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En la novena entrega de la serie La construcción de México, María Amparo Casar hace el prisma de los axiomas que la historia imprimió indeleblemente en la cultura política de México


Lecciones del pasado

Se dice con razón que el cuento del desarrollo de México no fue fruto de la Revolución. Que nuestra historia económica y social hubiese sido muy parecida con o sin ese episodio. Que los otros países de América Latina no padecieron una revolución social como la nuestra y no fueron ni son muy distintos al nuestro en términos de su desarrollo económico. Lo que no es un mito es que de la Revolución surgió un régimen político sui géneris que logró una estabilidad nunca antes experimentada y que distinguió a México de prácticamente cualquier otro país de América Latina. La Revolución tuvo sin duda un legado político. No el prometido ni el pretendido, pero sí uno que se construyó a partir de una lectura informada y en muchos sentidos acertada de los 100 años de historia del México independiente.

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Las lecciones políticas aprendidas por los triunfadores de la Revolución fueron muchas. Lecciones extraídas de la convulsionada historia del siglo XIX, del Porfiriato y también de los primeros gobiernos de la Revolución: Madero, Carranza, Obregón. Otras más fueron aprendiéndose en el proceso de construcción a través del método de ensayo y error. Lecciones que no quedaron en mero conocimiento o diagnóstico sino que fueron puestas en práctica. Lecciones que dieron cauce a la estabilidad que por más de un siglo había sido elusiva; que resolvieron el enigma de la anarquía y la inestabilidad. No se volverían a cometer los mismos errores políticos que en el pasado. Fue a partir de estas lecciones que se construyó el sistema político mexicano posrevolucionario. Si las vamos rastreando, iremos viendo cómo se fue configurando el sistema político mexicano.

Primera lección. Al leer la historia independiente de México, los revolucionarios triunfantes encontraron que todos los experimentos democráticos habían fallado. Que uno tras otro, incluidos los de Madero y Carranza, se estrellaban contra la realidad. Si las razones de su fracaso eran las esgrimidas por Rabasa en La Constitución y la Dictadura —condiciones materiales y experiencias históricas que según él fueron conformando el carácter y temperamento del mexicano— era irrelevante. Lo cierto es que la realidad estaba ahí para demostrarlo: apostar a la democracia no era una buena idea. Por ello quizá la primera lección aprendida fue la “necesidad” de abandonar las recurrentes tentaciones/ilusiones/pretensiones democráticas pero sin abandonar, como dijera Molina Enríquez, “el sistema de legislación política […] que hemos hecho cristalizar en nuestra Constitución Federal y en las constituciones particulares de nuestros estados”.

Lo siguiente condensa de manera premonitoria y precisa el tipo de régimen que se construiría después de la Revolución: “[…] dentro de esas mismas constituciones, hay que dar a nuestros sistemas de gobierno la única forma en que ellos pueden llenar su función, concediéndoles a la vez las facultades plenamente legales que de ellas se desprenden y las facultades discrecionales complementarias que son y serán por mucho tiempo indispensables”. Y sigue: “Nuestros gobernantes […] deberán tener facultades dictatoriales, con tanta mayor razón, cuanto que todos los trabajos de constituir a nuestra patria definitivamente, pueden producir trastornos interiores que será indispensable sofocar […] Pero por supuesto que el carácter dictatorial de nuestros gobiernos deberá referirse a sus facultades de acción, no a la continuidad ni a la condición de las personas que esos gobiernos encarnen”.

Esta reflexión fue seguida al pie de la letra. Uno tras otro de los gobernantes accedieron al poder a través de los mecanismos marcados por la Constitución. Más aún, uno tras otro de los gobernantes gobernaron, fundamentalmente, al amparo de la Constitución. Desde un punto de vista formal sólo excepcionalmente la Constitución fue violada. El quid estuvo, desde luego, en que junto a “las facultades plenamente legales” los gobernantes se hicieron de otras discrecionales. Se inauguró entonces una época en la que sin violar la Constitución se anulaban sus principios. Esta operación daría como resultado la llamada gobernabilidad autoritaria: eficaz pero estructuralmente antidemocrática.

La distancia entre la teoría constitucional y la práctica o realidad política no sólo era reconocida sino justificada con base en el desempeño y la ausencia de alternativas dada la estructura social y económica de México. Esta aceptación fue tan generalizada que bien entrados los años sesenta todavía muchos académicos —nacionales y extranjeros— seguían justificando esta situación. No con la honestidad y claridad con que lo hiciera 50 años antes Molina Enríquez pero sí con la misma convicción. Vaya como botón de muestra la siguiente reflexión de Pablo González Casanova en su La Democracia en México (1966): “el respeto al equilibrio de poderes habría sido respeto a las conspiraciones de una sociedad semifeudal, el respeto a los partidos habría sido respeto a los caciques militares […]; respetar el sistema de contrapesos y balances habría equivalido a tolerar los caciques y caudillos regionales y respetar el municipio libre a tolerar la libertad de los caciques locales”.

Más aún, la peculiaridad del régimen político, su flexibilidad y su amplia legitimidad fueron tales que durante décadas y a pesar de la evidencia, hubo una resistencia a describirlo como autoritario, optándose por mejor adjetivarlo como una “democracia en desarrollo”, una “versión peculiar de democracia”, una “sociedad plural estable”, una “democracia de partido único” o, en el peor de los casos, un “autoritarismo liberal”.

Justificaciones aparte, México consiguió un régimen estable y durable sustentado en un sistema político altamente institucionalizado. Un sistema en el que convivían de manera cómoda una Constitución democrática y una sucesión de gobiernos no democráticos. De aquí que México no encajara en las definiciones de un sistema democrático pero tampoco en las de uno típicamente autoritario. Lo único que no podía regateársele eran sus sellos de legitimidad y estabilidad. Y esto no sólo por su perdurabilidad sino, quizá más importante, también por los relativamente bajos niveles de conflicto y por su contención, la mayoría de las veces, dentro de los límites institucionales.

Las tentaciones/ilusiones/pretensiones democráticas fueron entonces sustituidas por una sola tentación: la de la estabilidad. Y ésta fue lograda. Los años que los jefes de gobierno han permanecido en el cargo, el número de elecciones regulares y sin interrupción o los años de orden constitucional continuo, dan una imagen fiel de qué tan estables son los regímenes. En cada uno de estos indicadores México destaca. Mientras que en la historia del siglo XX de América Latina se registran más de una treintena de golpes de Estado, la historia posrevolucionaria de México ocurrió sin una sola ruptura del orden constitucional, sin la suspensión de derechos civiles y políticos y sin la interrupción de los mandatos presidenciales.

Segunda lección. La necesidad de dar solución duradera al problema de la sucesión y, junto con ella, la de reglamentar el reparto del poder político.
En más de 100 años México no pudo resolver la transmisión pacífica del poder de un partido o facción a otro de manera pacífica y de acuerdo a lo que establecía la Constitución. La lucha por el poder casi nunca se dirimía en las urnas. Las pocas veces en que esto ocurrió los vencidos recurrían a las armas para derrocar a los vencedores. El propio Molina Enríquez identificó el problema y la solución de la sucesión. Después de argumentar en favor del otorgamiento de facultades discrecionales y aun dictatoriales, añadía: “pero por supuesto que el carácter dictatorial de nuestros gobiernos deberá referirse a sus facultades de acción, no a la continuidad ni a la condición de las personas que esos gobiernos encarnen …”.

También esta lección fue aprendida y la solución encontrada sería una de las bases de la estabilidad. No fue una solución inamovible o única. Se fue adaptando a las condiciones cambiantes del país. El objetivo fue siempre el mismo: para el presidente, establecer un límite temporal; para los demás cargos, la rotación alrededor de la denominada familia revolucionaria.

El vehículo para operar la sucesión presidencial y la rotación de los cargos de elección popular fue el partido oficial, pero los mecanismos fueron cambiando y perfeccionándose en el tiempo. El partido oficial respondió inicialmente a la necesidad de congregar en una sola organización a todos aquellos que o bien habían participado en la(s) causa(s) revolucionaria(s) y en razón de ello se sentían con “derechos de gobierno”, o bien detentaban poder regional y estaban dispuestos a entrar al redil revolucionario.

Su diseño original tuvo un éxito nada despreciable pero relativo. Logró unificar a la mayoría de estas dos categorías alrededor de un candidato que recibió el 93% de la votación. La solución se reveló duradera. A partir de ese momento las elecciones se celebraron regularmente. Los siguientes ocho presidentes surgieron del partido oficial, obtuvieron entre el 75% y el 98% de los sufragios y todos terminaron el periodo para el que fueron electos.

La subordinación de los caciques regionales, lo mismo que la desaparición de facciones rivales en las cámaras del Congreso, debieron esperar. Para 1930 el PNR era todavía una organización poco sofisticada si la comparamos con su configuración posterior.

El vehículo y los medios para operar la sucesión y el reparto de los cargos políticos se fueron transformando. El PNR pasó de ser una confederación de partidos a ser un instituto político encargado de formar cuadros, de dirimir diferencias, de organizar a las masas, de seleccionar candidatos, de ganar elecciones.

Los medios también se transformaron y, de acuerdo a las necesidades del momento, se privilegiaron unos instrumentos sobre otros. Inicialmente los más favorecidos fueron el fraude electoral y la restricción forzada, incluso violenta, de opciones y candidatos alternos. Más tarde se echó mano de la ingeniería electoral y se creó un sistema no competitivo que, en el marco de elecciones legales, aseguraba el triunfo a los candidatos del sistema. Así, los revolucionarios encontraron la cuadratura al círculo: mantener el principio de la elección popular al mismo tiempo que desvirtuarla. Otra vez la regla de oro: violentar los principios que subyacen a la ley sin violar la norma.

En materia electoral se encontraría la fórmula para validar formalmente el principio de elección popular inscrito en la Constitución pero adulterarlo a través de la práctica política. Detrás de la competencia electoral como medio para la obtención del poder subyace un acuerdo básico: la garantía de que los vencedores no utilizarán su superioridad para privar a los perdedores de la posibilidad de acceder a un cargo y ejercer influencia en el futuro. A cambio de esta posibilidad, los perdedores temporales se obligan a respetar el derecho que los ganadores tienen para tomar decisiones vinculantes. Esta máxima democrática se aplicó solamente al interior del partido que agrupaba a la “familia revolucionaria. Nada más.

Tercera lección.
La necesidad de desmilitarizar la política o despolitizar el poder militar, ambas caras de una misma moneda. La historia mexicana del primer siglo y los años revolucionarios dan fe de dos fenómenos. Por una parte, de que el uso político de la institución militar acababa por crear más problemas de los que resolvía. Por la otra, de que la falta de institucionalización del establecimiento militar promovía o al menos hacía poco costosas las defecciones. A este último fenómeno iba aparejada la proclividad a la división del ejército para unirse a uno u otro bando político y así zanjar la lucha por el poder.

Si estos dos fenómenos definieron al ejército mexicano durante la mayor parte del siglo XIX, a ellos se agregó en la Revolución la multiplicación de ejércitos populares, milicias, divisiones o simplemente jefes militares que, al final, se sentían siempre con el “derecho a gobernar” y, peor aún, a movilizar a su tropa en caso de cualquier inconformidad con el reparto del poder.

Al finalizar la etapa armada, los dos fenómenos se conjuntaban. Por una parte, los jefes de las distintas facciones revolucionarias se sentían acreedores a ser parte de la elite gobernante. Por la otra, los miembros del ejército constitucionalista, transformado en ejército “regular”, constituían una masa potencialmente disponible para jefes que, decepcionados por el reparto del poder, se levantaban en armas.

La desmilitarización de la política no se llevó a cabo de golpe. De 1917 y hasta los años cuarenta se ensayaron y combinaron distintos métodos: la profesionalización del ejército, la rotación de mandos militares (en particular los jefes de las zonas militares) para impedir que sentaran raíces y generaran lealtades y redes de poder en territorios específicos, la jubilación o retiro temprano de no pocos mandos militares acompañada de la dotación de recursos económicos o de facilidades para su transformación en empresarios, la inclusión institucionalizada del ejército dentro del partido oficial y la reducción del presupuesto militar.

Para 1946, fecha en la que accedió al poder el primer presidente civil después de la Revolución, el problema de la intervención del ejército en la política estaba básicamente resuelto. Las razones del éxito de la desmilitarización de la política no son evidentes. Menos lo son que desde entonces el ejército se haya mantenido unido, aceptado la preeminencia de lo civil y mantenido la lealtad a las instituciones.

En todo caso, la estabilidad del régimen no puede explicarse sin un ejército unido y disciplinado que efectivamente dejó de reclamar el derecho a gobernar directamente y se retiró de las disputas y contiendas por el poder. Tampoco puede explicarse sin el hecho de que se ha mantenido leal a la institución presidencial y sin ninguna pretensión de exceder las funciones establecidas. Creo, sin embargo, que un factor determinante de esta fortuna fue que hasta el año 2000 el ejército nunca se vio obligado a optar entre la lealtad al partido surgido de la Revolución y la lealtad al presidente de la República. Cuando la identidad entre Estado, gobierno y partido dejó de existir, el ejército había ya alcanzado tal grado de institucionalización que el peligro de un retorno de los militares a la política se había desvanecido.

La desmilitarización de la política no significó que las fuerzas armadas no jugaran un papel fundamental en el desarrollo político del México posrevolucionario. Simplemente salieron de la disputa por el poder.

El ejército siguió siendo importante en el escenario político nacional. Fue indispensable en la solución de los siempre presentes conflictos rurales, de las disputas electorales a nivel municipal, de las pretensiones políticas y la indisciplina ocasional de los gobernadores, de las amenazas provenientes de organizaciones y movimientos sociales que se resistían a encuadrarse en los estrechos márgenes que el sistema procuraba.

También jugó un papel importante de salvamento y solidaridad con “el pueblo”. Las brigadas militares fueron la cara amable, eficiente y salvadora del gobierno en todo tipo de desastres naturales o provocados por la negligencia o impericia humana: inundaciones e incendios, terremotos y epidemias, accidentes y sequías. De aquí el aprecio que la ciudadanía siente por el ejército, la institución mejor evaluada de todo el país.

Cuarta lección. La necesidad de mantener al clero alejado de la política. Las leyes de desamortización de bienes habían dado un fuerte golpe a la iglesia católica al terminar con el “latifundismo eclesiástico” y al secularizar instituciones como el registro de nacimientos y defunciones o el matrimonio pero, después de tocar piso, su influencia política fue creciendo lenta pero sistemáticamente, en particular en el ámbito educativo.

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La iglesia católica volvió a sentirse amenazada con la Revolución para después encontrar un modus vivendi que excluyó el radicalismo anticlerical del callismo y el radicalismo eclesiástico de los grupos católicos que insistían en luchar contra el Estado laico y mantener espacios que permitieran no sólo la influencia sino la participación política abierta del clero (“ligueros”, “acejotaemeros” y cristeros).

Aunque el principio del laicismo fue la fórmula encontrada para mantener a la iglesia católica a raya, no puede esconderse que mucho hubo de simulación y tolerancia. La historia posrevolucionaria registra el crecimiento de órdenes religiosas, de organismos católicos con influencia política, de publicaciones periódicas, de educación religiosa y del uso del púlpito con fines políticos. Con todo, la participación política de la Iglesia en México no puede compararse ni en forma ni en fondo a la de otros países en América Latina.

Quinta lección. La necesidad de centralizar el poder. El Porfiriato fue “ejemplar” en materia de la concentración y centralización del poder y a ello se atribuía, en buena medida, la paz y estabilidad de ese régimen y con ello las condiciones para impulsar el crecimiento. Este rasgo del régimen permaneció inalterado.

Nada parecido a un federalismo genuino era practicable en los años que siguieron a la promulgación de la Constitución de 1917. No había entonces ni una autoridad central reconocida, ni una administración pública con capacidad de gobernar en el ámbito nacional ni tampoco entidades federativas —mucho menos municipios— capaces de asumir las facultades que les asignaba la Constitución. La Revolución destruyó la estructura porfirista de poder y junto con ella la unidad del país. El resultado inmediato de tal devastación no fue el establecimiento de una nueva autoridad central, sino la dispersión del poder entre diferentes facciones revolucionarias y fuerzas regionales encarnadas, por lo general, en el gobernador, el comandante de zona o los caciques locales que tenían sus propias redes de poder: facciones del ejército, milicias populares, partidos u organizaciones de trabajadores o campesinos. En esas condiciones, la autoridad central con frecuencia caía rehén de intereses locales y se veía obligada a negociar con ellos.

Al terminar la etapa armada de la Revolución el objetivo de la reconstrucción nacional demandaba la regeneración de una hegemonía política sobre un país fracturado políticamente y dominado por caciques regionales capaces de constituir una amenaza a la nueva y precaria autoridad central. El “mosaico de feudos revolucionarios semiautónomos” amenazaba al gobierno central de muchas formas y sus recursos de poder debían ser restringidos si había de establecerse una autoridad nacional.
El establecimiento del centro como autoridad nacional era sin duda una necesidad, pero no tenía por qué implicar la anulación del federalismo. Ocurrió así, no sólo por efecto de las circunstancias que reinaban —la existencia de feudos, la importancia de los militares, un vasto país con grandes diferencias de desarrollo y una infraestructura de comunicación muy pobre— sino también de los objetivos perseguidos y las estrategias adoptadas. El proceso de reconstrucción política y el establecimiento de un centro único de autoridad involucró construcción de alianzas, creación de instituciones y represión directa (exterminación política y física); los medios fueron legales, militares, políticos y económicos. En este proceso se sacrificó al federalismo; el resultado fue una República nominalmente federal con un ejercicio del poder absolutamente centralizado y con poco o nulo respeto por la autonomía de los gobiernos estatales y municipales. Para cuando se alcanzaron las condiciones para restablecer el federalismo, el sistema político había creado tantos intereses a su alrededor y la estabilidad se había establecido con tal firmeza que muy pocos mostraron interés en insistir con el tema del centralismo.

Sexta lección. La necesidad de controlar a las clases populares y convertirlas en un pilar de apoyo al régimen.

Si la Revolución inició como un movimiento político, pronto se transformó en uno de carácter social. Los principios políticos de la Revolución pasaron inmediatamente a un segundo plano para dejar su lugar a los principios sociales. Apenas comenzada la Revolución el eslogan de “sufragio efectivo no reelección” fue sustituido por el de “la tierra es de quien la trabaja”, el “fin del latifundismo” o, incluso, “los obreros al poder”.

El Porfiriato olvidó o reprimió a los trabajadores del campo y la ciudad. La Revolución los movilizó e incorporó sus demandas —más que nada en el papel— pero las organizaciones que los agrupaban siguieron dispersas y poniéndose al servicio de diferentes grupos políticos que según el tiempo y la circunstancia buscaban echar mano de su apoyo. El gobierno de Cárdenas decidió dar un paso más: atraer y mantener su adhesión no a un grupo político o a un personaje sino al régimen. La operación implicó unificar las organizaciones existentes o crear nuevas ahí donde no las había, incluirlas en la política e incorporarlas al progreso económico. Con su organización e inclusión política se lograba el apoyo al régimen; con su incorporación al progreso se conseguía ampliar el mercado interno y con ello el avance del proyecto industrializador.

Es lo que se conoció como el corporativismo de Estado, un sistema de organización en el que el gobierno otorga el monopolio de la representación y la interlocución a un conjunto de organizaciones a cambio de que ellas observen ciertos controles sobre la selección de liderazgos y la articulación de demandas. Dicho de otra manera, se creó un mercado de bienes políticos y económicos entre el Estado y las organizaciones populares. Las mercancías ofrecidas por las organizaciones y que el Estado estaba dispuesto a adquirir eran votos, movilizaciones de apoyo y control de los agremiados y sus demandas. El precio a pagar por ellas eran mejores condiciones de trabajo, prestaciones sociales por encima de las establecidas en las leyes y una tajada de los puestos de poder político para los líderes de las organizaciones.
Los trabajadores sindicalizados, en especial los de las empresas estatales, se convirtieron en una elite dentro de la clase trabajadora con salarios y prestaciones siempre por encima de la media nacional. Sus líderes pasaron a formar parte de la burocracia política y desde entonces entraron al reparto del poder

Séptima lección. La necesidad de mantener a Estados Unidos como aliado. A pesar de la épica contenida en los episodios de enfrentamiento con el vecino del norte, resultaba claro a los revolucionarios que enfrentarse con los norteamericanos no llevaba a nada bueno. La neutralización, si no la cooperación de Estados Unidos, era indispensable.

Como en otros ámbitos se recurrió al doble estándar. En este caso, plasmado en una retórica nacionalista pero en un manejo pragmático de la relación. La retórica mandaba un rechazo discursivo a Estados Unidos y la alimentación de un sentimiento antinorteamericano. La práctica dictaba un acercamiento que se traducía en el reforzamiento sistemático de los lazos económicos con el vecino. El acuerdo tácito era la no intervención abierta de Estados Unidos en los asuntos de política interna a cambio de la garantía de estabilidad dentro de los parámetros de un proyecto económico y social capitalista. Cada uno cumplió su parte.

Dado el valor estratégico de México para Estados Unidos, lo que importaba a esa nación era la gobernabilidad al sur de la frontera, no la forma de lograrla. De ahí que Estados Unidos no ejerciera presiones democratizadoras.

Octava lección. Esta última lección nos vuelve a la primera. La necesidad de un hombre fuerte capaz de imponer su voluntad sin mayores restricciones. Contrario a lo que se piensa, no se optó por darle poderes extraordinarios. Se incrementó su poder, mas no sus poderes. Su principal restricción sería temporal.

A pesar de que la Constitución de 1917 estableció un sistema presidencial y dotó al Ejecutivo de poderes suficientes, esta institución no nació poderosa o, cuando menos, no tan poderosa como llegó a serlo décadas más tarde cuando el sistema político se consolidó. Para hacerse poderosa y central tuvo que disputarse la cima de la jerarquía del poder y convertirse en el único e indisputable centro de poder autorizado.

En los años inmediatos a la Revolución, la jerarquía del poder no estaba claramente establecida en el ámbito nacional. El alcance del poder presidencial estaba limitado al menos por cuatro condiciones: a) la subsistencia de políticos locales, que si bien reconocían la existencia formal de una autoridad nacional, gobernaban sus territorios sin ningún control por parte del centro; b) la precariedad de recursos fiscales y humanos que restringían las capacidades institucionales del Ejecutivo para hacerse obedecer; c) los caudillos revolucionarios —todavía con tropa a su cargo— que se reservaban el derecho a “competir” por el poder a través de las armas o, al menos, a revelarse contra la autoridad al menor conflicto; d) la dispersión del apoyo político y social que estaba fraccionado o se encontraba desorganizado.

Cada una de estas condiciones suponía un reto si el objetivo era establecer a la presidencia como la autoridad indisputable e indisputada. De este modo, el ascenso de la presidencia tiene que ver con la exitosa pugna por controlar y subordinar a las redes de poder que sobrevivieron de la era porfiriana, a las que habían sido creadas en el periodo revolucionario y a las que emergieron gradualmente a medida que México se desarrollaba y se convertía en una entidad política más institucionalizada.
Las lecciones de hoy

El siglo XX abrió sin derechos políticos: sin partidos ni elecciones competidas, sin libertad de asociación y participación ni libertad de prensa. Cierra con partidos competitivos, elecciones competidas y con los principales derechos asociados a la democracia bien asentados.

Abrió con un Ejecutivo fuerte pero autoritario, y cierra con un Ejecutivo democrático pero débil. Comenzó con una economía pujante y termina en pleno estancamiento. Comenzó con paz pública y acaba asediado por la inseguridad. Sobre todo nació con un gran consenso entre las elites y cierra sin él.

No se trata de volver al crecimiento económico y a la pax porfiriana logrados a base de imposición, concentración del poder y eliminación de derechos y libertades. Se trata de tener esos mismos bienes sin los costos asociados al autoritarismo, a la exclusión y la represión. No es rocket science. Muchos países combinan la democracia con ejecutivos fuertes, crecimiento económico, justicia social y seguridad. Ninguno de estos problemas son irresolubles. Son producto de la indefinición o la negativa de la elite —económica y política— a alinearse en el propósito común de trabajar, gobernar y legislar para la prosperidad. En particular, de la clase gobernante a dar el paso de la pluralidad improductiva a la diversidad eficaz.

Así las cosas, los would be revolucionarios de hoy podrían hacer una lectura de nuestros males y aprender —como los revolucionarios de inicios del siglo— algunas lecciones. Esta vez producto de siete décadas de monopartidismo y poco más de dos de pluralidad. A partir de ellas podrían poner manos a la obra y construir en la práctica un régimen distinto y aprender, ya que vivimos en la era de la globalización, no sólo de nuestra historia sino también de la de los otros.
Propongo seis lecciones a aprender.

Primera lección. La democracia no es necesariamente eficaz. Una cosa es que las políticas para el crecimiento se tengan que resolver en democracia y otra que la democracia produzca políticas que conduzcan al progreso. Los gobiernos que emanan de elecciones democráticas pueden ser: ineficientes e incapaces, corruptos e irresponsables, cortos de miras y dominados por intereses particulares. Se dio por sentado que el fin del dominio del PRI traería en automático una etapa en la que las políticas consensuadas produjeran políticas públicas que respondieran mejor al “interés público”, entendidas como aquellas que alientan el crecimiento económico, servicios públicos universales y de calidad, más justicia social, menor corrupción y sobre todo nuevas formas del ejercicio del poder.

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Segunda lección. La ecuación de la democracia tiene dos lados. Conlleva y exige no sólo la representación plural sino la cooperación entre los integrantes de esa pluralidad, no sólo la autonomía de los estados sino su responsabilidad, no sólo la clara delimitación entre las facultades de las ramas de gobierno sino su colaboración, no sólo el establecimiento de nuevas reglas de la competencia sino la disposición a respetarlas, no sólo la creación de órganos autónomos sino el compromiso de no capturarlos y acogerse a sus decisiones. Pusimos en práctica las primeras pero no las segundas.

Tercera lección. La democracia tiene mayor oportunidad de sobrevivir mientras más elevado sea el PIB per cápita. La discusión sobre la relación entre economía y política no ha sido resuelta. Pero algo sabemos. Sabemos que la mayor parte de los hoy países prósperos comenzaron garantizando los derechos económicos, y sabemos también que la probabilidad de que las democracias sobrevivan y se consoliden está relacionada con el grado de desarrollo económico de las naciones y con la prevalencia del Estado de derecho.

Más que el arreglo político que define la forma de gobierno —la política comparada da cuenta de sistemas parlamentarios exitosos y desastrosos, presidencialismos prósperos y ruinosos, multipartidismos productivos e ineficaces, gobiernos unificados que toman buenas o malas decisiones, gobiernos divididos en pleitos paralizantes y capaces de llegar a acuerdos— son las instituciones económicas y legales las que modelan la conducta de las elites y de los ciudadanos.

Por eso habría que apostar a aquellas reformas que lleven al crecimiento económico y al fortalecimiento de la legalidad. Son las dos vías más seguras para acabar con los déficits sociales y con ello con posibles tentaciones de reversión al autoritarismo.

Cuarta lección.
Ninguna forma de gobierno o arreglo político es a prueba de los hombres que pueblan sus instituciones. Las instituciones pueden diseñarse con todo cuidado y con toda precisión pero siempre son habitadas y operadas por un pequeño universo de personas designadas por un universo mayor de personas que los eligen directa o indirectamente. Si no se actúa sobre ellos, sobre sus usos y costumbres, difícilmente las instituciones podrán desplegar su potencial. De aquí la necesidad de ampliar las capacidades democráticas de gobernantes y gobernados.

Quinta lección.
El consenso entre las elites es indispensable. Con espacio para su perfeccionamiento México tiene un arreglo institucional democrático y funcional, lo que no se ve son las ganas de mover las voluntades política y social hacia un objetivo común. El peor de los problemas es la ausencia de un consenso para dar tregua a los conflictos políticos y hacer un pacto social sobre bases nuevas que tengan un propósito común: crear riqueza.

Sexta lección.
Los privilegios ahogan el progreso. La estabilidad lograda no ha sido ajena a las dádivas y concesiones. Se creó lo que hace muchos años se llamó la república del subsidio y junto con ella la república de los privilegios. Los años de estabilidad pactada a base de cooptación por la vía de concesiones están resultando inadmisiblemente costosos. Seguimos siendo un país de fueros y privilegios y no uno de igualdad ante la ley.

Si el México del siglo XIX fue el país de los conflictos intestinos y la vulnerabilidad externa, y el siglo XX de la institucionalidad y la estabilidad, la interrogación es qué país será en el siglo XXI. Por lo pronto el 2010 amanece ambivalente. La frustración con la democracia es inocultable. No hay por fortuna o al menos no explícitamente, nostalgia del pasado autoritario. Hasta el momento hemos estado dispuestos a soportar las ineficiencias y vivir con los pleitos de una clase gobernante que aun en momentos de crisis no se resuelve a dar el salto. Pero ¿hasta cuándo?

Sobre la crisis se han montado profecías y augurios de un nuevo levantamiento. Se habla de una crisis que combina aspectos políticos, económicos y sociales. Todos son innegables. Los rezagos sociales son tales que se registran 40 millones de pobres. La economía sólo creció 1% en promedio en los últimos 20 años. Las instituciones políticas y quienes están a su cargo sufren de un descrédito cada vez mayor.

Más allá de que los estallamientos sociales son casi imposibles de prever, hay grandes diferencias en las condiciones que prevalecían en el México de 1810 y de 1910. Una de las más relevantes es que hoy existe un marco institucional aceptado por la gran mayoría de la población y de las elites capaz de procesar los conflictos y de ser utilizado productivamente. El verdadero riesgo del 2010 está en no sentar las bases para el progreso futuro.

En esta época que tanto se habla de una nueva revolución, se antoja una que no se ha intentado: una revolución de valores y comportamientos. Una revolución que cambie lo que hace 100 años decía Antonio Díaz Soto y Gama, “el ser nacional”. Éste incluye por igual a los distintos sectores: los políticos y los ciudadanos, los empresarios y los trabajadores, el campo y la ciudad, la burocracia y sus usuarios. La formación de una ciudadanía activa con derechos y obligaciones nunca ha figurado entre las prioridades de las elites: ni de las del Porfiriato, ni de las de la era posrevolucionaria, ni de las de la transición. Como escribió Montesquieu, “cuando se quieren alterar las costumbres y maneras no cabe hacerlo por medio de las leyes”. Así es, la transformación de los ciudadanos no puede, a la manera de las leyes, decretarse.

Pero sí puede construirse. Las inercias pueden romperse. El futuro ni está predeterminado ni tiene que ser sombrío. No estamos condenados ni al subdesarrollo, ni a la incompetencia, ni a la corrupción, ni a la impunidad. Puede obedecer a lo que queramos. No tiene que ser producto de enfrentamientos. Puede ser producto de avenencias.

No hay que olvidar que a los héroes de hoy los recordamos por haber roto con el pasado y por haber construido un futuro distinto. Se pueden crear nuevos héroes: aquellos que rompan con las continuidades malas y los vicios reseñados. Tenemos ya una lógica común: actuar en democracia. Falta un credo compartido.

María Amparo Casar. Profesora-investigadora del CIDE. Es editorialista del periódico Reforma.