La (falta de) estadística

Se sabe que México es un país violento. Es uno de los rasgos que aparecen con más frecuencia cuando se trata de definir el carácter nacional: una actitud que se supone fatalista, de una rara familiaridad con la muerte, que se traduce en representaciones jocosas de esqueletos y calaveras. Estilizada, deformada, más o menos pintoresca, la imagen de la muerte se asocia a la imagen del país, como uno de sus rasgos más característicos. Por eso llama mucho la atención que, siendo algo tan sabido y tan característico, no haya más estudios empíricos sobre el fenómeno, dedicados aunque fuera sólo a medir la inveterada violencia nacional: ¿Qué tan violento es México? ¿Es más o menos violento hoy que hace 10, 20 o 50 años?

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Esa carencia resulta más extraña todavía porque en la última década la seguridad pública se ha convertido en uno de los temas centrales para la vida pública mexicana: el cambio de siglo se ha vivido en México bajo el espectro de una crisis de seguridad que parece ser más grave cada día que pasa. No sucede sólo en México, por cierto; en todo el mundo los miedos de la Guerra Fría han sido sustituidos por un miedo más o menos difuso hacia la “delincuencia organizada”.1 Pero en México, violento de por sí, según lo que nos dice el sentido común, el fenómeno parece haber alcanzado proporciones epidémicas, y hace años que preocupa especialmente a los expertos en seguridad de Estados Unidos.2

No falta información. Al contrario, la prensa mexicana y la del resto del mundo hace tiempo está saturada de historias, crónicas, reportajes sobre la violencia de los últimos años.3 Hay mucho periodismo y hay también algunos trabajos académicos serios, en particular dedicados al narcotráfico.4 No falta información o, mejor dicho, no faltan explicaciones, opiniones, pero sí se echan de menos los números para apreciar la dimensión del fenómeno.

En 1999, Peter Smith —por ejemplo— hablaba de un “incremento” e incluso “una escalada de violencia” en la década anterior, es decir, a partir de 1990; mencionaba media docena de asesinatos más o menos importantes y se refería a un aumento en la escala y el alcance de los asesinatos “gangsteriles”, pero no aventuraba ninguna cifra.5 John Bailey y Roy Godson, otro ejemplo, editaron un volumen al año siguiente dedicado a explicar el “incremento del crimen y la corrupción” en México en ese mismo periodo: “Lo que comenzó como un problema de aplicación de la ley con respecto al tráfico de drogas a mediados de los ochenta ha venido a ser visto como una amenaza creciente para la seguridad nacional y la gobernabilidad en ambos lados de la frontera”.6 Tampoco hay en su ensayo ni en el resto del libro números que permitan apreciar con claridad la magnitud de la amenaza.7

Los periodistas, como es lógico, suelen ser más estridentes. La comparación con Colombia parece ser irresistible, y siempre hay algún experto que permite el titular que hace falta. Sólo dos o tres ejemplos. A mediados de 2005 La Jornada anunciaba: “México, peor que Colombia”; era una entrevista con un académico colombiano, Jorge Restrepo: “El especialista en narcotráfico en América Latina no se anda con rodeos: hace rato que la violencia en nuestro país rebasó los estándares que el trasiego de drogas dejó en Colombia”.8 En ese mismo año un reportaje de Univision Online, de titular bastante previsible, “La vida no vale nada en Nuevo Laredo”, decía básicamente lo mismo: “México se ha convertido en el país con más muertes violentas este año, ganándole el primer lugar a Colombia”.9 A fines de 2008, Milenio: “La violencia en México supera a la de Colombia hace 20 años”; se atribuye la idea al general colombiano retirado Luis Enrique Montenegro.10

En ninguno de los textos hay cifras, salvo las cuentas que han llevado los propios periódicos sobre asesinatos vinculados al narcotráfico en 2007 y 2008, pero todos transmiten una sensación de seguridad, de quien ha visto los números y los ha comparado con otros. Y si uno se remite al término de comparación que proponen, es posible conjeturar una cifra aproximada, aunque no se mencione de modo explícito en los textos: en Colombia, en los años a que remiten casi todos, entre 1990 y 1993, la tasa de homicidios se situaba entre 75 y 79 víctimas por cada 100 mil habitantes,11 de modo que —de ser cierta la idea que maneja la prensa— la tasa mexicana debería ser al menos de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes. Si calculamos a partir de la población del país eso equivaldría a unos 82 mil 400 homicidios sólo en 2005, unos 84 mil en 2008.12

La idea ha pasado a formar parte del sentido común: todos sabemos que es así, México es ya más violento de lo que fue Colombia en sus peores momentos. Y se repite con entera naturalidad. En una audiencia del Comité de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos, el 17 de marzo de 2009, una académica mexicana insistía en la comparación en los mismos términos que la prensa: “Durante la administración de [el presidente] Fox, México se convirtió en un país más violento que Colombia”.13 Tampoco ofrecía ninguna cifra como apoyo de su afirmación. Nadie se la pidió, por lo visto, en el Senado estadunidense. El equivalente en México para las tasas colombianas de esos años, de principios del nuevo siglo, ya muy inferiores a las de la crisis de fines de los ochenta, estaría entre 45 mil y 60 mil homicidios anuales.

Algo, sin duda, puede saberse sobre la magnitud del problema, incluso sin contar con estadísticas oficiales. Está, por ejemplo, la Encuesta de victimización y eficacia institucional elaborada por Marcelo Bergman, Rodolfo Sarsfield y Gustavo Fondevila, del CIDE, o la encuesta de población en reclusión de Bergman, Elena Azaola, Ana Laura Magaloni y Layda Negrete.14 Está también la Encuesta nacional sobre inseguridad que levanta anualmente, desde el año 2002, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI).15 En todos los casos se trata de estimaciones estadísticas a partir de encuestas, es decir, que conviene manejarlas con precaución, pero pueden ofrecer una aproximación bastante razonable. Sobre todo sirven para ver tendencias y patrones.

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La imagen que ofrecen esas fuentes es muy distinta de la que se hace la opinión pública a partir de las noticias y comentarios de prensa. En ninguna de las encuestas aparece un panorama alarmante, ni índices excesivos de delitos, ni una escalada de la violencia. Otro tanto sucede con la Encuesta internacional sobre criminalidad y victimización,16 que es mucho más problemática como fuente, por su metodología, pero permite al menos algunos términos de comparación;17 de nuevo, las cifras para México contradicen la idea que nos hemos hecho en los últimos tiempos. En casi todos los cuadros, en comparación con los países industrializados, los índices mexicanos suelen estar cerca del promedio: considerablemente más altos en robo de vehículos y asalto con violencia, algo más bajos en robo simple, agresiones, amenazas y delitos sexuales, y en la tabla de resumen, con un nivel inferior a los de Irlanda, Inglaterra, Nueva Zelanda, Islandia y Holanda.

Los resultados no sólo son contraintuitivos, sino que a primera vista parecen directamente absurdos. Como quiera, con todos los errores que pueda tener, el ejercicio sugiere que los países de la Unión Europea y Estados Unidos son un término de comparación adecuado para México. Sugiere, también, que los estereotipos con que representamos al país pueden estar descaminados.

No hace falta darle muchas más vueltas. Necesitamos información estadística confiable, tan completa como sea posible, para empezar a entender el fenómeno de la delincuencia en México; para saber, al menos, de qué estamos hablando. Y hará falta trabajar las cifras que haya sobre robos, asaltos bancarios, secuestros, lesiones, la información sobre detenidos, consignados y sentenciados. Parece conveniente comenzar por el homicidio, porque las cifras son más seguras.

La tendencia nacional

El cuadro 1 muestra el total de homicidios para cada uno de los estados de la República entre 1990 y 2007, y el total nacional. Lo primero que salta a la vista, y que llama la atención, es que el número de víctimas ha bajado sistemáticamente, año con año. Concretamente, aumenta entre 1990 y 1992 y disminuye a partir de entonces de modo sostenido. Disminuye, además, con apenas alguna excepción, en todos los estados. El total nacional se reduce en más de un tercio: ha pasado de 14 mil 520 en 1990 a ocho mil 507 en 2007.

El punto de partida puede resultar desconcertante, pero no ofrece dudas: en los últimos 20 años, concretamente a partir de 1992 y hasta 2007, ha habido una disminución general, continuada, del número de homicidios en el país. Ése es el contexto en que deben mirarse los datos para cada uno de los estados y regiones del país, porque la tendencia nacional, cualquiera que sea la explicación, es indudable.

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El análisis más superficial de los datos sugiere al menos dos líneas de investigación: habría que explicar por qué se produce esa disminución general de la violencia en el conjunto del país, y habría que explicar también por qué la percepción social es precisamente la contraria.

Podría ser, lo exploramos más adelante, que la alarma obedezca no al número de homicidios sino a otros motivos: que sean más notorios, concentrados en algunas ciudades o por algún motivo más espectaculares, cuerpos mutilados, decapitados, con mensajes escritos, es decir, asesinatos dirigidos a los medios de comunicación, en un despliegue pensado para aterrorizar. El contraste también podría ser indicio de un cambio en la sensibilidad de la opinión mexicana, más o menos acorde con la preocupación global por el crimen que ha ido en aumento desde que terminó la Guerra Fría.

Es evidente que hay enormes diferencias entre los estados, pero dado el crecimiento de la población, el descenso de la tasa nacional (número de víctimas por cada 100 mil habitantes) es todavía más acusado. Es útil, para hacerse una idea del proceso, verlo gráficamente (gráfico 1).

Las cifras son elocuentes. La tasa pasó de un máximo de 19.72 (por cada 100 mil habitantes) en 1992 a un mínimo de 8.04 en 2007.

Para hacerse una mejor idea de lo que significan esa tasa y esa tendencia, tiene sentido compararlas con las de otros países.18 En un estudio de 2003, patrocinado por Naciones Unidas, se propone una clasificación de las distintas regiones del mundo a partir de la tasa de homicidios.19 Con los índices más bajos, por debajo de 5, están la Unión Europea y los países árabes; después Europa del Este, más cerca del 10, y el África Subsahariana, rondando el 20; y con las tasas más altas América Latina, con un registro de entre 20 y 25 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Es obvio que hay diferencias entre países en todas las regiones, y a veces muy marcadas. En América Latina, en particular, hay al menos tres áreas claramente distintas: el Cono Sur —Argentina, Chile y Uruguay— con tasas cercanas a las de Europa, de entre dos y cinco homicidios por cada 100 mil habitantes; la región andina y amazónica, cuyas tasas oscilan mucho, pero que en Colombia, Venezuela y Brasil se sitúan entre el 20 y el 40 y más; y la región de Centroamérica, donde los índices en El Salvador y Guatemala llegan a estar cerca del 50. No es fácil ubicar a México en ese cuadro: está siempre por debajo de las cifras de Centroamérica y de la región andina, siempre por arriba del Cono Sur.

Si prestamos atención no sólo a la tasa sino a la tendencia, hay cosas interesantes que vale la pena anotar. En todo el mundo, según el informe de Naciones Unidas, hubo un incremento más o menos acentuado de la violencia en los años ochenta, seguido de un descenso general en los noventa (si se mira bien, el aumento comienza a mediados de los años sesenta: llega a un máximo a fines de los ochenta y disminuye a partir de entonces). Es decir, que México podría estar siguiendo una tendencia global, aunque sea muy difícil explicar por qué. El movimiento ha sido analizado con especial atención en Estados Unidos, donde el cambio fue muy notorio.

Numerosos artículos y libros han intentado explicar la “epidemia” de homicidios de fines de los ochenta y el descenso sistemático de los años noventa, pero no se ha llegado a una conclusión suficientemente sólida.

La explicación más aceptada, hasta la fecha, para la “epidemia” de fines de los ochenta sigue siendo la de Alfred Blumstein, que asocia el incremento de la violencia a los conflictos por el control del mercado de droga tras la introducción del crack en las grandes ciudades y, en particular, en las zonas deprimidas y guetos negros de las grandes ciudades de Estados Unidos.20 Es una explicación muy simple, que parece ser consistente con los datos disponibles, y que resulta persuasiva sobre todo porque coincide con las percepciones generales sobre la amenaza que representa el mercado de drogas. Estudios más recientes, sin embargo, indican que el argumento es bastante más dudoso: en algunas ciudades hay esa coincidencia de jóvenes, armas y droga, y altos índices de homicidio, pero no la hay en otras y, en general, no parece haber correlaciones sólidas, uniformes, entre las variables.21 Diez años después de la “epidemia” de homicidios el problema para la criminología estadunidense era el contrario: explicar una disminución sistemática y sostenida de la violencia (gráfico 2).

Tampoco en este caso se ha dado con una explicación del todo convincente. Se han explorado muchos factores: el crecimiento económico, los índices de desempleo, los cambios en la estructura de edades, la densidad de población, el aumento de efectivos de las policías o del índice de encarcelamientos.22 Es probable que todo eso haya intervenido, de un modo u otro, pero la verdad es que la tendencia general sigue resultando problemática. Más todavía si se toma en cuenta que Canadá experimentó en el mismo periodo un descenso muy similar de la tasa de homicidios, habiendo reducido en el periodo tanto el número de policías como el índice de encarcelamientos.23

No está claro lo que todo eso signifique para México, salvo que sugiere la idea, de entrada un poco desconcertante, de que haya habido, al menos durante las últimas dos décadas, una tendencia específicamente norteamericana: con los niveles más altos de violencia en México y los más bajos en Canadá, pero con una evolución general muy similar en los tres países: aumento a fines de los ochenta, máximo entre 1991 y 1992, descenso continuado a partir de entonces, con un ligero repunte hacia el final del periodo.

 

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Volvamos, sin embargo, a Colombia, el término de comparación para la violencia en México que se usa con más frecuencia en la prensa. Se habla de una posible o inminente “colombianización” de México con una ligereza sorprendente.

En el gráfico 3 se muestra la tendencia en la tasa de homicidios de Estados Unidos, Colombia y México entre 1990 y 2007. No hace falta mucho para ver que tanto en la magnitud como en la tendencia, el problema del homicidio en México es mucho más parecido al de Estados Unidos que al de Colombia.

A fines de los ochenta y principios de los noventa Colombia padeció una guerra de múltiples frentes: de las organizaciones guerrilleras (FARC, ELN, M-19) contra el Estado, de las organizaciones dedicadas al narcotráfico contra el Estado, de los grupos paramilitares contra las guerrillas y contra el Estado, y de todos ellos —según la expresión de Daniel Pécaut— en contra de la sociedad.24 No hay nada ni remotamente parecido en México en los años recientes. La analogía se impone sobre todo porque Colombia se ha convertido en un superlativo de la violencia que sirve para llamar la atención.

Es habitual entre los periodistas —lo señalamos más arriba— pero también entre los expertos. Sólo a título de ejemplo, un reporte de Vanda Felbab-Brown para Brookings, dice: “Según la información pública disponible, seis mil 290 personas murieron en 2008 como consecuencia de la violencia relacionada con el narcotráfico.

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En privado, algunos funcionarios mexicanos dan una cifra de hasta nueve mil muertos…”.25 Y a partir de esas cifras —las públicas y las privadas— afirma: “En el número de víctimas, si no en el tipo de objetivos o en los medios, la violencia en México es mayor incluso que la que asoló a Colombia en los años ochenta y principios de los noventa…”.26 Veamos: según la estadística de homicidios de la Policía Nacional en 1990 hubo en Colombia 24 mil 304 víctimas; en 1991 el número llegó a 28 mil 280 y en 1992 fueron 28 mil 225. Cifras, todas ellas, muy por arriba de los seis mil 290 homicidios atribuibles al crimen organizado que se registraron en México en 2008.

El contraste no dice ni que sean muchas ni pocas las víctimas de homicidio en México; dice, para empezar, que la comparación en esos términos no tiene sentido, y dice también que conviene tomar con mucha precaución los informes de los expertos, porque no es infrecuente que utilicen cifras incompletas o arregladas de modo que cuadren con explicaciones preconcebidas.

Algunas conclusiones

Sabemos relativamente poco sobre el homicidio en México como fenómeno social. No obstante, aunque esto sea sólo un punto de partida, sí es posible establecer con seguridad unos cuantos rasgos básicos del perfil del homicidio en México en los últimos 20 años.

1. Entre 1992 y 2007 disminuyeron sistemáticamente, año con año, tanto la tasa nacional como el número de homicidios. La tasa pasó de un máximo de 19.72 en 1992 a un mínimo de 8.04 en 2007.

2. En ese mismo periodo la sensación general, la idea que difundían los medios y que repetían algunos expertos, era que la violencia iba en aumento. Tendríamos que estudiar cómo y por qué, precisamente en un periodo en que el homicidio disminuye de modo sostenido, la percepción es justo la contraria. Porque significa un cambio en los perfiles del homicidio, en la actitud de los medios de comunicación o en la sensibilidad social.

3. La tasa nacional de homicidio es una aproximación muy inexacta, porque hay diferencias muy considerables entre los estados: diferencias más o menos constantes a lo largo del periodo, entre estados cuya tasa normalmente está entre dos y cinco homicidios por cada 100 mil habitantes, como Yucatán y Tlaxcala, y estados con tasas que oscilan entre 20 y 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, como Guerrero y Michoacán.

4. En el periodo disminuye, en general, el número de homicidios, pero cambia también la geografía de la violencia: aumenta muy significativamente el peso proporcional en el número de víctimas de los estados de la frontera norte (en particular, Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas) y disminuye el peso de los estados del centro y sur del país (sobre todo del estado de México, Oaxaca y Guerrero).

5. La disminución de la tasa nacional en el periodo obedece, fundamentalmente, a una disminución en el número de homicidios en el Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

6. La tendencia es claramente distinta en los estados de la región noroeste del país: Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. La tasa de homicidios en todos ellos aumenta a mediados de los años noventa, y se mantiene por encima de la media nacional desde entonces.

7. El mapa de la violencia no coincide con el mapa de marginalidad, en términos generales. No obstante, en algunas regiones de la parte alta de la Sierra Madre Occidental y en la cuenca occidental del río Balsas, tasas de homicidio consistentemente altas coinciden con zonas de muy alta marginalidad.

8. Entre 1990 y 2007 aumentó ligeramente el peso relativo de las ciudades de más de un millón de habitantes en el total de homicidios del país, y disminuyó en la misma proporción el de las localidades con menos de 10 mil habitantes.

9. La tasa de homicidio en las localidades con menos de 10 mil habitantes es sistemáticamente superior a la tasa nacional, aunque la distancia disminuye progresivamente a lo largo del periodo: es de hasta cuatro puntos entre 1990 y 1993, y sólo de un punto o menos en 2006 y 2007.

10. En las ciudades fronterizas de más de 20 mil habitantes, tomadas en conjunto, aumentó el número y también ligeramente la tasa de homicidios entre 1990 y 2007. Las tasas son bastante inestables en todas ellas, pero a partir de 1994 tienden a estar siempre por encima de la nacional.

Es imposible, a partir de eso, encontrar una explicación general del homicidio en México. De hecho, el perfil sociodemográfico de las víctimas y su distribución territorial sugiere que no hay un único perfil. En términos generales, todo parece indicar que haya al menos dos patrones distintos: el homicidio en los estados del centro y sur del país, en localidades de menos de 10 mil habitantes, entre campesinos, con un perfil relativamente adulto y una elevada violencia doméstica, y el homicidio en las grandes ciudades y en particular en las ciudades de la frontera norte de más de medio millón y más de un millón de habitantes, con un perfil mucho más joven.

Todo parece sugerir, igualmente, que haya habido una transición en el periodo: una primera fase de muy elevada violencia en el campo, en el centro y sur del país, que comienza a declinar en 1993, precisamente cuando se incrementa la violencia en las ciudades y sobre todo en la frontera norte.

Más allá de lo puramente factual, también es posible apuntar algunas conjeturas de mayor alcance. Las altísimas tasas, de entre 30 y 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México en los primeros años del periodo, y que presumiblemente vienen de la década anterior, son acaso una consecuencia de la crisis del orden rural creado por el régimen revolucionario; los rasgos son conocidos: agotamiento de la frontera agrícola, caída de la productividad, intensa emigración. La disminución de la conflictividad y la violencia en los años siguientes es más difícil de explicar, pero es seguro que es consecuencia del mismo proceso, consecuencia del fin de la reforma agraria en 1992 y de la emigración, que ha provocado el despoblamiento de algunas regiones: un crecimiento demográfico mucho menor al del país en su conjunto, e incluso, en ocasiones, un descenso de la población en el periodo. Es posible sugerir que esas tasas de homicidio forman parte de la historia agraria y de la larga crisis del arreglo político del régimen revolucionario.

La situación es distinta en algunas regiones, que mantienen tasas muy altas durante todo el periodo: en la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, en la parte alta de la Sierra Madre Occidental, entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. En esos casos el factor más importante parece ser la muy débil presencia del Estado. Casi basta con un mapa de carreteras para verlo. No es sólo la ausencia de policía, sino la falta de medios de comunicación y de recursos básicos de educación y salud. Se trata de regiones aisladas, de alta marginalidad, en las que impera otro orden, relativamente ajeno al orden jurídico del Estado mexicano. La violencia es sólo un corolario de esa fragilidad institucional.

Las explicaciones para esas regiones tendrían que aproximarse más a las que se han dado en Colombia, por ejemplo, para las zonas de colonización reciente, para la amazonia y la cuenca del Orinoco.

En las ciudades de la frontera norte el panorama cambia: el factor más importante parece ser el acelerado crecimiento de la población en los últimos 20 años. Muy seguramente influye la organización del contrabando de drogas hacia Estados Unidos y los conflictos entre bandas rivales por controlar los pasos fronterizos, también la competencia por el control de los mercados ilegales en ciudades de tamaño muy considerable, como Tijuana y Juárez. No obstante, eso tiene que ponerse en el contexto de una auténtica explosión demográfica: municipios de 500 mil habitantes, de un millón de habitantes, que han duplicado su población en 20 años y que no han tenido capacidad para brindar servicios urbanos mínimos (educación, salud, agua potable, alumbrado) a esa nueva población.

Fernando Escalante. Investigador y catedrático de El Colegio de México. Entre sus publicaciones: A la sombra de los libros: lectura, mercado y vida pública y La mirada de Dios. Estudio sobre la cultura del sufrimiento.

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1 Para un análisis distanciado del fenómeno vale la pena mirar los trabajos de Peter Reuter, Margaret Beare, Michael Woodiwiss o R. T. Naylor. Una buena compilación: Margaret E. Beare (ed.), Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption, University of Toronto Press, Toronto, 2003.
2 A principios de 2008 se hablaba ya de varios años de creciente violencia, en un proceso que podría hacer de México un “Estado fallido” (ver George Friedman, “Mexico: On the Road to a Failed State?”, en STRATFOR, 13 de mayo de 2008, http://www.stratfor.com/weekly/mexico_road_failed_state). En enero de 2009, un informe del Pentágono comparaba a México con Pakistán, como Estado al borde del colapso (Joel Kurtzman, “Mexico’s Instability is a Real Problem. Don’t Discount the Possibility of a Failed State Next Door”, The Wall Street Journal, 16 de enero de 2009). Extrañamente, en ninguno de esos análisis hay cifras.
3 Hay bastantes libros con recopilación de crónicas y análisis periodísticos del fenómeno; sólo por ejemplo: Ricardo Ravelo, Herencia maldita. El reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico, Debolsillo, México, 2008; Alejandro Gutiérrez, Narcotráfico: el gran desafío de Calderón, Temas de Hoy, México, 2007; Jorge Fernández Menéndez y Ana María Salazar, El enemigo en casa. Drogas y narcomenudeo en México, Taurus, México, 2008.
4 Luis Astorga, Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra, Tusquets, México, 2007.
5 Peter H. Smith, “Semiorganized International Crime: Drug Trafficking in Mexico”, en Tom Farer (ed.), Transnational Crime in the Americas, Routledge, Nueva York, 1999, p. 205.
6 John Bailey y Roy Godson, Organized Crime and Democratic Governability. Mexico and the U.S.-Mexican Borderlands, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2000, p. 2.
7 Sólo Raúl Benítez Manaut, que se ocupa del papel del ejército, maneja algunas cifras de una Carpeta Informativa del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 1997, relativa al conjunto de delitos denunciados.
8 Alberto Nájar, “México, peor que Colombia”, Masiosare, suplemento del periódico La Jornada, 28 de agosto de 2005.
9 Fernando del Rincón, “La vida no vale nada en Nuevo Laredo”, Univision Online, http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=740615#
10 Ignacio Alzaga, “La violencia en México supera a la de Colombia hace 20 años”, Milenio, 11 de diciembre de 2008.
11 Francisco Gutiérrez Sanín, “Tendencias del homicidio político en Colombia: una discusión preliminar”, en Francisco Gutiérrez, María Emma Wills y Gonzalo Sánchez Gómez, Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Norma / IEPRI, Bogotá, 2006.
12 La afirmación de Fernando del Rincón, en el reportaje de Univision Online, es más confusa. Habla del número de homicidios: en 2005 fueron alrededor de 15 mil en Colombia, pero casi 17 mil en Estados Unidos; hay que imaginar que se refiere a la tasa de homicidios, que en ese año era, para Colombia, de 39 víctimas por cada 100 mil habitantes. Para México serían sobre 42 mil homicidios en ese año.
13 Testimony of Denise Dresser, Senate Judiciary Committee, Subcommittee on Crime and Drugs and Senate Caucus on International Narcotics Control Law Enforcement Responses to Mexican Drug Cartels March 17th, 2009 http://judiciary.senate.gov/hearings/testimony.cfm?id=3718&wit_id=7720
14 Marcelo Bergman, Rodolfo Sarsfield y Gustavo Fondevila, Encuesta de victimización y eficacia institucional 2006, CIDE, México, 2007; Bergman et al., Encuesta de victimización y eficacia institucional 2007, CIDE, México, 2008; Marcelo Bergman, Elena Azaola, Ana Laura Magaloni y Layda Negrete, Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional, CIDE, México, 2003.
15 ICESI, Encuestas Nacionales sobre Inseguridad (ENSI), en http://www.consulta.com.mx/interiores/99_pdfs/14_entorno_i_pdf/20080423_ENICRIV2008_ICESI.pdf
16 Encuesta internacional sobre criminalidad y victimización 2004-2005, http://www.consulta.com.mx/interiores/99_pdfs/14_entorno_i_pdf/20080423_ENICRIV2008_ICESI.pdf
17 Es un ejercicio que compara promedios nacionales, a partir de un universo relativamente reducido, de modo que no resulta muy útil para ver el perfil de la delincuencia en México. Sí es interesante, aunque sólo sea una medida aproximativa, la comparación, sobre todo porque los demás países son los más desarrollados: Europa, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda.
18 Aparte de las dificultades obvias de registro y medición, las comparaciones internacionales difícilmente pueden hacerse cargo de la dimensión histórica del fenómeno, ni de rasgos muy básicos de la estructura social. La advertencia de Rosenfeld y Messner es para tenerse en cuenta: es muy difícil generalizar los hallazgos de la sociología delictiva para sociedades de complejidad y estructura muy diferentes (ver Richard Rosenfeld y Steven Messner, “The Social Sources of Homicide in Different Types of Societies”, Sociological Forum, vol.6, n.1, marzo 1991).
19 Mark Shaw, Jan Van Dijk y Wolfgang Rhomberg, “Determining Trends in Global Crime and Justice: An Overview of Results From the United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems”, Forum on Crime and Society, vol. 3, n.1-2, diciembre 2003.
20 Su explicación se funda en el incremento desproporcionado de homicidios cometidos por jóvenes negros, en grandes ciudades, con armas de fuego. Ver Alfred Blumstein, “Youth Violence, Guns and the Illicit-Drug Industry”, Journal of Criminal Law and Criminology, n.88, 1995.
21 En un magnífico estudio Benjamin Pearson-Nelson pone a prueba sistemáticamente las hipótesis derivadas del argumento de Blumstein, y no encuentra correlaciones significativas entre la tasa de homicidios y los otros factores: tamaño de las ciudades, densidad de población, proporción de jóvenes, cercanía con centros de distribución de drogas, etcétera. Ver Benjamin Pearson-Nelson, Understanding Homicide Trends. The Social Context of a Homicide Epidemic, LFB Scholarly Publishing LLC, Nueva York, 2008.
22 Hay un muy buen panorama de las diferentes explicaciones en Alfred Blumstein y Joel Wallman (eds.), The Crime Drop in America, Cambridge University Press, Nueva York, 2000. William Spelman sugiere que hasta una cuarta parte de la disminución se debe al aumento de índices de encarcelamiento; Jeff Groger atribuye el cambio al crecimiento del mercado de trabajo; Johnson, Golub y Dunlap señalan los cambios en el tipo de drogas con mayor demanda; Blumstein y James Alan Fox se concentran en la estructura demográfica. Todo ello verosímil y todo discutible.
23 Entre 1991 y 1999 en Canadá se redujo la tasa de policías en 11% y la tasa de encarcelamientos en 3%, mientras Estados Unidos aumentaba su tasa de policías en 11% y la de encarcelamientos en 42%. Ver Marc Ouimet, “Explaining the American and Canadian Crime Drop in the 1990’s”, Champ pénal, en línea el 9 de diciembre de 2005. http://champpenal.revues.org/document448.html.
24 Daniel Pécaut, Guerra contra la sociedad, Planeta, Bogotá, 2001.
25 Vanda Felbab-Brown, The Violent Drug Market in Mexico. Lessons from Colombia, Foreign Policy at Brookings, Policy Paper n.12, marzo 2009, p.1. Es difícil de entender que un académico, en un informe de experto, utilice como fuente lo que anónimos “funcionarios” dicen “en privado”: sería inadmisible en cualquier estudio que la misma institución publicase sobre el homicidio en Estados Unidos, pero es ya una costumbre, difícil de desarraigar, cuando se trata de México. Digamos de paso que la cifra publicada por el Sistema de Seguridad Pública de homicidios atribuibles al crimen organizado en 2008 coincide básicamente con las publicadas por varios periódicos del país, que llevaron su cuenta de modo independiente; si se concede crédito suficiente —como para citarlos— a los números que ofrecen fuentes anónimas en privado, habría que sugerir al menos quién, cómo y con qué propósito habría ocultado la tercera parte de las víctimas (hasta tres mil homicidios). Una conjetura sobre sus cifras: según los informes difundidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública hubo seis mil 262 homicidios vinculados con el crimen organizado en 2008, y un total de nueve mil 36 entre 2006 y 2008. Acaso sea eso.
26 Ídem.

 

 

 

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