Raymond Aron, el ilustre liberal francés, defendió, en su Introducción a la filosofía de la historia, el proyecto de construir una o varias historias alternativas como recurso intelectual para comprender los hechos históricos. Propuso un método que incluyera una “previsión retrospectiva”, capaz de explicar lo que pasó junto con lo que pudo haber pasado, dado que ningún proceso está establecido de antemano. Esta idea de Aron permite explicar lo acontecido como parte de un abanico de opciones posibles y no como la mera realización de una tendencia inexorable. Lo que no sucedió forma parte de lo sucedido, porque lo enmarca y ayuda a explicarlo.

religiosa

A este tipo de reflexión debemos acudir si queremos entender el sentido de de las reformas a los artículos 24 y 40 de la Constitución, aprobadas por el Congreso de la Unión y ahora a la espera de que se complete el circuito del llamado Poder reformador de la Constitución para convertirse en letra constitucional. Si no deseamos ofrecer sólo una sobreactuación juarista, nos beneficiaría delinear el mapa político completo de esta discusión. En efecto, lo importante aquí es reconstruir la idea original que animó una vertiente de este cambio legislativo, aun si una parte sustancial de ésta quedó detenida en el proceso parlamentario. Este mapa está definido por el viejo proyecto de la jerarquía católica de ganar el espacio público para la realización de sus rituales religiosos y de revertir la prohibición constitucional de adoctrinamiento religioso en los establecimientos escolares.

La iniciativa de reforma original al artículo 24, presentada por el diputado priista José Ricardo López Pescador, se sostenía en dos puntos: la validación de los actos religiosos en público y la garantía estatal para la educación religiosa. En su conjunto, expresaban buena parte del contenido del proyecto que, curiosamente, la jerarquía católica denomina “libertad religiosa”; proyecto que, por lo demás, fue explícitamente reivindicado por el papa Benedicto XVI en su reciente visita a Guanajuato.

La primera modificación del artículo salvó el trámite parlamentario, pero la segunda no fue aprobada. La reforma aprobada por el Congreso de la Unión parece haber modificado poco la redacción del artículo 24. El texto vigente dice que “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo…”; y la reforma establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo…”. Como puede notarse, el agregado tiene que ver con la legitimación constitucional de los actos religiosos “en público”.

El segundo punto fuerte es el que, de manera elíptica, daba sentido al intento de modificación. El derecho de padres o tutores a educar a sus hijos en la fe propia no se incluyó en la reforma, pero explica su impulso político. Insistamos: en el contexto mexicano este impulso expresa la pretensión de ganar para la iglesia católica todo espacio posible de adoctrinamiento, pues, no amenazada la atribución de los padres o tutores de educar a sus hijos en la fe que elijan, lo que se exigía en ese caso era avanzar en el adoctrinamiento religioso en las escuelas. Ésta era, en efecto, la disonancia de fondo del proyecto. Aunque sus promotores lo negaban, esta intención contradecía el principio de laicidad educativa del artículo 3, que obliga a una educación fundada en la ciencia y contraria a la ignorancia y los prejuicios.

En México el problema del laicismo no consiste en que, como sostenía el diputado priista en su temprana justificación del proyecto, haya quienes crean que el Estado laico es lo mismo que un “Estado ateo” (tal vez debió escribir “jacobino”) sino, por el contrario, en que en los últimos años se ha vivido un proceso de oficialización de normas morales y religiosas del catolicismo a través tanto de legislaciones como de actos de distintos poderes ejecutivos. Por ejemplo, sólo entre 2008 y 2011, 16 estados introdujeron en sus constituciones supuestas protecciones a la vida “desde la concepción”, con el propósito de tender un cerco legal a las posibilidades de expansión de los derechos reproductivos de las mujeres. Este proceso derivó de una estrategia de la jerarquía católica en alianza con esos poderes públicos. En sintonía con esto, los dos puntos del proyecto de reforma del 24 expresaban el intento de hacer privado lo que es o debiera ser público, de capturar más espacio público para la religión mayoritaria y controlar un segmento de un bien colectivo como la educación para hacer proselitismo religioso. La jerarquía católica y sus valedores políticos libraron una enésima acometida contra los rasgos modernos del Estado mexicano, e incluso el discurso de los derechos fundamentales, en general poco importante para ellos, se convirtió en un instrumento útil.

Si hubiera atisbos de que se prohíbe en México a padres y tutores transmitir sus creencias a los menores, la necesidad de la reforma hubiera estado fuera de discusión; pero vista la actual deriva integrista de tantos poderes locales y parte del federal, la necesidad se situaba en otra parte, a saber, en el refrendo constitucional explícito a la condición laica del Estado mexicano en el artículo 40. Éste fue el gran logro de las reformas combinadas. Vista con seriedad, la laicidad es constitucionalmente más relevante que la licencia para prácticas religiosas públicas. Por ello es necesario desde ahora entrar a la discusión de este concepto político central. Del mismo modo en que la validación de las prácticas religiosas públicas en el artículo 24 sólo puede entenderse con el dibujo del proyecto de “libertad religiosa” auspiciado por la jerarquía católica, el atributo de laicidad del Estado mexicano sólo puede defenderse en serio si no le tiene por un equivalente a la mera aconfesionalidad o neutralidad moral del Estado.

Los Estados laicos, como Francia o México, no sólo postulan la aconfesionalidad del Estado y el derecho de la persona a elegir en materia religiosa, sino que establecen un espacio de valores públicos definido por una concepción ilustrada del conocimiento y de la educación de los ciudadanos. En un Estado meramente aconfesional como Estados Unidos, se puede llegar a la insólita situación de que legislaturas estatales declaren que, como el Estado no tiene prioridad en materia de ideas, son exactamente equivalentes la enseñanza de la teoría darwiniana de la evolución y la del creacionismo o el “diseño inteligente”. Esto sucede porque la aconfesionalidad, más allá de su enorme mérito de amparar la libertad de conciencia, renuncia a reconocer al Estado la posibilidad de construir un esquema de valores de la vida pública capaz de formar y orientar la conducta de los ciudadanos y los gobernantes.

La ruta de la laicidad supone un aprecio importante por la ciencia y el pensamiento crítico. Cuando el artículo 3 de la Constitución mexicana establece que la educación “será laica” y que “El criterio que [la] orientará […] se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”, no sostiene algo menor. No prescribe que el Estado sea un convidado de piedra en la formación de los valores de los ciudadanos y mucho menos otorga el mismo aprecio público a todos los sistemas de creencias. La Constitución mexicana prefiere, como discurso de formación educativa, a la ciencia respecto de otras ideas, al conocimiento crítico respecto de los prejuicios y a la libertad respecto de los fanatismos.

Sería un error identificar la laicidad con el jacobinismo propio de experiencias autoritarias, pero no debiera olvidarse que la exigencia de laicidad se deriva de una experiencia histórica que aún mantiene su vigencia: la disputa por el terreno de los valores públicos entre el Estado y la iglesia católica. Por ello, la discusión del Estado laico no puede ser abstracta sino histórica y contextualizada. La laicidad, aquí y ahora, ha de reivindicar los valores educativos racionalistas e ilustrados a que obliga la propia Constitución. El debate político acerca del contenido del término ya ha empezado, y ya atestiguamos definiciones del Estado laico que, no pudiendo evitar su inclusión constitucional, buscan ahora venderlo bajo la forma descafeinada de la mera aconfesionalidad.

Jesús Rodríguez Zepeda. Investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.