La primera reflexión es la ambigüedad del concepto de Bicentenario. El año de 1810 no significó el logro de la independencia, sino el comienzo de las revoluciones en la América española del sur y en la Nueva España. Los territorios del Reino de Guatemala, sin embargo, no compartieron esa misma experiencia. En la mayoría de los casos las primeras insurrecciones no consiguieron sus objetivos, que generalmente estaban caracterizados por sus ambigüedades —autonomía bajo la monarquía hispana y dentro del imperio, o separación y formación de Estados soberanos independientes—. Aun en las provincias litorales del antiguo Virreinato del Río de la Plata, no subyugadas de nuevo por las fuerzas realistas, el separatismo no fue definido como el objetivo principal hasta el congreso de Tucumán en 1816.
Las insurrecciones americanas estallaron mientras la España metropolitana estaba luchando por su propia existencia contra el ejército de la Francia napoleónica. En este sentido, los revolucionarios americanos y las autoridades realistas, ambos, estaban combatiendo contra las ambiciones de Francia para apropiarse de la herencia de los borbones. Con respecto a los primeros, fue evidente que los separatistas, generalmente una minoría en el campo americano, como Simón Bolívar, intentaban aprovecharse de los apuros de España para realizar sus objetivos. El grado de ambigüedad se ve en las declaraciones de los dirigentes de la insurrección novohispana (Hidalgo, Allende, Morelos, Rayón) con respecto a la monarquía, comenzando con el Grito de Dolores.
¿Y hasta cuándo celebramos el Bicentenario? ¿Hasta la independencia de Uruguay, en 1828? Una continuidad insospechada —pero puntuada de otras conmemoraciones significativas, como de la Constitución gaditana de 1812, la proclamación del Plan de Iguala en Nueva España y de la independencia del Perú por San Martín en 1821, y la batalla de Ayacucho de 1824 y la definitiva independencia peruana lograda por Bolívar y Sucre.
Sustancia
No podemos pasar por alto la condición de la monarquía hispana en su totalidad durante las dos décadas anteriores a 1810. Efectivamente, la España imperial estaba en una situación de desmoronamiento, sobre todo a partir de 1796, cuando era incapaz de mantenerse en comunicación permanente con sus territorios americanos, y cuando experimentaba una crisis financiera sin posibilidad de resolverse. Sin embargo, cuando cayeron los borbones españoles en marzo-mayo de 1808, las autoridades imperiales en América lograron mantenerse en el poder, sosteniendo la causa real y la unidad del imperio. Su defensor más efectivo era Abascal, virrey del Perú (1806-1816). Los primeros insurrectos en 1810 tenían que enfrentarse con una fuerte resistencia realista en Nueva España y los dos Perús, como también en varias provincias de Venezuela, Nueva Granada y Quito. Esto explica la pronta militarización de las luchas por la independencia, aun antes del envío de tropas peninsulares a partir de 1813.
En el curso de los conflictos los revolucionarios fueron obligados a aclarar sus objetivos. Si tomamos la fecha de 1810 como simbólica, es decir, como el comienzo de un proceso de larga duración, que continuaría a lo largo del siglo XIX, y quizás más allá, entonces podemos identificar unos factores de mayor sustancia que el mero estallido de unas insurrecciones. Éstos son el desarrollo del republicanismo como rechazo al legitimismo monárquico europeo y el establecimiento de un nuevo concepto de la soberanía fundado en la voluntad del pueblo. A este respecto, la América hispánica continental se alineaba con las tradiciones republicanas estadunidenses y de la revolución francesa o, en la perspectiva de Bolívar, con el republicanismo romano.
Por otro lado, la ruptura con el imperio abrió la posibilidad de reestructurar las relaciones del poder dentro de los territorios de los nuevos países, a veces por medio del federalismo. Además, la mayoría de los nuevos países adoptaron una forma de constitucionalismo, inicialmente derivada de la Constitución gaditana de 1812. En adelante, el constitucionalismo hispanoamericano sería modificado, impedido o subvertido por la herencia absolutista y corporativa de la Colonia, y por los grupos de poder, sea en las capitales o en provincia, el poder informal con sus redes de patrón-cliente, y los monopolizadores de la riqueza ya existentes o en proceso de establecimiento. La separación del imperio implicaba la necesidad de formular nuevos códices de leyes para regular la conducta de la sociedad.
En general, los nuevos gobiernos intentaban pasar del antiguo régimen colonial a una nueva forma de organización social fundada en los principios del liberalismo. Su ataque a la herencia corporativa, evidentemente no sistemático por la escala de oposición y obstrucción, involucraba conflictos duros con el ejército y la Iglesia y con las “repúblicas de indios”. Los dos primeros luchaban para mantener sus fueros coloniales, y los últimos su posición garantizada en la legislación colonial, así como sus bienes raíces. La Iglesia tenía capitales y casas urbanas más que propiedades rurales. Por eso, el liberalismo radical, sobre todo en México, contrastaba, en los años de 1830 a 1870, la supuesta riqueza de la Iglesia con la pobreza del Estado.
Todos estos problemas condujeron a uno de mayor dimensión, es decir, la construcción de la nación y la inculcación de un sentido de identidad por parte de los diversos habitantes de los nuevos territorios independientes. La nueva identidad debería trascender las lealtades tradicionales de comunidad, etnicidad, localidad, cuerpo, o posición social. Por esta razón, el desarrollo del alfabetismo y de la educación popular en el castellano, objetivos principales de, por ejemplo, Benito Juárez en México, ocuparon un papel primordial en la ideología de un liberalismo modernizador. El resultado de la independencia fue inevitablemente la urgencia de crear un sentido de ciudadanía.
Realidades
La independencia reveló el grado de pobreza en que se encontraba la América española, oculto bajo la fachada colonial y las leyendas de riqueza ilimitada. Los problemas tecnológicos del sector minero, la baja capacidad del poder adquisitivo de la mayoría de la población, la inhabilidad de muchas industrias artesanales para resistir las importaciones, las exigencias financieras de los gobiernos y el crecimiento de la deuda externa y la frecuente incapacidad de pagar los intereses, debilitaron a los nuevos países. Al mismo tiempo, todos tenían que formular, individualmente, una nueva relación con las grandes potencias europeas de la época, y también con Estados Unidos. Después de la disolución de la monarquía hispana en el continente americano, los Estados sucesores ya no podían contar con protectores o aliados en Europa, y ya no pertenecían a un sistema internacional y supranacional, habiendo fracasado, en la década de 1820, en la construcción de un continentalismo propio.
A pesar de eso, el contacto cultural con España continuaba con provecho mutuo, y habría nuevas oleadas de emigración peninsular a las Américas en los siglos XIX y XX. Sin embargo, la escala de sus problemas, los cambios sociales y culturales, y las influencias externas cambiarían el carácter de los nuevos países en el curso de esos siglos a tal grado que se distinguieron profundamente de las colonias de antaño.
Brian Hamnett. Catedrático de la Universidad de Essex. Ha publicado: Historia de México y Juárez. El benemérito de las Américas, entre otros libros.