Los recursos destinados al Congreso mexicano son cuantiosos y crecientes, aunque no excesivos en términos internacionales. La transparencia en su registro deja mucho que desear. La discrecionalidad y opacidad en el ejercicio del gasto es alarmante y sus índices de desempeño pobres. Esta situación es común en casi todas las entidades públicas del país pero es más grave en el Congreso porque se trata del poder encargado de aprobar el presupuesto y de vigilar su ejercicio. El órgano fiscalizador por excelencia no se deja fiscalizar y no rinde cuentas.
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