de apenas 3.2. En contraste, entre 2007 y 2011, el rango fue de 2.4 en Yucatán a 103.9 en Chihuahua. Respecto a los noventa, la tasa promedio anual de homicidios se incrementó en 15 entidades, aunque se redujo en 17, y en algunas de manera sustancial: Oaxaca (de 34.8 a 18.2); Estado de México (de 24.8 a 12.7); Chiapas (de 15.5 a 5.6); y contra todo pronóstico, Michoacán (de 27.2 a 18.7). En sentido contrario, los mayores incrementos se concentraron en Chihuahua (de 19.8 a 103.9), Sinaloa (de 23.3 a 52.9), Durango (de 21.6 a 49.1) y Baja California (de 18.3 a 33.1). Notoriamente, en el sexenio de Vicente Fox, respecto a la década anterior, no hubo una sola entidad que no redujera su tasa anual promedio de homicidios (ver figura 1).

figura 1

Sorprenden, simultáneamente, la continuidad y el cambio. Nueve de los 10 estados más violentos en el último sexenio se encontraban también en ese grupo en los noventa, y seis de los estados más pacíficos permanecieron en ese grupo en todos los periodos. Al mismo tiempo, algunos tradicionalmente pacíficos dejaron dramáticamente de serlo (Nuevo León, Sonora, Coahuila), mientras que algunos de los estados etiquetados como violentos dejaron de serlo (Estado de México, Chiapas, Campeche).

Cuerpos vs. averiguaciones previas

Si sorprende la tendencia histórica entre y dentro de entidades, impresiona aún más la diferencia en las tendencias entre distintas fuentes de información. Si atendemos a los datos del INEGI citados en el apartado anterior, la tasa de homicidios promedio anual bajo el sexenio de Vicente Fox fue de 9.9 y bajo el sexenio de Felipe Calderón (hasta 2011), de 17.8. Por otro lado, si nuestra fuente son los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), las tasas son 12.2 y 15.4, respectivamente. Puede parecer poco, pero recordemos que estos números representan homicidios por cada 100 mil habitantes. En números brutos implican que bajo el gobierno de Fox el SNSP contabilizó 14 mil 394 homicidios más que INEGI; mientras que hasta 2011, en el gobierno de Calderón, contabilizó 12 mil 902 menos. Esta cifra crece a 14 mil 292 si sólo consideramos el periodo entre 2008 y 2011.

El SNSP agrega información entregada por las procuradurías estatales; es decir, se basa en información generada por el sistema de justicia penal: averiguaciones previas. En contraste, los datos del INEGI se basan en los reportes de médicos legistas: cuerpos. Es de esperarse que la cifra generada por las primeras sea superior a la de los segundos: es más fácil que un MP infiera un homicidio de manera errónea que un médico forense. Efectivamente, eso fue justamente lo que ocurrió entre 1997 2 y 2007.
Preocupa si ocurre lo contrario, si tenemos más cuerpos y casos judiciales. Ahí estamos. Decíamos que el que terminó fue el sexenio de los cuerpos, podemos ahora confirmar la brutal diferencia entre 2008 y 2011: 14 mil 292 cuerpos sin un caso judicial que los acompañe. Esta cifra es superior al total de homicidios cometidos en 2007 o 2008 (ver figura 2).

figura 2

Entre 1997 y 2007 únicamente tres entidades tuvieron en promedio más homicidios totales bajo la base del INEGI que bajo aquella del SNSP: Distrito Federal, Michoacán y Chihuahua. Y estas diferencias eran realmente mínimas. En contraste, entre 2008 y 2010, únicamente seis estados promediaron más homicidios bajo el SNSP que INEGI: Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Puebla e Hidalgo. Nuevamente, estas diferencias fueron mínimas. Esto es, entre 2008 y 2010, 26 entidades tuvieron más cuerpos que averiguaciones, y la mayor concentración se percibe en Chihuahua, Baja California, Nayarit, Guerrero y Estado de México. De los 14 mil 292 que mencionamos antes, 10 mil 833 ocurrieron en esos cinco estados, 76% del total.

¿Qué explica esta diferencia entre los datos? La respuesta es obvia: habrá más cuerpos que averiguaciones ahí donde la acumulación de cuerpos supere al sistema de justicia estatal. Así de crudo y así de físico. ¿En dónde esperaríamos una acumulación no procesable de cuerpos? Evidentemente, donde se concentre la violencia del crimen organizado (ver figura 3).

figura3

Desde 2007 se genera en México una base de datos sobre homicidios asociados al crimen organizado (ACO), presentada como “una herramienta estrictamente estadística y que, por ende, no posee información ministerial y judicial”. Estos datos son generados por el Cisen y la PGR, con base en información de la PGR, Sedena, Semar, SSP y Segob.3 Efectivamente, por sí solo, el total de homicidios ACO en un año explica 52% en la diferencia entre el total de homicidios INEGI y SNSP. En promedio, por cada tres homicidios ACO, se agrega un homicidio contabilizado por INEGI pero no por el SNSP (significativo al 99%). Los claros casos anómalos, en donde dado el total de homicidios ACO hay una diferencia mayor a la esperada entre INEGI y SNSP son: Chihuahua (2010-2011), Estado de México (2008-2011), Baja California (2009-2010), Veracruz (2009 y 2011) y Distrito Federal (2008-2011).4

Homicidios vs. homicidas

En México ocurre una de dos cosas: hay una constante improductividad en el sistema penal de justicia o una variable productividad de homicidas. Con base en datos obtenidos de los anexos estadísticos de los informes presidenciales (a partir del 2000), así como en la base de datos pública de Pablo Picatto en la Universidad de Columbia,5 podemos comparar el número total de homicidios (INEGI) contra el número total de presuntos homicidas y homicidas consignados, tanto del fuero común como del fuero federal (ver figura 4).

figura4

La gráfica habla por sí sola: mientras el número de homicidios tiene cambios visibles, el número de homicidas permanece constante. En 2007, por cada homicida sentenciado había 1.6 homicidios; para 2011, por cada homicida hubo 4.9 homicidios. Si en México se sentenciara al 100% de homicidas se sabría con certeza que el número promedio de homicidios cometidos por cada homicida se incrementó dramáticamente (incremento en productividad). Por supuesto, otra lectura implicaría que el sistema de justicia penal tiene una capacidad constante de investigación y procesamiento de homicidas, independientemente del número total de homicidios y/o la productividad de los homicidas. Si vemos en los datos de Picatto que el número de homicidas sentenciados en 1955 fue cinco mil 430; y por otro lado vemos en el informe presidencial de 2011 que hubo cinco mil 528 homicidas sentenciados, es difícil apostar por la hipótesis de productividad.

No dudamos que el promedio de homicidios cometidos por una persona se haya incrementado al concentrarse la violencia en una sola causa, asociada además al uso sistemático de armas de fuego. Pero sí dudamos que en ello radique la explicación de la brutal brecha entre homicidios y homicidas consignados observada desde 2008, particularmente porque esta brecha se redujo sustancialmente entre 1998 y 2007; pero era superior entre 1990 y 1997, un periodo violento en México, pero no necesariamente concentrado en el crimen organizado. La brecha es una medida de la incapacidad del sistema de justicia penal mexicano para procesar incrementos en violencia. Aumentarán los cuerpos, pero no las averiguaciones previas.

Cuentas encontradas

El homicidio con armas de fuego, aunque no exclusivamente, está dominado por el crimen organizado. Dicho de otro modo, la mayoría de los homicidios relacionados con el narcotráfico ocurren con arma de fuego. Bajo esta circunstancia y lo que describimos en la sección anterior, esperaríamos que el INEGI sistemáticamente reportara un número mayor de homicidios con armas de fuego que el SNSP: de nueva cuenta, es claramente más probable que un ministerio público no vea orificios de bala que un médico forense (ver figura 5).

figura5

En efecto, no hay un solo año entre 1997 y 2010 en el que ello no ocurra, y la distancia se ha agrandado durante los últimos años. En esos 14 años el INEGI ha contabilizado 103 mil 072 homicidios con arma de fuego, contra apenas 61 mil 862 por parte del SNSP, una diferencia de 41 mil 210. Pocos síntomas más claros de un sistema de justicia penal que no procesa la violencia y sus tipologías. La diferencia en este tipo de homicidios es aún más grande que en el total. Por ejemplo, entre 2007 y 2010 INEGI reporta nueve mil 573 homicidios totales más que SNSP, pero 14 mil 587 más cuando se trata de aquellos en los que se usó arma de fuego. Así, no sólo hay más cuerpos que averiguaciones; aun cuando existan las segundas, hay un subregistro grave de homicidios con arma de fuego.

Si comparamos 1992 contra 2010 —los años más violentos de ambas décadas— la tasa de homicidios con arma de fuego se incrementó en 13 entidades; para sorpresa de pocos, encabezan la lista Chihuahua (de 12.7 a 156.3), Sinaloa (de 19.9 a 75.5), Baja California (de 8.8 a 33.8), Nayarit (de 23 a 44) y Durango (de 40.3 a 52.9). Sí, pero la sorpresa es que se haya reducido para 19 entidades, sobre todo si consideramos, como vimos, que entre los noventa y el sexenio de Felipe Calderón se redujo la tasa promedio de homicidios totales en sólo 17 (ver figura 6).

figura 6

Esto es, hay estados en los que la tasa de homicidios totales creció más que la tasa de homicidios con arma de fuego, como Durango y Nuevo León. También están varios en los que la segunda creció mucho más que la primera, como Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit y Baja California. Están, además, aquellos en los que la tasa de homicidios con arma de fuego decreció más que la de homicidios totales, como Michoacán y Veracruz. Increíblemente, existen estados en los que la tasa de homicidios con arma de fuego decayó, mientras la tasa de homicidios totales creció, tal es el caso de Guerrero, Zacatecas y Guanajuato; y, finalmente, entidades en las que por el contrario, la caída en la tasa de homicidios totales se acompañó de una caída de mucho menor magnitud en la tasa de homicidios con arma de fuego: Estado de México, Chiapas y Morelos.

Decíamos que la brecha en tasa de homicidios con arma de fuego entre ambas bases de datos se incrementó en años recientes, y como era de esperar, este incremento se concentró en pocos estados: Chihuahua, Baja California, Oaxaca, Colima y Nayarit. En contraste, antes de 2007 en esta lista figuraban también Guerrero, Michoacán, Durango y, notoriamente, el Estado de México.

Pistolas y narcos

La correlación estadística por entidad entre la tasa de homicidios con arma de fuego y homicidios ACO es enorme: 97.52% bajo los datos de INEGI. Cuando la tasa estatal de homicidios con arma de fuego del INEGI incrementa en una unidad, la tasa de homicidios ACO lo hace en .91.6 Esto significa que aunque el incremento en los homicidios con armas de fuego es principalmente atribuible al crimen organizado, hay cuerpos con heridas de bala que no necesariamente son resultado de la delincuencia organizada. Entre 2007 y 2010 se contabilizaron 44 mil 828 homicidios en todo el país con arma de fuego; mientras que la base de homicidios ACO contabilizó 34 mil 428 totales. Esto es, en esos cuatro años hubo al menos 10 mil 400 homicidios con arma de fuego que no fueron atribuidos o no son atribuibles al crimen organizado (ver figura 7).

figura 7

De estos 10 mil 400, seis mil 560 se concentraron en cinco entidades: Estado de México (dos mil 007), Distrito Federal (mil 542), Baja California (mil 077), Oaxaca (mil 030) y Guerrero (904). Éstos son los estados en los que, si atendemos a los datos, más gente no asociada al narco se mata a tiros. Este resultado probablemente se asocie a dos factores: se trata de entidades con un constante nivel de violencia desde la década de los noventa y la concentración urbana de la población permite mayor disponibilidad de armas (ver figura 8).

figura 8

Ahora bien, la diferencia más interesante es la contraria, aquellos en los que hay más homicidios ACO que con arma de fuego. Éstos serían los estados en los que los narcos asesinan con mayor frecuencia por otros medios que no implican un arma de fuego, y aquí dos estados acaparan la atención: Tamaulipas y Sinaloa. En el primero se acumularon mil 466 homicidios ACO contra mil 020 con arma de fuego; una diferencia de 446; en el segundo la diferencia sumó 174 (cuatro mil 370 contra cuatro mil 196, respectivamente).

Contrario a lo que quizá muchos pensaríamos, en este país es mucho más frecuente que alguien no asociado al crimen organizado use una pistola para matar, que alguien asociado al crimen organizado no use una pistola para el mismo propósito.

La otra violencia

Si en México no hubiese habido un solo homicidio asociado al crimen organizado, en 2011 tendríamos una tasa de homicidios de apenas 9.03; muy por debajo de la observada de 25. En pocas palabras, estaríamos mucho más cerca de Costa Rica o Uruguay… que de nosotros mismos. Nuestro estado más violento seguiría siendo Chihuahua, sólo que con una tasa de 44.6, no de 89.4, estaría más cerca de Venezuela que de Honduras. La mitad de nuestras entidades tendrían una tasa de homicidios incluso inferior a la tasa nacional en Uruguay (6.5), y sólo dos entidades se agregarían a la lista observada de las 10 más violentas, el Estado de México y el Distrito Federal. En suma, seríamos un país con 43 mil 849 homicidios acumulados entre 2007 y 2011; no los 95 mil 626 reportados por INEGI. Seríamos un país relativamente pacífico, aunque con una tendencia a dejar de serlo (ver figura 9).

figura 9

Este ejercicio (imaginativo) parte de una simple comparación entre los datos del INEGI y aquellos de la base de homicidios ACO. Bajo esa misma comparación, resulta que tenemos cuatro observaciones en las que hubo más homicidios ACO que homicidios totales registrados por el INEGI: Sinaloa 2007 (17), Sinaloa 2008 (264); Tamaulipas 2010 (243) y Tamaulipas 2011 (393). Cierto, son apenas cuatro de 160 observaciones, pero se trata de resultados claramente anómalos.

Una limitante de esta comparación es que no permite identificar una tendencia histórica, dado que la base ACO se encuentra disponible desde 2007. Podemos, eso sí, obtener la tendencia en homicidios sin arma de fuego, que, con las limitaciones reportadas en la sección anterior, sería un buen aproximado de homicidios no asociados al crimen organizado. A diferencia de lo reportado en nuestro primer apartado, México tuvo una tasa de homicidios sin arma de fuego promedio menor entre 2007 y 2010 (5.5), que la observada en los noventa (7.1), y ligeramente mayor a la del gobierno de Fox (4.7).

Es un hallazgo de doble filo, por un lado podemos decir que la “otra violencia” se ha reducido en México respecto a los noventa; sin embargo, no deja de ser inquietante observar que los homicidios sin arma de fuego también se incrementan a partir de 2008, revirtiendo una tendencia a la baja, aunque en mucho menor proporción.

Es inquietante porque esto no es atribuible a que el crimen organizado incrementara el uso de otros métodos para asesinar, si este fuera el caso, sería relativamente común observar tasas de homicidio ACO superiores a tasas de homicidios con armas de fuego, y esto ocurre en apenas 22 de 128 observaciones entre 2007 y 2010. La suma de esas diferencias arroja un total de mil 480 homicidios ACO en los que no se usó arma de fuego entre 2007 y 2010; mientras que el acumulado de incrementos en homicidios sin arma de fuego suma tres mil 730 en el mismo periodo. Esto es, 60% del número acumulado de incremento de homicidios a nivel nacional en los que no se usó arma de fuego no serían atribuibles al crimen organizado.

Recapitulemos, la tasa promedio de crecimiento anual del total de homicidios registrados por el INEGI entre 2007 y 2010 fue de 43%; la tasa de crecimiento promedio anual de homicidios ACO en el mismo periodo fue de 82.2%. Así, la tasa de crecimiento promedio de homicidios no ACO fue de 20.9%. Parte de ello se explica por un incremento del 13.9% promedio anual de homicidios con arma de fuego no asociados al crimen organizado; pero también por el incremento anual promedio de 26.1% en homicidios sin arma de fuego y no ACO, llamémoslos “tradicionales”.7 De nueva cuenta, un hallazgo en sentido opuesto a lo que muchos esperaríamos (ver figura 10).

figura 10

¿La acumulación visible de cuerpos genera un entorno en el que matar se vuelve una opción más usable? ¿El incremento en la violencia del crimen organizado ha generado un entorno de contagio que ha elevado la violencia que nada tiene que ver con el crimen organizado y en la que no se usan armas de fuego? No podemos responder estas preguntas de manera rotunda, aunque sí podemos aproximarnos a una respuesta, y es ambivalente. La violencia del crimen organizado no explica la totalidad de homicidios “tradicionales”, apenas 34.68% de la varianza de los segundos coincide con los primeros. La violencia ACO afecta a aquella “tradicional”, en promedio cinco homicidios ACO incrementan en uno los homicidios tradicionales (significativo al 99%).8

José Merino. Politólogo. Es profesor de asignatura en el ITAM.
Víctor Gómez Ayala. Politólogo y economista.

Un nota metodológica: junto con la base de datos y el do file usado para generar los gráficos aquí presentados se encuentran disponibles en http://bit.ly/RjlXWa

1 El nombre oficial de estos datos es “base de datos por fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial”.
2 Tenemos datos del SNSP desde dicho año.
3 Los casos son clasificados como homicidios ACO si ocurren con extrema violencia y/o es un evento con más de dos víctimas; y cumplen al menos dos de los siguientes comportamientos: impacto de arma de fuego; tortura y lesiones severas; localizado al interior de un vehículo; empleo de materiales característicos del modus operandi de la delincuencia organizada; y circunstancias de hechos (relación con grupos de la delincuencia organizada; levantón; emboscada o persecución; mensajes de la delincuencia organizada). Dado este criterio, es de esperar que esta base tienda a sobreestimar los homicidios ACO.
4 Resultados de una regresión lineal de mínimos cuadrados con errores robustos, con 128 observaciones; valor F de 13.35; R^2 de 52.15, un coeficiente de 0.36 y valor t de la variable independiente de 4.05. La misma regresión se replicó con tasa de homicidios en lugar de valores totales, obteniendo valores muy similares. La diferencia más importante entre ambos modelos es que desaparecen el Estado de México y el Distrito Federal entre los casos anómalos, y aparecen Zacatecas, Nayarit y Guerrero. Ello, por supuesto, debido a la ponderación del tamaño poblacional contenido en la tasa. Ambas regresiones pueden ser replicadas usando los datos que hacemos públicos para tal fin.
5 Aquí: http://www.columbia.edu/~pp143/estadisticascrimen/EstadisticasSigloXX.htm. Esta comparación es retomada de un ejercicio similar hecho por Diego Valle en su blog dedicado a analizar datos sobre violencia: blog.diegovalle.net
6 Resultados de una regresión con mínimos cuadros ordinarios y errores robustos; con R^2 de .95; coeficiente de .912, valor t de 19.57 y valor F de 383.
7 Este valor es un proxy que se estima sustrayendo de homicidios totales de INEGI aquellos por arma de fuego; así como los homicidios contabilizados en las 22 observaciones donde los homicidios ACO superan a los homicidios por arma de fuego.
8 Resultado de una regresión de mínimos cuadrados con errores robustos, R^2 de .3468; coeficiente de .198; valor t de 5.25 y valor F de 27.59.