“¿Yo sólo quisiera saber una cosa —dice el viejo rascándose la cabeza por debajo del sombrero para enfatizar el sentimiento de asombro— a quién chingados le habla ese chamaco?”. Se desatan las carcajadas. Esta es la pregunta que tenemos todos: ¿A quién le habla el chamaco? Y el “chamaco” es el nuevo narco más “pesado” del pueblo que cada vez que él o su hermano se meten en algún lío calma todo con una llamada. El día de las fiestas del pueblo lo vimos todos. No está claro qué pasó, pero todos los elementos de una “buena bronca” estuvieron presentes: alegata, empujones, policía judicial, cuernos de chivo, etcétera. No parecía que la fueran a librar fácilmente, y en ese momento la llamada misteriosa y asunto arreglado.
El asombro del viejo es el de alguien acostumbrado a que los conflictos locales se resuelvan localmente al ver que unos jóvenes de 25 años tienen línea directa con esferas inimaginables. Su comentario condensa lo que llamo la historia de la cartelización: el desplazamiento de los traficantes independientes de “vieja guardia”, la incorporación y profesionalización de los jóvenes en redes regionales estructuradas y jerárquicas con un fuerte sentido de pertenencia colectiva y la privatización de las rutas de cruce fronterizo.
No pretendo argumentar que la historia local de estos municipios fronterizos de Sonora pueda extenderse al resto de la República: cualquier explicación de la violencia que sea ciega a la singularidad de cada historia regional será insuficiente. Pero esta microhistoria de un pueblo fronterizo domestica en su pequeñez fuerzas continentales y por lo tanto puede servir de modelo para pensar otras realidades regionales movidas por vientos similares. Vale la pena contarla no por satisfacer esa demanda de visiones infernales —llenas de botas, sangre y corrupción— que se ha ido desarrollando en los medios nacionales, sino por la simple razón de que aún no hemos encontrado explicaciones medianamente satisfactorias de los procesos sociales y políticos que han producido la violencia en México.
Empiezo con un dato: la tasa de homicidios en la región del desierto de Sonora empezó a aumentar en el año 2000 y se disparó de manera clara en 2008 (ver tabla 1). Las versiones locales —algunas serenas, otras fatalistas— coinciden en afirmar que los últimos 10 años han sido los más violentos de que se tenga memoria.
Resulta claro que las muertes de los habitantes de la región no son casos aislados, sino una tendencia general a formar relaciones sociales cada vez más violentas. Lo complicado es encontrar un hilo que nos lleve de las circunstancias particulares alrededor de cada uno de estos asesinatos a la comprensión de la epidemia; a entender por qué el sostenimiento de un orden social depende cada vez más de la violencia.
Las explicaciones locales se quedan cortas, hablan sobre todo de la llegada de gente del sur “acostumbrada a matar”. Pero al comparar la situación que se vivía en 2005 con la actual, se pueden esbozar por lo menos tres grandes transformaciones que probablemente tengan algo que ver con el aumento en la tasa de homicidios: la privatización de las rutas de tráfico de drogas a través de la frontera, el reclutamiento de una “burocracia” de jóvenes como asalariados de las organizaciones criminales, y el control de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el tráfico de migrantes indocumentados.
Cada una de estas transformaciones abona a un mismo fin: el paso de un control mayoritariamente local de las actividades ilícitas a uno regional. Es decir, un paulatino proceso de cartelización donde las instancias locales, tanto formales como informales, pierden el control de sus recursos. Es crucial notar que en este proceso de cartelización la sociedad local pierde también capacidad de censurar y controlar el comportamiento de los traficantes, pues se forma una clase de profesionales protegidos por una estructura regional e inmunes a los controles comunitarios tradicionales. Cuando se habla de “pérdida de valores” o “deterioro del tejido social” en realidad se trata de esto: las estructuras tradicionales de poder se alteran de tal forma que la autoridad de un padre, de un policía municipal, de un maestro o de un narcotraficante local se vuelve ineficaz.
Privatización de las rutas
En La gran transformación, un libro clásico sobre el origen de la economía de mercado en Inglaterra, Karl Polanyi dedica un capítulo entero a describir el proceso de cercado de tierras que solían ser de uso común. Los viejos vaqueros en Sonora recuerdan todavía las corridas de ganado a través del desierto hasta Mexicali donde se vendía a compradores estadunidenses, ahora el ganado se mantiene dentro de los ranchos y sólo se puede transportar a la frontera en camiones que transitan por las autopistas. Lo mismo sucede con el narcotráfico: hasta hace relativamente poco los caminos de acceso a la frontera, a pesar de que atraviesan por ranchos con dueños, eran de uso más o menos común.
Durante décadas las personas del municipio se han beneficiado del narcotráfico sobre todo vendiendo sus servicios de cruce. Los dueños de la droga solían buscar un contacto local que les ayudara a organizar la operación de cruce, a esa persona se le llama “cruzador”, y en sentido estricto es un subcontratista. La reputación de un cruzador, y por lo tanto sus ingresos, dependen del conocimiento que tenga de las rutas y las maneras de acceder a ellas. Hasta hace algunos años la mayor parte de los cruzadores usaban básicamente las mismas rutas, pero a medida que fue aumentando el volumen del tráfico y la competencia entre los diferentes cruzadores, cada “patrón” se apropió de una de las rutas.
Actualmente cada ruta tiene su dueño, que en general no es alguien del municipio sino de una ciudad vecina, y aquel que quiera usarla tiene que contar con su autorización. Una de las explicaciones más frecuentes de los asesinatos de gente del pueblo, y concretamente de cruzadores, es que utilizan rutas ajenas. Es importante notar que esto sucede al interior de lo que visto desde la perspectiva nacional es el territorio unificado del Cártel de Sinaloa, que en realidad opera como una especie de paraguas bajo el cual compiten una infinidad de grupos.
La consecuencia más importante de este proceso de privatización de las rutas es que los narcotraficantes independientes locales, que compraban la droga y la traficaban sin pertenecer a ninguna organización regional, han tenido que dejar el negocio o subordinarse a alguna organización más amplia. El grado de cartelización de tráfico de drogas es un dato fundamental para entender la relación que se establece entre una localidad y las organizaciones criminales. Por un lado, un tráfico ordenado y controlado por una organización regional puede tener el efecto positivo de evacuar los conflictos del nivel comunitario. Sin embargo, también sucede que cuando las decisiones importantes dejan de tomarse a nivel local y llegan como directivas de instancias regionales, la posibilidad de resolver los conflictos a través de la negociación se adelgaza y el desarraigo de los traficantes respecto a una comunidad de tránsito les permite recurrir de manera más directa a la violencia.
Exacción de cuotas y control de la migración ilegal
Para 2005 el pueblo se había ganado su reputación de “pueblo de polleros”. No era raro ver reporteros mexicanos y norteamericanos paseándose por las calles del centro para fotografiar los pasamontañas y mochilas de camuflaje que los migrantes compran en los puestos alrededor de la plaza antes de cruzar la frontera. Las personas del pueblo se quejaban amargamente de haber perdido la intimidad, por decirlo de algún modo, pero todas aquellas familias que tenían una casa o un cuarto desocupado lo convirtieron en casa de huéspedes para migrantes. Llegó a haber 150 casas funcionando además de ocho grandes hoteles y aún así había días en que no se daban abasto para alojar a toda la gente que llegaba en tráileres y autobuses directamente desde San Cristóbal, Chiapas, y más allá. Muchos se hicieron ricos vendiendo servicios de alojamiento, alimentación, comunicación y transporte a los miles de migrantes que pasaron por ahí.
En esos años la derrama económica de la migración ilegal en el municipio no sólo fue presuntamente mayor a la del tráfico de drogas sino que se distribuyó de manera más amplia entre diferentes sectores de la población: hubo amas de casa que se convirtieron en empresarias hoteleras en un par de años. La migración atrajo la atención de los medios y las autoridades al municipio y complicó las operaciones del tráfico de drogas. La convivencia entre narcotraficantes y polleros en esos años empezaba a volverse tensa. La migración es mucho más vistosa, deja demasiadas señales en las brechas: huellas, basura, fogatas, muertos. A medida que las molestias causadas por la migración aumentaban, crecía también el atractivo de sus ganancias. La respuesta de las organizaciones regionales de tráfico de drogas fue aprovechar su superioridad armamentística para imponer un estricto control del flujo de migrantes y exigir una cuota de entre mil y mil 500 pesos, dependiendo de la nacionalidad del migrante, por utilizar el camino que une la cabecera municipal con la línea fronteriza, una cuota adicional a la que de por sí se paga al pollero.
Este nuevo orden no se creó de un día para otro, pasaron un par de años, se cambió varias veces el sistema de cobro y contraseña y se castigó de manera ejemplar a los que se negaron a aceptarlo. Actualmente, cada vez que un transportista pretende salir hacia la frontera tiene que reportar el número y nacionalidad de todos los migrantes, recolectar las cuotas y entregárselas a un cobra cuotas local a cambio de una contraseña que permite librar los posibles retenes. La totalidad de estos pagos se entrega al “dueño de la plaza”. Esta persona, a su vez, se encarga de pagar los sueldos de “puntos” y sicarios y de comprar la anuencia de las autoridades. Así me cuentan la historia:
Ese bato [el dueño de la plaza] movía mota igual que todos, que los Páez y los Beltrán de Caborca, pero no se sabe exactamente quién le asignó a él el poder de encargarse por completo de los pollos en la región, desde Sásabe hasta Sonoyta. Algunos dicen que fue el mismo gobernador. La cosa es que los pollos empezaron a afectar al narcotráfico, sobre todo cuando aquí empezaron a llegar diferentes corporaciones de mafiosos a delimitar su territorio. Los pollos les calentaban el terreno. Por ejemplo, decían: “Entraron dos cuadrillas, nos cayó la migra, venían por los pollos, pero nos vieron a nosotros y nos atoraron”. Entonces, a partir de 2007, se empezaron a cobrar las cuotas. Al principio era muy desorganizado, pero ahora no se les va un pollo sin pagar la cuota. Con el dinero que cobran a cada migrante se pagan puntos que velan las 24 horas del día y vigilan si vienen judiciales, federales o soldados. Los puntos cuidan tanto al narcotráfico como a los migrantes. Si la judicial atora a la gente [migrantes] en el camino, uno le habla directamente a ellos, y como pagan cuota, ellos vienen y se encargan de arreglarse con la judicial.
Pareciera poca cosa, pero se trata de un cambio profundo en las relaciones de poder entre instancias locales, regionales y nacionales. Un recurso público —el camino de acceso a la frontera— pasa de ser aprovechado por los habitantes del municipio a ser explotado y controlado por instancias regionales, cárteles y policía estatal. Las organizaciones de narcotráfico regionales extraen recursos de la economía local de servicios a migrantes, regulan los flujos de migrantes a su conveniencia y, a cambio de ello, se encargan de “arreglarse” con las autoridades. Se crea una estructura burocrática centralizada. El sinfín de pequeños arreglos entre cientos de transportistas y la policía judicial es sustituido por un acuerdo único entre el mundo de la economía informal y las autoridades formales, operado a escala regional, un acuerdo que beneficia a todos “los contribuyentes”.
Además, la imposición y ordenamiento de las cuotas por parte de la mafia regional ha coincidido con la erradicación paulatina de las cuotas que la policía municipal de Altar solía exigir a migrantes y polleros. El control del ayuntamiento contra la extorsión a migrantes por parte de la policía municipal es cada vez más efectivo: tienen órdenes de no molestarlos. Nuevamente encontramos el mismo patrón: la instancia local, en este caso el ayuntamiento, renuncia a una forma de extracción de recursos y la deja en manos de la mafia regional.
Otra consecuencia de este nuevo orden es que tanto las personas dedicadas a brindar servicios a migrantes como las organizaciones criminales, se ven en la necesidad de desarrollar capacidades administrativas propias de un Estado. Reclutan un número considerable de asalariados, de los que hablaremos enseguida; llevan registro detallado del flujo diario de personas; han aprendido a distinguir a los migrantes mexicanos de los centroamericanos, dado que las cuotas son diferenciadas y, por consiguiente, ejercen la función de autoridades migratorias. Equivocarse al establecer la nacionalidad de alguien puede ser muy costoso, porque los errores tienden a interpretarse como intentos deliberados de robarse parte de las cuotas:
Yo me tengo que hacer responsable de saber y reportar cuántos mexicanos van y cuántos centroamericanos, cuántos chocos como les dicen aquí. Porque ya en terreno ellos paran la camioneta y le preguntan a cada persona de dónde es, quién es el presidente de México, etcétera. Si entre los que uno reportó como mexicanos, ellos encuentran un centroamericano, la bronca es para mí, porque yo tenía que reportarlo bien a ese muchacho. Si un muchacho me pagó como centroamericano y yo lo reporto como mexicano para clavarme la diferencia es una bronca que no se acaba.
A pesar de todo, la imposición de cuotas ha encontrado poca resistencia de la gente dedicada al negocio de la migración. Algunos se quejan de que debido a este trato los migrantes han optado por nuevas rutas y han disminuido las ganancias para las personas de la localidad. Pero la mayoría parece más bien conforme con este sistema, quizá porque sí ha logrado garantizar cierta seguridad para los transportistas. Pero la imposición de cuotas también ha tenido un costo en términos de violencia: se quemaron camionetas de aquellos que se resistían a aceptar el sistema y se castigó severamente a aquellos que se aprovecharon del nuevo sistema para quedarse con parte de las cuotas.
El caso de este muchacho Juan, famosísimo aquí en el pueblo. Meneaba muchísima gente hacia la frontera. El bato vivía aquí en el pueblo, pero ese bato empezó a llevarse los pollos para allá para la frontera sin permiso de los cobra cuotas. Él sí cobraba las cuotas, nomás que no las reportaba. O tal vez reportaba, pero menos de lo que llevaba. En aquel tiempo no estaba tan estricta la cosa, no había retenes, si acaso te ponían un punto en el camino. Pero una vez le tocó que le revisaran la camioneta, y no le encontraron lo que había reportado. Llevaba más gente. Y lo levantaron ahí en su casa, lo mataron luego, y lo tiraron ahí en la carretera, cerquita.
Este tipo de castigos ejemplares explican una parte del alza en la tasa de homicidios en la región. Pero este nuevo orden también podría tener el efecto de aumentar la violencia por la simple razón de que para sostenerlo es necesario mantener de manera permanente uno o varios grupos de jóvenes armados —puntos, cobra cuotas y sicarios— que no se someten a la autoridad de la policía municipal, consumen drogas y con frecuencia riñen entre sí.
Profesionalización
El contrabando no es nuevo en la región, crecimos oyendo a los viejos contar las proezas de los bandidos más famosos del pasado e intentando emularlas. En ellas, y hasta hace 15 años, el tráfico de drogas aparecía como una actividad económica esporádica que se combinaba con muchas otras, como una especie de aventura por la que pasaba casi cualquier hombre en algún momento de su vida. Hubiera sido difícil creer que llegaría a haber una “nómina” mantenida permanentemente por organizaciones regionales, una burocracia absurda compuesta por puntos, cobra cuotas y sicarios. “Y lo peor del caso —me dicen— es que ni siquiera se hacen ricos, ahí está el punto parado todo el día checando todas las entradas del pueblo, y lo hace por mil pesos y un seis de cerveza que le tiran los jefes”.
Casi todos son jóvenes. Los cobra cuotas dan vueltas en el pueblo todo el día recolectando la tarifa que debe pagar cada migrante indocumentado por utilizar el camino que une la cabecera municipal con la frontera internacional y entregando contraseñas. Los puntos se encargan de vigilar todas las vías de acceso y otros puntos estratégicos. Se les da un radio, uno o dos teléfonos celulares, algunas veces algún tipo de arma y una pequeña paga. Algunos se encargan de interceptar las camionetas cargadas de migrantes en el camino hacia la frontera para verificar que el número y nacionalidad de los pasajeros que se reportó sea el correcto y que nadie se vaya sin pagar la cuota. Otros están arriba de los cerros vigilando la entrada de automóviles desconocidos y de autoridades estatales y federales. Este oficio ya existía hace más de 10 años, la diferencia es que antes era un trabajo esporádico que consistía en vigilar los caminos únicamente en los momentos en que se está transportando la droga para reportar cualquier contratiempo. La gran diferencia es que ahora los puntos vigilan de manera permanente las entradas del pueblo y los principales caminos.
Entender quién es y qué hace un sicario es mucho más complicado. Hasta hace cinco años la palabra “sicario” simplemente no existía en la región. Fue de un año para otro que una “bola de chamacos”, conocidos de todos, se hacían llamar sicarios, y efectivamente estaban armados y trabajaban para alguien más. En realidad, la categoría de “sicario” oculta una gama de actividades diversas que se ubican en el límite entre la seguridad privada y la seguridad comunitaria; son algo entre un guardaespaldas, un cobrador de impuestos y una milicia de defensa local. Son, por un lado, el cuerpo armado que se encarga de que se paguen y respeten las cuotas, una empresa de seguridad privada que brinda protección física y vigilancia a narcotraficantes, y son también los que se enfrentan a los grupos antagónicos establecidos en municipios aledaños, se les puede ver también como una especie de organización de defensa local. Una mañana pasé saludar a una señora de un barrio popular y me comentó, como quien comenta la posibilidades de lluvia: “Hoy y mañana estaremos desprotegidos porque se fueron todos los sicarios a una reunión a Hermosillo”. Sólo ahí entendí que para cierto sector de la población acostumbrado a vivir de y para el narcotráfico los sicarios son un cuerpo de defensa colectiva.
Se dice que cuando los jefes ocupan “un sicario de verdad”, lo mandan traer de Caborca —será seguramente un ex policía. Pero entre los sicarios locales el más famoso es el X. Es hijo de una familia humilde originaria del pueblo, empezó su carrera como chofer de camionetas de migrantes, fue ascendido a cobra cuotas y terminó imponiéndose como sicario. Así me es contada su historia:
Una característica importante de este nuevo tipo de empleado de las organizaciones criminales es que el desempeño de su trabajo termina por escindirlo de la vida comunitaria. El día que hicieron una fiesta los egresados de la secundaria del pueblo de la generación del X, él quiso asistir al evento, llegó con las armas, los autos, las pecheras y todo el despliegue que lo acompaña, quiso bailar con una muchacha, que se negó, y pronto se dio cuenta de que su presencia en el lugar incomodaba a todos los presentes. Parecería una nimiedad, pero es un cambio significativo si se piensa que el narcotraficante tradicional gozaba de cierto prestigio social y asistía tranquilamente a los bailes del pueblo.
Al ejecutar las órdenes de una organización regional en el municipio esta burocracia de puntos, cobra cuotas y sicarios tiene que ir amputando sus propios vínculos familiares y comunitarios. Se vuelven inmunes, por decirlo de algún modo, a los controles sociales locales contra la violencia, se sitúan por encima o fuera del orden moral. Con controles sociales me refiero a la influencia que pueden tener sobre las decisiones de estas personas las autoridades familiares, escolares, religiosas o simplemente la presión social. Como ejemplo de la manera en la que pueden operar esos controles retomo las palabras de una maestra de secundaria sobre su relación con el X:
El X personifica la ruptura de una generación de jóvenes de bajos recursos con respecto al orden moral local, una ruptura por cierto incompleta. Se le reconoce todavía como un hijo del pueblo, se conoce a su familia, la maestra lo recuerda con cierta compasión y arrepentimiento por no haberlo ayudado en su momento, le busca la mirada y trata de hacer efectiva su autoridad moral sobre el joven. Él ha transgredido códigos locales fundamentales, pero al mismo tiempo no parece haberse resignado a perder sus vínculos con el orden social del que decidió escindirse. A veces se le ve jugando beisbol con los niños de su barrio, algunas mamás se preocupan y llaman a sus hijos para que no convivan con el asesino, para otras es normal.
Permitámonos por un momento suponer que la pregunta no es cómo acabar con el tráfico de drogas y los traficantes —pregunta que al final ha servido sólo para desatar las fantasías de exterminio en todos los actores involucrados— sino qué clase de tráfico de drogas queremos. A una pregunta planteada así, corresponde una respuesta pragmática: necesitamos que el trasiego de drogas de México a Estados Unidos se organice de la forma más pacífica posible, que los beneficios se distribuyan entre la mayor cantidad de población posible, que las ganancias se reinviertan en proyectos productivos que permitan un cambio de actividad y promuevan el crecimiento económico, que los grupos dedicados al trasiego no controlen el derecho de paso ni la circulación en ninguna porción del territorio nacional. Ese tipo de tráfico era el que se tenía hasta hace cierto tiempo en algunas zonas de la frontera y es el que se ha perdido con la cartelización que implica precisamente lo contrario: relaciones cada vez más violentas, centralización de ganancias y decisiones, y poca incursión en actividades económicas legales. La estrategia gubernamental de confrontación bélica de los grupos dedicados al tráfico de drogas tiene precisamente el efecto perverso de promover la formación de órdenes sociales locales cada vez más violentos y de grupos criminales con una identidad colectiva cada vez más asumida. El gobierno entrante tendría que movilizar de manera pragmática e inteligente todas las herramientas normativas y económicas que permitan disminuir la violencia en el corto plazo. No puede ser otra la prioridad.
Natalia Mendoza Rockwell. Candidata al doctorado en antropología por la Universidad de Columbia. Es autora del libro Conversaciones en el desierto: cultura, moral y tráfico de drogas.
